El próximo 1 de enero de 2026 entrará en vigor Verifactu, la nueva normativa de facturación electrónica en España, obligatoria para empresas y autónomos. Con este cambio, cada pedido deberá ir acompañado de una factura generada por un software homologado por la Agencia Tributaria (AEAT).

Si la factura no cumple con los requisitos técnicos establecidos por Hacienda, será rechazada automáticamente, y los negocios que no se adapten a tiempo se enfrentarán a sanciones que pueden alcanzar hasta 50.000 €. Para que eso no ocurra, te traemos un listado con las 10 mejores soluciones homologadas por Hacienda para Verifactu (entre ellas, destacamos sombreadas y con ⭐ las opciones patrocinadas de partners de Marketing4eCommerce).

Estos son los 10 mejores softwares de facturación homologados para Verifactu:

1. STEL Order ⭐
2. Holded
3. EasyVerifactu ⭐
4. Quipu
5. Facturaly
6. Sage 50
7. Contasimple
8. Yooz
9. Odoo
10. Billin

Holded

Con Holded puedes hacer facturas de venta con todos los requisitos legales en un par de clics y enviarlas a tus clientes desde un único lugar, a partir de más de 50 plantillas personalizables. La herramienta crea asientos predefinidos automáticamente cada vez que hay un movimiento en tu contabilidad, los cuales puedes editar, o crearlos manualmente.

El sistema te sugiere automáticamente qué movimientos de tu banco coinciden con las facturas que has emitido, para que así sepas y marques cuáles han sido pagadas y tengas los libros contables actualizados. Ofrece informes en tiempo real, que puedes personalizar con los tags; estos te permiten etiquetar asientos contables, documentos y más, para filtrar elementos.

Puedes presentar todos tus modelos a la Agencia Tributaria directamente desde la plataforma si tienes el certificado electrónico, o descargar el txt para hacerlo manualmente. También puedes descargar un archivo ZIP con todos los informes contables para presentar al Registro Mercantil.

Si necesitas asesoramiento externo, puedes conectar con cientos de asesorías (escoges la que más te convenga) y colaborar directamente desde Holded, con toda la información en la nube. Y si tienes cualquier duda sobre el funcionamiento de la plataforma, cuentas con un live chat 24/7.

• País de origen: España
• Año: 2016

Quipu

Quipu permite generar facturas con códigos QR y hash conforme a Verifactu, además de presupuestos, albaranes y rectificativas. Automatiza el registro de gastos e ingresos mediante escaneado de tickets y facturas con OCR, y sincroniza movimientos bancarios para su conciliación automática. Incluye paneles de tesorería que muestran previsiones de flujo de caja, vencimientos y estados de cobro o pago, así como cálculo y descarga de modelos fiscales (IVA, IRPF, resúmenes anuales), listos para presentar ante Hacienda.

Se integra con Shopify, WooCommerce, PrestaShop y pasarelas como PayPal o Stripe, generando facturas automáticamente a partir de cada pedido online. También puede conectarse con herramientas como Zapier, Make o mediante API propia para enlazarse con CRMs, ERPs o sistemas de gestión interna.

Para asesorías, permite gestionar múltiples clientes desde un mismo entorno, compartir documentación, validar registros contables y acceder a libros oficiales. Dispone de app móvil para emitir facturas, registrar gastos y consultar la actividad en tiempo real. Toda la información se almacena en la nube, con historial de facturas, conciliaciones y documentos compartidos.

Tanto autónomos como empresas pueden hacer control de cobros y pagos, previsión de impuestos, digitalización de tickets, conexión bancaria y automatización de la facturación online.

• País de origen: España
• Año: 2013

Facturaly

Facturaly permite crear, enviar y registrar facturas online al instante mediante plantillas profesionales personalizables (más de una decena de diseños, logotipo propio y configuración) que agilizan todo el proceso de facturación. Se incluyen también los módulos de presupuestos, albaranes y facturas recurrentes, permitiendo convertir fácilmente un presupuesto o albarán en factura con un solo clic.

Para el registro de gastos e ingresos, Facturaly integra escaneo inteligente y buzón electrónico: el usuario puede enviar tickets, facturas o recibos al buzón y la inteligencia artificial los clasifica automáticamente (fecha, proveedor, importe, impuestos) y los incorpora al sistema.

Permite sincronizar movimientos bancarios con la facturación para realizar conciliación automática, y  exportar datos en formatos PDF o Excel para seguimiento. Ofrece información en tiempo real sobre la evolución del negocio, con métricas clave, filtros por cliente, producto, periodo o estado.

En lo referente al cumplimiento fiscal, la herramienta calcula automáticamente los impuestos devengados (IVA, IRPF) y facilita simulaciones de liquidaciones, anticipando obligaciones y evitando sorpresas.

El acceso se realiza desde la nube y a través de cualquier dispositivo, sin necesidad de instalación. También puedes importar datos procedentes de otras plataformas (clientes, productos, facturas) mediante sistemas de migración “drop & go” y dispone de catálogo de productos y servicios para agilizar la emisión de documentos.

• País de origen: España
• Año: 2018

Sage 50

Sage 50cloud ofrece una solución unificada de contabilidad, facturación y gestión comercial, adaptada tanto a versión escritorio como en la nube. Permite gestionar presupuestos, pedidos, albaranes, facturas y facturas electrónicas, además de contabilizarlos automáticamente; incorpora funcionalidades contables avanzadas como asientos predefinidos y periódicos, conciliación bancaria, amortizaciones, inventario, control de stock y gestión de compras/ventas desde un único circuito integrado.

Ofrece paneles de control con indicadores clave para seguir la evolución del negocio, y permite el trabajo colaborativo del equipo. Cuenta con integración con Microsoft 365, opción multipuesto/multiempresa, módulos adicionales como contabilidad analítica, presupuestaria, gestión de envases o certificaciones de obra, así como cumplimiento normativo en facturación electrónica y SII.

• País de origen: España
• Año: 2015

Contasimple

Contasimple es un software en la nube diseñado para autónomos y pymes que permite emitir facturas, albaranes y presupuestos desde cualquier dispositivo, con personalización del diseño, envío electrónico y rectificación con un solo clic.

Automatiza la generación de los modelos tributarios (como el IVA, IRPF u otros) y permite su presentación desde el móvil en segundos. Para la tesorería y control de negocio ofrece escaneado OCR de tickets y facturas para registrar gastos/ingresos, conciliación bancaria, control de stock e inventario, y gestión de clientes/proveedores.

Ofrece una versión “Verifactu Ready”, en la que los usuarios deben elegir una modalidad de facturación: Verifactu SÍ (envío automático de facturas a la Agencia Tributaria) o Verifactu NO (captación de facturas sin envío automático pero con trazabilidad e inalterabilidad). Para quienes elijan esta última, ofrece acceso a una WebApp de inspección que permite consultar el historial técnico de facturas y los registros exigidos por la normativa.

Puedes acceder a cuenta gratuita de por vida con funciones básicas.

• País de origen: España
• Año: 2022

Yooz

Yooz es una plataforma de automatización de facturas y gestión de cuentas por pagar que permite digitalizar todo el ciclo de facturación. Emite y recibe facturas electrónicas con trazabilidad y autenticidad garantizadas mediante firma digital y registro inalterable, cumpliendo los requisitos técnicos de integridad, conservación y envío automático a Hacienda cuando se activa el modo Verifactu.

Cuenta con un motor de captura inteligente de datos con OCR y machine learning, capaz de reconocer facturas, albaranes y recibos desde múltiples canales (correo electrónico, escáner, móvil o EDI), clasificarlos y registrarlos automáticamente en el sistema. El flujo de validación se gestiona mediante circuitos de aprobación personalizables, que permiten a los equipos revisar, aprobar o rechazar facturas desde cualquier dispositivo.

Incluye un módulo de control financiero y reporting con métricas en tiempo real sobre gastos, vencimientos, estados de pago y eficiencia del proceso. También dispone de archivado digital certificado, detección de duplicados y funciones de control antifraude.

Se integra con más de 250 sistemas contables y ERP como Sage, SAP, Microsoft Dynamics o QuickBooks, así como con herramientas de gestión documental y CRM. Toda la información se aloja en la nube con acceso seguro, historial completo y cumplimiento legal frente a auditorías.

• País de origen: España
• Año: 2010

Odoo

Odoo Facturación es una solución diseñada para autónomos y empresas que permite emitir, personalizar y gestionar facturas, con carácter profesional y accesible desde cualquier dispositivo.

Entre sus funcionalidades destacan la gestión de pagos online a través de portal integrado, seguimiento automático de vencimientos y recordatorios, y la posibilidad de conectar con bancos para automatizar movimientos.

Soporta múltiples monedas, facturación recurrente para suscripciones, envíos por correo postal automatizados y tableros de ventas con informes dinámicos. Además, ofrece integración fluida con otras aplicaciones del ecosistema Odoo ERP (ventas, inventario, CRM), lo que permite que la facturación forme parte de un flujo unificado de negocio.

• País de origen: España
• Año: 2005

Billin

Billin permite emitir facturas electrónicas adaptadas al sistema Verifactu de la Agencia Tributaria, incorporando automáticamente el código QR, el hash de seguridad y la leyenda “Factura verificable Verifactu”. Incluye también los módulos de presupuestos, albaranes y facturas rectificativas, con conversión directa de cualquier documento en factura.

El sistema automatiza el registro de ingresos y gastos mediante escaneado con OCR, organizando los datos por proveedor, importe e impuestos. Además, facilita la conciliación bancaria y el seguimiento de cobros y pagos desde un panel central con filtros por cliente o estado.

Se integra con plataformas de eCommerce y pasarelas de pago mediante API propia, y permite conectar con herramientas externas para sincronizar operaciones. Dispone de aplicación móvil para emitir y enviar facturas desde cualquier dispositivo y ofrece copias de seguridad automáticas en la nube.

• País de origen: España
• Año: 2014

Otras soluciones homologadas para Verifactu

Además del top 10, te dejamos en orden alfabético algunas otras herramientas que también han sido homologadas por la Agencia Tributaria y que te ayudarán a cumplir con tus obligaciones fiscales sin sobresaltos: A3Factura, Anfix, Banktrack, FacturaDirecta, Factusol, FinanEDI, FreshBooks, Verifactu Fácil, Verifactugratis.es (), VeriFactu Pro, Zoho Invoice, además de la herramienta estatal básica y gratuita a la que se accede directamente desde la web oficial.

¿Conoces alguna otra que incluirías en el listado? Déjalo en los comentarios 👇

Foto: Canva

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Hace unas semanas tuve el honor de participar como jurado en los eCommerce Awards 2025, donde se premió la mejor integración de Inteligencia Artificial Generativa en un eCommerce. Y te confieso algo: fue inspirador comprobar cómo la IA está redefiniendo el sector, desde chatbots hasta imágenes creadas por algoritmos que parecen sacadas de un estudio profesional.

Pero también quedó clarísimo un punto: la innovación sin cumplimiento legal no es sostenible. Porque de nada sirve tener la mejor IA si incumples el RGPD o la nueva Ley Europea de Inteligencia Artificial (AI Act), que entra en vigor el 2 de agosto de 2025.

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la nueva Ley Europea de Inteligencia Artificial (AI Act), que entró en vigor el 2 de agosto de 2025, son dos pilares fundamentales para cualquier eCommerce que quiera prosperar en un entorno ético y confiable. En esta guía práctica, te explico de manera clara y sencilla cómo cumplir con estas normativas, proteger tu negocio y convertir el cumplimiento legal en una ventaja competitiva que refuerce la confianza de tus clientes.

• Tabla de contenidos:
  • La doble capa de regulación: RGPD + Ley de IA
  • ¿Por qué son tan importantes el RGPD y la Ley de IA para tu eCommerce?
  • Los 4 niveles de riesgo de la IA según la Ley de IA (y cómo afectan a tu eCommerce)
  • La transparencia en el contenido generado por IA
  • Casos prácticos: Cómo la IA se usa en eCommerce y cómo cumplir
  • 5 pasos prácticos para cumplir con el RGPD y la Ley de IA
  • La diligencia debida con proveedores de IA: Tu responsabilidad inevitable
  • ¿No sabes por dónde empezar?
  • Conclusión: La IA con ética es el futuro del eCommerce

La doble capa de regulación: RGPD + Ley de IA

Para entender bien el escenario, piensa que trabajas con dos capas de regulación que se complementan:

• RGPD: se centra en qué datos personales usas, cómo los obtienes (consentimiento) y qué derechos tienen los usuarios (acceso, rectificación, supresión).
• Ley de IA: se centra en cómo usas los sistemas de IA, más allá del tipo de dato: exige transparencia, no discriminación, calidad de los modelos y supervisión humana.

El cruce clave: si usas un sistema de alto riesgo (Ley de IA) que además procesa datos personales (RGPD), tendrás que realizar una Evaluación de Impacto en Protección de Datos (EIPD) reforzada, integrando los dos marcos.

Por ejemplo: si tu eCommerce ofrece financiación automática mediante IA, no basta con documentar datos y consentimiento (RGPD). También deberás auditar la calidad del modelo, garantizar que no discrimina y asegurar intervención humana (Ley de IA).

Junto a esta revolución, surgen nuevos retos y obligaciones a tener en cuenta, porque usar la IA sin cumplir las normativas legales puede costarte caro.

¿Por qué son tan importantes el RGPD y la Ley de IA para tu eCommerce?

La IA en el comercio electrónico se nutre de datos personales: historiales de navegación, compras, carritos abandonados o interacciones en chatbots. Cada vez que manejas datos, entra en juego el RGPD, que protege la privacidad de los usuarios. A partir de agosto de 2025, la Ley de IA añade un nuevo nivel de regulación, exigiendo transparencia, seguridad y ética en el uso de sistemas de inteligencia artificial.

¿Qué pasa si no cumples?

Los riesgos son reales y te pueden golpear fuerte:

• Multas millonarias: Hasta 20 millones de euros o el 4% de tu facturación global anual según el RGPD, y sanciones adicionales por incumplir la Ley de IA.
• Pérdida de confianza: Si los clientes sienten que sus datos no están seguros o que usas la IA de forma opaca, abandonarán tu tienda.
• Daño reputacional: En un mercado competitivo, las tiendas que priorizan la transparencia y la ética ganan ventaja, mientras que las que no cumplen quedan rezagadas.

Cumplir con estas normativas no solo te protege, sino que también te diferencia. Mostrar que tu eCommerce es ético y transparente es una garantía de confianza que fortalece tu marca y fideliza a tus clientes. Recuerda que el pegamento invisible que sostiene las relaciones digitales es la confianza, si no consigues transmitirla de forma clara y directa en tu eCommerce, pierdes el principal factor que determina gran parte de las decisiones de venta de tus usuarios y clientes.

Los 4 niveles de riesgo de la IA según la Ley de IA (y cómo afectan a tu eCommerce)

La Ley de IA clasifica los sistemas de inteligencia artificial según su nivel de riesgo y establece prohibiciones y límites claros. Aquí te explico cómo aplican estos niveles a tu tienda online para que puedas incorporarla a tu eCommerce de forma segura: la Ley de IA no mide todas las herramientas de la misma manera. Clasifica los sistemas en 4 niveles de riesgo según el impacto que puedan tener en los derechos y libertades de las personas. Te lo explico con ejemplos muy prácticos de comercio electrónico:

 1. Riesgo inaceptable (prohibidos)

Son prácticas que la Ley considera demasiado peligrosas porque manipulan, discriminan o invaden la privacidad de forma grave.

Ejemplos:

• Manipulación subliminal: un eCommerce que usa IA para explotar debilidades de personas vulnerables (ej. inducir compras compulsivas en personas mayores con mensajes ocultos).
• Puntuación social: clasificar clientes según su “nivel de fiabilidad” como persona y darles trato desigual (ej. un sistema que penaliza a quienes devuelven productos con frecuencia, negándoles acceso a ofertas).
• Reconocimiento facial masivo: identificar usuarios sin su consentimiento cuando navegan por tu web o en espacios públicos, algo poco probable en un ecommerce, pero está bien recordarlo.

Probablemente nunca uses estas técnicas, pero es vital conocer estas líneas rojas para no caer en prácticas ilegales por desconocimiento (por ejemplo, contratar sin saberlo una herramienta que recopila datos biométricos).

 2. Riesgo alto

No están prohibidos, pero sí fuertemente regulados porque afectan a derechos fundamentales como el acceso a servicios o la no discriminación.

Ejemplos en eCommerce:

• Scoring financiero: una IA que analiza si un cliente merece un crédito o pago a plazos.
• Selección automatizada en marketplaces: priorizar automáticamente a ciertos vendedores o descartar perfiles de forma opaca.
• Análisis predictivo sensible: decidir qué clientes acceden a descuentos “premium” basándote en datos de ingresos o localización.

Qué debes hacer si tu eCommerce usa IA de este nivel:

• Auditorías rigurosas: demostrar que tu IA no discrimina.
• Calidad de datos: evitar sesgos (ej. que tu IA suba precios solo a ciertos barrios).
• Documentación técnica: dejar claro cómo funciona el sistema y qué datos utiliza.
• Supervisión humana: siempre debe haber alguien que revise o pueda anular decisiones de la IA.

Por ejemplo: si ofreces financiación automática en tu web, no basta con que un algoritmo decida. Necesitas protocolos claros para que un humano pueda revisar casos de clientes rechazados.

 3. Riesgo limitado

Son los sistemas de IA más habituales en eCommerce. No ponen en riesgo derechos fundamentales, pero requieren transparencia y consentimiento.

Ejemplos en eCommerce:

• Chatbots que atienden a los clientes.
• Recomendaciones personalizadas basadas en historial de navegación.
• Emails automatizados recordando carritos abandonados.
• Contenido generado por IA como descripciones de productos o imágenes.

Qué debes hacer:

• Informar claramente: tu chatbot debe decir “Soy un asistente virtual impulsado por IA”.
• Avisar en tu política de privacidad: explica qué datos usas para personalizar recomendaciones o emails.
• Consentimiento del usuario: permite desactivar la personalización si alguien no quiere que la IA use sus datos.
• Etiquetar contenido generado por IA: añade frases como “Imagen generada con IA” para ser transparente.

Un tip práctico:  si envías emails de recuperación de carrito creados con IA, tu política de privacidad debe explicarlo y ofrecer un botón para que el cliente se dé de baja de esa automatización o pueda decidir libremente si quiere o no interactuar con  una IA.

 4. Riesgo mínimo

Son los usos más básicos de la IA, con apenas impacto en los derechos de los usuarios.

Ejemplos en eCommerce:

• Filtros de spam que bloquean correos fraudulentos.
• Recomendaciones básicas tipo “Otros usuarios también compraron este producto”.

Qué debes hacer:

• No hay obligaciones estrictas, pero ser transparente siempre es buena idea.

Una recomendación: debes  incluir en tu política de privacidad una nota como: “Usamos IA para filtrar mensajes de spam y ofrecer sugerencias de productos”. La transparencia siempre genera confianza y demuestra profesionalidad.

La transparencia en el contenido generado por IA

La IA Generativa (textos, imágenes, vídeos, audios) es la gran tendencia en eCommerce. Pero ojo: la Ley de IA, en su artículo 50, exige que todo contenido generado artificialmente sea claramente identificado.

• Watermarking o etiquetado obligatorio: debes marcar las imágenes o textos creados con IA.
• Evitar deepfakes: si el contenido manipula o puede inducir a error (ej. una foto de un producto que nunca existió), debes advertirlo de forma expresa.
• Derechos de autor: si tu IA se entrenó con datasets que incluyen material protegido, hay un riesgo legal. Asegúrate de que tu proveedor de IA garantice licencias válidas.

Para que lo entiendas mejor:  si subes a tu eCommerce una imagen de zapatillas generada por IA, debe incluir un aviso tipo: “Imagen generada por inteligencia artificial”. Eso no solo es cumplir la Ley, también refuerza tu credibilidad.

Casos prácticos: Cómo la IA se usa en eCommerce y cómo cumplir

Aquí tienes ejemplos concretos de cómo la IA se aplica en las tiendas online y qué medidas tomar para cumplir con el RGPD y la Ley de IA:

• Chatbots y asistentes virtuales: Indica claramente que son IA y explica qué datos recopilan (por ejemplo, “Este chatbot recoge tu nombre y preferencias para ayudarte mejor”,  he escrito un post muy completo para JoinChat sobre Cómo integrar legalmente WhatsApp y chatbots en tu web sin riesgos
• Recomendaciones personalizadas: Actualiza tu política de privacidad para informar de estos usos  y ofrece a los usuarios la opción de desactivarlas.
• Precios dinámicos: Evita sesgos en los algoritmos, documenta su funcionamiento y permite revisiones humanas si es necesario.
• Contenido generado por IA: Marca claramente cualquier texto, imagen o vídeo creado por IA (por ejemplo, “Descripción generada por IA”).
• APIs externas: Revisa las transferencias de datos fuera de la UE y asegúrate de que tus proveedores cumplen con las normativas.
• Decisiones automatizadas: Si usas IA para decisiones que afectan a los clientes (como aprobar un crédito), garantiza que puedan solicitar una revisión humana.

5 pasos prácticos para cumplir con el RGPD y la Ley de IA

Cumplir con estas normativas no tiene por qué ser complicado. Sigue estos pasos para blindar tu eCommerce:

1. Diseña un banner de cookies ético y granular: Permite a los usuarios elegir qué cookies aceptar (por ejemplo, analíticas, publicitarias) y explica su propósito de forma clara.
2. Redacta una política de privacidad comprensible: Evita el lenguaje técnico y detalla cómo usas los datos y la IA en tu tienda.
3. Obtén consentimientos específicos: Asegúrate de que los usuarios den su permiso expreso para el uso de datos y registra esos consentimientos.
4. Documenta tus sistemas de IA: Usa el formulario público de la UE para registrar cómo funciona tu IA y demostrar que cumples con la Ley de IA.
5. Audita y comunica tu compromiso: Realiza auditorías periódicas y presume de tu transparencia en tu web y redes sociales.

Una recomendación personal: utiliza la transparencia como factor diferenciador, comunica tus valores, tu responsabilidad con la información que tratas, crea un entorno respirable de confianza en dónde el usuario perciba de forma instantánea, que puede dejar sus datos sus riesgos e interactuar con tu ecommerce de forma segura.

• Seguro que te interesa: RGPD en eCommerce: convierte la obligación legal en tu motor de confianza y ventas

La diligencia debida con proveedores de IA: Tu responsabilidad inevitable

El mayor riesgo hoy no está solo en la IA que tú creas, sino en las herramientas externas que contratas (APIs de recomendación, modelos de IA Generativa de terceros, etc.).

Como responsable del eCommerce, la Ley te considera Responsable del Tratamiento de los Datos, y no puedes simplemente delegar la responsabilidad legal en el proveedor. Si tu partner incumple, tú eres corresponsable de esa elección y por tanto, las consecuencias del incumplimiento de ese proveedor IA, serán también tuyas.

Para blindarte, aplica esta Diligencia Debida (Due Diligence) al elegir o usar cualquier servicio externo de IA. En los contratos DPA obligatorios asegúrate de que tienes un Contrato de Encargo del Tratamiento de Datos (DPA) firmado con tu proveedor. Este documento debe especificar:

• Qué datos usa la IA.
• Cómo los procesa.
• Las medidas de seguridad que aplica.
• Ubicación y Transferencias Internacionales: Pregunta dónde se almacenan y procesan los datos que alimentan la IA. Si el servicio se basa fuera de la Unión Europea (UE) o el Espacio Económico Europeo (EEE), necesitarás Cláusulas Contractuales Tipo (CCT) o mecanismos legales de transferencia validados por la UE.
• Propiedad del Output y Derechos de Autor: Verifica los términos legales de uso. ¿Quién es el dueño legal del contenido que genera la IA (las descripciones de producto, por ejemplo)? Necesitas garantizar que la IA se entrenó con datasets lícitos y que no hay riesgo de reclamaciones por derechos de autor sobre el contenido que publicas.

En resumen: No basta con que una herramienta de IA sea rápida o barata. Si no te ofrece las garantías de cumplimiento, el ahorro inicial te puede costar una multa millonaria después. La elección de proveedores es ahora una decisión legal, no solo técnica.

¿No sabes por dónde empezar?

Sé que todo esto puede sonar a un laberinto legal. Por eso he creado los  Kits de legalidad web diseñados de la A a la Z para cubrir el 100% de los puntos críticos de tu eCommerce con IA. Incluyen:

• Políticas de privacidad adaptadas al uso de IA.
• Textos legales para banners de cookies.
• Cláusulas específicas para decisiones automatizadas.
• Avisos legales para chatbots, WhatsApp y segmentación de clientes.

Con estos kits, no solo cumples con la ley, sino que transformas el cumplimiento en una ventaja competitiva, demostrando a tus clientes que tu eCommerce es ético, transparente y confiable.

Conclusión: La IA con ética es el futuro del eCommerce

Los eCommerce Awards 2025 dejaron una cosa clara: la Inteligencia Artificial es el motor del presente y el futuro del comercio electrónico. Pero el verdadero éxito no está solo en implementar IA, sino en hacerlo con responsabilidad y cumplimiento legal.  Cumplir con el RGPD y la Ley de IA no es solo una obligación; es una oportunidad para destacar, generar confianza y construir una marca sólida en un mercado cada vez más competitivo. 

¿Listo para llevar tu eCommerce al siguiente nivel? Empieza hoy mismo a implementar estas prácticas y convierte la legalidad en tu mejor aliado. Si necesitas ayuda, los Kits Legales para eCommerce con IA están aquí para simplificarte el camino. 

Imagen: Gemini

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La ventanilla única (OSS) facilita la gestión del IVA en las ventas online dentro de la UE, pero su alcance tiene límites claros. Cuando un eCommerce decide almacenar productos en varios países europeos, por ejemplo a través de Amazon FBA (Fulfillment by Amazon), entran en juego obligaciones fiscales adicionales que no siempre son evidentes.

En este artículo te contamos qué cubre la ventanilla única, qué obligaciones aparecen al almacenar stock en otro país y por qué es clave anticipar estas consecuencias fiscales antes de tomar decisiones estratégicas.

Ventanilla única: unificación y simplificación fiscal

Desde julio de 2021, los eCommerce europeos cuentan con una herramienta clave para simplificar su fiscalidad: la ventanilla única (OSS, One Stop Shop). Este sistema permite declarar en el país de origen el IVA de todas las ventas realizadas en la Unión Europea.

En la práctica, basta con presentar una única declaración trimestral en el estado miembro donde esté establecido el negocio. A partir de ahí, la administración local se encarga de recaudar y distribuir el impuesto a los demás países de destino.

Con la llegada del OSS desaparecieron los antiguos umbrales de ventas por país, que obligaban a registrarse a efectos de IVA en cada territorio una vez superados. Ahora, siempre que el stock permanezca centralizado en un único país, el comerciante puede olvidarse de trámites duplicados y burocracia extra.

El impacto es claro: 

• Menos costes administrativos.
• Una gestión más ágil. 
• Menor riesgo de sanciones por incumplimientos. 

Para la mayoría de eCommerce que trabajan con un único almacén, la ventanilla única se ha convertido en una de las medidas más eficaces de simplificación fiscal de los últimos años.

Almacenamiento europeo y FBA

El escenario cambia cuando un negocio utiliza almacenamiento europeo, ya sea a través de su propia red de almacenes o con servicios como Amazon FBA paneuropeo.

Aunque las ventas puedan declararse mediante OSS, el simple hecho de tener inventario en un país de la UE genera la obligación de registrarse a efectos de IVA en ese territorio. Esto implica:

• Solicitar un número de IVA local en cada país donde se almacenen productos.
  
• Declaraciones periódicas adicionales fuera del OSS.
  
• Asumir costes extra de gestión fiscal y administrativa (asesoría fiscal local, traducciones, cumplimiento normativo).
  

En otras palabras, la ventanilla única no elimina las obligaciones fiscales derivadas del almacenamiento; confiar solo en ella puede provocar incumplimientos con consecuencias económicas graves.

Desde Creafin acompañamos a los eCommerce en este análisis, ayudando a valorar el impacto fiscal real de los programas de almacenamiento europeo antes de implementarlos.

La importancia de conocer las obligaciones tributarias

La ventanilla única ha sido un avance significativo para los eCommerce que venden en Europa, pero tiene limitaciones. Cuando entra en juego el almacenamiento europeo —con Amazon FBA como caso más común—, las obligaciones fiscales se multiplican.

Por eso, antes de dar el paso a descentralizar tu stock, conviene tener un mapa completo de las obligaciones tributarias que se activarán. Solo así podrás decidir si compensa asumir esa carga adicional o si es más eficiente mantener una estrategia centralizada apoyada en el OSS.

Foto: Depositphotos.

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Si tienes una tienda online en PrestaShop, es fundamental que conozcas las implicaciones de la nueva normativa Verifactu. No se trata solo de cumplir con un requisito más: las decisiones que tomes ahora sobre tu sistema de facturación pueden exponerte a responsabilidades legales y sanciones que quizás no estés considerando. En este artículo te explicamos qué es realmente Verifactu, por qué PrestaShop no está preparado para cumplirla, y cuál es la solución más segura para tu negocio.

¿Qué es Verifactu?

Verifactu es un sistema de control fiscal integral que va mucho más allá de simplemente generar facturas. Es una normativa que busca garantizar la trazabilidad completa de todas las operaciones comerciales y su comunicación en tiempo real con la Agencia Tributaria.

La normativa establece que todos los Sistemas Informáticos de Facturación (SIF) deben cumplir una serie de requisitos técnicos muy específicos:

• Inalterabilidad: Una vez emitida una factura, no puede ser modificada sin dejar rastro
• Trazabilidad completa: Cada factura debe estar encadenada a la anterior mediante un sistema de hash SHA-256
• Registro inmediato: Las facturas deben enviarse a la AEAT en tiempo real o casi real
• Declaración responsable: El sistema debe contar con una certificación que garantice el cumplimiento

Las fechas límite son claras: 1 de enero de 2026 para sociedades y 1 de julio de 2026 para autónomos. Y las sanciones por incumplimiento pueden alcanzar hasta 600.000 euros en casos graves.

El problema oculto de PrestaShop con Verifactu

PrestaShop es una excelente plataforma de comercio electrónico, pero aquí viene la realidad incómoda: no fue diseñada para ser un Sistema Informático de Facturación fiscal.

Cuando tu PrestaShop genera facturas, automáticamente se convierte en un SIF según la definición legal. Y esto tiene consecuencias importantes:

1. Las facturas de PrestaShop no cumplen los requisitos

El sistema de facturación nativo de PrestaShop:

• Permite modificar facturas después de emitidas desde el panel de administración
• No mantiene una cadena de trazabilidad con hash criptográfico
• No tiene capacidad de envío directo a la AEAT
• No puede garantizar la inalterabilidad de los registros

2. Necesitas recoger el DNI de forma inteligente

La normativa exige recoger el DNI/NIF en ciertas operaciones:

• Ventas superiores a 400€ para productos generales
• Ventas superiores a 3.000€ para algunos tipos específicos de productos

Pedir el DNI en todas las compras genera una fricción innecesaria y puede hacer que pierdas ventas. Pero no pedirlo cuando es obligatorio te expone a sanciones.

El riesgo legal que muchos no ven: convertirte en “co-fabricante” del SIF

Aquí viene el aspecto más crítico y menos comprendido de la normativa. Si instalas un módulo de facturación en PrestaShop, te conviertes en co-fabricante del Sistema Informático de Facturación.

¿Qué significa esto en la práctica?

Según la normativa vigente, cuando modificas PrestaShop añadiendo módulos de facturación, asumes responsabilidades de productor del sistema. Esto implica:

Responsabilidades que no puedes cumplir

• Emitir una declaración responsable: Deberías certificar que todo el sistema (PrestaShop + módulo) cumple con los requisitos técnicos. ¿Puedes garantizar que nadie accederá a la base de datos para modificar una factura?
  
• Garantizar la inalterabilidad: PrestaShop permite por diseño modificar pedidos y facturas. Un módulo no puede cambiar esta arquitectura fundamental.
  
• Mantener la cadena de trazabilidad: Cada actualización de PrestaShop o del módulo puede romper la cadena criptográfica, dejándote en incumplimiento.
  
• Control total del sistema: Con múltiples puntos de acceso (empleados, otros módulos, APIs), no puedes asegurar que el sistema mantenga su integridad.
  

La realidad legal

La normativa es clara: aunque uses un módulo certificado, tú sigues siendo el responsable último del cumplimiento. Si algo falla, la sanción es para ti, no para el desarrollador del módulo.

Esta situación crea una paradoja peligrosa: necesitas una declaración responsable que no puedes emitir honestamente, porque no tienes control total sobre un sistema que no has desarrollado completamente.

La solución: software de facturación especializado

La arquitectura más segura y recomendada por expertos fiscales es mantener PrestaShop exclusivamente para la gestión del comercio electrónico y delegar la facturación a un software externo especializado y certificado.

¿Por qué esta es la mejor opción?

Los paquetes de facturación profesionales diseñados para integrarse con plataformas de ecommerce ofrecen:

• Delegación real de responsabilidad: El software externo es el único SIF, con su propia declaración responsable
• Sin riesgo de co-fabricación: No modificas PrestaShop para facturación
• Cumplimiento garantizado: Software diseñado específicamente para cumplir Verifactu
• Actualizaciones seguras: Las actualizaciones de PrestaShop no afectan al cumplimiento fiscal
• Integración optimizada: Conexión fluida con tu tienda sin comprometer la seguridad fiscal

Características clave que debe tener un buen software de facturación

1. Gestión inteligente del DNI: Que detecte automáticamente cuándo es necesario solicitar el DNI (ventas superiores a 400€ o 3.000€ según el tipo de producto), minimizando la fricción en el checkout.
   
2. Facturación 100% externa: Que gestione toda la facturación fuera de PrestaShop, evitando convertir tu tienda en un SIF.
3. Certificación completa: Con su propia declaración responsable como Sistema Informático de Facturación.
   
4. Cumplimiento automático: Envío inmediato a la AEAT, cadena de trazabilidad con hash SHA-256, inalterabilidad garantizada.
   
5. Gestión integral: Facturas rectificativas, reportes fiscales, personalización de diseño.
   

Un ejemplo concreto: EasyVerifactu

Entre las soluciones disponibles en el mercado, EasyVerifactu destaca por haber sido diseñado específicamente para resolver los desafíos de Verifactu en tiendas PrestaShop. Entre sus características clave destacan:

• Integración nativa con PrestaShop: Desarrollado específicamente para trabajar con tiendas PrestaShop, entendiendo sus particularidades.
  
• Solicitud inteligente del DNI: El sistema detecta automáticamente cuándo es obligatorio pedir el DNI, evitando pedirlo innecesariamente y reduciendo el abandono del carrito.
  
• Sin modificar tu PrestaShop: Tu tienda solo envía los datos del pedido; toda la facturación se gestiona externamente en EasyVerifactu.
  
• Certificación y declaración responsable incluidas: EasyVerifactu asume la responsabilidad como SIF certificado.
  
• Características adicionales:
  
  • Reportes fiscales automatizados para tu gestoría
  • Personalización completa del diseño de facturas
  • Gestión automatizada de devoluciones y facturas rectificativas
  • API completa para integraciones adicionales
  • Soporte especializado en normativa fiscal española

Comparativa de costes: el precio de no actuar correctamente

Opción A: Instalar un módulo en PrestaShop

• Coste: La inversión inicial suele oscilar entre 500 € y 2.000 €, dependiendo del proveedor y de la complejidad del módulo.
• Responsabilidad legal: Al tratarse de una modificación interna del sistema, el negocio asume un grado de responsabilidad adicional en cuanto al cumplimiento de la normativa de facturación. Las posibles sanciones oscilan entre los 1.000-600.000€
• Mantenimiento: Los módulos requieren un seguimiento continuo. Cada actualización de PrestaShop o de otros complementos puede afectar su funcionamiento, lo que implica dedicar tiempo o recursos técnicos al mantenimiento.
• Ventaja principal: La integración directa en tu panel de PrestaShop, lo que ofrece una sensación de control y centralización del sistema.

Opción B: Integrar un software de facturación especializado

• Coste: Normalmente se ofrece bajo un modelo de suscripción mensual, que suele partir de unos 15 €/mes. Esto implica un gasto recurrente en lugar de una inversión inicial alta.
• Responsabilidad legal: La responsabilidad sobre el cumplimiento normativo recae en el proveedor del software, que garantiza su adecuación a la legislación vigente.
• Mantenimiento: El proveedor se encarga de las actualizaciones y adaptaciones a cambios legales, lo que reduce la carga técnica para el usuario.
• Ventaja principal: Como hemos visto en el caso de EasyVerifactu, se trata de una solución diseñada específicamente para la gestión de facturación conforme a la normativa, reduciendo la necesidad de adaptaciones técnicas. Además, te evitas correr riesgos innecesarios

Actúa ahora: el tiempo corre

Las fechas límite se acercan rápidamente:

• 1 de enero de 2026: Obligatorio para sociedades
• 1 de julio de 2026: Obligatorio para autónomos

No se trata de si debes adaptarte, sino de cómo hacerlo de la forma más segura para tu negocio. La diferencia entre instalar un módulo en PrestaShop o externalizar la facturación puede ser la diferencia entre cumplir tranquilamente o exponerte a sanciones millonarias.

Protege tu negocio con la decisión correcta

Verifactu representa un cambio fundamental en cómo se gestiona la facturación en España. PrestaShop, por muy buena plataforma que sea para el comercio electrónico, no está preparada para asumir el rol de Sistema Informático de Facturación con todas las implicaciones legales que conlleva.

La solución no pasa por intentar adaptar PrestaShop con módulos que te convierten en co-fabricante del SIF. La solución inteligente es mantener cada sistema haciendo lo que mejor sabe hacer: PrestaShop gestionando tu tienda online y un software especializado gestionando tu facturación fiscal.

Los paquetes de facturación profesionales diseñados para ecommerce, como EasyVerifactu, ofrecen la tranquilidad de cumplir con la normativa sin asumir riesgos innecesarios. La inversión en una solución profesional y certificada es mínima comparada con los riesgos que evitas.

Imagen: Gemini

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El pasado viernes 5 de septiembre, la Comisión Europea dio a conocer su decisión de multar a Google con 2.950 millones de euros tras determinar que el gigante tecnológico ha infringido las normas antimonopolio de la Unión Europea al abusar de su posición dominante en el mercado de la publicidad digital.

La Comisión afirma que Google se sirvió de su poder en el mercado de servidores de anuncios para editores a través de su servicio DFP y en el mercado de compra programática de anuncios a través de sus servicios Google Ads y DV360 para favorecer su plataforma de intercambio de anuncios AdX.

Estas acciones habrían minado el equilibrio del mercado y perjudicado tanto a proveedores de servicios de tecnología publicitaria como a anunciantes y editores. La Comisión ha otorgado a Google 60 días para que informe acerca de las medidas que tomará para corregir esta situación.

No obstante, el organismo ha aprovechado para recordar que la solución que considerarían adecuada sería que Google venda parte de su negocio. «La Comisión ya ha manifestado su opinión preliminar de que solo la desinversión por parte de Google de una parte de sus servicios solucionaría la situación de los conflictos de intereses inherentes, pero primero desea escuchar y evaluar la propuesta de Google».

Esta se trata de la segunda sanción más elevada impuesta por la UE a lo largo de su historia. Un ranking en el que Google se encuentra muy presente y que vamos a repasar a continuación.

Cuáles son las mayores multas impuestas por la UE

1. Google – 4.343 millones de euros

En 2018, Google fue multado por la Unión Europea por obligar a los operadores móviles y fabricantes de dispositivos Android a instalar sus aplicaciones y servicios de forma predeterminada.

La Comisión Europea concluyó que Google utilizó su posición dominante en el mercado para reforzar su monopolio en la búsqueda en línea y la sancionó con 4.343 millones de euros. Así es como Google se ganó la mayor multa de la historia de la UE.

2. Google – 2.950 millones de euros

La multa más reciente de Google ocupa la segunda posición.

La investigación que ha llevado a esta sanción se remonta a junio de 2021, cuando la Comisión Europea inició un procedimiento formal para investigar la posible conducta anticompetitiva de la tecnológica en el mercado de la publicidad en línea. Ahora, la Comisión ha concluido que Google abusó de su poder y la ha multado con 2.950 millones de euros.

Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, expresó: «La decisión de hoy demuestra que Google abusó de su posición dominante en tecnología publicitaria, perjudicando a editores, anunciantes y consumidores. Esta conducta es ilegal según las normas antimonopolio de la UE.

Google debe ahora presentar una solución seria para abordar sus conflictos de intereses y, si no lo hace, no dudaremos en imponer medidas contundentes. Los mercados digitales existen para servir a las personas y deben basarse en la confianza y la equidad. Y cuando los mercados fallan, las instituciones públicas deben actuar para evitar que los actores dominantes abusen de su poder. La verdadera libertad implica igualdad de condiciones, donde todos compiten en igualdad de condiciones y los ciudadanos tienen el derecho real a elegir».

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3. Google – 2.400 millones de euros

En 2017, la Comisión Europea multó a Google con 2.400 millones de euros por favorecer su propio servicio de comparación de productos (Google Shopping) en los resultados de búsqueda en detrimento de sus competidores.

Finalmente, tras varios años de idas y venidas, en septiembre de 2024, el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) confirmó la multa y recordó que las empresas dominantes tienen la responsabilidad de evitar comportamientos que distorsionen la competencia, especialmente cuando utilizan medios ajenos a los méritos de sus productos o servicios para asegurarse una ventaja injusta.

4. Apple – 1.800 millones de euros

En marzo de 2024, la Comisión Europea determinó que, durante una década, Apple había abusado de su posición dominante en el mercado de distribución de aplicaciones de streaming de música para usuarios de iOS a través de su App Store.

«Lo hicieron impidiendo a los desarrolladores informar a los consumidores sobre servicios de música alternativos y más baratos disponibles fuera del ecosistema Apple. Esto es ilegal según las normas antimonopolio de la UE, por lo que hoy hemos multado a Apple con más de 1.800 millones de euros», explicó el organismo europeo.

5. Google – 1.490 millones de euros

Y volvemos a encontrarnos con Google y sus prácticas monopolísticas, aunque en esta ocasión la multa terminó siendo desestimada.

En 2019, la Comisión Europea acusó al gigante tecnológico de abusar de su posición dominante en el mercado de la publicidad en línea a través de Google AdSense, y fijó una sanción de 1.490 millones de euros. Años después, en 2024, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) anuló la multa.

Si bien el tribunal confirmó la mayor parte de los argumentos y hallazgos de la Comisión, concluyó que la Comisión Europea cometió errores en su evaluación de la duración de las cláusulas contractuales y en la parte del mercado afectada por ellas.

6. Meta – 1.200 millones de euros

Meta, otro de los gigantes tecnológicos que reinan en el mundo, también ha sido sancionada por incumplir la normativa europea. Su mayor multa hasta la fecha, y la sexta de este listado, la recibió en mayo de 2023 por traspasar datos de usuarios y usuarias europeos de Facebook a Estados Unidos.

La Unión Europea catalogó este hecho como una infracción grave del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y fijó una multa por valor de 1.200 millones de euros, resultando ser la sanción más elevada en materia de protección de datos emitida por la UE hasta la fecha.

Google apelará y Trump sale en su defensa

La reacción de Google ante la multa de 2.950M€ impuesta por la Comisión Europea es la esperada. La tecnológica tiene previsto apelar y ha querido remarcar que: «No hay nada anticompetitivo en brindar servicios a compradores y vendedores de publicidad, y hay más alternativas a nuestros servicios que nunca». Así se lo aseguró un portavoz de Google a The Wall Street Journal.

Así mismo, la decisión de la Comisión tampoco le ha sentado nada bien a Donald Trump. El presidente de Estados Unidos expresó su descontento en su red social, Truth Social, con respecto a esta sanción y a «las numerosas multas e impuestos que se han impuesto a Google y a otras empresas tecnológicas estadounidenses».

Trump considera que las sanciones de la Unión Europea privan a Estados Unidos «de fondos que podrían destinarse a inversiones y creación de empleo». Ante esto, ha afirmado que su administración no tolerará esta situación y sus efectos negativos en las empresas estadounidenses.

«No podemos permitir que se perjudique así a la brillante y extraordinaria capacidad innovadora de Estados Unidos, y si esto ocurre, me veré obligado a iniciar un procedimiento según la Sección 301 para anular estas sanciones injustas impuestas a estas empresas estadounidenses».

La Sección 301 se trata de un artículo de la Ley de Comercio de EE.UU. que otorga al presidente la autoridad para tomar medidas, incluyendo la imposición de aranceles, contra prácticas comerciales “injustificables” o “irrazonables” de otros países que perjudiquen el comercio estadounidense. Por lo tanto, se espera que la próxima jugada de Trump afecte a las negociaciones arancelarias con la Unión Europea.

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El caso antimonopolio que enfrenta al Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) contra Google llegó ayer a un importante punto de inflexión con el fallo emitido por el juez Amit P. Mehta, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos. Este ha dictaminado que Google no tendrá que vender Chrome y tampoco deshacerse de su sistema operativo Android.

Si bien de primeras puede parecer que Google se ha salido con la suya (que en gran medida es así), lo cierto es que el gigante tecnológico no ha conseguido todo lo que quería ya la sentencia también dicta una serie de obligaciones y prohibiciones. Entre estas destacan que Google deberá compartir sus datos con sus competidores y no podrá establecer contratos que otorguen exclusividad a sus productos.

Qué dice el fallo

La justicia estadounidense finalmente ha descartado algunas de las peticiones más drásticas de la parte demandante (como la desinversión en Chrome) y ha aceptado parte de las propuestas presentadas por Google, aunque con matices. Estas son las principales conclusiones del fallo recién emitido por el juez Amit P. Mehta:

• Google no tendrá que trocear su negocio: el tribunal no exigirá a Google que venda o se separe de productos clave como Chrome o Android.
• Prohibición de contratos exclusivos: Google no puede firmar ni mantener acuerdos que le otorguen exclusividad para la distribución de su motor de Búsqueda, Chrome, Google Assistant y Gemini. De este modo, Google tampoco podrá tener ningún acuerdo que condicione la licencia de Play Store o de cualquier otra app de Google a la distribución, precarga o instalación de sus otros servicios. Tampoco podrá condicionar la recepción de pagos de participación en los ingresos a la instalación de ciertas apps o servicios. Y no podrá prohibir a sus socios distribuir simultáneamente cualquier otro producto GSE, navegador o GenAI.
• No se prohíben los pagos: Google podrá realizar pagos a sus socios (como fabricantes de teléfonos o navegadores) para la preinstalación de sus productos de Búsqueda.
• Compartir datos con competidores: Google deberá proporcionar ciertos datos de su índice de búsqueda y de la interacción de los usuarios a “competidores cualificados” para fomentar la competencia.
• Google no tendrá que presentar pantallas de elección: el tribunal no impuso a la tecnológica la obligación de mostrar a los usuarios pantallas de selección en sus productos, ni tampoco la de animar a sus socios de distribución de Android a hacerlo.
• Creación de un comité técnico: para supervisar la implementación y el cumplimiento de la sentencia definitiva.

El objetivo de este fallo es velar por el equilibrio del mercado y frenar el comportamiento anticompetitivo de Google. El documento recoge que la sentencia definitiva tendrá una duración de seis años.

La entrada de la IA como factor clave en el caso

Cabe señalar que las decisiones tomadas por el juez Mehta han estado influenciadas por el fuerte desarrollo de la IA acontecido en los últimos años, el cual ha cambiado el tablero de juego y presentado nuevos competidores.

«Google sigue siendo la empresa dominante en los mercados de productos relevantes. Ningún rival existente le ha arrebatado cuota de mercado. Y ningún nuevo competidor ha entrado en el mercado. Pero las tecnologías de inteligencia artificial, en particular la IA generativa (“GenAI”), aún podrían marcar la diferencia», se explica en el documento.

El fallo emitido por Mehta afirma que la aparición de la IA generativa cambió el curso del caso: «Por lo tanto, estos procedimientos de recursos se han centrado tanto en promover la competencia entre las GSE como en garantizar que el dominio de Google en las búsquedas no se traslade al ámbito de la GenAI».

Próximos pasos

Este caso, iniciado en 2020 con una demanda antimonopolio presentada por el DOJ, cobró especial relevancia en agosto de 2024 cuando el juez Mehta dictaminó: «Google es un monopolista, y ha actuado para mantener su monopolio». Desde entonces, hemos sido testigos de propuestas y contrapropuestas emitidas por ambas partes implicadas.

Si bien el fallo del juez Mehta no se trata de una sentencia definitiva, sí que representa un paso firme hacia la resolución del caso. Ahora, Google y el DOJ deberán reunirse y deliberar para presentar «una sentencia definitiva revisada conjunta que sea coherente con este Memorándum de Opinión», antes del 10 de septiembre.

Así mismo, Google no ha tardado en dar su opinión acerca de la decisión de la justicia estadounidense y afirma que están estudiándola detenidamente. «El Tribunal ha impuesto límites a la distribución de los servicios de Google y nos exigirá compartir datos de búsqueda con la competencia. Nos preocupa el impacto que estos requisitos tendrán en nuestros usuarios y su privacidad, y estamos analizando la decisión con atención.

El Tribunal reconoció que la desinversión en Chrome y Android habría ido más allá del enfoque del caso en la distribución de búsquedas y habría perjudicado a los consumidores y a nuestros socios».

Read our statement on today’s decision in the case involving Google Search:

Earlier today a U.S. court overseeing the Department of Justice’s lawsuit over how we distribute Search issued a decision on next steps.

Today’s decision recognizes how much the industry has changed…

— News from Google (@NewsFromGoogle) September 2, 2025

Foto: Gemini

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La privacidad de los datos se ha convertido en uno de los mayores desafíos para las empresas que operan en entornos digitales. En su nueva guía, Usercentrics desglosa las políticas de privacidad de las principales plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, Stripe y ChatGPT. El objetivo es ayudar a las compañías a comprender qué información se recopila, cómo se utiliza y qué obligaciones legales deben cumplir en cada caso.

Esta guía, liderada por Celestine Bahr, directora legal de Usercentrics, pone el foco en la importancia de alinear las prácticas empresariales con los marcos regulatorios globales como el GDPR en Europa, la CCPA en California o la LGPD en Brasil, además de nuevas normativas como la Digital Markets Act (DMA).

Facebook y Meta: transparencia bajo la lupa

En el caso de Facebook, el guía detalla que el uso de esta plataforma implica compartir datos personales de la audiencia con Meta. Esto ocurre especialmente cuando las empresas utilizan herramientas como el Facebook Pixel o la Conversions API, que envían información sobre navegación, compras o interacciones desde sitios web y apps hacia los servidores de Meta.

Según Usercentrics, la política de privacidad de Facebook afecta de forma directa a las obligaciones de cualquier negocio bajo las leyes de protección de datos. La guía destaca que Facebook recopila múltiples tipos de información: desde datos que aportan los propios usuarios (como correos electrónicos o direcciones de entrega), hasta su actividad dentro de la plataforma (clics, likes o interacciones) y datos técnicos de sus dispositivos, como ubicación, IP o nivel de batería.

El uso de cookies y tecnologías de seguimiento por parte de Meta también merece especial atención. Estas herramientas permiten recopilar datos incluso de personas que no tienen cuenta en Facebook, lo que genera la necesidad de gestionar correctamente el consentimiento de los usuarios en regiones con normativas estrictas.

La guía recuerda que, además de la personalización publicitaria, Meta utiliza la información para mejorar productos, garantizar seguridad y ofrecer analíticas avanzadas a los negocios. Sin embargo, también comparte datos con terceros como anunciantes, proveedores de servicios o investigadores académicos, lo que exige transparencia total en la política de privacidad de cada empresa.

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Implicaciones globales para las empresas

Uno de los puntos clave del análisis de Usercentrics es que la complejidad regulatoria varía según la región. En la Unión Europea, por ejemplo, la DMA obliga a Meta a solicitar consentimiento expreso antes de combinar datos de diferentes plataformas. En Estados Unidos, en cambio, muchos estados aplican un modelo de opt-out, donde el usuario tiene derecho a excluirse, y las empresas deben ofrecer mecanismos como el botón “Do Not Sell Or Share My Personal Information”.

También señala la importancia de aplicar principios como la minimización de datos (recoger solo la información necesaria) y la limitación de la finalidad (usar los datos únicamente para el propósito comunicado al usuario).

Además, recuerda que las compañías son responsables de la seguridad de los datos en todo su ciclo de vida, incluso después de haberlos compartido con Meta o con otras plataformas. Por tanto, implementar medidas técnicas y organizativas adecuadas es un requisito legal ineludible.

Un aspecto especialmente sensible es el tratamiento de datos de menores de edad. Meta limita la segmentación publicitaria para usuarios menores de 18 años y obliga a cumplir normativas específicas como la COPPA en EE. UU. o los requisitos de consentimiento parental en la UE.

Más allá de Facebook: Instagram, TikTok, Stripe y ChatGPT

La guía de Usercentrics no se limita a Meta. También analiza las políticas de Instagram y TikTok, plataformas donde la recopilación de datos sobre comportamiento y dispositivos plantea desafíos similares.

En el caso de Stripe, se enfatiza la necesidad de cumplir con normativas financieras y de pagos, ya que la plataforma procesa información especialmente sensible como datos bancarios y de tarjetas.

Finalmente, dedica un apartado a ChatGPT y los servicios de OpenAI, resaltando que las empresas que integran este tipo de soluciones deben explicar de forma clara cómo se procesan y almacenan los datos compartidos en estas interacciones.

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La importancia de ser proactivos

El mensaje de fondo de la guía es claro: la privacidad no es solo una obligación legal, sino también un factor de confianza y reputación. Según datos citados en la guía, el 71% de los consumidores es cada vez más protector con su información personal, por lo que cualquier práctica opaca puede generar desconfianza y dañar la imagen de marca.

Por ello, Usercentrics recomienda que las empresas revisen y actualicen de forma periódica sus políticas de privacidad, ajusten sus banners de consentimiento y sean completamente transparentes con los usuarios respecto al uso de herramientas de terceros.

Si quieres profundizar en este tema y conocer al detalle las implicaciones de cada plataforma, te recomendamos leer la guía completa de Usercentrics. Una guía práctica y actualizada para que tu negocio esté preparado frente a los retos de la privacidad en la economía digital.

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Samujjal Purkayastha, exempleado de Meta, ha presentado una denuncia contra la tecnológica ante un tribunal de Reino Unido acusándola de haber manipulado las métricas publicitarias relativas a Shops Ads para presentar un falso rendimiento mejorado.

Purkayastha comenzó a trabajar en Meta en 2020 (cuanto la compañía todavía se llamaba Facebook) bajo el cargo de gerente de producto en el equipo de Investigación Aplicada de Inteligencia Artificial de Facebook. Posteriormente, en 2022, pasó a formar parte del equipo de Shops Ads hasta su despido el 19 de febrero de 2025.

Qué dice la denuncia

El pasado 20 de agosto, Purkayastha interpuso la demanda contra Meta ante el Tribunal Central de Empleo de Londres. En el documento, se indica que Meta infló las métricas de retorno de la inversión publicitaria (ROAS) de Shops Ads, su herramienta publicitaria que permite a los anunciantes promocionar sus productos en Facebook e Instagram.

Concretamente, el exempleado de Meta afirma que durante revisiones internas realizadas a principios de 2024, los científicos de datos de la compañía descubrieron que el ROAS de los anuncios de Shops Ads se había inflado entre un 17% y un 19%.

Esta descompensación se debía a que Meta incluía los gastos de envío y los impuestos como parte de las ventas, manipulando las cifras para dar la falsa impresión de que sus resultados eran mejores que los de otros competidores como Apple o Google. Purkayastha afirma que él ya se había dado cuenta de esta maniobra a mediados de 2022.

Así mismo, el exempleado de Meta declara que expuso su preocupación ante estos hechos en múltiples reuniones con la alta dirección de la compañía. Su demanda incluye una petición de medidas cautelares para recuperar su antiguo puesto en la compañía.

De acuerdo con la denuncia, esta manipulación no se daba en otros productos publicitarios de Meta. Esto también provocaba que los anunciantes tuviesen una falsa sensación de que las campañas en Shops Ads funcionaban mejor que los anuncios tradicionales.

En el documento, Purkayastha declara: «Además de que la métrica de rendimiento del ROAS se sobreestimó en casi una quinta parte, significó que, en lugar de haber superado nuestro objetivo principal, el equipo de Shops Ads, de hecho, no lo alcanzó una vez que la cifra se redujo para tener en cuenta la inflación artificial».

Una supuesta acción contra las barreras de privacidad de Apple

Por otra parte, esta supuesta manipulación también formaría parte de una estrategia más amplia de Meta para mejorar el rendimiento de sus anuncios, como respuesta a las actualizaciones de privacidad que Apple implementó en 2021 a través de su función Transparencia de Seguimiento de Aplicaciones (ATT).

Los ejecutivos de Meta buscaban nuevas fuentes de ingresos que fueran “resistentes” a estas medidas de privacidad. Los Shops Ads se presentaron como la solución ideal, ya que mantenían el seguimiento y las transacciones dentro de las propias aplicaciones de Meta (Instagram y Facebook).

Para hacer que este nuevo producto pareciera más exitoso, Meta supuestamente subvencionó las pujas de los Shops Ads, a veces hasta en un 100%, para asegurar que se mostraran con mayor frecuencia a los usuarios. Esto no solo aumentaba la visibilidad, sino que también reforzaba la ilusión de un buen rendimiento y una alta tasa de conversión.

Además de la manipulación de las pujas, la denuncia también afirma que Meta llevó a cabo malas praxis relativas al seguimiento de datos. Purkayastha sostiene que la empresa implementó un mecanismo llamado AEM2 que, a diferencia de su versión anterior, vinculaba la actividad dentro de las apps de Meta con la navegación y compras en sitios de terceros utilizando identificadores personales como correos electrónicos o números de teléfono.

Purkayastha cree que el AEM2 podría haber eludido las restricciones de privacidad de Apple, recuperando así gran parte de los datos perdidos tras sus cambios.

Cómo avanza el caso

Por el momento, un juez del Tribunal Central de Empleo de Londres ha rechazado la solicitud de medidas cautelares de Purkayastha recuperar su puesto. En cuanto al caso, se espera que se realice una audiencia completa el año que viene.

En cuanto a Meta, un portavoz de la compañía declaró que «las acusaciones relacionadas con la integridad de nuestras prácticas publicitarias carecen de fundamento y tenemos plena confianza en nuestros procesos de revisión de desempeño».

Foto: Depositphotos

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Elon Musk ha interpuesto una demanda contra Apple y OpenAI a través de sus empresas X y xAI en un tribunal federal de Texas (Estados Unidos), abriendo así un nuevo capítulo en su cruzada contra la empresa creadora de ChatGPT.

El magnate acusa a ambas compañías de prácticas monopolísticas y anticompetitivas que están resultando en perjuicios a la competencia y afectando al equilibrio del mercado de la inteligencia artificial. Y es que, a principios de junio, Apple y OpenAI anunciaron un acuerdo mediante el cual ChatGPT pasaría a integrarse en el sistema operativo de Apple.

Qué expone la demanda de Musk

«Esta es la historia de dos monopolistas que unen fuerzas para asegurar su dominio continuo en un mundo impulsado rápidamente por la tecnología más poderosa que la humanidad haya creado jamás: la inteligencia artificial (“IA”). Trabajando en conjunto, los defensores Apple y OpenAI han bloqueado mercados para mantener sus monopolios e impedir que innovadores como X y xAI compitan.

Los demandantes presentan esta demanda para impedir que los demandados perpetren su esquema anticompetitivo y recuperar miles de millones en daños». Así comienza la demanda presentada por X y xAI.

En el documento, se exponen varias acusaciones contra Apple y OpenAI, siendo las principales:

• Conducta anticompetitiva y monopolio en IA: se señala que Apple y OpenAI habrían establecido una alianza estratégica para cerrar el mercado y dificultar que otros actores (como X y xAI) puedan competir. La demanda compara esta práctica con los precedentes antimonopolio de Apple en la App Store.
• Uso indebido de datos de usuarios: Apple, al integrar los modelos de OpenAI en sus sistemas, estaría permitiendo que datos de usuarios de iPhone y Mac se utilicen para entrenar modelos de IA sin el consentimiento informado de los usuarios.
• Exclusión de competidores e innovación: la alianza limitaría la posibilidad de que otras empresas desarrollen tecnologías de IA competitivas, consolidando un duopolio Apple-OpenAI en el ecosistema tecnológico.
• Daños económicos y reputacionales a X: X alega que la restricción competitiva le causan pérdida de valor de mercado, reducción de oportunidades y un daño a su imagen pública.

Musk y su complicada relación con OpenAI

A principios de mes, Musk ya había amenazado con tomar acciones legales contra Apple acusándola de impedir que cualquier empresa de IA que no fuese OpenAI alcanzase el primer puesto en la App Store.

Algo a lo que Sam Altman, CEO de OpenAI, no dudó en responder haciendo alusión a rumores acerca de los métodos poco ortodoxos de Musk para conseguir sus objetivos: «Esta es una afirmación notable dado lo que he escuchado sobre lo que Elon hace para manipular a X para beneficiarse a sí mismo y a sus propias empresas y dañar a sus competidores y a personas que no le agradan».

This is a remarkable claim given what I have heard alleged that Elon does to manipulate X to benefit himself and his own companies and harm his competitors and people he doesn’t like. https://t.co/HlgzO4c2iC

— Sam Altman (@sama) August 12, 2025

La enemistad entre Musk y Altman es bien conocida en el sector, y sus enfrentamientos directos por redes sociales un espectáculo al que asistimos con (yo diría que demasiada) frecuencia. Como en todo drama que se precie, la relación entre ambos magnates no siempre fue así de tensa, de hecho Musk fue uno de los cofundadores de OpenAI.

¿Cuándo se torció todo? Pues cuando, en 2019, la compañía pasó de un enfoque sin ánimo de lucro a uno de “lucro limitado” para asegurar su desarrollo tecnológico. Digamos que Musk no estuvo de acuerdo con esta idea. Así mismo, también cabe destacar que en 2018, Musk abandonó el consejo administrativo de OpenAI tras haber visto frustrados sus planes de tomar el control de la compañía.

Desde entonces, hemos presenciado un desfile de acusaciones cruzadas. Por ejemplo, en marzo de 2024, Musk presentó una demanda contra OpenAI por “incumplimiento de contrato”. Posteriormente, en enero de 2025, Musk inició un nuevo conflicto en redes acusando a Altman de ser un estafador en relación a la creación del proyecto Stargate.

A este conflicto le siguió un giro de guion cuando, en febrero de 2025, Musk presentó una oferta no solicitada de 97.400 millones de dólares para comprar OpenAI. Por supuesto, esta fue rechazada y vista más como una provocación que como una propuesta real ya que el valor real estimado de OpenAI en ese momento superaba los 300 mil millones de dólares.

Swindler

— Elon Musk (@elonmusk) February 10, 2025

Foto: Canva y Depositphotos

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El comercio internacional, tanto físico como online, está siendo sacudido por la política arancelaria de Donald Trump. En el último capítulo de toda una serie de desconcertantes vaivenes sobre cómo quiere que su país enfoque las relaciones comerciales, Trump ha firmado una orden ejecutiva que elimina totalmente la exención arancelaria conocida como “de minimis”, un pilar fundamental para millones de transacciones transfronterizas.

Aunque la suspensión para productos de China y Hong Kong ya estaba en vigor desde el pasado 2 de mayo, la nueva orden amplía la prohibición al resto del mundo, marcando el fin definitivo de una era.

Tabla de contenidos:

• Qué son las exenciones de minimis
• Cuánto tendrán que pagar los vendedores tras la suspensión de los minimis
• El fin de un vacío legal
• Cómo afecta este cambio a los vendedores online
• ¿Habrá un efecto rebote?
• La UE también planea eliminar sus propias exenciones

Qué son las exenciones de minimis

Los minimis marcan un umbral monetario de referencia que establece la exención de pagos de aranceles si el valor de la mercancía importada se encuentra por debajo de este. En el caso de Estados Unidos, la exención de minimis se aplicaba a envíos con un valor de hasta 800$.

La existencia de los minimis no solo simplificaba los trámites aduaneros para envíos de bajo valor, sino que era una de las piedras angulares sobre las que se cimentaban los negocios de grandes marketplaces chinos como Temu o Shein. Estas plataformas basan su estrategia en ofrecer productos a precios extremadamente bajos y, hasta ahora, los minimis les servían para evitar aranceles y poder mantener esta política de precios en el mercado estadounidense.

La nueva orden, que entrará en vigor el próximo 29 de agosto, implica que cualquier paquete importado a Estados Unidos, sin importar su valor o país de origen, estará sujeto a aranceles y tasas de importación. Para un sector habituado a la fluidez del comercio directo al consumidor, esta medida es un terremoto con profundas implicaciones logísticas y financieras.

Cuánto tendrán que pagar los vendedores tras la suspensión de los minimis

La orden ejecutiva de Trump no establece un único arancel fijo, sino que define dos metodologías para calcularlos. El monto final dependerá del país de origen del producto y del método de envío. Así, a partir del 29 de agosto, para los envíos que antes se beneficiaban de la exención “de minimis”, se aplicarán los siguientes aranceles:

1. Arancel “ad valorem”

Esta es el impuesto que quedará por defecto a largo plazo, y será un porcentaje del valor total del producto. Este porcentaje, conocido como “tasa arancelaria IEEPA efectiva”, varía según el país de origen y la categoría del producto. Por ejemplo, una camiseta de un país determinado podría tener un arancel del 15% sobre su valor, mientras que un componente electrónico de otro país podría tener uno del 25%.

2. Arancel fijo por paquete (temporal)

Durante los primeros seis meses, los transportistas podrán optar por cobrar una tarifa fija por paquete, en lugar de un porcentaje. Esta tarifa se basa en el nivel arancelario del país de origen:

• 80 dólares por artículo: para países con una tasa de arancel IEEPA efectiva inferior al 16%. Este sería el caso de España, al igual que el del resto de países de la UE.
• 160 dólares por artículo: para países con una tasa entre el 16% y el 25% (inclusive).
• 200 dólares por artículo: para países con una tasa superior al 25%.

Es importante recordar que esta opción de tarifa fija es temporal. Después de seis meses, todos los envíos deberán cumplir con el método de cálculo “ad valorem”.

El fin de un vacío legal

Como decíamos, la exención “de minimis” fue clave en el explosivo crecimiento de plataformas como Shein y Temu en EE.UU.. Su modelo de negocio se basaba en la eficiencia de enviar millones de paquetes individuales de bajo coste directamente desde sus centros logísticos de origen, sin incurrir en costes aduaneros significativos.

Según la Casa Blanca, esta práctica se había convertido en un problema grave. La orden ejecutiva firmada por Trump se justifica en base a tres preocupaciones principales:

• Competencia desleal: La administración acusa a ciertos países de explotar el sistema para inundar el mercado estadounidense con productos baratos, afectando negativamente a los fabricantes y empleos locales.
• Contrabando de falsificaciones: Según datos de la Casa Blanca, un 97% de los artículos falsificados incautados en 2024 estaban vinculados a envíos de minimis. Por ello, la orden se presenta como un mecanismo de protección para los consumidores y las marcas.
• Lucha contra el contrabando de fentanilo y opioides: Este aspecto se nos queda un poco fuera del foco del eCommerce, pero es un tema recurrente en el discurso de Trump desde su segunda llegada al poder: su gobierno argumenta que esta exención se utilizaba para eludir inspecciones aduaneras y facilitar el tráfico de drogas. Así, su gobierno esgrime datos que indican que el 98% de los narcóticos incautados en cargamentos durante el último año fiscal entraron por esta vía.

Cómo afecta este cambio a los vendedores online

Más allá del caso comentado de los marketplaces chinos, esta nueva regulación supone un cambio muy relevante en las reglas del juego para cualquier actor del eCommerce. Para el pequeño vendedor español que envía sus productos a Estados Unidos, por ejemplo, el cambio significa la inclusión de costes adicionales y una mayor complejidad en la logística, lo que podría reducir sus márgenes y su competitividad.

Es una derivada bastante lógica: los aranceles encarecerán sus productos, algo muy relevante en el caso de aquellos que compitan por precios. Esto podría mermar la demanda y forzar a estos vendedores a trasladar los costes al consumidor o absorberlos, afectando su rentabilidad.

Pero como decíamos, también complica las cosas a nivel logístico: la gestión de millones de envíos diarios bajo nuevas reglas aduaneras, incluyendo los nuevos aranceles y procesos de declaración, podría generar cuellos de botella significativos y retrasos en las entregas, un factor crítico para la satisfacción del cliente. En este contexto, parece lógico que las empresas con más posibilidades consideren diversificar sus operaciones, buscando fuentes de producción en otros países o incluso invirtiendo en la producción local o almacenes locales en Estados Unidos.

Sin embargo, como decíamos, el mayor impacto se espera en los grandes actores que dependen de la economía de escala del modelo “de minimis”. Empresas como Temu y Shein se ven obligadas a reevaluar por completo su estrategia de precios y su cadena de suministro. De hecho, tras el anuncio de la suspensión de esta exención para los productos chinos en el mes de mayo, varias de estas empresas se vieron obligadas a replantear sus estrategias e, incluso, aumentar sus precios. Así mismo, estas medidas también han impactado a empresas estadounidenses que comercializaban productos chinos a bajo coste, como Amazon y su servicio Amazon Haul.

En el caso de Temu, el marketplace de origen chino decidió suspender los envíos de productos desde China a Estados Unidos. Ahora, quienes acceden a Temu en Estados Unidos, tan solo pueden comprar los productos de vendedores locales cuyos almacenes están en el país, ya que los artículos enviados desde China aparecen marcados como agotados. La plataforma ha afirmado que los precios de los productos de comerciantes estadounidenses se mantienen sin alteraciones de ningún tipo.

Cabe destacar que Temu fue la app de retail más descargada a nivel mundial en 2024, sobrepasando a competidores destacados como Amazon, AliExpress o Shein. Por lo que será interesante prestar atención a su evolución en los próximos meses y al efecto que el nuevo rumbo que ha tenido que tomar en EE.UU. pueda tener sobre sus resultados.

¿Habrá un efecto rebote?

Es complicado saber cómo va a variar el comercio internacional tras una medida de tanto calado, pero puede que las repercusiones no se limiten al mercado estadounidense. Con los nuevos aranceles en EE. UU., los grandes productores de bienes de bajo coste (principalmente de China) ya no tendrán tan fácil entrar en ese mercado. Esto podría llevar a estas empresas a redirigir su enorme volumen de producción hacia otros mercados, como el europeo, donde las regulaciones “de minimis” aún pueden ser más flexibles.

El resultado podría ser un aumento significativo de la competencia para los vendedores locales (a los españoles, en nuestro caso). Y eso podría acelerar los acontecimientos: al inundar el mercado con productos aún más baratos que los ya existentes, se podría presionar a los vendedores nacionales a bajar sus precios, afectando sus márgenes de beneficio.

La UE también planea eliminar sus propias exenciones

En 2024, 4.600 millones de envíos de escaso valor (mercancías con un coste por debajo de los 150€) entraron en el mercado de la Unión Europea, lo que supone 12 millones de paquetes al día. Estos datos duplican los registrados en 2023 y triplican los de 2022. Así mismo, cabe señalar que el 91% de estos envíos procedían de China.

Además de suscitar preocupaciones a nivel medioambiental y en materia de competencia con respecto a los minoristas europeos, la Comisión Europea destaca que muchos de estos productos no cumplen con la legislación europea.

Ante esta situación, la Unión Europea lleva un tiempo estudiando la eliminación de sus propios minimis, aunque en este contexto no reciben este nombre. El objetivo de la UE es frenar y regular la importación masiva de envíos de escaso valor (mercancías que no superan los 150€), los cuales están exentos de aranceles.

Para ello, se ha propuesto suspender la exención de derechos para paquetes de menos de 150€ y reforzar las capacidades de control mediante el intercambio de datos y la evaluación de riesgos. Sumado a esto, también se está valorando la creación de una tarifa de gestión no discriminatoria para envíos eCommerce importados directamente por consumidores desde fuera de la UE, independientemente de su origen o valor.

Otras medidas planteadas son: realización de controles coordinados entre aduanas y autoridades de vigilancia del mercado; reforzar el cumplimiento de normativas como el RGPD, la DMA o la DSA; implementación del Pasaporte Digital del Producto; impulsar la adopción del Reglamento de Ecodiseño para Productos Sostenibles y la enmienda de la Directiva sobre Residuos; lanzar campañas de concienciación y reforzar la colaboración con socios comerciales.

Imagen: ChatGPT

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El 1 de enero de 2026 entra en vigor Verifactu, la normativa que transformará por completo la facturación electrónica en España. Para los negocios de eCommerce, ya no bastará con enviar el típico email de “resumen de pedido”: cada pedido deberá ir acompañado de una factura generada por un software homologado por la Agencia Tributaria (AEAT).

Y aquí viene el gran reto: si la factura no cumple con los requisitos técnicos establecidos por Hacienda, será rechazada automáticamente. Esta gestión será en tiempo real, lo que significa que cualquier error en la factura será detectado de inmediato, generando la necesidad de corregirla manualmente. Imagina la carga operativa que esto puede suponer, especialmente en plena campaña de ventas. La presión de corregir facturas rápidamente y evitar incidencias será un desafío constante.

Qué es Verifactu y por qué cambiará la operativa de los eCommerce

Verifactu es una normativa de facturación electrónica cuyo principal objetivo es combatir el fraude fiscal. Obliga a todas las empresas españolas a emitir facturas a través de software certificado, el cual debe garantizar que no se puedan modificar una vez generadas. Esta medida tiene como fin mejorar la transparencia y la eficiencia en la gestión fiscal, pero también implica un cambio radical en la operativa de los eCommerce.

A partir del 1 de enero de 2026, los negocios que no se adapten a tiempo se enfrentarán a sanciones que pueden alcanzar hasta 50.000 €. La AEAT recibirá las facturas en tiempo real y podrá rechazarlas si faltan datos esenciales como el DNI del cliente, o si este no coincide con los registros oficiales. Además, si una tienda no emite las facturas de acuerdo con los nuevos estándares, se vería obligada a rectificar manualmente, lo que generaría una sobrecarga operativa que afectaría la eficiencia de la empresa.

Facturas simplificadas: la excepción a la regla

Si bien todas las facturas deberán cumplir con la nueva normativa, hay un matiz importante: las tiendas de venta B2C podrán emitir facturas simplificadas, que no requieren solicitar el DNI del cliente, siempre y cuando los pedidos no superen los 3.000 €. Esta opción alivia significativamente el proceso, ya que evita tener que pedir un dato sensible como el DNI en cada compra.

Sin embargo, si no se cumplen estos requisitos, se generará un escenario con varios inconvenientes:

• Facturas rechazadas: Requieren intervención manual para corregir cualquier error.
• Sobrecarga en atención al cliente: Aumentan las reclamaciones sobre facturas incorrectas o datos fiscales erróneos.
• Formación del personal: Todo el equipo deberá adaptarse a los nuevos procesos y cambios técnicos.
• Monitoreo constante: Es necesario supervisar que las facturas sean aceptadas por la Agencia Tributaria y resolver cualquier incidencia que surja.

Además, no podemos olvidar otro impacto crucial: incluir el campo DNI en el checkout puede reducir las conversiones entre un 3% y un 5%, según estudios sobre experiencia de usuario. Por tanto, es importante evaluar cómo este cambio puede afectar la experiencia del cliente y, en consecuencia, las ventas.

Cómo adaptarte a Verifactu sin morir en el intento

Aunque es posible desarrollar una integración propia con tu ERP, la solución más práctica es apostar por un software especializado en facturación electrónica para eCommerce. Herramientas como EasyVerifactu ofrecen soluciones completas, especialmente diseñadas para resolver los problemas específicos de facturación en eCommerce y compatibles con las plataformas más utilizadas, como PrestaShop, WooCommerce, Shopify y Magento.

Con una solución de este tipo, puedes:

• Eliminar integraciones complejas con ERPs, reduciendo los riesgos de mantenimiento y mejora continua.
• Automatizar la gestión de facturas, tanto simplificadas como completas, sin necesidad de configuraciones manuales.
• Corregir incidencias automáticamente, utilizando sistemas inteligentes que intentan reintentar el envío de la factura o contactar con el cliente para obtener los datos necesarios.
• Minimizar el impacto en conversiones, solicitando el DNI solo cuando sea estrictamente necesario y reduciendo fricciones en el proceso de compra.

Estas herramientas también permiten sincronizar los pedidos con tu plataforma, emitir facturas solo cuando el pedido está “pagado” o “enviado”, y gestionar los reembolsos mediante facturas rectificativas de forma automática.

Prepararte para Verifactu: la clave para el éxito

Verifactu está a la vuelta de la esquina. La clave no está solo en cumplir con Hacienda, sino en hacerlo sin comprometer la experiencia del cliente ni sobrecargar a tu equipo. Prepararte hoy es la mejor manera de evitar un auténtico cuello de botella en 2026.

Para decidir cómo implementar Verifactu en tu negocio, te proponemos una serie de preguntas que pueden ayudarte a tomar la mejor decisión:

• ¿Minimiza la herramienta el impacto en conversiones? Busca un sistema que haga uso de facturas simplificadas y solicite el DNI solo cuando sea legalmente imprescindible.
• ¿Se integra de forma fácil con tu plataforma actual? Evita soluciones que requieren costosas integraciones y cambios significativos en tus flujos de trabajo.
• ¿Automatiza la gestión de reembolsos y rectificativas? En eCommerce, las devoluciones son habituales y requieren el mismo tratamiento legal que las facturas. Una solución completa debe tener en cuenta este aspecto.
• ¿Te ayuda en la gestión de incidencias? Tarde o temprano, alguna de tus facturas será rechazada por Hacienda. Busca una herramienta que te dé visibilidad sobre las incidencias e idealmente te ayude a resolverlas en piloto automático.
• ¿Proporciona herramientas para la cumplimentación de los modelos fiscales? Tu equipo financiero y tu gestor necesitarán información fiscal detallada para poder rellenar los modelos trimestrales y anuales correspondientes. Asegúrate de elegir una herramienta que te permita acceder y exportar esta información de forma fácil.

Verifactu es una realidad que llegará el 1 de enero de 2026. La diferencia entre mantener tus conversiones y tener una operativa estable, o perder ventas y horas de gestión, radica en una correcta implementación del nuevo sistema de facturación. Prepararte hoy te ayudará a realizar una transición progresiva, por lo que nuestra recomendación es que lo hagas lo antes posible.

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En el mundo del eCommerce, gestionar adecuadamente la liquidez y las inversiones es esencial para mantener un negocio competitivo y en crecimiento. A menudo, los emprendedores de tiendas online se enfrentan a un dilema crucial: ¿cómo equilibrar el flujo de caja para cubrir gastos operativos y al mismo tiempo invertir en el futuro del negocio? Este artículo ofrece una guía clara y didáctica sobre cómo gestionar la liquidez y las inversiones en un eCommerce, con el objetivo de garantizar la estabilidad financiera y el crecimiento sostenido.

Por qué es importante gestionar bien la liquidez en un eCommerce

La liquidez es uno de los factores más cruciales para el funcionamiento de un eCommerce. Se refiere a la capacidad de la empresa para tener acceso rápido a efectivo o activos fácilmente convertibles en efectivo para hacer frente a los gastos operativos diarios, como pagos a proveedores, salarios, campañas de marketing, y otros compromisos.

Una mala gestión de la liquidez puede llevar a problemas graves, como imposibilidad de pagar a tiempo o no poder aprovechar oportunidades de inversión o crecimiento. Por otro lado, contar con suficiente liquidez proporciona la tranquilidad de operar sin estrés y tomar decisiones estratégicas que pueden marcar la diferencia en la rentabilidad a largo plazo.

Existen diferentes formas de garantizar una adecuada gestión de la liquidez en un eCommerce. Una de las opciones más utilizadas es recurrir a préstamos urgentes para empresas como los que ofrece Avafin. Estos préstamos son una solución rápida para obtener fondos cuando es necesario, permitiendo a las empresas de eCommerce cubrir imprevistos o acelerar su crecimiento sin interrumpir la operación diaria.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos los préstamos son iguales. Las opciones de préstamos urgentes para empresas deben ser estudiadas cuidadosamente para asegurar que los plazos y las condiciones sean favorables para la empresa. Un préstamo mal gestionado puede terminar afectando negativamente las finanzas a largo plazo.

La importancia de las inversiones estratégicas en el eCommerce

Además de una correcta gestión de la liquidez, las inversiones estratégicas juegan un papel fundamental en el crecimiento de cualquier eCommerce. Las decisiones de inversión bien pensadas permiten a las empresas mejorar sus procesos, escalar rápidamente y mantener una ventaja competitiva en el mercado.

Una de las preguntas más comunes que se hacen los emprendedores de eCommerce es: ¿en qué puedo invertir mi dinero en España para multiplicarlo? La respuesta depende de los objetivos y la etapa en la que se encuentre el negocio, pero hay varias opciones a considerar.

En primer lugar, invertir en marketing digital es una de las formas más efectivas de hacer crecer un eCommerce. Plataformas como Google Ads, Facebook Ads y Instagram Ads permiten segmentar a la audiencia de manera precisa, lo que maximiza el retorno de inversión. Es fundamental que el eCommerce destine una parte de sus recursos a optimización de SEO, campañas de email marketing, y estrategias de social media, ya que estas son herramientas clave para aumentar la visibilidad y las ventas.

Otra forma de invertir es en tecnología. Plataformas de eCommerce como Shopify, WooCommerce o Magento requieren una inversión inicial para personalizar y optimizar la tienda, pero lo que obtienes a cambio es un sistema robusto y escalable. Además, es recomendable invertir en herramientas de analítica web para poder medir el rendimiento del sitio y entender el comportamiento del consumidor. Esta información es vital para tomar decisiones informadas y ajustar estrategias de marketing.

Si estás buscando inversiones a largo plazo, existen opciones como los fondos de inversión o la bolsa. Sin embargo, como en cualquier tipo de inversión, es esencial realizar un análisis detallado y asesorarse con expertos para minimizar riesgos.

Equilibrando liquidez e inversión para un crecimiento sostenible

La clave del éxito en la gestión financiera de un eCommerce está en equilibrar adecuadamente la liquidez con las inversiones a largo plazo. Para ello, se recomienda crear un presupuesto claro que contemple tanto los gastos operativos como las inversiones estratégicas. Una correcta planificación permitirá a las empresas disponer de suficiente liquidez para hacer frente a cualquier gasto inesperado, al tiempo que se aprovechan las oportunidades de inversión que pueden impulsar el negocio.

Un aspecto importante a tener en cuenta es la flexibilidad. El mundo digital cambia rápidamente, por lo que es fundamental que el eCommerce tenga la capacidad de adaptarse. Mantener un fondo de reserva es clave para garantizar que la empresa pueda tomar decisiones rápidas y aprovechar nuevas oportunidades de inversión cuando se presenten.

En resumen, gestionar la liquidez y las inversiones de manera efectiva es un aspecto crucial para garantizar el éxito y la estabilidad de un eCommerce. Con una planificación adecuada, la utilización estratégica de la financiación, y una inversión inteligente en marketing y tecnología, cualquier eCommerce puede consolidarse y crecer de manera sostenible en un entorno altamente competitivo.

Recuerda que tomar decisiones financieras acertadas es uno de los pilares fundamentales para mantener una tienda online exitosa.

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Epic Games, empresa desarrolladora de videojuegos como Fortnite, ha anunciado el final de su disputa judicial contra Samsung. Ambas compañías han llegado a un acuerdo, cerrando así el caso antimonopolio iniciado en septiembre de 2024, en el que se acusaba a Samsung de colaborar con Google para bloquear las tiendas de apps competidoras en sus smartphones.

«Desestimamos nuestra demanda contra Samsung tras las conversaciones entre las partes. Agradecemos que Samsung aborde las preocupaciones de Epic», ha explicado Tim Sweeney, fundador y CEO de Epic Games, a través de una publicación en Twitter.

We’re dismissing our court case against Samsung following the parties’ discussions. We are grateful that Samsung will address Epic’s concerns. https://t.co/fgJYU6NMH0

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) July 7, 2025

Qué exponía la demanda de Epic Games

El pasado 30 de septiembre de 2024, Epic Games presentó una demanda contra Google y Samsung en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California. En el documento se acusaba a Samsung de utilizar su función “Auto Blocker”, instalada por defecto, para frenar la descarga de apps desde tiendas de aplicaciones rivales.

Samsung plantea “Auto Blocker” como una medida de seguridad cuyo propósito es bloquear las apps de “fuentes desconocidas”. Sin embargo, Epic Games afirmaba en su demanda que Samsung y Google la utilizaron para bloquear apps provenientes de cualquier tienda que no fuese la Play Store o la Galaxy Store, sin ningún proceso para que otras tiendas pudiesen ser “autorizadas”.

«Auto Blocker es el último de una larga serie de acuerdos en los que Google y Samsung han acordado no competir para proteger el poder monopolístico de Google. Auto Blocker consolida Google Play Store como la única forma viable de obtener aplicaciones en dispositivos Samsung, impidiendo que todas las demás tiendas compitan en igualdad de condiciones», expresaba Epic Games en un comunicado.

Epic Games identificó a “Auto Blocker” como una artimaña de Google a consecuencia de un juicio anterior

Una vez conocemos el eje principal de la demanda de Epic Games, necesitamos dar otro salto hacia el pasado para comprender el cuadro completo. En 2020, la desarrolladora de videojuegos demandó a Google acusándole de mantener un monopolio ilegal sobre la distribución de apps Android a través de la Play Store.

En 2023, Epic Games ganó el caso y el tribunal se comprometió a imponer medidas correctivas para abrir el mercado a la competencia. Tras esto, la compañía de videojuegos lanzó su Epic Games Store en agosto de 2024, a fin de hacerse un hueco en el mercado de las tiendas de apps.

Sin embargo, ese año, Samsung modificó la configuración de “Auto Blocker” para que pasase de ser una función opcional a aparecer instalada por defecto en sus dispositivos móviles. Epic vio esto como un intento de Samsung y Google de coordinarse para evitar que la competencia fuera efectiva en la distribución de aplicaciones, lo que podría anular las medidas correctivas que se esperaban de la sentencia de 2023 contra Google.

«El efecto previsto de Auto Blocker es claro: anularía las medidas que el Tribunal impone a Google y frustraría cualquier intento de abrir a la competencia el mercado de la distribución de aplicaciones Android», se explica en la demanda de 2024.

• Para saber más: Google y Apple, contra Fortnite: por qué ha sido retirada de las tiendas de app

Un acuerdo que no se ha revelado

El tweet de Tim Sweeney, fundador y CEO de Epic Games, es la única información que se ha revelado acerca del acuerdo al que han llegado la desarrolladora y Samsung. Por el momento, no se han dado más detalles sobre qué medidas habría tomado Samsung para que Epic Games retire su demanda.

Entre las posibilidades estarían el hecho de volver a situar a “Auto Blocker” como una función opcional o modificarla para que permita la instalación de apps desde tiendas que no sean exclusivamente la Play Store o la Galaxy Store. De este modo, se recuperaría un equilibrio de mercado que permita una competencia abierta.

Así mismo, cabe destacar que el comunicado de Sweeney se produjo a dos días del evento Galaxy Unpacked de Samsung que dará comienzo el próximo 9 de julio. Por lo que no podemos evitar preguntarnos si durante el evento conoceremos alguna información al respecto.

Foto: GPT-4o

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Google enfrenta un nuevo caso antimonopolio en la Unión Europea, esta vez a causa del efecto de sus AI Overviews. El grupo Independent Publishers Alliance ha interpuesto una denuncia contra el gigante tecnológico ante la Comisión Europea, alegando que sus vistas generadas con IA dañan los resultados de tráfico e ingresos de los sitios web.

Qué expone la demanda contra las AI Overviews de Google

Las AI Overviews llegaron a España y otros ocho países europeos en marzo de este 2025, casi un año después de su lanzamiento en Estados Unidos. Esta función se sirve de la IA generativa para crear vistas compuestas por texto y enlaces relevantes a partir de información web, con las que responder de forma rápida y concisa a consultas en el buscador de Google.

El lanzamiento de estas vistas generadas por IA ha calado rápidamente en los usuarios y usuarias, afectando así al tráfico web. De acuerdo con un informe de la plataforma SEO BrightEdge, desde la activación de las AI Overviews en Estados Unidos, el CTR disminuyó un 30%.

En Europa, sus efectos también se están haciendo notar y los profesionales del SEO tratan de prepararse para sus consecuencias. Por su parte, la Independent Publishers Alliance ha querido plantarle cara a Google directamente, a través de una demanda a la que ha tenido acceso el medio Reuters.

El documento presentado por este grupo de editores independientes data del 30 de junio y en él se acusa a la tecnológica de «hacer un mal uso del contenido web para las vistas generales de inteligencia artificial de Google en la Búsqueda de Google, lo que ha causado y sigue causando un daño significativo a los editores, incluidos los editores de noticias, en forma de pérdida de tráfico, lectores e ingresos».

Así mismo, señalan que: «los editores que utilizan la Búsqueda de Google no tienen la opción de impedir que su material se ingiera para el entrenamiento del modelo de lenguaje grande de IA de Google ni que se rastree para obtener resúmenes, sin perder su capacidad de aparecer en la página de resultados de búsqueda general de Google».

En la demanda también se ha solicitado a la Comisión Europea que se apliquen medidas provisionales para evitar daños, que según apunta la Independent Publishers Alliance, podrían ser irreparables.

Google defiende sus AI Overviews

Por su parte, Google ha defendido la utilidad de sus AI Overviews, señalando que estas también sirven para dirigir tráfico a las fuentes en las que se basan. «Las nuevas experiencias de IA en la búsqueda permiten a las personas hacer aún más preguntas, lo que crea nuevas oportunidades para descubrir contenido y empresas».

Sumado a esto, su portavoz señaló que las fluctuaciones en el tráfico web pueden ser el resultado de numerosos factores, desligando así la responsabilidad de sus vistas generadas por IA. «La realidad es que los sitios pueden ganar y perder tráfico por una variedad de razones, incluida la demanda estacional, los intereses de los usuarios y las actualizaciones algorítmicas regulares de la Búsqueda».

Esta no es la primera demanda que Google recibe por sus AI Overviews. A principios de año, la empresa estadounidense de tecnología educativa Chegg presentó una demanda contra la compañía acusando a sus AI Overviews de perjudicar su tráfico web y, por lo tanto, sus ingresos.

Foto: Canva

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Las autoridades antimonopolio de Francia han impuesto una multa de 40 millones de euros a Shein por “prácticas comerciales engañosas”, entre las que se incluyen reducciones de precios y descuentos engañosos. La sanción ha obtenido el visto bueno de la fiscalía de París y se basa en una investigación de más de un año sobre los productos del gigante del del fast fashion.

La oficina de competencia de la DGCCRF (Dirección General de Competencia, Consumo y Represión de Fraudes) comunicó que Shein ha aceptado la multa.

El 57% de las “ofertas” de Shein no eran reales

Shein habría engañado a sus consumidores y consumidoras al aplicar falsos descuentos en sus productos. De acuerdo con la normativa francesa, el precio de referencia de cualquier descuento debe ser el precio más bajo ofrecido por el minorista para ese producto en los 30 días previos a la oferta. Shein infringió esta norma al aplicar descuentos sin tener en cuenta ofertas anteriores, aplicando una base comparable mayor, y llegando incluso a subir el precio del producto antes de realizar el descuento.

La investigación de las autoridades francesas se llevó a cabo sobre miles de productos de Shein entre el 1 de octubre de 2022 y el 31 de agosto de 2023. Esta ha revelado que el 57% de las ofertas anunciadas no ofrecían realmente un precio más bajo, el 19% representaban un descuento menor al anunciado y el 11% ni siguiera eran reducciones de precio, sino aumentos.

«Estas prácticas de grandes descuentos y promociones permanentes dan a los consumidores la impresión de estar consiguiendo una gran oferta», declaró la DGCCRF en relación al modelo de negocio de Shein.

Por su parte, Shein ha afirmado que, en marzo de 2024, las autoridades francesas le informaron de las infracciones detectadas en el informe y que, ante esto, en los dos meses siguientes tomó las medidas correctivas necesarias para solucionar el problema. El gigante del eCommerce declaró tomarse muy en serio sus obligaciones legales en Francia y estar comprometido con la transparencia.

• Para saber más: Los patrones oscuros están hackeando tu cerebro para que compres más. Y Shein ha sido acusada de usarlos (demasiado)

Shein ya estaba en el punto de mira de las autoridades francesas

La histórica multa llega casi un mes después de que Francia respaldase el proyecto de ley de la que ha pasado a conocerse como “ley anti-Shein”. Esta se trata de una ley en contra del modelo en el que se basa el fast fashion, su nocivo impacto medioambiental y los efectos negativos sobre las empresas nacionales.

Una de las medidas recogidas en el texto es un sistema de puntos que evaluará el impacto medioambiental de los productos comercializados por empresas de fast fashion, así como sus emisiones, el uso de materias primas y su capacidad para poder ser recicladas.

A aquellas compañías que reciban puntuaciones bajas se les aplicará un impuesto de hasta 5€ por artículo a partir de 2025, y que aumentaría hasta los 10€ en 2030. Eso sí, se ha establecido que el impuesto no podrá superar el 50% del PVP (Precio de Venta al Público) del artículo.

El proyecto de ley también propone la prohibición de la publicidad para las marcas de moda rápida y aplicar sanciones a los influencers que hagan promoción de estas en Internet.

Foto: GPT-4o

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La facturación electrónica en España está cada vez más cerca de ser una realidad obligatoria para todas las empresas. Aunque su implantación definitiva aún depende de la aprobación oficial del reglamento técnico, muchas pymes, autónomos y grandes empresas ya están revisando sus procesos para no quedarse atrás.

Esta transición no solo responde a una exigencia legal, sino que también es una gran oportunidad para digitalizar procesos, ahorrar costes y ganar eficiencia. En este artículo te contamos lo que realmente importa de la Ley de Facturación Electrónica y cómo prepararte desde hoy.

• Te podría interesar: Adiós a las facturas en PDF, las empresas españolas que no adopten la facturación electrónica en 2025 serán sancionadas

Qué dice la ley y por qué te afecta directamente

La base legal está en la Ley 18/2022, de Creación y Crecimiento de Empresas, también conocida como Ley Crea y Crece. Su objetivo es claro: reducir la morosidad, fomentar la digitalización obligatoria del tejido empresarial español y mejorar la competitividad, especialmente en un entorno tan digital como el del eCommerce.

Aunque la ley ya está vigente desde octubre de 2022, la obligatoriedad de facturar electrónicamente entre empresas (B2B) no entrará en vigor hasta que se apruebe el reglamento técnico. A día de hoy (junio de 2025), el Ministerio de Economía ha presentado un borrador, pero los plazos definitivos aún no se han activado.

Los periodos que se manejan son relativos:

• Empresas que facturen más de 8 millones de euros al año: 12 meses desde la aprobación del reglamento.
• PYMES y autónomos: 24 meses desde la publicación del reglamento.

Esto implica que nadie está obligado todavía, pero cuanto antes te adaptes, más fácil será el cambio.

Qué requisitos debes cumplir

El reglamento establece que las facturas electrónicas deberán ser estructuradas, legibles por sistemas automatizados y compatibles con formatos como Facturae, UBL o XML. Los PDF “planos” dejarán de ser válidos, aunque habrá un periodo transitorio para grandes empresas.

Además, deberán cumplir con criterios técnicos:

• Autenticidad e integridad: las facturas no pueden alterarse tras su emisión.
• Interoperabilidad: el sistema debe poder comunicarse sin coste adicional con otras plataformas.
• Trazabilidad: será obligatorio registrar eventos como aceptación, rechazo o estado de cobro.
• Conservación y acceso: las facturas deben estar disponibles durante al menos 4 años, incluso si el cliente cambia de proveedor o ya no trabaja contigo.

Si optas por integrarte con la Agencia Tributaria a través del sistema VeriFactu, se puede automatizar el proceso y evitar la firma digital gracias al uso de hash.

Cómo afecta esto a tu eCommerce y estrategia digital

Aunque pueda parecer un tema administrativo, la facturación electrónica impacta de lleno en la operativa digital de cualquier eCommerce. Aquí algunas claves:

• Reduce el tiempo dedicado al papeleo, permitiéndote centrarte en marketing, ventas o atención al cliente.
• Mejora la imagen de marca: una empresa que cumple con la normativa transmite confianza y profesionalismo.
• Facilita la integración con herramientas de gestión como CRM, contabilidad o plataformas como Holded, que ya están adaptadas a esta normativa.
• Proporciona datos valiosos sobre hábitos de consumo, productos más facturados y estacionalidad, útiles para tus campañas.

Qué puedes hacer hoy para prepararte

La mejor estrategia es anticiparse al cambio. Aquí algunos pasos prácticos:

1. Evalúa tu sistema actual: ¿sigues enviando PDFs por email? Es momento de actualizarte.
2. Invierte en un software especializado como Holded, que automatiza la emisión, firma, envío y recepción.
3. Solicita tu certificado digital: imprescindible para firmar facturas electrónicamente.
4. Forma a tu equipo: la herramienta no es suficiente si nadie sabe usarla bien.
5. Informa a clientes y proveedores: que sepan que te estás digitalizando y qué implica eso.
6. Haz pruebas antes del plazo legal: simula todo el flujo y detecta errores sin presión.

Conclusión: la digitalización como ventaja competitiva

La facturación electrónica será pronto obligatoria, pero puede convertirse en una palanca de cambio positiva si se aborda con tiempo. Las empresas que se anticipen no solo cumplirán con la normativa, sino que ganarán en eficiencia, agilidad y control. Si trabajas en eCommerce o marketing digital, este es el momento de actuar.

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De repente, para algunos usuarios de TikTok, CapCut se ha convertido en una red flag.

La app favorita de los creadores de contenido para editar sus vídeos, propiedad de ByteDance —la empresa detrás de TikTok—, actualizó sus términos y condiciones en inglés el pasado 12 de junio de 2025. Aunque muchas veces este tipo de cambios pasan desapercibidos para la mayoría de usuarios, en esta ocasión algunos puntos clave han generado inquietud, especialmente entre quienes usan la herramienta con frecuencia para crear contenido que luego circula en redes sociales.

Qué pasa cuando aceptas los términos de privacidad de CapCut

La preocupación gira en torno a una cláusula que permite a CapCut utilizar libremente los vídeos subidos por los usuarios, incluso con fines comerciales. Sin embargo, basta con echar un vistazo a los términos legales en español, que están sin actualizar desde 2023, para comprobar que esto ya era así.

Es decir, nada relevante ha cambiado en este sentido.

En su texto legal, la plataforma establece que cualquier contenido creado o cargado en sus servidores se considera no confidencial, y que al utilizar el servicio, el usuario otorga una licencia irrevocable, mundial, gratuita, transferible y sublicenciable para que la empresa y sus socios puedan utilizar ese material.

Esta cesión incluye, además, la autorización para utilizar el nombre de usuario, la imagen y la voz del creador con fines de identificación, incluso dentro de contenido patrocinado. La versión en español explica que el usuario concede una licencia “incondicional, irrevocable, no exclusiva, sin regalías, totalmente transferible (incluso sublicenciable), perpetua y mundial para utilizar su nombre de usuario, imagen de perfil y apariencia para identificarle como fuente de cualquiera de sus Contenidos del creador y para los Fines”. Esos fines incluyen la explotación comercial.

Además, la aplicación está autorizada a eliminar cualquiera de tus contenidos cuando quiera, sin avisarte y, por supuesto, sin preguntar. «Tenemos el derecho -pero no la obligación-, a nuestra entera discreción, de eliminar, desautorizar, bloquear o borrar cualquier Contenido de Usuario que consideremos que viola estos Términos (…), o en respuesta a quejas de otros usuarios o terceros, con o sin previo aviso y sin ninguna responsabilidad hacia ti», dicen en sus nuevos términos de privacidad.

Riesgos legales para los usuarios

Más preocupante aún es lo que ocurre en casos donde el vídeo subido por el usuario contiene material protegido por derechos de autor, como fragmentos de canciones comerciales, imágenes de terceros o incluso plantillas descargadas sin licencia.

En ese escenario, CapCut se desmarca completamente de cualquier responsabilidad legal y traslada toda la carga al creador del contenido. El documento es explícito: “el usuario declara ser el titular de todos los derechos del contenido que publica, y en caso de una reclamación, deberá indemnizar a la empresa por cualquier perjuicio derivado”.

En la práctica, esto significa que si CapCut llegara a utilizar un vídeo para una campaña promocional y dicho vídeo incluye música no autorizada, la demanda no iría dirigida a la plataforma, sino directamente al creador original.

Este marco legal genera una tensión importante entre la funcionalidad y la confianza. Por un lado, CapCut ofrece una herramienta potente, intuitiva y gratuita que ha democratizado la edición de vídeo. Por otro, exige una cesión de derechos tan amplia que permite a la empresa usar los contenidos sin necesidad de consultar ni compensar a quienes los crean.

La situación resulta especialmente delicada en el caso de menores de edad o creadores que suben material de carácter íntimo, emocional o personal, sin imaginar que ese contenido podría ser reutilizado en otros contextos.

Qué dicen las redes

La reacción en redes sociales no se ha hecho esperar.

Muchos usuarios de origen anglosajón han comenzado a preguntarse si es seguro seguir editando en CapCut, mientras otros directamente han optado por borrar sus cuentas. Y claro, pronto el rumor se ha extendido como la pólvora.

@andiwashington_ Es esto cierto???? CAPCUT NO PLEASE #capcut #termsofuse #TermsOfService #CreatorRights #DigitalCreatives #ProtectyourContent #capcutalternatives #ContentCreator #greenscreen ♬ original sound – Andi Washington 🐬💗✨

Aunque no hay una confirmación oficial de que CapCut esté usando vídeos de usuarios para campañas, conocer que tiene el permiso legal para hacerlo —y sin previo aviso— les resulta inquietante.

¿Afecta a todos los países donde CapCut está disponible?

Sí, los nuevos términos de privacidad de CapCut se aplican de forma global a todos los usuarios que utilicen la herramienta, sin importar el país desde el que accedan. Aunque el documento incluye algunas cláusulas específicas por región como Estados Unidos, Unión Europea, Brasil, México o Japón, estas diferencias no alteran lo esencial: cualquier usuario que suba contenido a CapCut otorga a la empresa una licencia amplia, gratuita e irrevocable para usarlo, incluso con fines comerciales.

Cómo afecta a los usuarios europeos

Aunque CapCut recopila y trata una gran cantidad de datos personales, en la sección específica para la UE se menciona que la empresa se compromete a procesarlos conforme al RGPD, lo que implica ciertos derechos fundamentales:

• Derecho a acceder, corregir o borrar tus datos.
• Derecho a la portabilidad.
• Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
• Derecho a oponerte al procesamiento de tus datos, incluyendo fines comerciales.

Eso sí, hay que matizar: estos derechos aplican sobre tus datos personales, pero no necesariamente sobre los contenidos que subes (como vídeos), ya que estos están cubiertos por la cesión de derechos descrita en el documento principal.

Recomendaciones

Sabiendo esto, lo más prudente para cualquier usuario de cualquier herramienta, red social o plataforma online es leer con atención los términos de uso, cuestionar las herramientas que emplea y, si lo considera necesario, buscar alternativas con políticas más transparentes o restrictivas.

• Así es Edits, la nueva app de edición de vídeos de Instagram que quiere hacerle frente a CapCut

Subir un vídeo a la nube no es solo compartir una historia: también puede ser, sin saberlo, ceder parte de los derechos sobre ella.

Y por esto, niños, es muy importante leer los términos de privacidad antes de aceptarlos.

La entrada Muchos usuarios están alarmados porque CapCut pueda utilizar su contenido con fines comerciales. Pero ya podía. Hace años se publicó primero en Marketing4eCommerce.

Francia se ha convertido en el escenario de una intensa batalla entre los pesos pesados del comercio minorista local y los gigantes asiáticos del eCommerce. Una coalición de más de 230 marcas y 16 federaciones del sector, lideradas por el Consejo de Comercio de Francia (CDCF) y la Confederación de Comercio de Francia (CCF), ha declarado abiertamente la guerra a Shein, Temu y AliExpress..

La petición, enviada el 3 de junio en forma de carta abierta al Ejecutivo, pone sobre la mesa acusaciones tan serias como el incumplimiento de las normas europeas, la promoción del consumo desmedido, la contaminación ambiental y una competencia calificada de “desleal”. Según los firmantes, estas plataformas estarían operando al margen de las reglas, y es hora de que se les apliquen las mismas exigencias que a los comerciantes locales.

Los firmantes exigen que se apliquen de inmediato las medidas disponibles: notificación, apercibimiento, déréférencement y bloqueo si es necesario. Este concepto, el de déréférencement, consiste en la eliminación de una web de los motores de búsqueda o marketplaces (algo así como lo que en España conocemos como “derecho al olvido”) y no sería la primera vez que se aplicase: en 2021, la DGCCRF (Dirección General de Competencia y Competición de Francia) decidió aplicárselo al popular eCommerce Wish.

Tal y como explican los comerciantes en su carta abierta, “el marco legal existe, el camino está despejado. Es hora de retomarlo”.

Los datos de la polémica

Seguridad de los productos

Según encuestas europeas citadas por el CDCF y la CCF, la gran mayoría de los productos vendidos por estas plataformas no cumplen con la normativa vigente de la UE: “Estas plataformas chinas de venta en línea ya no son marginales: inundan el mercado francés con millones de productos a bajo precio, a menudo sin control, en detrimento de la seguridad, la transparencia y la equidad. Investigaciones realizadas por las autoridades europeas revelan que entre el 85 % y el 95 % de los productos ofrecidos en Temu, Shein y AliExpress no cumplen con las normas de la UE“ .

Y no es solo una cuestión de etiquetas mal colocadas: según explican, hasta el 66% de los productos analizados han sido catalogados como potencialmente peligrosos.

Un problema de competencia

Pero la indignación de los pequeños comerciantes franceses no viene solo por la seguridad o el etiquetado de los productos comercializados por estas plataformas. Además, en su carta abierta les acusan de evitar el IVA, esquivar derechos de aduana, no respetar los calendarios de rebajas e incumplir las obligaciones de transparencia comercial. Todo ello, denuncian los minoristas, pone en clara desventaja a los actores franceses que sí cumplen con las reglas del juego.

“Estas plataformas evaden el IVA, evitan los aranceles aduaneros, eluden los periodos de rebajas e infringen las normas de etiquetado y transparencia comercial. Obtienen una ventaja competitiva injusta en detrimento de los minoristas franceses, los mercados responsables y las pymes que invierten en cumplimiento normativo. El principio de transacciones comerciales justas, aunque consagrado en el Código de Consumo francés, está siendo pisoteado. Esta distorsión de la competencia es insostenible y económicamente destructiva“, explican.

Shein responde, el gobierno escucha

En respuesta a las acusaciones, Shein ha asegurado a la agencia AFP que invertirá 13 millones de euros en 2025 para reforzar la seguridad y el cumplimiento de sus productos. De esa cifra, 2,5 millones se destinarán específicamente a pruebas de calidad, un aumento del 25% respecto al año anterior. Además, ha señalado su colaboración con 15 agencias de pruebas internacionalmente reconocidas.

Mientras tanto, el gabinete de la ministra de Comercio, Véronique Louwagie, ha afirmado que la solicitud de los minoristas está siendo estudiada “con la mayor atención” y en estrecha coordinación con los servicios pertinentes.

Cuando el fast fashion se convierte en fast trouble

Esta ofensiva no es nueva: el Senado francés está examinando una propuesta de ley centrada en frenar los excesos de la “moda rápida” en el mercado francés. La iniciativa contempla, entre otras medidas, la prohibición de la publicidad para empresas como Shein, Temu o AliExpress, multas económicas y campañas de concienciación sobre el impacto medioambiental de su ropa.

Yann Rivoallan, presidente de la Federación Francesa de Prêt-à-porter Femenino, no ha dudado en subir el tono: “Creo que hay que prohibir estas empresas sin más”. También se pregunta cómo es posible que aún se permita a los consumidores adquirir productos peligrosos sin control alguno, y plantea la adopción de un impuesto similar al aplicado en Estados Unidos, donde los aranceles para estos actores asiáticos superaron recientemente el 120%, aunque fueron luego reducidos al 54%.

Bruselas también toma cartas en el asunto

En realidad este no es el único problema al que se enfrentan estas plataformas en Europa. Tal y como te contamos hace unos días, la Comisión Europea ha endurecido su vigilancia sobre Shein, la estrella emergente del eCommerce de moda ultrarrápida, notificándole una serie de prácticas que infringen la legislación comunitaria en materia de protección de los consumidores. Este “toque de atención” surge tras una investigación liderada por autoridades de Bélgica, Francia, Irlanda y Países Bajos, junto con la Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores (CPC). Las tácticas cuestionadas por Bruselas distorsionarían la toma de decisiones de compra de los usuarios y violarían directivas clave, como la de prácticas comerciales desleales o la de derechos de los consumidores.

El expediente de la Comisión Europea detalla seis grandes frentes de incumplimiento normativo por parte de Shein: descuentos falsos que no se basan en precios anteriores reales, tácticas de presión comercial como relojes de cuenta atrás, información engañosa sobre políticas de devoluciones y reembolsos, etiquetado confuso que sugiere beneficios “extra” cuando son requisitos legales, greenwashing con alegaciones medioambientales sin datos verificables, y un contacto opaco sin vías claras para que los consumidores formulen reclamaciones. La red CPC también está evaluando si Shein manipula las valoraciones de productos o no informa adecuadamente sobre su papel como intermediario en su marketplace.

Shein tiene ahora un mes para presentar sus argumentos y compromisos de corrección. Si las respuestas no son satisfactorias, las autoridades nacionales podrían iniciar acciones que incluyan multas proporcionales al volumen de negocio de la empresa en cada país afectado. Por su parte, Shein ha mostrado su buena disposición a colaborar, afirmando que su prioridad es “garantizar que los consumidores europeos disfruten de una experiencia de compra en línea segura, fiable y satisfactoria”.

Por otra parte, hace apenas unas semanas la Comisión Europea planteó una tasa de dos euros por cada paquete enviado desde fuera de la UE y valorado por debajo de 150 euros, algo que impactaría directamente en el modelo de negocio de estas plataformas centradas en los productos masivos de muy bajo coste.

¿Un punto de inflexión?

Como ves, la batalla legal, política y comercial que se está gestando podría marcar un antes y un después para el comercio electrónico en Europa. En juego no solo está la seguridad del consumidor o el cumplimiento normativo, sino también la sostenibilidad de los modelos económicos locales frente a gigantes que han sabido explotar cada grieta del sistema.

Los próximos meses serán decisivos para saber si esta ofensiva francesa se queda en una declaración de intenciones o si termina redefiniendo las reglas del juego digital a nivel europeo.

Imagen: ChatGPT

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La Comisión Europea ha lanzado un mensaje contundente al ecosistema digital europeo: la competencia también se aplica en el mundo de las plataformas. En un caso histórico, Glovo y su matriz Delivery Hero, dos nombres referentes del reparto a domicilio a domicilio, han sido sancionados con un total de 329 millones de euros por participar en un cartel ilegal que operó durante cuatro años en el Espacio Económico Europeo.

Tres prácticas clave y una relación cuestionada

Tal y como ha explicado la Comisión, sus investigaciones han revelado que, entre julio de 2018 y julio de 2022, ambas compañías pactaron tres tipos de conductas anticompetitivas:

• No captarse empleados entre sí: mediante cláusulas de no contratación que se ampliaron progresivamente hasta convertirse en un acuerdo generalizado. Es lo que la Comisión ha denominado “cártel laboral”.
• Intercambiar información sensible: sobre precios, estrategias comerciales y expansión territorial.
• Repartirse mercados geográficos: evitando competir en los mismos países y coordinando entradas en nuevos mercados.

Lo más delicado del caso es que estas prácticas fueron posibles gracias a que Delivery Hero adquirió una participación minoritaria en Glovo, antes de asumir el control total de la empresa en 2022. Esta inversión, aunque legal en sí misma, facilitó un nivel de acceso e influencia que la Comisión considera excesivo y perjudicial para la competencia.

Recordemos que la alemana Delivery Hero es un gigante mundial del reparto de comida a domicilio que cotiza en la Bolsa de Fráncfort, y está presente en más de 70 países, 16 de ellos en el Espacio Económico Europeo. Colabora con cientos de miles de restaurantes. Delivery Hero. Mientras, Glovo, con sede en España, está presente en más de 20 países, 8 de ellos en el EEE.

Estas son las multas a Glovo y Delivery Hero

Las multas se han calculado siguiendo las directrices de 2006 y aplicando un 10% de reducción por aceptación de responsabilidad:

• Delivery Hero: 223,2 millones €
• Glovo: 105,7 millones €

Ambas compañías reconocieron su participación en el cartel y se acogieron al procedimiento de acuerdo simplificado, lo que aceleró la resolución y redujo el importe total. Eso sí, además de la multa, la decisión de la Comisión permite a cualquier parte afectada (usuarios, competidores, exempleados) demandar por daños y perjuicios ante tribunales nacionales, lo que podría abrir la puerta a litigios por parte de empresas que vieron limitado su crecimiento o talento debido a este pacto.

Como ha explicado la vicepresidenta europea, la española Teresa Ribera: “Las partes acordaron no contratar mutuamente a sus empleados, intercambiaron información y se asignaron mercados geográficos dentro del EEE. Este caso es importante porque estas prácticas se facilitaron mediante un uso anticompetitivo de la participación minoritaria de Delivery Hero en Glovo. Además, es la primera vez que la Comisión sanciona un acuerdo de no contratación, en el que las empresas dejan de competir por el mejor talento y reducen las oportunidades para los trabajadores”.

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Un hito legal: el primer cartel laboral sancionado por la UE

Aunque llevamos un par de años en el que las multas, sanciones e investigaciones a los gigantes digitales (Meta, Google, Amazon…) se suceden una detrás de otra, este caso marca dos precedentes legales inéditos:

Es la primera vez que la Comisión sanciona un cartel laboral, es decir, un acuerdo entre empresas para no competir por talento. Al vetar la movilidad de empleados, se limita la evolución profesional en un sector ya tensionado por la falta de perfiles cualificados.

Y es también la primera vez que se castiga el uso anticompetitivo de una participación minoritaria en una empresa rival. Es decir, la Comisión estima que los consumidores podrían haber pagado más o tenido menos opciones en sus plataformas de reparto favoritas debido a esta coordinación encubierta. Además, al repartirse mercados y no competir en talento, las plataformas disminuyen la presión para innovar o mejorar sus condiciones para partners y usuarios.

Así que como te imaginarás, esta combinación plantea nuevas alertas para cualquier empresa que tenga inversiones cruzadas en compañías competidoras, especialmente en mercados de alto crecimiento como el del delivery, la movilidad o los marketplaces. Incluso sin control mayoritario, una inversión puede tener implicaciones anticompetitivas si permite influir en decisiones estratégicas o acceder a información confidencial.

Para startups que operan en verticales similares —logística, movilidad, travel, fintech—, esto obliga a revisar cuidadosamente pactos de socios, cláusulas de no competencia y acuerdos comerciales.

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Imagen: ChatGPT

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En un giro judicial inesperado, la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos ha reinstaurado temporalmente la capacidad del presidente Donald Trump para imponer aranceles globales, tras suspender un fallo previo, de apenas unas horas antes, que los consideraba ilegales. Esta decisión reabre el debate sobre una de las políticas económicas más agresivas del mandatario, con impactos que, sí o sí, van a afectar al comercio internacional, los precios y, por supuesto, al sector del eCommerce.

Del bloqueo a la reactivación en 24 horas

Ayer jueves desayunamos con un dictamen de la Corte de Comercio Internacional (CIT) de Estados Unidos que declaraba inconstitucionales los aranceles impuestos por Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Según este tribunal, no existía base legal para imponer aranceles del 25% a productos de Canadá y México, ni del 20% a los de China, ni tampoco para los llamados “aranceles recíprocos” aplicados discrecionalmente a distintos países de todo el mundo durante el llamado “Día de la Liberación” (sí, aquel en el que Trump apareció en la Casa Blanca con un gigantesco tablón entre las manos).

Sin embargo, en menos de 24 horas, la Corte de Apelaciones ha pausado esa resolución, devolviendo temporalmente a Trump la capacidad de aplicar dichos impuestos, solicitando argumentos escritos de ambas partes para principios del próximo mes.

El Liberty Justice Center, que representa a las empresas demandantes, calificó la suspensión como un “paso procesal” y confía en revertir la decisión argumentando el “daño irreparable” que estos aranceles causan a sus representados.

¿Qué está en juego?

Para el sector del eCommerce, el regreso de los aranceles implica una amenaza latente al coste de los productos importados hacia Estados Unidos, particularmente aquellos provenientes de Asia, México y Canadá, dos regiones clave en la cadena de suministro de muchas tiendas online norteamericanas.

• Las plataformas que dependen de proveedores chinos o hacen dropshipping desde Asia podrían afrontar a importantes aumentos de costes. Aquí se incluyen a gigantes del online chinos como los omnipresentes Shein o Temu, pero también a gran cantidad de productos procedentes de ese país y que compiten por coste en EE.UU. Incluso Amazon se vio afectada directamente al tener que replantear su modelo Haul.
• Las marcas DTC que importan productos desde Canadá o México podrían ver afectadas sus márgenes.
• El consumidor final también sufriría, al trasladarse estos costes a los precios de venta.

Pero es que no sólo afecta al eCommerce estadounidense. Como hemos visto desde aquel infausto día de abril en el que Trump anunció sus medidas, todo el eCommerce global está en jaque. Como te explicamos en “Los aranceles de Trump impactan al eCommerce global”, estas medidas proteccionistas afectan directamente a los vendedores españoles que exportan a EE.UU., especialmente en sectores como moda, alimentación y bebidas (vinos y aceites), que verán aumentos de costes que podrían hacer sus productos menos competitivos frente a alternativas locales o de países con tratados más favorables.

Además, las empresas españolas que comercializan productos chinos en EE.UU. sufrirán especialmente por los altos aranceles impuestos al país asiático, obligándolas a elegir entre subir precios o reducir márgenes, comprometiendo la rentabilidad y operatividad del negocio. Se espera también un incremento en la complejidad aduanera y los costes logísticos.

Aranceles, efecto mariposa y desconfianza global: el impacto de la política comercial de Trump

Desde su red Truth Social, Trump denunció que el fallo original “socavaba el poder presidencial”. El regreso de esta narrativa proteccionista no solo es un símbolo electoral, sino también una fuente de volatilidad para los mercados y empresas que operan en un entorno globalizado, donde la estabilidad regulatoria es clave para planificar inventarios, precios y operaciones logísticas.

En cualquier caso, lo cierto es que las recientes decisiones arancelarias impulsadas por Donald Trump ignoran la interdependencia actual de las cadenas de suministro globales. Imponer altos impuestos a componentes fabricados en China no solo afecta a los exportadores asiáticos, sino que encarece los productos finales de empresas estadounidenses como Apple o Microsoft, por ejemplo, cuya producción depende en gran parte de piezas clave fabricadas en China.

Este efecto dominó puede elevar precios globales en sectores como la tecnología, tanto en EE.UU. como en mercados internacionales, debido al encarecimiento de componentes básicos como chips, pantallas o baterías. Países ensambladores como India, México o Vietnam también se verán perjudicados por el aumento de costes en materias primas.

Este escenario pone de manifiesto la fragilidad del equilibrio económico internacional y subraya la importancia de la estabilidad normativa y la seguridad jurídica para fomentar decisiones de inversión sostenibles. Los vaivenes de la política comercial de Trump generan incertidumbre en los mercados y empujan a las empresas a replantear sus cadenas logísticas, con posibles impactos en el eCommerce, que podría verse forzado a regionalizar proveedores y diversificar riesgos.

Sorprendentemente Trump está jugando a ignorar que la estabilidad legal es esencial para el buen funcionamiento de la economía global, especialmente en sectores como el comercio internacional y el eCommerce. Permite a las empresas planificar a largo plazo, invertir con confianza y operar con un nivel de riesgo controlado. Cuando las reglas del juego cambian de forma abrupta, como ocurre con las políticas arancelarias de Trump, se genera incertidumbre, se encarecen los costes operativos y se deterioran las relaciones comerciales. Además, la seguridad jurídica protege los derechos de empresas y consumidores, fomenta la innovación y facilita la expansión digital.

En un entorno tan interconectado como el actual, la coherencia regulatoria es tan importante como la competitividad de los productos.

¿Y ahora qué?

La Corte de Apelaciones ha establecido un calendario de revisión rápida, por lo que es probable que se conozcan nuevas resoluciones en las próximas semanas. Mientras tanto, las empresas importadoras y del sector retail digital deberán prepararse para un entorno incierto. Desde una perspectiva de marketing digital y comercio, esta situación refuerza la necesidad de:

• Diversificar proveedores, buscando alternativas locales o en zonas sin riesgo arancelario.
• Implementar estrategias de pricing flexibles para amortiguar el impacto de posibles aumentos.
• Apostar por transparencia en comunicación hacia el cliente final, explicando posibles cambios en precios o tiempos de entrega.

Imagen: GPT Plus

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Hola, soy el autor de este artículo, y vengo desde el futuro para decirte que… ejem… ha quedado ligeramente desactualizado en apenas unas horas. Si quieres conocer las últimas novedades (por ahora) sobre la guerra arancelaria de Trump, te lo contamos en “Los aranceles de Trump resucitan y llevan (por enésima vez) la incertidumbre al eCommerce global”

Hace tiempo que el normal transcurrir del tiempo se ha ido a freir espárragos. A tomar viento a la farola, como dicen donde vivo. Noticias que estaban predestinadas a causar un grave (gravísimo) impacto en la economía mundial, en la vida de millones de personas y empresas desde Reijkiavik a Manila, duran apenas lo que un colibrí tarda en batir sus alas (12,5 milisegundos, según Gemini).

Sucede con las IAs, por ejemplo. La velocidad de aparición de innovaciones en este campo se acelera tanto que un humilde servidor (que se cree relativamente enterado de lo que pasa en el mundo de las inteligencias artificiales) ya no sabe si al abrir ChatGPT se va a encontrar con el modelo 4O mini o el o4-mini-high, si la nueva versión de Grok es mejor que la última de Claude o si Suno sirve para crear música o es la marca de aspiradora que compraste hace unos días en Amazon.

Pero sucede con muchas más cosas. Como con la guerra comercial.

Los aranceles de Trump vuelven a la casilla de salida. O casi. Así que puedes olvidarte de todo lo que hemos hablado en los últimos meses sobre ellos y su impacto en eCommerce. O no, porque quizá vuelvan.

Otro plot twist.

Y así, una y otra vez.

El freno a los aranceles de Trump, una buena noticia para el eCommerce mundial

¿Qué ha pasado con los aranceles de Trump?

Un tribunal federal de Nueva York ha bloqueado los aranceles globales impuestos en abril por Donald Trump, lo que supone un golpe muy duro para su política económica. El Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU. dictaminó que Trump excedió su autoridad al imponer aranceles (¿recuerdas su imagen del “día de la libertad” sujetando un tablón con aranceles?) sin el consentimiento del Congreso bajo la Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia (IEEPA).

De esta forma la mayor parte de los aranceles de Trump quedarían paralizados si el fallo se confirma: los aranceles del 30% de Trump sobre China, sus aranceles del 25% sobre algunos productos importados de México y Canadá, y los aranceles universales del 10% sobre la mayoría de los productos que ingresan a Estados Unidos, así como las tarifas adicionales por país. Otros, como los aranceles del 25% sobre automóviles, autopartes, acero o aluminio, seguirán vigentes.

Se trata de un obstáculo importante para el enfoque proteccionista del presidente, que había justificado los aranceles como una respuesta a las amenazas económicas y de seguridad, incluyendo el narcotráfico y la inmigración ilegal. Por supuesto, la Casa Blanca ha respondido rápidamente, anunciando su intención de apelar la decisión. De hecho, el tribunal ha concedido un plazo de 10 días para que la administración detenga los aranceles, aunque la situación permanecerá incierta mientras continúa el proceso de apelación.

Su impacto en eCommerce

Por supuesto, la cancelación de estos aranceles es una buena noticia para el eCommerce español, europeo y mundial. Tal y como te explicamos en “Los aranceles de Trump impactan al eCommerce global”, la guerra arancelaria en la que el presidente estadounidense nos había embarcado estaba destinada a perjudicar a todo tipo de empresas, desde las más locales a las más transnacionales.

La economía digital española se preparaba para un complejísimo escenario. Se anticipaba que los aranceles impuestos por Estados Unidos a la Unión Europea redefinirían las reglas del juego para el eCommerce español. Así, se había previsto que el sector exportador español sería uno de los más afectados. Industrias clave como la moda, alimentos y bebidas, especialmente los vinos y aceites, verían un incremento en sus costes operativos. Esto, se creía, mermaría su competitividad frente a productos estadounidenses o de países con acuerdos arancelarios más ventajosos.

La situación también se vislumbraba complicada para los vendedores españoles que comercializaran productos chinos en Estados Unidos. Estos se enfrentarían a aranceles de hasta el 54%, lo que les forzaría a subir precios o absorber un drástico recorte en sus márgenes. Esto, se temía, amenazaría la sostenibilidad de sus negocios y complicaría la logística aduanera.

En Estados Unidos, la medida buscaba proteger la producción local, pero también podía generar efectos colaterales. La dependencia del eCommerce estadounidense de las importaciones para mantener la diversidad y los precios competitivos, se pensaba, llevaría a plataformas como Amazon o Walmart a afrontar menores márgenes y, consecuentemente, un aumento de precios para el consumidor final. Algo que dañaba especialmente a los vendedores de productos de bajo precio, y que provocó de hecho que Amazon Haul cambiase radicalmente su filosofía o que empresas de origen chino diesen todo tipo de rodeos a su estrategia logística para evitar esos aranceles.

Afortunadamente, estas consecuencias, al menos en la magnitud esperada, quedan en pausa.

Por ahora.

En términos de impacto económico, la noticia causó una reacción positiva en los mercados globales, con una subida del precio de las acciones en Asia y un fortalecimiento del dólar estadounidense frente a otras monedas.

Sin embargo, toda esta incertidumbre, toda esta concatenación de idas y venidas en aspectos fundamentales para la economía mundial es terrible, y me temo que no mejorará durante los años que queden de mandato Trump. Hasta hace poco, la estabilidad, la seguridad jurídica y la certeza sobre el marco legal era considerado como algo básico para hacer negocios. Para hacer proyectos a medio plazo. Para planificar expansiones a nuevos mercados, contratación de nuevos empleados, compra de nuevos equipamientos. Era un argumento con el que los grandes magnates y las gigantescas corporaciones presionaban a los gobiernos que querían alterar mímimamente el status quo.

Que sea precisamente un hombre de negocios como Trump quien haya convertido la economía mundial en una sucesión de inesperados giros de guión es, cuanto menos, paradójico.

Imagen: ChatGPT

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La Comisión Europea endurece (mucho) su vigilancia sobre Shein, la estrella emergente del eCommerce de moda ultrarrápida. El organismo con sede en Burselas ha notificado a la plataforma china una serie de prácticas que infringen la legislación comunitaria en materia de protección de los consumidores.

Este toque de atención llega tras una investigación, liderada por las autoridades de Bélgica, Francia, Irlanda y Países Bajos, y realizada junto con la Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores (CPC), y pone sobre la mesa un conjunto de tácticas que, según Bruselas, distorsionan la toma de decisiones de compra de los usuarios y violan directivas clave como la de prácticas comerciales desleales o la directiva de derechos de los consumidores.

@marketing4ecommerce Shein está a punto de ser multada por la UE 👀 Según la comisión europea, algunas prácticas de #shein distorsionan la toma de decisiones de compra de los usuarios, vulnerando directivas clave. Shein esta siendo investigado por 6 cargos: 👉 descuentos falsos 👉 tácticas de presión 👉 información engañosa 👉 etiquetado confuso 👉 greenwashing 👉 ausencia de vías claras para que los consumidores hagan reclamaciones ¿Shein hará caso a la ley? ¿O está dispuesta a perder a su mercado #europeo ♬ Mambo #5 – Peréz Prado

Prácticas cuestionadas: desde ofertas irreales hasta sostenibilidad dudosa

El expediente recoge seis grandes frentes donde Shein estaría incumpliendo el marco normativo europeo:

• Descuentos falsos: promociones que no se basan en precios anteriores reales, dando una apariencia de descuento que no es real, vulnerando así la directiva de precios.
• Tácticas de presión comercial: uso de relojes de cuenta atrás o mensajes de urgencia para forzar decisiones de compra precipitadas.
• Información engañosa: falta de transparencia en las políticas de devoluciones y reembolsos, así como incumplimientos en su tramitación.
• Etiquetado confuso: uso de distintivos que sugieren beneficios “extra” de los productos cuando en realidad se trata de requisitos legales mínimos.
• Greenwashing: alegaciones medioambientales que no están respaldadas por datos o certificaciones verificables.
• Contacto opaco: ausencia de vías claras para que los consumidores formulen reclamaciones o consulten dudas.

Además, la red CPC está evaluando si Shein manipula o presenta de forma parcial las valoraciones de producto, y si informa adecuadamente sobre su papel como intermediario en operaciones con terceros vendedores de su marketplace.

En palabras de Michael McGrath, comisario de Protección de los Consumidores, “la acción de hoy envía un mensaje claro: No evitaremos que las plataformas de comercio electrónico rindan cuentas, independientemente de dónde se encuentren. La legislación de la UE en materia de protección de los consumidores no es facultativa, sino que debe aplicarse en todos los casos”.

Lo cierto es que ahora es Shein a quien se le ha activado una cuenta atrás: la compañía tiene un mes para presentar sus argumentos y compromisos de corrección. Si la Comisión entiende que las respuestas no son satisfactorias, las autoridades nacionales podrían iniciar acciones de ejecución que incluyan multas proporcionales al volumen de negocio de la empresa en cada país afectado.

Por su parte, Shein nos ha explicado su buena disposición a colaborar con el organismo europeo en este asunto: “Hemos estado colaborando de manera constructiva con las autoridades nacionales de consumidores y con la Comisión Europea para demostrar nuestro compromiso con el cumplimiento de las leyes y normativas de la UE, y seguimos implicados en este proceso para abordar cualquier preocupación. Nuestra prioridad sigue siendo garantizar que los consumidores europeos disfruten de una experiencia de compra en línea segura, fiable y satisfactoria“.

Una nueva polémica para Shein

En paralelo, Shein también está siendo investigada por la Comisión en el marco de la Ley de Servicios Digitales (DSA), al haber sido designada en abril de 2024 como una plataforma en línea de muy gran tamaño (VLOP). Esta investigación se refiere, entre otras cosas, a la presencia de contenidos y mercancías ilegales en Shein, la transparencia de sus sistemas de recomendación y las medidas para mitigar los riesgos relacionados con la protección de los consumidores, la salud pública y el bienestar de los usuarios.

Recordemos que además, hace apenas unos días, la Comisión Europea puso sobre la mesa una propuesta para establecer una tasa de dos euros por cada paquete enviado desde países no pertenecientes a la Unión Europea y valorado por debajo de 150 euros, en una medida que afectaría directamente al modelo de negocio de Shein.  Esta iniciativa surge de la necesidad de adaptar la regulación aduanera a la realidad del comercio electrónico moderno. Tal y como te contamos en el mes de febrero, la Unión Europea se enfrenta a una avalancha de millones de paquetes diarios, lo que dificulta la supervisión efectiva de la seguridad, la calidad y la conformidad de los productos. La tasa de dos euros busca ser un mecanismo para compensar los costes asociados a este desafío logístico y regulatorio, al tiempo que mitiga la ventaja de la que gozan actualmente las plataformas asiáticas.

Desde su fundación en 2008, la historia de Shein ha sido la de un crecimiento vertiginoso hasta convertirse en uno de los gigantes mundiales del fast fashion online, especialmente entre públicos jóvenes y en redes sociales.  Hoy en día, sigue siendo una de las apps más descargadas de España, mes tras mes. Pero ese modelo, basado en ciclos ultra rápidos de producción y precios bajos, no ha estado exento de controversias y desafíos legales.

Por ejemplo, Shein ha sido cuestionada por condiciones laborales poco transparentes en sus fábricas, con denuncias sobre jornadas extensas y falta de seguridad para los trabajadores. De hecho, el organismo de control suizo Public Eye, publicó un informe a finales de 2021 denunciando la existencia de talleres inseguros, carentes de ventanas y salidas de emergencia, así como de protocolos de seguridad. También informaron de la existencia de trabajadores sin contrato y de jornadas de trabajo abusivas, llegando a las 17 horas. Un documental posterior de la BBC también puso en tela de juicio las prácticas laborales de la empresa.

Imagen: Shein

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En el competitivo mundo del eCommerce, la confianza lo es todo. Un cliente que duda, es un carrito abandonado. Pero, ¿sabías que el RGPD, lejos de ser una preocupación o un trámite a cumplir, puede ser tu mejor aliado para construir esa confianza y disparar tus ventas? Muchos lo ignoran, perdiendo clientes sin tener noticia.

Es un error común pensar que los detalles de cumplimiento pasan desapercibidos. La realidad es que ciertos fallos en la implementación del RGPD en un eCommerce tienen un impacto directo y medible en la tasa de conversión.

La confianza es lo que yo llamo “el factor invisible” que marca la diferencia. Y aquí entra en juego el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos), una norma que muchos ven como un dolor de cabeza, pero que en realidad es una oportunidad de oro para transformar la percepción de tu web y disparar las ventas.

Seamos sinceros, ¿quién compra en una tienda online que no le inspira confianza? Si no te llamas Amazon, puedes tener el producto estrella y un diseño impecable, pero si la experiencia de usuario genera recelo, todo tu esfuerzo será en vano…

RGPD: de deber legal a diferenciador estratégico

Hoy, el cumplimiento normativo no es solo una cuestión legal; es un factor clave en las decisiones de los usuarios. Según un estudio de Cisco (2024), el 75% de las personas evita comprar en sitios web donde no se sienten seguras con sus datos.

Visualiza este escenario: un cliente potencial aterriza en tu eCommerce, encuentra exactamente lo que busca, pero el enlace a tu política de privacidad está roto, el banner de cookies no ofrece una opción clara y directa para rechazar el seguimiento, o los formularios de captación carecen de información transparente sobre el consentimiento. ¿Finalizará la compra? Probablemente no.

Por qué el RGPD es oxígeno para tu eCommerce

El RGPD no es simplemente un compendio de artículos legales; es el manual de buenas prácticas para tratar con honestidad, transparencia y seguridad la información personal, desde la identificación básica de un usuario hasta los sensibles datos de pago de un cliente. En el eCommerce, los datos personales son la materia prima esencial. Desatender la normativa que garantiza su gestión segura no es, sencillamente, una opción viable.

Cumplir con esta normativa no solo te evita multas millonarias (en 2024, las sanciones por incumplimiento superaron los 1.700 millones de euros), el RGPD transforma cualquier eCommerce en un entorno respirable de confianza en dónde operar con total tranquilidad. Y la confianza se traduce en más clics, más carritos completados y más clientes fieles.

Esto no es magia; es el poder de hacer que tus clientes sientan que tienen el control.

¿Tu web emite señales de alerta? Errores comunes que minan la confianza (y tus ventas)

Un usuario no necesita ser un experto legal para detectar inconsistencias. Estos son los fallos más habituales que provocarán la huida de tu eCommerce antes de que siquiera consideren introducir sus datos de pago:

• Textos legales genéricos, incompletos o ausentes: si tu política de privacidad parece un “copia y pega” de otro sitio, está plagada de jerga incomprensible o, peor aún, el enlace no funciona, la profesionalidad de tu negocio queda inmediatamente en entredicho.
• Opacidad en el uso de datos: no explicar de forma clara y concisa en cada formulario por qué se recogen los datos y cómo se utilizarán, o la ausencia de cláusulas de protección de datos en comunicaciones promocionales y transaccionales, proyecta una imagen de amateurismo que ahuyenta la confianza.
• Banners de cookies engañosos o incompletos: si tu banner dificulta el rechazo de cookies o instala cookies de seguimiento sin un consentimiento explícito y granular, estás levantando una bandera roja instantánea.
• Formularios sin consentimiento claro y específico: casillas premarcadas o la ausencia de mecanismos claros para otorgar el consentimiento activo para finalidades específicas son una señal inequívoca de posible incumplimiento para el usuario.
• Dificultad para ejercer derechos (acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición): si un cliente no encuentra una vía sencilla y clara para acceder, modificar o solicitar la eliminación de sus datos, percibirá una falta de respeto hacia sus derechos fundamentales.
• Ausencia de información de contacto fiable: no facilitar un email corporativo, un número de teléfono de atención o una dirección física clara puede hacer que tu eCommerce parezca una entidad fantasma, poco fiable y nada recomendable.
• Enlaces rotos o contenido desactualizado: una web con enlaces internos que no funcionan o políticas de privacidad con fechas obsoletas transmite una imagen de dejadez y falta de seriedad, letal para las ventas.
• Falta de señales de seguridad visibles: no utilizar el protocolo HTTPS (candado de seguridad) o no mostrar sellos de confianza reconocidos (como certificados SSL validados) puede disuadir a usuarios preocupados por la seguridad de sus transacciones.

Cada uno de estos errores es una oportunidad perdida para generar certidumbre y seguridad. Corregirlos no solo te protege de cuantiosas multas, sino que refuerza la percepción de tu marca como un actor confiable y profesional en el ecosistema digital.

Caso real: las consecuencias de una mala gestión de cookies

Para que veas lo serio que es el tema, nada mejor que ilustrarlo con un ejemplo.

Es uno de los tantos  casos sancionados por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que ilustra perfectamente qué pasa cuando no gestionas bien las cookies. Este eCommerce ya había sido multado hace dos años por el mismo problema, pero no le pareció importante solucionarlo o que creyó probable que volverían a denunciarlo.

Un usuario denunció que la web seguía instalando cookies sin permiso, a pesar de haber sido sancionada con 5.000€ dos años antes por lo mismo.

Nueva sanción: Ahora, la AEPD ha aumentado la multa a 10.000 €, por reincidencia.

Te recomiendo que leas la resolución, verás que es pública y que se puede identificar perfectamente al titular del eCommerce. Esto resulta muy dañino para la reputación.

Ecommerce Awards: la excelencia en cumplimiento como modelo a seguir

Los ganadores de los Ecommerce Awards, que reconocen a las tiendas online más destacadas, son un ejemplo de cómo el cumplimiento normativo puede ser un diferenciador competitivo. Estas marcas no solo cumplen con el RGPD, sino que ponen en valor el compromiso con sus usuarios haciendo una gestión eficiente de la confianza.

• Banners de cookies impecables: los premiados tienen banners claros, con opciones de “Aceptar”, “Rechazar” y “Personalizar” que funcionan a la perfección.
• Políticas de privacidad claras y accesibles: sus textos legales son fáciles de entender, están enlazados en el footer y se actualizan regularmente.
• Gestión proactiva de datos: ofrecen secciones como “Tus datos, tu control” donde los usuarios pueden gestionar su información fácilmente.
• Transparencia en formularios: incluyen capas informativas en cada formulario, explicando para qué usan los datos y pidiendo consentimiento granular (nada de casillas premarcadas).
• Auditorías constantes: revisan su web periódicamente para asegurarse de que no hay cookies rebeldes o plugins que incumplan el RGPD.

Estas prácticas, junto con su buen hacer, no solo les han valido reconocimientos, sino que han fortalecido la confianza de sus usuarios, impactando positivamente en sus tasas de conversión y en la lealtad de sus compradores.

Estrategias prácticas para que el RGPD impulse tus ventas

Aquí van cuatro estrategias prácticas para que el RGPD se convierta en tu ventaja competitiva y tenga un impacto real en las conversiones.

Sé transparente y empático con los usuarios

• Las políticas de privacidad impersonales, aburridas y llenas de jerga legal espantan a  los  usuarios. Desarrolla  textos claros, cercanos y sin tecnicismos. Esto no solo cumple con el RGPD, sino que hace que tu eCommerce destaque por transparencia y profesionalidad. No copies políticas ajenas ni te arriesgues en temas legales con una IA. ¿Necesitas ayuda con tus textos legales? Tienes un KIT de plantillas para eCommerce con el que asegurar tu cumplimiento fácilmente.
• Usa un gestor de cookies que sea eficaz: el banner debe ofrecer dos opciones equivalentes de aceptar y rechazar, con el mismo peso visual para el usuario y que permita bloquear las cookies de terceros. Un banner ornamental no sirve de nada, utiliza herramientas de gestión seguras,  que está certificado por Google y es muy sencilla de implementar.
• Truco SEO: enlaza tu política de privacidad en el footer. Google lo valora y los usuarios lo agradecen.

Empodera a tus usuarios

• Crea una sección en tu eCommerce donde puedan descargar, modificar o eliminar sus datos fácilmente.
• Responde a las solicitudes de datos en menos de una semana (aunque el RGPD te da 30 días). Esto genera una impresión de profesionalidad.
• Cuidado: ignorar solicitudes puede costarte caro. Un eCommerce fue multado con 5.000 € en 2023 por no responder a una petición de eliminación de datos.

Personaliza sin invadir

Personaliza tu eCommerce sin cruzar la línea. Usa solo datos necesarios y pide consentimiento granular (permiso por uso) y específico (claro sobre el propósito).

• Pide lo esencial: solo email y dirección para compras, no teléfono innecesario. Limítate a los datos esenciales para cada acción (por ejemplo, email y dirección para un pedido).
• Usa consentimiento granular: separa los usos de los datos (compra vs. promociones) y pide permiso explícito para cada uno, con casillas desmarcadas por defecto.
• Sé transparente: explica claramente por qué necesitas cada dato y qué gana el usuario al dártelo.
• Elige herramientas respetuosas: usa soluciones como Google Analytics 4 que prioricen la privacidad.
• Verifica el cumplimiento: audita tus formularios para asegurarte de que no hay casillas premarcadas ni usos de datos sin permiso.

Haz del RGPD tu bandera

• Comunica en redes sociales o newsletters cómo cuidas los datos de tus clientes. Por ejemplo: “En [tu marca], tu privacidad es lo primero”.
• Revisa tu web cada tres meses para asegurarte de que todo está en orden: cookies, plugins, enlaces a políticas, etc.

La confianza, tu mejor estrategia de venta

En un entorno digital donde los usuarios son cada vez más conscientes y celosos de su privacidad, y donde la desconfianza es el principal freno para la conversión online, el RGPD deja de ser un obstáculo para convertirse en una formidable oportunidad de diferenciación. Un cumplimiento riguroso y transparente no solo te protege de sanciones, sino que erige un ecosistema digital donde tus clientes se sienten seguros, respetados y valorados. Y eso, inevitablemente, se traduce en más ventas, mayor lealtad y una reputación de marca inquebrantable.

Los ganadores de los Ecommerce Awards lo tienen claro: el cumplimiento es parte de su estrategia de conversión y cada detalle cuenta para crear entornos respirables de confianza online.

Foto: Canva

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El Tribunal Superior de Justicia ha instado a Airbnb a retirar, de manera inmediata, 5.800 anuncios de viviendas turísticas de su plataforma por incumplir la normativa que regula la publicidad de alojamientos turísticos.

Esta resolución por parte del TSJ desestima el recurso presentado por Airbnb frente a la orden del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de bloquear 65.935 anuncios de viviendas turísticas de la plataforma. Concretamente, esta primera tanda de 5.800 anuncios se corresponde con la primera de las tres resoluciones que el Ministerio envió a Airbnb en los últimos meses tras detectar irregularidades.

Tal y como señala el comunicado emitido por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, los casi 6.000 anuncios sobre los que se ha pronunciado el TSJ se corresponden con viviendas turísticas ubicadas en las comunidades de Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Euskadi. Esta publicidad «vulnera la normativa de las diferentes comunidades autónomas donde Consumo ha detectado estos anuncios».

• Para saber más: Si ofreces un alquiler turístico o temporal en Idealista, Airbnb u otra plataforma online, deberás registrarlo oficialmente

Qué infracciones presentan los anuncios publicados en Airbnb

La Dirección General de Consumo basó sus resoluciones en tres infracciones principales detectadas en 65.935 anuncios de alojamientos turísticos publicados en Airbnb. Estas son las siguientes:

• Los anuncios no presentan el número de licencia o registro: un requerimiento obligatorio en varias normativas autonómicas. Esta ha sido la infracción más detectada.
• El número de licencia indicado no se corresponde con el expedido por las autoridades: una práctica que puede inducir a engaño o error a las personas que contratan el servicio.
• No se especifica la naturaleza jurídica de los arrendadores: no se indica si son profesionales o particulares, lo cual es un dato fundamental para que la persona que alquila la vivienda sepa si está protegida o no como consumidora.

Foto: Depositphotos

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En un nuevo capítulo del extensísimo y (parece) interminable serial judicial protagonizado por los gigantes tecnológicos en los últimos años, la Comisión Europea ha lanzado una advertencia seria a TikTok. Una más.

Tras meses de investigación, el organismo con sede en Bruselas ha concluido de forma preliminar que la plataforma no cumple con las obligaciones de transparencia publicitaria que exige la Ley de Servicios Digitales (DSA). El foco está en uno de los elementos clave para garantizar un ecosistema digital seguro: el repositorio de anuncios.

Y, claro, te estarás preguntando qué es un repositorio de anuncios. Normal.

De acuerdo con la DSA, es una base de datos pública que debe recoger y mostrar, de forma accesible y consultable, información esencial sobre todos los anuncios que se publican en una plataforma, y está pensado para fomentar la transparencia publicitaria.

Tal y como explica la Comisión, “este repositorio de publicidad es fundamental para que los investigadores y la sociedad civil detecten anuncios fraudulentos, campañas de amenazas híbridas, así como operaciones de información coordinadas y anuncios falsos, también en el contexto de las elecciones.

La Comisión ha constatado que TikTok no proporciona la información necesaria sobre el contenido de los anuncios, los usuarios a los que se dirigen los anuncios y quiénes pagaron por ellos. Además, el repositorio de anuncios de TikTok no permite al público buscar anuncios de forma exhaustiva sobre la base de esta información, lo que limita la utilidad de la herramienta”.

Es decir, según el análisis realizado por Bruselas, TikTok no proporciona información suficiente sobre:

• El contenido exacto de los anuncios publicados.
• Los usuarios objetivo de dichas campañas.
• Quién paga por los anuncios que se publican en la plataforma.
• Y, además, su buscador dentro del repositorio no permite explorar ni filtrar esta información de forma útil para el público.

Esto, advierte la Comisión, limita gravemente la utilidad del sistema para detectar fraudes, desinformación y campañas manipulativas, especialmente en contextos tan sensibles como los procesos electorales.

Lo que viene ahora (y lo que se arriesga TikTok)

Este aviso no es una decisión definitiva, sino un paso más en el proceso sancionador. TikTok tiene ahora la opción de presentar alegaciones por escrito y revisar la documentación del caso.  Pero si la Comisión confirma finalmente sus sospechas, el escenario es complicado para TikTok, que podría enfrentarse a una multa de hasta el 6% de su facturación global.

Es decir, un 6% de 23.000 millones de dólares. O 20.570 millones de euros, si lo prefieres.

Es decir, 1.235 millones de euros.

Además, la Comisión explica que se activaría un régimen de supervisión reforzada y podría imponer multas periódicas si no cumple con las correcciones exigidas.

Un historial bajo lupa

Pero este no es el único frente abierto para TikTok. La Comisión ya había abierto una investigación formal en febrero de 2024, centrada en varios puntos críticos:

• La protección de menores frente a algoritmos adictivos.
• El uso responsable de los datos personales.
• El acceso a la plataforma por parte de investigadores.
• Y ahora también, la gestión de la desinformación en elecciones.

Además, desde diciembre de 2024 se investigan los riesgos cívicos y democráticos que puede acarrear el diseño y funcionamiento de la red social.

En cualquier caso, para fomentar la colaboración, Bruselas ha habilitado incluso una herramienta de denuncias anónimas para empleados y colaboradores de las grandes plataformas digitales.

Los tribunales ponen la lupa en los grandes

Este caso subraya la importancia que la UE otorga a su Ley de Servicios Digitales, en vigor desde 2023 para las plataformas calificadas como VLOPs (Very Large Online Platforms) como como TikTok, Meta, Google o Amazon. El objetivo es claro: asegurar un entorno digital transparente, responsable y seguro para millones de usuarios europeos.

Pero la DSA no es el único caballo de batalla al que se enfrentan. Hace unos días te contamos cómo la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) imponía una multa de 530 millones de euros a TikTok por transferir datos personales de usuarios del espacio económico europeo a China sin las garantías adecuadas. Este regulador, que actúa como autoridad principal de control en el ámbito digital en la Unión Europea, concluyó que la compañía infringió gravemente el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) al permitir el acceso remoto a datos personales de usuarios europeos desde China, sin comprobar que estos datos estuvieran protegidos con un nivel equivalente al garantizado por el RGPD.

TikTok, como uno de los actores principales del ecosistema digital, está ahora en el punto de mira. ¿Será capaz de adaptar su tecnología publicitaria a los estándares exigidos?

Imagen: Flux Schnell

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Google deberá pagar 1.375 millones de dólares (unos 1.235 millones de euros) al estado de Texas como resolución a dos demandas por violación de privacidad de datos presentadas en 2022 por el Fiscal General Ken Paxton.

De qué se acusaba a Google

Esta sentencia histórica se produce tras varios años de litigios entre Texas y la tecnológica, y marca un antes y un después en cuanto a la aplicación de las leyes de privacidad estatales en Estados Unidos a un gigante como Google.

Las demandas presentadas por Paxton en 2022 acusaban a Google de rastrear y recopilar de forma ilegal datos privados de usuarios y usuarias. En estas se señalaban las siguientes malas prácticas:

• Rastrear la ubicación de los usuarios y usuarias incluso cuando se había desactivado la función de historial de ubicaciones.
• Recopilar datos biométricos, como datos de voz y  geometría facial, sin haber obtenido consentimiento explícito.
• Engañar a los usuarios y usuarias acerca del funcionamiento del modo de navegación en “incógnito”.

Finalmente, el Fiscal General de Texas ha logrado un acuerdo con Google, y la compañía deberá pagar 1.375 millones de dólares. «Luché y gané. Este acuerdo de 1.375 millones de dólares es una gran victoria para la privacidad de los tejanos y les dice a las empresas que pagarán por abusar de nuestra confianza. Siempre protegeré a los tejanos, deteniendo los intentos de las grandes tecnológicas de lucrarse vendiendo nuestros derechos y libertades», afirmó el Fiscal General Paxton.

Una importante victoria para la aplicación de las leyes estatales de EE.UU.

La resolución de este caso plantea una sanción muy superior a las establecidas en otros procedimientos contra Google llevados a cabo por un estado de Estados Unidos. «Hasta la fecha, ningún estado ha logrado un acuerdo contra Google por violaciones similares de la privacidad de datos que supere los 93 millones de dólares. Incluso una coalición multiestatal que incluía a cuarenta estados obtuvo solo 391 millones de dólares, casi mil millones de dólares menos que la recuperación de Texas», expuso Paxton.

Así mismo, este caso se suma a la lista de victorias del Fiscal General de Texas contra grandes compañías. Entre estas destaca el acuerdo con Meta de 1.400 millones de dólares por recopilar y usar datos biométricos de usuarios y usuarias tejanos sin autorización. Este se trata de «el acuerdo más grande jamás obtenido en una demanda interpuesta por un solo Estado».

Foto: GPT-4o

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Me gustaría saber cuánto dinero ha gastado en juicios, multas y pleitos varios en los últimos años.

Porque seguro que ha sido mucho. Y a veces no le ha servido de demasiado.

En una nueva decisión judicial, nuevamente histórica, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha propuesto una serie de sanciones y medidas estructurales y conductuales para poner fin a las prácticas anticompetitivas de Google en el mercado de la publicidad digital. Estas medidas buscan restaurar la competencia en el sector y evitar que la compañía continúe utilizando su poder monopolístico para distorsionar el mercado. La sentencia va más allá de simples sanciones económicas y se centra en dividir activos clave de Google y prohibir prácticas que favorecen injustamente sus productos.

Como ha explicado el Tribunal, “la publicidad digital es el elemento vital de Internet, ya que financia gran parte de su desarrollo y proporciona acceso gratuito a una cantidad extraordinaria de contenidos y servicios a los consumidores estadounidenses. Como se demostró en el juicio y se refleja en la opinión del Tribunal, Google ha participado en una campaña de exclusión que dura una década para adquirir, proteger y consolidar su poder monopolístico en dos mercados cruciales para la publicidad digital”.

Medidas estructurales: la división de AdX y DFP

Esta decisión a su vez de la sentencia de finales de abril de este año, en la que la justicia estadounidense encontró culpable de monopolio a Google en el ámbito de la publicidad programática digital. Esa sentencia, en la que se dejaban caer algunas de las posibles medidas a llevar a cabo por la empresa, tiene continuidad ahora con esta decisión. En ella, una de las propuestas más drásticas del tribunal es la división de la plataforma que utilizan los medios digitales y sitios web para gestionar los espacios publicitarios disponibles (DFP) y la plataforma para intercambio de anuncios: el mercado digital donde se subastan los espacios ofertados por los editores (AdX).

En el mes de abril, el tribunal encontró que Google obligaba a los editores a usar DFP para acceder a la demanda de AdX, y ofrecía ventajas como el “Last Look” que permitía a su plataforma superar otras ofertas tras verlas. Esta estrategia cerraba el mercado, restringía la libre competencia y perjudicaba tanto a editores como a otros intermediarios.

En un entorno normal de subasta digital, cuando un usuario entra a una web, varias plataformas (ad exchanges) pujan en tiempo real para mostrar su anuncio en esa página. Cada una lanza su oferta sin saber lo que ofrecen las demás, como en una subasta sellada. Pero en el sistema que Google implementó con su plataforma AdX dentro de DFP, las reglas eran distintas: Google se reservaba el derecho a ver todas las demás pujas antes de tomar su decisión final. Eso era el “Last Look”: la última mirada. Es decir, antes de que se eligiese un ganador, AdX (el exchange de Google) podía ver cuál era la oferta más alta de los demás y ofrecer solo un céntimo más para ganar la subasta, incluso si originalmente había ofrecido mucho menos.

AdX, una herramienta clave en el monopolio publicitario de Google

Ahora, el Tribunal concluye que AdX ha sido una herramienta central para el monopolio de Google, ya que al vincularla estrechamente con AdWords, el sistema de compra de anuncios de Google, ha logrado restringir la competencia. Por esta razón, se propone que Google divida AdX y lo venda a competidores, bajo la supervisión de un fideicomisario designado por el tribunal. Esta medida tiene como objetivo liberar el mercado de intercambio de anuncios y permitir que otras plataformas puedan competir en igualdad de condiciones.

De manera similar, se propone una división en fases de DFP, el servidor de anuncios que Google ha utilizado para impulsar su monopolio en el mercado de la publicación de anuncios. La propuesta incluye tres fases:

• Integración con plataformas de terceros: Google deberá permitir que DFP se integre con sistemas externos de subastas, abriendo la puerta a nuevos actores en el mercado.
• Separación del código de subasta: En una segunda fase, Google debería separar el código que gestiona la subasta de anuncios, permitiendo que se realicen fuera de DFP mediante plataformas de terceros.
• Venta de DFP a competidores: Finalmente, Google deberá vender DFP a un comprador aprobado por el tribunal para garantizar que no se mantenga el control sobre este activo estratégico.

Prohibiciones conductuales: frenando prácticas desleales

Además de las ventas, el tribunal ha impuesto una serie de prohibiciones conductuales que buscan evitar que Google continúe distorsionando el proceso competitivo. Algunas de las medidas más relevantes son:

• Acceso no discriminatorio a los productos: Google deberá garantizar que sus herramientas de compra de anuncios, como AdWords y DV360, no favorezcan a sus propios productos en detrimento de los competidores. Esto incluye no redirigir la demanda de anuncios a AdX o DFP de manera preferencial.
• Prohibición de la vinculación entre productos: Google no podrá vincular sus productos entre diferentes mercados (por ejemplo, entre servidores de anuncios y herramientas de compra de anuncios), lo que permitirá a los competidores ofrecer soluciones independientes sin restricciones impuestas por el gigante tecnológico.
• Condiciones de acceso igualitarias: Google deberá permitir que sus herramientas de compra de anuncios interactúen con otros productos de manera igualitaria, sin establecer condiciones que favorezcan sus propios sistemas.

Medidas adicionales: transparencia, datos y monitorización

Para garantizar que Google no continúe aprovechándose de su posición dominante, el tribunal ha propuesto varias medidas de transparencia y control de datos:

• Compartir datos de DFP y AdX: Google deberá compartir datos relevantes de DFP y AdX con actores externos en términos no discriminatorios, permitiendo que otros competidores puedan usar la información para mejorar sus propios productos publicitarios.
• Depósito y asistencia técnica: Google deberá colocar el 50% de los ingresos generados por AdX y DFP en una cuenta para asegurar que no continúe beneficiándose de sus prácticas anticompetitivas mientras se lleva a cabo el proceso de venta. Además, proporcionará asistencia técnica a las plataformas externas que ayuden a restaurar la competencia.
• Monitorización constante: El tribunal ha propuesto la designación de un fideicomisario de monitorización que supervise el proceso de división y la implementación de las medidas de corrección. Este fideicomisario se asegurará de que Google cumpla con las disposiciones de la sentencia y que no recurra a prácticas que perjudiquen la competencia.

La respuesta de Google

Google ha mostrado su desacuerdo con el fallo, específicamente en lo que respecta a Google Ad Manager, la plataforma sucesora de DFP, en la que se integran las funcionalidades de DFP con otras herramientas de Google como AdX, AdSense, y DV360, para facilitar a los editores gestionar sus anuncios tanto directos como programáticos.

Según el comunicado de la compañía, Google sostiene que la sentencia no afecta la competencia en sus herramientas de publicidad para anunciantes ni en sus adquisiciones, pero disiente sobre el fallo relacionado con su herramienta para editores. Google argumenta que Google Ad Manager representa una pequeña parte de su negocio y que apelará la decisión.

En este sentido, Google ha propuesto una serie de medidas que, según la empresa, abordan adecuadamente los hallazgos del tribunal y que, según Google, facilitarían la competencia sin causar una disrupción significativa en el mercado. Las medidas incluyen:

• Disponibilidad de las ofertas en tiempo real de AdX para servidores de anuncios de terceros: Esto permitiría que otros servidores de anuncios puedan acceder a las ofertas en tiempo real de AdX para anuncios en la web abierta, lo que mejoraría la competencia.
• Eliminación de las reglas de precios unificados (Unified Pricing Rules): Google propone abolir las reglas de precios unificados para anuncios en la web abierta, lo que permitiría a los editores establecer precios diferentes para distintos postores, dando a los editores más flexibilidad en sus estrategias de precios.
• Compromiso de eliminar las dinámicas de “first look” y “last look”: Google también se compromete a no utilizar las dinámicas de subasta “first look” y “last look” para anuncios en la web abierta, prácticas que, según el tribunal, contribuyeron a su monopolio. Google argumenta que estas prácticas ya fueron eliminadas de Google Ad Manager hace años.

En cualquier caso, Google critica las propuestas del DOJ, que suponen dividir Google Ad Manager, una medida que Google considera excesiva y perjudicial para su negocio. Según Google, forzar una división de Ad Manager podría romper una herramienta clave que permite a los anunciantes conectar con los editores de manera eficiente y que, además, es utilizada por pequeñas empresas y editores de aplicaciones y videos para monetizar sus contenidos. Google argumenta que romper Google Ad Manager no solo podría generar costes adicionales, sino que también afectaría desproporcionadamente a las pequeñas empresas, que dependen de las herramientas asequibles y fáciles de usar de Google para crecer.

Impacto de las medidas: ¿cómo cambiará el mercado de la publicidad digital?

Esta sentencia marca un precedente importante para el futuro de las leyes antimonopolio en el sector tecnológico. Si Google se ve obligado a realizar estos cambios, podrían sentarse bases para futuras intervenciones regulatorias en empresas tecnológicas que abusen de su poder en el mercado.

Las medidas propuestas por el tribunal tienen el potencial de transformar el mercado de la publicidad digital de manera significativa. Si se implementan de manera efectiva, podrían restaurar la competencia en un sector que ha estado dominado por Google durante más de una década. Estas acciones permitirían que otras plataformas pudieran competir con igualdad de condiciones, beneficiando tanto a los editores como a los anunciantes, quienes ahora tendrían más opciones y acceso a herramientas sin las restricciones impuestas por Google.

¿Qué significa para los consumidores?

A largo plazo, la restauración de la competencia podría beneficiar directamente a los consumidores. Con una mayor competencia, los precios podrían disminuir, la calidad de los productos publicitarios podría mejorar, y los anunciantes podrían obtener resultados más eficientes por su inversión. Todo ello se traduciría en una publicidad más justa y en una experiencia de usuario menos centrada exclusivamente en los productos de Google.

Imagen: ChatGPT

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La Agencia Tributaria (AET) ha sorprendido al adelantar la activación de Verifactu, el sistema de envío automático de facturas, al 23 de abril de 2025, tres meses antes de lo previsto. Aunque su uso obligatorio para empresas y autónomos se mantiene para 2026, ya está disponible en la Sede Electrónica para quienes deseen implementarlo de forma voluntaria .

Este adelanto no se trata de una prueba piloto, sino de una herramienta plenamente operativa. Los contribuyentes que opten por utilizarla desde ahora verán efectos reales en sus obligaciones fiscales. La decisión forma parte de la estrategia del fisco para mejorar el control del fraude del IVA y fomentar el uso anticipado de los nuevos sistemas de facturación digital.

Verifactu no es lo mismo que la factura electrónica obligatoria

Una confusión común es pensar que Verifactu es sinónimo de la factura electrónica obligatoria, pero son conceptos distintos. Mientras que la factura electrónica se refiere a la emisión del documento en formato digital, Verifactu está enfocado en el sistema informático que registra y transmite automáticamente los datos de esa factura a la Agencia Tributaria.

Verifactu obliga a que el software utilizado para emitir facturas cumpla requisitos técnicos como la imposibilidad de alterar registros, y debe enviar de forma inmediata un resumen de la factura (sin todos los detalles) a Hacienda. Este paso busca asegurar la trazabilidad y prevenir la manipulación contable.

Obligatoriedad y plazos de implementación

La obligación de remitir los registros de facturación a Hacienda será escalonada: las empresas deberán adaptarse antes del 1 de enero de 2026 y los autónomos antes del 1 de julio de 2026.

Los sistemas informáticos que cumplan con los requisitos de Verifactu deben garantizar la fiabilidad y no alteración de las facturas, y remitir de manera inmediata un resumen de las mismas a Hacienda.

Las compañías pueden mantener un sistema no Verifactu, que solo almacena las facturas internamente, pero, en este caso, Hacienda podrá requerir su presentación en cualquier momento y, según palabras de Javier Hurtado, inspector adjunto a Jefe de área de la ONIF, estas empresas recibirán más requerimientos de información si no comparten los datos proactivamente.

Además, aquellos que decidan usar ya sistemas Verifactu pueden consultar y descargar los registros desde la Sede Electrónica. Los destinatarios de las facturas, incluidos consumidores, podrán verificar su validez a través de un código QR incluido en el documento, que enlaza directamente con la web de la Agencia Tributaria.

Requisitos técnicos y funcionamiento del sistema

Los sistemas Verifactu deben cumplir con requisitos técnicos específicos, como la remisión en línea de los registros de facturación de forma continuada, segura, correcta, íntegra, automática, consecutiva, instantánea y fehaciente. Además, deben incorporar mecanismos que impidan la manipulación de las facturas y permitan detectar y evitar el fraude fiscal del IVA.

Para facilitar la transición, la Agencia Tributaria ha manifestado que en el futuro tiene la intención de crear un software gratuito para los contribuyentes, especialmente pensada para aquellos que emiten un número reducido de facturas, aunque aún no se ha lanzado oficialmente.

Desde el organismo, se recomienda que quienes ya dispongan de software compatible comiencen a enviar registros cuanto antes para evitar errores o contratiempos cuando la obligación entre en vigor.

Foto: Canva

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La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) ha anunciado una multa millonaria a TikTok por transferir datos personales de usuarios del espacio económico europeo a China sin las garantías adecuadas. Este regulador, que actúa como autoridad principal de control en el ámbito digital en la Unión Europea, concluye que la compañía infringió gravemente el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) al permitir el acceso remoto a datos personales de usuarios europeos desde China, sin comprobar que estos datos estuvieran protegidos con un nivel equivalente al garantizado por el RGPD.

Según uno de los portavoces de la Comisión, Graham Doyle, “El RGPD exige que el alto nivel de protección que se ofrece en la Unión Europea se mantenga cuando se transfieren datos personales a otros países. Las transferencias de datos personales de TikTok a China infringieron el RGPD porque TikTok no verificó, garantizó ni demostró que los datos personales de los usuarios del EEE, a los que accedía remotamente su personal en China, contaban con un nivel de protección esencialmente equivalente al garantizado en la UE.

Como consecuencia de que TikTok no realizó las evaluaciones necesarias, no abordó el posible acceso de las autoridades chinas a datos personales del EEE en virtud de las leyes chinas antiterroristas, contraespionaje y otras leyes que TikTok identificó como sustancialmente diferentes de las normas de la UE”.

Falta de transparencia informativa

El segundo punto de infracción tiene que ver con la falta de transparencia hacia los usuarios europeos. La Política de Privacidad de 2021 de TikTok no nombraba a los países receptores de los datos, como China, ni especificaba que personal de dicho país tenía acceso remoto a datos almacenados en servidores en EE.UU. y Singapur.

Aunque TikTok actualizó su política en diciembre de 2022 incluyendo estos detalles, la DPC consideró que durante el periodo del 29 de julio de 2020 al 1 de diciembre de 2022, la empresa no cumplió con sus obligaciones de transparencia, motivo por el que ha sido sancionada con 45 millones de euros adicionales.

Según la comisión, durante el proceso, TikTok explicó que no almacenaba datos de usuarios del EEE en servidores chinos. Sin embargo, en abril de 2025, la compañía notificó que había detectado una incidencia interna por la cual algunos datos sí se almacenaron en China, contradiciendo la información proporcionada durante la investigación. Aunque TikTok afirma que estos datos ya han sido eliminados, el DPC está evaluando posibles acciones adicionales por este hecho.

La respuesta de TikTok

Ante esta sentencia, la compañía china no ha tardado en emitir un duro comunicado de respuesta, mostrando su rechazo ante la misma. Así, TikTok argumenta que la decisión se basa en prácticas del pasado, antes de la implementación en 2023 de su Proyecto Clover, una iniciativa de 12.000 millones de euros diseñada para reforzar la seguridad de los datos de los usuarios europeos. TikTok afirma que nunca ha recibido ni facilitado datos a las autoridades chinas y que el acceso remoto está limitado y supervisado por la firma europea de ciberseguridad NCC Group.

A través de Clover, los datos de los usuarios europeos de TikTok se almacenan por defecto en un enclave de datos europeo específico, alojado en centros de datos de Noruega, Irlanda y Estados Unidos.

Desde la empresa, critican que la DPC no haya tenido en cuenta adecuadamente estas medidas, que incluyen almacenamiento europeo por defecto, tecnologías de mejora de privacidad y control independiente 24/7. TikTok asegura haber seguido los mismos marcos legales que otras multinacionales (como las cláusulas contractuales tipo) y califica la decisión como un precedente perjudicial para las empresas que operan globalmente desde la UE:

“Esta decisión corre el riesgo de sentar un precedente con consecuencias de gran alcance para empresas e industrias enteras de toda Europa que operan a escala global. Supone un duro golpe para la competitividad de la Unión Europea”.

Por ello, TikTok apelará la sanción y reclama que la UE respalde soluciones como Clover, que permiten proteger la privacidad sin bloquear el flujo global de datos y la innovación.

Una nueva multa a las grandes tecnológicas

Por supuesto, esta no es la primera (ni será la última) de las grandes multas millonarias que la Unión Europea, a través de sus distintos organismos reguladores, impone a las grandes tecnológicas. Ya sea por incumplir preceptos del RGPD, de la DSA o de la DMA, las autoridades europeas se han embarcado en numerosas batallas legales en los últimos años, buscando garantizar la protección de sus consumidores.

Así, por ejemplo, la misma Comisión de Protección de Datos de Irlanda que acaba de multar a TikTok, impuso en 2024 una sanción de 91 millones de euros en a Meta por haber vulnerado la seguridad de varios usuarios al almacenar sus contraseñas sin protección criptográfica ni cifrado. Además, en diciembre de 2024 le impuso una nueva multa a la compañía de Mark Zuckerberg por valor de 251 millones, tras concluir que había incumplido la normativa de protección de datos, vulnerando la seguridad de sus usuarios

En cuanto al ámbito de la RGPD, en 2024 la Comisión Europea sancionó a LinkedIn con 310 millones de euros tras determinar que la red social, propiedad de Microsoft, no había realizado de forma adecuada el tratamiento datos para análisis de comportamiento y publicidad dirigida. Finalmente, este mismo año hemos conocido que Apple deberá pagar €500 millones y Meta €200 millones, tras una decisión histórica por parte de la Comisión Europea por incumplir preceptos de la Ley de Mercados Digitales (DMA).

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En un giro en la regulación de los gigantes tecnológicos, la Comisión Europea ha sancionado a Apple y Meta con multas por un total de 700 millones de euros debido a la incumplimiento de las obligaciones establecidas bajo la Ley de Mercados Digitales (DMA). Apple deberá pagar €500 millones y Meta €200 millones.

Las investigaciones sobre Apple y Meta se abrieron el 25 de marzo de 2024, cuando la Comisión comenzó a investigar las reglas de orientación de Apple en la App Store y el modelo de “Consentir o Pagar” de Meta. En junio y julio de 2024, se notificó a ambas compañías su incumplimiento preliminar de la DMA.

Apple y Meta deberán cumplir con las decisiones de la Comisión Europea en un plazo de 60 días, de lo contrario, se arriesgan a pagos de penalizaciones periódicas. La Comisión puede imponer multas de hasta el 10% de la facturación global anual de las empresas que no cumplan con las normativas establecidas.

Teresa Ribera, Vicepresidenta Ejecutiva para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, ha explicado que “las decisiones de hoy transmiten un mensaje contundente y claro. La Ley de Mercados Digitales es un instrumento crucial para liberar el potencial, la elección y el crecimiento, garantizando que los actores digitales puedan operar en mercados competitivos y justos. Protege a los consumidores europeos y establece igualdad de condiciones. Apple y Meta no han cumplido con la DMA al implementar medidas que refuerzan la dependencia de los usuarios empresariales y los consumidores de sus plataformas. En consecuencia, hemos tomado medidas de cumplimiento firmes pero equilibradas contra ambas empresas, basadas en normas claras y predecibles. Todas las empresas que operan en la UE deben cumplir nuestras leyes y respetar los valores europeos”.

Restricciones de orientación en la App Store

La DMA exige que los desarrolladores de aplicaciones que distribuyan sus productos a través de la App Store de Apple puedan informar a los usuarios sobre ofertas alternativas fuera de la tienda de aplicaciones, sin coste alguno, y permitirles realizar compras a través de esos canales. La Comisión Europea ha concluido que Apple no ha cumplido con esta obligación, ya que la empresa impuso restricciones técnicas y comerciales que impiden a los desarrolladores de aplicaciones informar de manera directa a los usuarios sobre ofertas más económicas fuera de la App Store. Esto limita las opciones para los consumidores, que no pueden acceder plenamente a ofertas más baratas.

Además, la Comisión ha ordenado a Apple que elimine las restricciones que impiden esta “orientación” o “steering” hacia opciones externas y se abstenga de perpetuar este comportamiento en el futuro. La multa impuesta a Apple tiene en cuenta la gravedad y la duración del incumplimiento.

Meta: El modelo “Consentir o Pagar”

En cuanto a Meta, la Comisión ha determinado que su modelo de “Consentir o Pagar” para los usuarios de Facebook e Instagram en la Unión Europea también viola la DMA. En noviembre de 2023, Meta introdujo un modelo binario en el que los usuarios tenían que elegir entre consentir la combinación de datos personales para publicidad personalizada o pagar una suscripción mensual para un servicio libre de anuncios.

La Comisión ha concluido que este modelo no cumple con los requisitos de la DMA, ya que no ofrece a los usuarios la opción de elegir un servicio que use menos datos personales, que es lo que la ley exige. Además, Meta no permitió que los usuarios ejercieran su derecho a dar un consentimiento libre y específico sobre la combinación de sus datos personales.

Aunque Meta introdujo una nueva versión del modelo en noviembre de 2024 para ofrecer una alternativa que presuntamente usa menos datos personales, la decisión de hoy se refiere al periodo comprendido entre marzo de 2024 (cuando las obligaciones de la DMA se hicieron vinculantes) y noviembre de 2024, cuando se presentó el nuevo modelo.

La multa impuesta a Meta también tiene en cuenta la gravedad y la duración del incumplimiento. Este es el primer caso en que la Comisión Europea adopta decisiones de incumplimiento bajo la DMA.

En cualquier caso, el historial de multas recibidas por la empresa de Mark Zuckerberg en territorio europeo es muy amplio, y comienza mucho antes de la entrada en vigor de la DMA. En 2023, por ejemplo, Meta recibió una multa de 1.200 millones por infringir la normativa de protección de datos, siendo la más alta emitida por la UE hasta el momento. Antes, en septiembre de 2022, Instagram también fue sancionada con 475 millones por el manejo indebido de datos de niños y adolescentes.

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El Gobierno de España, a través de los partidos PSOE y Sumar, presentó una propuesta legislativa para permitir que las empresas soliciten la eliminación de reseñas falsas o engañosas en plataformas digitales como Google, Tripadvisor, Trustpilot, Booking, y cualquier otro sitio web o aplicación donde los usuarios puedan dejar opiniones sobre productos o servicios. El objetivo es proteger la reputación de los negocios frente a valoraciones que no reflejan experiencias reales de los consumidores, aunque despierta la duda de cómo se gestionará la verificación de las reseñas en cuestión.​

La propuesta se enmarca en una enmienda al proyecto de ley sobre servicios de atención al cliente, actualmente en trámite parlamentario. Según esta enmienda, las empresas podrán solicitar la eliminación de reseñas que no hayan sido realizadas por consumidores que hayan adquirido o utilizado efectivamente el bien o servicio en cuestión. Para ello, deberán acreditar de forma fehaciente que la reseña es falsa o engañosa.​

Google como brújula del usuario

Como internauta, ya sabes que Google es una de las principales fuentes de información para cualquier pregunta. Es cierto que la aparición de los chats de IA como ChatGPT o Gemini, e incluso redes sociales como TikTok han ampliado el panorama, pero Google sigue predominando como el buscador más utilizado del mundo, con una penetración del 89,33%.

Por eso, una reseña de cliente en Google puede generar mucho impacto en la reputación de un negocio, para bien o para mal. En ese sentido, la proliferación de reseñas falsas en internet ha generado preocupación tanto en el ámbito empresarial como entre los consumidores. Estas valoraciones pueden distorsionar la percepción del mercado y afectar la confianza del consumidor, perjudicando a los negocios y desincentivando una competencia justa.

La enmienda propuesta busca encontrar una manera de regular estos comentarios, de forma tal que no “valga todo” a la hora de calificar un producto o servicio. Pero también busca mejorar la transparencia por parte de las empresas, que -según el escrito presentado- deberán informar claramente a los consumidores sobre la manera en que se procesan las reseñas. También se contempla que las valoraciones emitidas deberán referirse a productos o servicios adquiridos o utilizados en los treinta días naturales anteriores a la fecha de la reseña. Asimismo, se faculta al empresario para responder a las reseñas a través del mismo canal.​

Reacciones del sector empresarial

El sector hotelero y de la restauración ha acogido positivamente la iniciativa. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) aseguró que las reseñas en línea juegan un papel fundamental en la elección de los consumidores, y que la proliferación de reseñas falsas distorsiona la percepción del mercado y afecta la confianza del consumidor. De hecho, ya han lanzado campañas como #StopFakeReviews para combatir esta problemática.​

El sector hotelero y de la restauración ha recibido con buenos ojos la propuesta del Gobierno, considerándola un paso necesario para proteger su reputación online frente a valoraciones injustas o fraudulentas. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha sido una de las voces más activas en respaldar esta medida, destacando que las reseñas en línea influyen de forma directa en la toma de decisiones de los consumidores, especialmente en sectores tan competitivos y expuestos como el turístico.

Desde la CEHAT advierten que la proliferación de reseñas falsas distorsiona la percepción del mercado, mina la confianza del consumidor, genera inseguridad entre los empresarios y puede tener un impacto económico tangible sobre reservas y facturación. En este sentido, han alertado de la existencia de prácticas fraudulentas como la compraventa de reseñas o valoraciones emitidas con fines de chantaje o competencia desleal.

De hecho, desde el sector ya impulsaron campañas de concienciación como #StopFakeReviews como medida de presión para que las plataformas digitales adopten medidas más estrictas de verificación de contenido. Además, el organismo pidió que se establezca una colaboración activa entre plataformas, empresas y autoridades públicas para la detección y eliminación de opiniones fraudulentas, en línea con lo que propone ahora el Gobierno.

Algunos precedentes

Plataformas como Google ya han implementado medidas para identificar y eliminar reseñas falsas. En 2024, la compañía eliminó 188 millones de reseñas engañosas en Google Maps mediante modelos de aprendizaje automático que detectan patrones de actividad fraudulenta. Además, han comenzado a incluir advertencias sobre “reseñas sospechosas de ser falsas” en las páginas de empresas.​

A nivel internacional, países como Italia también han tomado medidas para combatir las reseñas falsas. El Gobierno italiano ha propuesto una legislación que contempla la identificación obligatoria de los usuarios que dejen opiniones, la prohibición de la compraventa de reseñas y el derecho de los establecimientos a solicitar la retirada de comentarios negativos en determinadas circunstancias.​

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Tanya O’Carroll, una residente de Londres que trabaja en el sector de políticas tecnológicas y derechos humanos, ha logrado que Meta deje de utilizar sus datos personales para mostrarle publicidad dirigida en Facebook. Este acuerdo se ha producido como resolución a la demanda individual presentada por O’Carroll contra la tecnológica en 2022.

Disección del caso

O’Carroll explicó que fue en 2017 cuando se dio cuenta del nivel de conocimiento que Facebook tenía sobre su información privada y de cómo lo aprovechaba para mostrarle anuncios que se ajustasen a su perfil. En ese momento estaba embarazada y aunque aún no se lo había comunicado a su círculo íntimo, la plataforma rápidamente determinó su estado y comenzó a variar el contenido que le mostraba, el cual pasó a ser anuncios sobre embarazos, bebés y maternidad.

Posteriormente, en 2022 presentó una demanda contra Meta en la que solicitaba que la plataforma dejase de usar sus datos personales para mostrarle anuncios dirigidos. O’Carroll esgrimía que el sistema de publicidad dirigida de Facebook encajaba con la definición de lo que es el “marketing directo” en Reino Unido. Y es que en la ley de protección de datos del Reino Unido (basada en el RGPD de la UE), se contempla como derecho legal el oponerse al uso de datos personales para acciones de marketing directo.

«Sabía que este tipo de publicidad depredadora e invasiva es algo a lo que todos tenemos derecho legal a oponernos… No creo que debamos aceptar estas condiciones injustas en las que consentimos todo ese seguimiento y vigilancia invasiva de datos», explicó O’Carroll en el programa Today de BBC Radio 4.

Por su parte, la ICO (Information Commissioner’s Office), organismo de control de datos del Reino Unido, apoyó la postura de O’Carroll, ratificando que la publicidad en línea debería considerarse marketing directo. «Las organizaciones deben respetar las decisiones de las personas sobre cómo se utilizan sus datos. Esto implica ofrecer a los usuarios una forma clara de oponerse a que sus datos se utilicen de esta manera».

En cuanto a Meta, la compañía sostuvo que su plataforma ya proporciona configuraciones y herramientas sólidas para que los usuarios y usuarias puedan controlar sus datos y preferencias publicitarias. Además, el gigante tecnológico trató de escudarse afirmando que los anuncios en Facebook tan solo pueden dirigirse a grupos de, como mínimo, 100 personas, y no a individuos concretos, por lo que no lo consideraban marketing directo. No obstante, la ICO no estuvo de acuerdo con el argumento de Meta.

Finalmente, Meta ha cedido y no procesará los datos de la demandante para realizar publicidad dirigida. Lo cual ha ocurrido a tan solo unos días de que se realizase una vista del caso en el Tribunal Superior de Inglaterra. Para O’Carroll, esta victoria individual puede sentar precedentes e invita a la gente a hacer valer sus derechos, del mismo modo que ha hecho ella.

Meta podría aplicar las medidas que ya activó en la UE

Este caso nos lleva a reflexionar acerca del poder que otorgamos a las plataformas sociales sin un cuestionamiento y una meditación real previos. Los gigantes establecen sus reglas y nos dan dos opciones “aceptar” o “rechazar”. Si marcas la primera tienes acceso al espacio social y de entretenimiento que todo tu círculo disfruta, si no prepárate para ser víctima del FOMO.

Cabe señalar que, en la Unión Europea, contamos con una capa de seguridad mayor a este respecto gracias a normativas como el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) o la DMA (Ley de Mercados Digitales). Leyes que le han valido más de una sanción al gigante tecnológico. Sin embargo, Meta se resiste a abandonar del todo su gran poder. Esto pudimos verlo en el caso de su plan sin anuncios para la UE.

En noviembre de 2023, Meta lanzó plan de pago sin anuncios para Instagram y Facebook en la Unión Europea. Esta fue la respuesta de la compañía para adaptarse a los nuevos parámetros relativos a la recogida de datos y privacidad de los usuarios establecidos en la DSA.

No obstante, la Comisión Europea determinó que este modelo de «pago o consentimiento» violaba la DMA, ya que limitaba el derecho de los usuarios a presentar un consentimiento libre para que sus datos fuesen rastreados con fines publicitarios.

Finalmente, en noviembre de 2024, Meta cedió a las presiones de la UE. La compañía rebajó los precios de su plan de pago sin anuncios y añadió una nueva opción gratuita de «anuncios menos personalizados», en la que se utilizan muchos menos datos para filtrar la publicidad.

Ahora se especula que Meta podría optar por aplicar este mismo sistema de opciones a los usuarios y usuarias de sus redes sociales en Reino Unido, a raíz del caso O’Carroll.

Foto: GPT4

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El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha anunciado una nueva regulación para garantizar la transparencia en el uso de algoritmos por parte de las empresas. El ministro Pablo Bustinduy informó que se exigirá a las compañías explicar cómo funcionan los sistemas de personalización de precios y publicidad, evitando cualquier tipo de discriminación o abuso en situaciones de emergencia.

Según lo anunciado, la nueva regulación prohibirá que las empresas modifiquen automáticamente los precios personalizados durante todo el proceso de compra. Esto significa que, una vez que un consumidor inicia la compra con un precio determinado, este no podrá cambiar de forma dinámica hasta que finalice la transacción. El objetivo de esta medida es evitar que los consumidores se sientan presionados a tomar decisiones rápidas por el miedo a que el precio suba en cuestión de segundos, una táctica que algunas empresas han utilizado para incentivar compras impulsivas.

Sin embargo, fuera del proceso de compra, las empresas podrán seguir ajustando los precios dinámicamente en función de la demanda, la hora del día u otros factores, siempre que sean transparentes con los criterios utilizados y no sean discriminatorios.

La medida fue anunciada durante el evento “Derechos de las personas consumidoras y usuarias en el ámbito digital”, organizado en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con motivo del Día Mundial de las Personas Consumidoras. En el encuentro participaron representantes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) y el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU).

Mayor transparencia y protección para los consumidores

La regulación propuesta por el Gobierno busca dotar a los consumidores de información clara y accesible sobre los criterios que determinan los precios personalizados. Según explicó el ministro Bustinduy, las empresas tendrán la obligación de detallar cómo sus algoritmos fijan precios en función de factores como la ubicación, la demanda, o el historial de compras del usuario. Además, se prohibirá que estos sistemas se basen en criterios discriminatorios, como la condición física, el origen racial o cualquier otra característica que vulnere derechos fundamentales.

Un ejemplo claro es el de los servicios de transporte privado que utilizan tarifas dinámicas. Con la nueva normativa, las empresas deberán informar al usuario sobre los factores que influyen en el precio de su viaje, como la distancia, la hora del día o eventos especiales en la ciudad. Asimismo, se impedirá que el precio aumente en situaciones de emergencia, como cuando a un usuario le queda poca batería en el móvil.

Esta iniciativa da continuidad a las medidas adoptadas por el Ministerio tras la DANA de octubre de 2024, cuando se prohibieron subidas de precios en contextos de urgencia o necesidad. “Ningún modelo de negocio puede sustentarse sobre la vulneración de derechos”, afirmó Bustinduy, destacando la importancia de establecer relaciones de consumo más justas y equitativas en el entorno digital.

• IVA y factura digital: estos son los cambios que deberás implementar

Un pacto de estado por los derechos digitales

En el marco del evento, Ana Caballero, presidenta del CCU, presentó un manifiesto que propone la creación de un Pacto de Estado para la protección de los derechos digitales. El documento plantea medidas como la prohibición de prácticas comerciales que afecten la libre elección de los consumidores, el control del uso indebido de datos personales y la mejora de la accesibilidad digital.

El CCU ha destacado la importancia del Reglamento Europeo de Servicios Digitales (Reglamento UE 2022/2065), que establece nuevas obligaciones para las grandes plataformas en materias como la protección de menores, la lucha contra la desinformación y las noticias falsas, la publicidad engañosa y el uso abusivo de algoritmos para influir en las decisiones de los usuarios. Esta normativa complementa otras regulaciones recientes, como el Reglamento de Mercados Digitales, el de Libertad de Medios y el de Inteligencia Artificial.

El Consejo de Consumidores y Usuarios también ha expresado su apoyo a la pronta aprobación de la Ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Medios de Comunicación, actualmente en fase de consulta pública. Esta ley definirá el papel de la CNMC como coordinador de servicios digitales en España, garantizando el cumplimiento del Reglamento Europeo en colaboración con organismos europeos y estatales.

• Si ofreces un alquiler turístico o temporal en Idealista, Airbnb u otra plataforma online, deberás registrarlo oficialmente

Un punto clave de esta regulación es la figura de los “alertadores fiables“, entidades especializadas en detectar y reportar contenidos ilícitos en plataformas en línea. Estas organizaciones, que pueden ser públicas, privadas o no gubernamentales, deben demostrar competencia y objetividad en su labor. En España, la CNMC será la encargada de otorgar esta condición, y el CCU ha manifestado su intención de obtener el reconocimiento como alertador fiable para actuar con mayor eficacia contra la difusión de contenidos ilegales.

Con esta regulación, el Gobierno refuerza su compromiso con los derechos de los consumidores en la era digital, apostando por un modelo económico más transparente y justo.

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El pasado 11 de marzo, la Unión Europea adoptó el paquete “IVA en la Era Digital” (ViDA), una serie de reformas destinadas a modernizar y digitalizar el sistema del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en la UE. Estas medidas buscan mejorar la eficiencia en la recaudación fiscal y adaptarse a los desafíos de la economía digital.

En este artículo repasamos los principales cambios y sus fechas de implementación.

• Qué es VeriFactu, el nuevo sistema de facturación electrónica que cambiará las reglas del juego en España

​Facturación electrónica y requisitos de notificación digital

Desde la entrada en vigor del paquete (es decir, ya), los Estados miembros de la UE podrán implementar la facturación electrónica obligatoria para transacciones nacionales B2B y B2C sin necesidad de autorización previa de la Comisión Europea, siempre que estas medidas se limiten a los contribuyentes establecidos en su territorio.

A partir del 1 de julio de 2030, la facturación electrónica será obligatoria para transacciones B2B intracomunitarias (es decir, entre empresas de diferentes países de la UE). Además, esta obligación también se aplicará a aquellas operaciones en las que se aplique el mecanismo de inversión del sujeto pasivo. Este mecanismo se usa cuando el responsable de pagar el IVA no es el vendedor, sino el comprador (como en algunos sectores donde se busca evitar el fraude fiscal).

En términos prácticos, esto significa que:

• Toda factura entre empresas dentro de la UE deberá generarse y transmitirse de forma electrónica en un formato estandarizado.
• En ciertos casos en los que el comprador asuma la responsabilidad del IVA (en lugar del vendedor), también será obligatorio emitir la factura electrónicamente.

Las empresas registradas a efectos de IVA deberán emitir facturas electrónicas estructuradas en un formato estándar de la UE dentro de los 10 días posteriores al suministro del bien o servicio (o al pago, si este ocurre antes).

Antes del 1 de enero de 2035, los sistemas nacionales de facturación electrónica existentes antes de 2024 deberán estar completamente armonizados con los estándares de la UE.

Cómo era antes

Anteriormente, las declaraciones recapitulativas de ventas transfronterizas se realizaban mensualmente o trimestralmente, lo que generaba retrasos que podían ser aprovechados para cometer fraudes. Como explica María Elena Scoppio, Directora de Fiscalidad Indirecta y Administración Tributaria, “Con ViDA, las ventas y compras transfronterizas se registrarán casi en tiempo real, y los datos se enviarán automáticamente a las administraciones tributarias, mejorando la capacidad de detección y respuesta ante actividades fraudulentas”.

Cambios en plataformas de transporte y alojamiento

A partir del 1 de julio de 2028 (fase voluntaria) y del 1 de enero de 2030 (obligatoria), las plataformas digitales que faciliten servicios de alquiler de alojamientos de corta duración y transporte de pasajeros serán consideradas responsables de recaudar y remitir el IVA en determinadas transacciones, por ejemplo, porque son proveedores individuales o pequeñas empresas que no están obligadas a registrarse a efectos del IVA. Esto busca garantizar una competencia equitativa con los proveedores tradicionales.

Registro único del IVA para ventas transfronterizas

Desde el 1 de enero de 2027 se ampliará el sistema de ventanilla única (OSS) y el sistema de ventanilla única de importación (IOSS) para que las empresas que venden a consumidores en toda la UE puedan registrarse una sola vez a efectos del IVA y cumplir con sus obligaciones en toda la Unión. Esta medida busca reducir significativamente la carga administrativa y los costos de cumplimiento para las empresas que operan en múltiples Estados miembros con menos trámites.

Por qué se han aprobado estos cambios

Para contextualizar la aprobación de estas nuevas medidas, desde la Comisión Europea explican que en 2020, los países de la UE perdieron aproximadamente 99.000 millones de euros en ingresos por IVA, de los cuales se estima que una cuarta parte se debió directamente al fraude relacionado con el comercio intracomunitario.

Además, aseguran que las actuales disposiciones del IVA pueden resultar complejas y engorrosas para las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, y aquellas que operan a nivel transfronterizo. Los organismos oficiales esperan que las acciones clave propuestas en el ViDA ayuden a los países de la UE a recaudar hasta 18.000 millones de euros más en ingresos por IVA anualmente, de los cuales 11.000 millones provendrían de medidas antifraude. 

Por otro lado, las nuevas medidas disminuirán los costos administrativos y de cumplimiento para los comerciantes de la UE en más de 4.100 millones de euros anuales durante los próximos diez años. Además, garantiza que, con el tiempo, los sistemas nacionales existentes converjan en toda la UE y allana el camino para que los países que deseen introducir sistemas nacionales de notificación digital para el comercio nacional puedan hacerlo.

Foto: Comisión Europea

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La campaña de la renta 2024 tendrá en cuenta las transacciones de los contribuyentes en plataformas digitales en las que se alquilen, vendan o compren bienes o inmuebles. Ante las numerosas dudas que ha generado este hecho, Wallapop ha decidido aliarse con TaxDown, la plataforma que facilita la declaración de impuestos en España, para informar a sus usuarios y usuarias.

Menos del 1% de los usuarios de Wallapop deberán pagar a Hacienda por sus ventas en la plataforma

El 1 de enero de 2024 comenzó a aplicarse la directiva europea DAC7. Esta estipula que todas las plataformas de compraventa online de productos reutilizados que operan en Europa deben compartir anualmente con la Agencia Tributaria los datos fiscales de los usuarios y usuarias que, en un año natural, acumulen 30 o más ventas u obtengan ganancias superiores a 2.000 euros, después de impuestos.

Esto significa que, aquellas personas que hayan superado estos límites deberán incluir las ventas de productos reutilizados en su declaración de la renta. Sin embargo, Wallapop y TaxDown aclaran que la tributación de las ventas de segunda mano no ha cambiado, por lo que en el caso de las operaciones entre particulares, «solo deberán tributar las ventas que hayan generado una ganancia patrimonial, es decir, aquellas en las que el precio de venta haya sido superior al precio de compra».

Así mismo, Wallapop asegura que, de acuerdo con sus datos, la mayoría de sus más de 19 millones de personas usuarias no deberá tributar por sus ventas en la plataforma. Y es que, según su estudio, La Red del Cambio, más del 90% de las transacciones de venta de productos se realizan a un precio inferior o igual al de compra, por lo que no son susceptibles de tributar por el IRPF.

Por otra parte, Wallapop estima que menos de un 1% de los usuarios y usuarias es susceptible de alcanzar los límites de DAC7 en un año tipo.

Edurne de Oteiza, responsable de innovación y gestión en Wallapop, explica: «La gran mayoría de las ventas a través de Wallapop se realizan por un precio inferior al de compra, por lo que no genera nueva riqueza. Sin embargo, sí ayudan a las familias a aliviar su estrés financiero y promueven un consumo responsable al dar una segunda vida a los objetos.

Realizar 30 ventas o más o superar los 2.000 euros en transacciones, no implica la obligación de pagar impuestos por las ventas en Wallapop. Solo se tributa cuando los productos se venden por un precio superior al de compra y se genera una ganancia, algo que solo sucede en menos de 1 de cada 10 casos».

Cómo declarar las ventas de productos reutilizados

TaxDown explica que «los beneficios de estas ventas computan como ganancias patrimoniales por la base del ahorro, y tributan entre el 19% y el 28%, en función del beneficio obtenido». Estos beneficios deberán incluirse en la Renta en el apartado “Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones de otros elementos patrimoniales”, a partir de la casilla 1624. El contribuyente deberá pagar al fisco entre el 19% y el 23%, según el beneficio obtenido.

Los vendedores profesionales (autónomos o empresas), deberán tributar en las mismas condiciones que cualquier otro negocio, emitiendo una factura con IVA  para cada artículo, e incluyendo estos ingresos en su declaración de la renta.

Aitor Fernández, experto fiscal de TaxDown, subraya que: «Cada vez más contribuyentes generan ingresos a través de plataformas digitales. Es importante que los usuarios revisen su actividad y declaren correctamente estos ingresos siempre que hayan tenido ganancias para evitar sorpresas con Hacienda.

En el caso de la segunda mano, es clave poder justificar el valor de compra del bien vendido. Si se vende por un precio inferior al original, no se genera una ganancia patrimonial y, por tanto, no hay que tributar. Ante cualquier duda sobre la tributación de ingresos digitales, es recomendable consultar con un experto fiscal. Cada situación es distinta, y errores u omisiones pueden derivar en sanciones o pagos imprevistos».

Foto: Canva

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La batalla entre el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) y Google, por el caso abierto contra la tecnológica y su negocio monopolístico, continúa su curso. El último en mover ficha ha sido el DOJ, que el pasado viernes 7 de marzo publicó una nueva propuesta de sentencia final en la que mantiene las presiones para que Google venda Chrome, pero cede en lo que respecta a su negocio de IA.

Desde que el pasado 5 de agosto de 2024 el juez Amit P. Mehta, del Tribunal de Distrito de EE.UU., concluyó que «Google es un monopolista, y ha actuado para mantener su monopolio», hemos sido testigos de la contienda entre el DOJ y el gigante tecnológico.

En noviembre de 2024, el DOJ publicó una propuesta de sentencia final en la que ponía de manifiesto que «Google ha mantenido ilegalmente sus monopolios en los servicios generales de búsqueda y en la publicidad de texto de búsqueda a través de una red de prácticas anticompetitivas». Este hecho no solo dañaría a los otros agentes del mercado, sino también a los usuarios y usuarias.

Así mismo, la sentencia recogía un conjunto de medidas estructurales y conductuales entre las que se encontraba la exigencia de que Google venda Chrome. «Google debe vender Chrome inmediata y completamente a un comprador aprobado por los Demandantes a su entera discreción, sujeto a los términos que el Tribunal y los Demandantes aprueben».

Google respondió presentando sus propias propuestas de reparación en diciembre de 2024. Estas se basaban en tres ejes: acuerdos del navegador, contratos de Android y supervisión y cumplimiento. Ahora, el DOJ ha vuelto a presentar una propuesta de sentencia en la que rebaja sus exigencias en algunos planos, pero no en lo que respecta a Chrome.

Google no tendrá que deshacerse de sus inversiones en IA

El objetivo del Departamento de Justicia de EE.UU. es restaurar la competencia en los mercados que actualmente se encuentran bajo el dominio monopolístico de Google. Tal y como destacan en su nueva propuesta de sentencia final: «Google es la puerta de entrada a Internet», lo que provoca una gran dependencia por parte de los usuarios y usuarias hacia esta compañía.

«La conducta anticompetitiva de Google ha negado a los usuarios un valor estadounidense básico: la capacidad de elegir en el mercado. A través de su gran tamaño y poder ilimitado, Google ha privado a los consumidores y las empresas de una promesa fundamental que debían al público: su derecho a elegir entre servicios en competencia», explica el DOJ.

La nueva propuesta del DOJ mantiene los “componentes centrales” de su primera versión (como la venta de Chrome o la prohibición de los pagos relacionados con la búsqueda a sus socios de distribución), pero ha aplicado cambios en lo que respecta a algunos puntos relevantes. Destacando el hecho de que ya no se solicita que Google se deshaga de sus inversiones en IA.

El conjunto de medidas principales que exige el DOJ en su última propuesta son las siguientes:

• Prohibición (con excepciones limitadas) de realizar pagos relacionados con las búsquedas a Apple y a socios de distribución.
• Google deberá vender Chrome para favorecer la competencia.
• Google deberá compartir datos relevantes con otros actores del mercado para compensar la desventaja de escala que su conducta monopolística ha generado.
• Obligación de notificar previamente cualquier inversión en empresas de IA, motores de búsqueda o publicidad en búsqueda.
• Google no podrá usar su ecosistema (como Android, YouTube o IA) para favorecer su motor de búsqueda.
• Establecimiento de “pantallas de elección” en dispositivos para permitir a los usuarios seleccionar su motor de búsqueda preferido en vez de imponer Google como opción predeterminada.
• Posibilidad de obligar a Google a desinvertir en Android, pero solo si las demás medidas no funcionan.

El juez Amit P. Mehta escuchará los argumentos de Google y del DOJ durante la audiencia sobre recursos que se celebrará el próximo mes de abril.

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Una nueva estafa phishing está amenazando la ciberseguridad de múltiples usuarios y usuarias. En esta ocasión, los ciberdelincuentes se hacen pasar por Temu, el marketplace low cost, estableciendo contacto vía email con la falsa promesa de regalar una “caja misteriosa”. A cambio, se le solicita a la persona que rellene un formulario en el que se piden datos sensibles, tanto personales como bancarios.

Ante el peligro que supone esta estafa de suplantación, Temu ha decidido pronunciarse, compartiendo información sobre sus prácticas de seguridad. Además, ha querido recordar a sus clientes que nunca solicitará información personal o bancaria en sus comunicaciones comerciales.

«Temu no envía correos electrónicos no solicitados para requerir datos de pago a cambio de premios. La estafa de phishing es un problema generalizado que afecta a muchas empresas, no es algo exclusivo de Temu.

Supervisamos activamente y denunciamos actividades fraudulentas que hacen un uso indebido de nuestra marca, y alentamos a los usuarios a verificar las comunicaciones consultando la aplicación o el sitio web oficial de Temu.

Si recibes un correo sospechoso, no hagas clic en ningún enlace y repórtalo a nuestro equipo de atención al cliente», afirma la persona portavoz de Temu.

Así son las prácticas ciberseguridad y privacidad de Temu

El gigante del eCommerce chino Pinduoduo, creó y lanzó Temu en Estados Unidos en septiembre de 2022. El éxito de este marketplace low cost no tardó en traspasar fronteras y, en abril de 2023, se expandió a Europa. Actualmente, Temu tiene presencia en 80 mercados a nivel mundial, incluyendo los 27 estados miembros de la UE, así como a Reino Unido, Suiza y Noruega.

De acuerdo con datos de Temu, su plataforma tuvo una media de 93,7 millones de usuarios y usuarias mensuales en la UE entre el 1 de abril y el 30 de octubre de 2024. Además, Apple nombró a la app de Temu como la más popular en iPhone en 24 de los aproximadamente 30 mercados donde publica clasificaciones localizadas, estando España entre ellos.

Teniendo en cuenta estas cifras, queda patente el riesgo de la estafa phishing que está suplantando la identidad del famoso marketplace, dado el alcance que puede presentar. Para cerciorarse de que sus clientes están a salvo e informados, Temu ha compartido con nosotros las claves de sus prácticas de ciberseguridad y privacidad de datos.

Recopilación de datos

En lo que respecta a la recopilación de datos personales, Temu explica que únicamente solicita información esencial, como nombres de usuario y direcciones, para tramitar las transacciones y mejorar su servicio. Además, afirma que: «estas prácticas de recopilación de datos se ajustan a los estándares de la industria para las plataformas de comercio electrónico.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Pruebas de Seguridad de Suiza, la aplicación de Temu pide permisos en menor cantidad y menos intrusivos que otras aplicaciones similares de la competencia». Puedes acceder a más información en el Centro de Seguridad de Temu.

Seguridad en los pagos

Temu aplica medidas de seguridad avanzadas en el proceso de pago, protegiendo las transacciones de sus clientes. «La plataforma cumple con las Normas de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI DSS) y está asociada con proveedores de pago internacionales de confianza como Visa Secure y Mastercard Identity Check.

Temu también acepta monederos digitales seguros como PayPal, Google Pay y Apple Pay y utiliza la autenticación en dos fases (2FA) para proporcionar una protección adicional contra el acceso no autorizado.

Además, Temu es miembro del Grupo de Trabajo Anti-Phishing (APWG), una coalición mundial dedicada a la lucha contra el phishing y el fraude en línea a través de inteligencia compartida y estrategias avanzadas».

Sumado a esto, la empresa recalca que los usuarios y usuarias solo deben comprar en la web o app oficiales de Temu, previniendo así estafas por parte de webs que son una copia de su marketplace. Puedes notificar actividades sospechosas en el portal habilitado para ello.

Temu cumple con el RGPD

«Temu cumple con todas las leyes locales, incluido el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Temu garantiza a los usuarios de la Unión Europea (UE), el Espacio Económico Europeo (EEE), el Reino Unido (R. U.) y Suiza que sus datos están almacenados de manera segura en una infraestructura en la nube ubicada en el Espacio Económico Europeo».

El marketplace afirma que este compromiso se alinea con los estándares de la industria para garantizar y salvaguardar la privacidad y la seguridad de sus clientes.

Uso de cifrado de datos

El marketplace asegura que utiliza el cifrado para proteger los datos de los usuarios de accesos autorizados. «Estas capas de cifrado son medidas de seguridad estándar implementadas para salvaguardar la información sensible y garantizar el cumplimiento de las directrices de iOS y Android».

Respaldo de instituciones independientes

Temu presume de que reputadas instituciones independientes han reconocido su compromiso con la privacidad y seguridad.

Este es el caso de, por ejemplo, la agencia alemana DEKRA, que ha certificado la app de Temu por cumplir las normas de Evaluación de Seguridad de Aplicaciones Móviles (MASA). «Esta certificación subraya las sólidas medidas de privacidad de datos, los requisitos mínimos de permisos y las prácticas de alta seguridad de la aplicación», exponen desde Temu.

Colaboración

Por último, la plataforma marketplace señala su participación en iniciativas de la industria encaminadas a salvaguardar y fomentar la ciberseguridad y la privacidad. Algunas de estas son:

• HackerOne: colaboran con esta destacada plataforma de ciberseguridad, para identificar y abordar posibles vulnerabilidades a través de un programa de recompensas por errores.
• Grupo de Trabajo Anti-Phishing (APWG): Temu es miembro de esta coalición mundial que busca combatir el phishing y el fraude online compartiendo información y estrategias con los líderes del sector.

Foto: Depositphotos

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La Comisión Europea ha anunciado nuevas medidas para mitigar los riesgos derivados de la importación masiva de productos de bajo valor desde minoristas y marketplaces extracomunitarios. Estas acciones forman parte de la estrategia ‘A Comprehensive EU Toolbox for Safe and Sustainable E-commerce’, cuyo objetivo es garantizar un comercio electrónico seguro y sostenible en la UE.

Crecimiento de las importaciones y sus riesgos

De acuerdo con datos de la Comisión, en 2024 se registraron 4.600 millones de envíos de bajo valor (productos con un coste inferior a 150 euros) ingresando al mercado europeo, lo que representa 12 millones de paquetes diarios. Esta cifra duplica la de 2023 y triplica la de 2022, y ha suscitado preocupaciones por la entrada de productos no conformes con la legislación europea.

“En 2024, el 91% de todos los envíos de comercio electrónico por valor de hasta 150 euros que entraron en la UE procedieron de China y su volumen se duplicaron con creces entre 2023 y 2024: de 1.900 millones a 4.170 millones de artículos. Este aumento coincide con el crecimiento extremadamente rápido de ciertos eCommerce. Temu y Shein, en particular, han crecido exponencialmente en el mercado de la UE, escalando a más de 75 millones de usuarios en la UE en unos pocos meses en 2024″, explica el informe.

De acuerdo con el extenso informe publicado por la Comisión, gran parte de los productos importados no cumplen con las regulaciones de la UE, lo que supone riesgos para la salud y seguridad del consumidor. Los principales problemas detectados son:

• Productos peligrosos que no cumplen con las normativas de seguridad.
• Competencia desleal para los minoristas europeos que deben cumplir con estrictos estándares de calidad. Las empresas europeas cumplen estrictas normativas ambientales y de seguridad, mientras que algunos vendedores extranjeros eluden estas responsabilidades, generando una situación de desigualdad.
• Impacto ambiental derivado del alto volumen de envíos y transporte. El modelo de envíos masivos individuales aumenta la huella de carbono y la generación de residuos, en especial con productos de baja calidad y difícil reciclaje.

La Comisión busca garantizar que los consumidores europeos puedan disfrutar de un eCommerce seguro, con acceso a productos asequibles y de calidad, al mismo tiempo que protege la competitividad de las empresas locales.

Reformas clave en aduanas y comercio

Para abordar estos desafíos, la Comisión ha propuesto nuevas acciones conjuntas enfocadas en el refuerzo del control de importaciones. Con este paquete de medidas, la UE busca equilibrar los beneficios del comercio digital con la necesidad de garantizar un mercado seguro, sostenible y competitivo para consumidores y empresas:

• Se busca eliminar la exención de derechos de aduana para paquetes de menos de 150 euros y mejorar la supervisión mediante el intercambio de datos y evaluación de riesgos. Esta es una medida realmente dura para todos aquellos operadores online cuyo negocio vive de vender grandes volúmenes productos importados de bajo valor y con bajo margen. Hasta ahora, sus precios no tenían que repercutir estos costes aduaneros, lo que les permitía competir en ventajas favorables.
• También se está considerando la imposición de una tarifa de gestión no discriminatoria para envíos de eCommerce, un posible cargo adicional que se podría imponer a todos los paquetes importados directamente por consumidores desde fuera de la UE, independientemente de su origen o valor. La supervisión aduanera genera costes administrativos elevados para las autoridades encargadas de controlar la seguridad y cumplimiento de normativas de los productos importados. El término “no discriminatoria” indica que esta tarifa se aplicaría a todos los envíos de eCommerce importados, sin importar el país de origen ni el minorista, ni su valor.
• Controles coordinados: Se realizarán inspecciones conjuntas entre aduanas y autoridades de vigilancia del mercado para detectar productos no conformes, retirarlos del mercado y recopilar datos que permitan mejorar el análisis de riesgos.
• Protección del consumidor en marketplaces: Se reforzará el cumplimiento de normativas clave como el Digital Services Act (DSA), el Digital Markets Act (DMA) y la Regulación General de Seguridad de Productos.
•  Se implementará el Pasaporte Digital del Producto que permitirá rastrear el origen y cumplimiento normativo de los productos. y nuevas herramientas de inteligencia artificial para detectar productos potencialmente peligrosos.
• Se impulsará la adopción del Reglamento de Ecodiseño para Productos Sostenibles y la enmienda de la Directiva sobre Residuos para reducir la huella ambiental del eCommerce.
• Se lanzarán campañas de concienciación sobre derechos del consumidor y mecanismos de reclamación.
• Se reforzará la colaboración con socios comerciales y se evaluarán casos de dumping y subsidios que puedan afectar la competitividad de las empresas europeas.

Caso Shein y próximas acciones

Además, la Comisión y la Red de Cooperación para la Protección del Consumidor (CPC) han informado a Shein sobre el inicio de una acción coordinada de supervisión para comprobar si ha llevado a cabo prácticas desleales que afecten a la competencia. En un plazo de un año, la Comisión evaluará los efectos de las medidas implementadas y publicará un informe con los hallazgos. Si se considera necesario, se podrían adoptar nuevas propuestas para fortalecer la aplicación de las normas de la UE.

Tal y como te contamos hace meses, en 2024 la Comisión ya había puesto bajo su radar la actividad de este gigante emergente de la moda online. En ese momento había designado a Shein como una “plataforma en línea de muy gran tamaño” (VLOP, por sus siglas en inglés), en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA). Esta clasificación se debe a que Shein supera los 45 millones de usuarios mensuales en la Unión Europea, umbral establecido por la DSA para esta categoría.  Para Shein, esto implicaba una mayor responsabilidad en la supervisión de su catálogo de productos y en la protección de los derechos de los consumidores europeos. La empresa deberá adaptarse rápidamente a estas regulaciones para mantener su posición en el mercado europeo.

Imagen: Flux Schnell

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Elon Musk ha decidido arremeter contra más marcas e incluirlas en su demanda por supuesto boicot publicitario a X (Twitter). El magnate inició este procedimiento en agosto de 2024, al demandar a la Federación Mundial de Anunciantes (WFA), a su iniciativa Global Alliance for Responsible Media (GARM), y, concretamente, a 4 marcas pertenecientes a este grupo: CVS, Unilever, Mars y Ørsted.

El último paso de Musk ha sido agregar una serie de enmiendas a la demanda para así acusar a más grandes marcas. Lego, Nestlé, Pinterest, Colgate-Palmolive, Abbott Laboratories, Shell International o Tyson Foods; son algunas de las afectadas. Así mismo, se sigue señalando a WFA como responsable e instigadora de la acción coordinada.

Musk carga contra más marcas y las acusa de violar las leyes antimonopilio

Con la compra de Twitter por parte de Elon Musk y su posterior metamorfosis en X, la red social ha cambiado en muchos aspectos, algo que provocó que grandes anunciantes retirasen su publicidad de la plataforma. El miedo a aparecer junto a discursos de odio o desinformación impulsó a estas marcas a abandonar X.

Esto, por supuesto, no sentó nada bien a la red social. El contraataque de Musk fue interponer una denuncia contra GARM, WFA y las marcas CVS, Unilever, Mars y Ørsted. Por su parte, Linda Yaccarino, CEO de X, llegó a acusar públicamente a estas empresas de haberse organizado de forma ilegal con el objetivo de «retener colectivamente miles de millones de dólares en publicidad de Twitter» porque al grupo le preocupaba que la plataforma no cumpliera con los estándares de seguridad para las marcas.

Por el momento, este procedimiento ya ha provocado el cierre de la iniciativa GARM perteneciente a WFA. Así mismo, en octubre, Unilever volvió a invertir en publicidad en X, siendo borrada de la demanda.

Ahora, X acusa a las marcas que ha incluido recientemente en su demanda de violar las leyes antimonopolio y de conspirar entre ellas de forma consciente para recortar la financiación publicitaria en la red social por valor de “miles de millones de dólares”.

Así mismo, la nueva posición de poder de Musk como administrador del Departamento de Eficiencia Gubernamental de la Casa Blanca, podría influir en las decisiones que tomen las marcas a las que se enfrenta. Estas podrían seguir el ejemplo de otras empresas, como Disney o Warner Bros, que han vuelto a acercar posturas con el magnate y su red social tras saberse que Musk ocuparía un puesto destacado si Trump se hacía con la presidencia de Estados Unidos.

Foto: Depositphotos

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El Garante de la protección de datos personales (GPDP) de Italia ha ordenado el bloqueo de DeepSeek en el país y ha iniciado una investigación al respecto. A través de un comunicado oficial, la autoridad de protección de datos italiana ha informado de la medida tan solo un día después de haber solicitado a la compañía investigadora de IA información acerca de sus mecánicas de recopilación y tratamiento de datos de los usuarios y usuarias.

La respuesta de DeepSeek ha sido insuficiente

El pasado miércoles 29 de enero, el GPDP realizaba una solicitud de información formal a Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence y Beijing DeepSeek Artificial Intelligence, empresas que prestan el servicio de chatbot DeepSeek. En esta se le requería acerca de las siguientes cuestiones:

• Qué datos personales se recogen
• De qué fuentes
• Con qué objetivo
• Cuál es la base jurídica del tratamiento
• Si esta información está almacenada en servidores ubicado en China

Si bien en la notificación se exponía que DeepSeek contaba con un plazo de 20 días para responder, El GPDP de Italia solo ha tardado un día en tomar la decisión de bloquear la IA en el país.

El 30 de enero, el organismo informó de que Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence y Beijing DeepSeek Artificial Intelligence habían respondido a la solicitud aportando información «cuyo contenido fue considerado completamente insuficiente». Así mismo, ambas compañías declararon que no operan en Italia, por lo que la legislación europea no se les aplica. Por su parte, el GPDP señala que ha constatado lo contrario.

Por estos motivos, la autoridad de protección de datos italiana ha «ordenado urgentemente, con efecto inmediato, la limitación del tratamiento de los datos de los usuarios italianos con respecto a Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence y Beijing DeepSeek Artificial Intelligence, las empresas chinas que proporcionan el servicio de chatbot DeepSeek». Sumado a esta decisión, se el GPDP ha abierto una investigación.

Italia también bloqueó ChatGPT en el pasado

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el Garante de la protección de datos personales de Italia bloquea una IA en el país. El pasado 31 de marzo de 2023, bloqueó ChatGPT en Italia tras señalar a OpenAI por invadir los datos de sus usuarios y usuarias. Además, al igual que en el caso de DeepSeek, se inició una investigación en contra de la compañía de inteligencia artificial.

Foto: GPT4

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En diciembre de 2023, el BOE publicó el Real Decreto 1007/2023, conocido como Reglamento VeriFactu, el cual define los requisitos y especificaciones técnicas que deben cumplir las empresas al emplear sistemas informáticos de facturación (SIF).

Este documento incluye a VeriFactu, un nuevo sistema de facturación electrónica creado por la Agencia Tributaria de Recaudación (AEAT), que entrará en vigor en 2026. Como explica la misma Agencia en su web, “Este reglamento y el real decreto que lo aprueba imponen una serie de requisitos a los sistemas informáticos que se utilicen para expedir facturas, con el objetivo de evitar o dificultar y detectar que se pueda cometer fraude en ese proceso”.

VeriFactu no es obligatorio, sino opcional, pero si la empresa decide no utilizarlo, deberá adaptar su SIF a la nueva normativa, que exige una serie de estrictos requisitos.

Qué es VeriFactu y cómo funciona

VeriFactu es un sistema de facturación que permitirá a la Agencia Tributaria recibir en tiempo real los registros de facturación de los contribuyentes, eliminando la posibilidad de manipulación posterior y garantizando la autenticidad de las operaciones comerciales.

Opera mediante un software de facturación que permite el envío inmediato y seguro de las facturas a la Agencia Tributaria a través de medios telemáticos.

El proceso consta de tres pasos: primero, el contribuyente introduce la transacción en el programa; luego, el software envía la factura y sus detalles técnicos a la AEAT en tiempo real, utilizando el formato XML; finalmente, cuando la factura es emitida al cliente, esta incluirá en la parte superior la marca “Veri*Factu”, asegurando su conformidad con el sistema.

VeriFactu forma parte de un esfuerzo más amplio de digitalización en el ámbito tributario y se alinea con la implantación de la Factura Electrónica obligatoria, derivada de la Ley Crea y Crece, que obliga a las pymes y autónomos con ingresos inferiores a ocho millones de euros anuales a emitir facturas digitales a partir de 2027.

A quiénes afecta y cuándo entra en vigor

VeriFactu afectará a todas las empresas y autónomos que emitan facturas electrónicas en España, independientemente de su tamaño o sector. Su implementación será obligatoria a partir de 2026, aunque con plazos diferenciados:

• Empresas: deberán adaptar sus sistemas de facturación antes del 1 de enero de 2026.
• Autónomos: tendrán hasta el 1 de julio de 2026 para cumplir con la normativa.

Además, también impactará a proveedores de software de facturación, quienes deberán asegurarse de que sus programas cumplan con los requisitos técnicos exigidos por la Agencia Tributaria (AEAT).

Dos modalidades de implementación

El sistema contempla dos maneras de operar para los contribuyentes. Por un lado, la modalidad VeriFactu permitirá que los registros de facturación sean enviados de forma automática e inmediata a la Agencia Tributaria, lo que eximirá a las empresas de la obligación de conservar físicamente los documentos.

Por otro lado, aquellos que opten por la modalidad no VeriFactu podrán seguir utilizando sus propios sistemas de almacenamiento sin enviar la información en tiempo real. Sin embargo, en este caso, el software de facturación deberá cumplir con estrictos requisitos de integridad, accesibilidad y trazabilidad para garantizar que las facturas no sean alteradas tras su emisión.

Requisitos técnicos para las empresas y autónomos

Las empresas y autónomos que operen bajo el nuevo sistema deberán asegurarse de que sus programas de facturación cumplan con las especificaciones técnicas establecidas por la Agencia Tributaria. Entre los requisitos más importantes se encuentran:

• Generar de un código hash: cada factura deberá incluir un identificador único que garantice su autenticidad e inalterabilidad.
• Crear un registro seguro e inalterable: los datos de facturación deberán almacenarse de manera que no puedan ser modificados sin dejar rastro.
• Compatibilidad con la firma electrónica: en la modalidad no VeriFactu, las facturas deberán contar con una firma digital que asegure su validez legal.
• Permitir la entrada, almacenamiento y procesamiento de datos por cualquier método, ya sea en el propio software, en un soporte externo o mediante envío telemático.
• Incluir un código QR para facilitar la digitalización y permitir el envío continuo y automático de los datos a la Agencia Tributaria.

Las sanciones por incumplimiento pueden alcanzar los 150.000 euros para los proveedores de software no homologados y hasta 50.000 euros para los usuarios que utilicen sistemas que no cumplan con la normativa. Sin embargo, estas multas no se aplicarán hasta la publicación oficial del Reglamento técnico mediante una Orden Ministerial.

Características esenciales que deben tener los sistemas de facturación

El reglamento también define las características que tiene que tener un software o sistema de facturación electrónica:

• Accesibilidad y legibilidad: los registros deben ser claros y fáciles de consultar.
• Integridad e inalterabilidad: no pueden modificarse sin dejar rastro; las correcciones se realizan con facturas de rectificación o mediante anulación.
• Trazabilidad: deben registrar la fecha exacta de cada operación para garantizar su seguimiento.
• Conservación e inmutabilidad: la información debe almacenarse de forma segura y sin posibilidad de alteración sin que el sistema lo detecte.

Estas medidas buscan reforzar la transparencia y control fiscal, asegurando un registro fiable y seguro de todas las transacciones comerciales.

Impacto y desafíos para los emprendedores

La implementación de VeriFactu supone un cambio significativo en la forma en que las empresas y profesionales gestionan su facturación. Aunque el sistema promete facilitar el cumplimiento tributario y reducir la carga administrativa a largo plazo, también implicará una inversión en nuevos programas de facturación homologados.

Para las grandes empresas, que ya trabajan con sistemas electrónicos avanzados, la transición será más sencilla. Sin embargo, para los pequeños negocios y autónomos, que hasta ahora han utilizado herramientas básicas como Excel o PDF para la emisión de facturas, la adaptación supondrá un reto mayor.

Ante esta situación, la Agencia Tributaria recomienda a los contribuyentes comenzar cuanto antes con la actualización de sus sistemas de facturación para evitar problemas al acercarse las fechas límite de obligatoriedad.

Foto: Depositphotos

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Llevamos unas semanas (años) moviditas en el campo de la inteligencia artificial. Cada vez son más las novedades y cada vez son más los players que entran al terreno de juego. Con la llegada de Deepseek, muchos desarrolladores y profesionales de la IA están fascinados con sus funcionalidades.

Sin embargo, en Europa, ya comienzan a preocuparse por la manera que tiene esta nueva inteligencia artificial china de recopilar información. Italia ha enviado una solicitud de información formal a Deepseek para abordar esta cuestión asegurando que “datos de millones de italianos podrían estar en riesgo”. Tienen 20 días para responder.

Por qué Italia solicita información a Deepseek

En el comunicado emitido por el Garante de la protección de datos personales (GPDP) de Italia, le pide información a Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence y Beijing DeepSeek Artificial Intelligence, las empresas que prestan el servicio de chatbot DeepSeek, tanto basado en web como en app sobre:

• Qué datos personales se recogen
• De qué fuentes
• Con qué objetivo
• Cuál es la base jurídica del tratamiento
• Si esta información está almacenada en servidores ubicado en China

Ya que lo consideran un posible alto riesgo para los datos de millones de personas en Italia.

A mayores, también hicieron preguntas sobre con qué información se entrena dicha inteligencia artificial. Además, añaden: “si los datos personales se recogen mediante actividades de web scraping (técnica utilizada mediante programas de software para extraer información de sitios web), que aclaren cómo se ha informado o se informa a los usuarios registrados y no registrados del servicio sobre el tratamiento de sus datos.”

Por el momento, la aplicación de Deepseek ha sido eliminada de las tiendas de aplicaciones según informa el medio TechCrunch.

En cuanto a la Unión Europea, no se han pronunciado oficialmente. Sin embargo, Thomas Regnier, portavoz de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, ha asegurado en una reciente rueda de prensa que la Ley de la IA se aplica para todos los servicios de inteligencia artificial ofrecidos en la región por igual. Por lo que si Deepseek no cumple con alguno de los puntos indicados en esta ley, tendrá que hacerlo si quiere seguir en Europa.

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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto una multa de 20.000 euros a Nude Project, S.L., la reconocida empresa española de moda urbana, por infringir el artículo 21 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI). La sanción se debe al envío de comunicaciones comerciales electrónicas sin el consentimiento previo de los destinatarios.

Qué fue lo que sucedió

Un cliente fue a una tienda física de Nude Project y, luego de realizar la compra, le explicaron que no podían dar el ticket en papel, por lo que necesitaban el email del comprador para envíarselo de forma telemática. El cliente proporcionó sus datos en una tablet pero, según indica, en ese momento no le consultaron si al dar su email estaba de acuerdo con recibir comunicaciones comerciales de la empresa.

Luego de la compra, el damnificado comenzó a recibir correos electrónicos publicitarios en su bandeja de entrada y decidió iniciar un reclamo en la AEPD.

El fallo de la AEPD

La AEPD concluyó que Nude Project no presentó evidencia suficiente de que el consentimiento del cliente para recibir publicidad se hubiera obtenido de forma válida, específica e informada, como exige el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Además, señaló que la opción para rechazar la recepción de comunicaciones comerciales no estaba claramente implementada ni registrada adecuadamente. La agencia consideró que la empresa actuó con intencionalidad, al no cumplir con el deber de cuidado que la normativa impone.

Por ello, se consideró que Nude Project vulneró el artículo 21.1 de la LSSI, que prohíbe el envío de comunicaciones comerciales no solicitadas o no autorizadas de forma expresa. A pesar de que la infracción fue calificada como leve, el organismo aplicó una multa de 20.000 euros debido a la intencionalidad y a la “falta de perjuicios significativos y beneficios derivados del envío de los correos”, según indica el fallo.

La respuesta de Nude Project

A través de un comunicado de Zabia Abogados, la empresa manifestó que el cliente había consentido al marcar una opción en una tablet del establecimiento y que existía la posibilidad de darse de baja a través de un enlace en los correos electrónicos.

Es su defensa, Nude Project dijo que:

• Hubo consentimiento expreso para el envío de comunicaciones comerciales. Además, aseguró la opción de recibir publicidad estaba desmarcada por defecto en la tablet usada para la recogida de datos. Se aportaron capturas de pantalla que mostraban esta configuración, incluida la casilla de publicidad por SMS, que permaneció desmarcada en el caso del reclamante, pero no fueron consideradas suficientes por la AEPD.
• El envío de comunicaciones estaba amparado en el apartado segundo del artículo 21 de la LSSI. Este permite el envío de comunicaciones comerciales en el marco de una relación contractual previa, siempre que los datos se hayan obtenido lícitamente y se refieran a productos similares a los contratados.
• Se facilitó un mecanismo claro para darse de baja de las comunicaciones comerciales en cada correo enviado, el cual el reclamante utilizó posteriormente. Desde ese momento, no se enviaron más correos publicitarios.
• La AEPD no analizó en profundidad la aplicabilidad del artículo 21.2 de la LSSI, que permite comunicaciones comerciales basadas en relaciones contractuales previas bajo ciertas condiciones.
• El ticket impreso estaba disponible, pero su política prioriza el uso del formato digital para reducir el consumo de papel.

Desde Marketing4ecommerce nos comunicamos con la empresa para consultarle sobre el fallo, pero prefirieron no hacer declaraciones sobre el asunto.

Implicaciones para el sector eCommerce

El fallo de la AEDP resalta la importancia de que las empresas de eCommerce y marketing digital obtengan y conserven registros claros y verificables del consentimiento de los clientes para recibir comunicaciones comerciales. Además, deben proporcionar mecanismos accesibles y evidentes para que los usuarios puedan rechazar o revocar su consentimiento en cualquier momento. El incumplimiento de estas normativas no solo conlleva sanciones económicas, sino que también puede afectar negativamente la reputación de la marca y la confianza de los consumidores.

Foto: Nude Project

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El Tribunal Supremo ha confirmado la condena contra el youtuber Daniel Santomé, conocido como Dalas Review, por vulnerar el honor y la imagen del padre de su expareja, Miare. El creador de contenido deberá indemnizar al demandante con 12.000 euros y publicar la sentencia en su canal de YouTube -que cuenta con 11,2 millones de seguidores- en cuatro ocasiones a lo largo de un mes. Este fallo establece un precedente inédito en España al obligar a un influencer a difundir una sentencia condenatoria en su propia plataforma.

La sentencia fue destacada por el abogado del demandante, David Bravo, quien subrayó la importancia de esta decisión para regular los límites de la libertad de expresión en plataformas como YouTube. Aunque ya existían precedentes similares en redes sociales como Twitter, este caso marca un nuevo hito en la jurisprudencia digital española.

También lo remarca el periodista Rubén Sánchez, especializado en fuentes de información y bulos en su cuenta de X, donde comparte una imagen del fallo judicial:

Los hechos detrás de la condena

Los hechos se remontan a una serie de vídeos publicados por Dalas Review, en los que insultó a su exsuegro con términos como “maltratador”, “agresor de mierda” y “enfermo mental”, acompañados de imágenes del afectado sin su autorización. Estas acciones llevaron al Juzgado de Primera Instancia número 5 de Barcelona a dictar una sentencia inicial, calificándolas como una intromisión ilegítima en el derecho al honor y la propia imagen.

El youtuber apeló esta decisión ante la Audiencia Provincial de Barcelona, que confirmó la condena. Finalmente, el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación presentado por Santomé, declarando firme la sentencia. El alto tribunal argumentó que la decisión no vulnera la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el equilibrio entre libertad de expresión y protección del honor.

Además, el caso de Dalas Review se enmarca dentro de una serie de conflictos legales previos entre el influencer y su expareja, que abarcan disputas por la custodia de un perro y acusaciones cruzadas de difamación. Estas controversias han abierto un debate sobre los límites de la libertad de expresión y la necesidad de proteger los derechos fundamentales en el entorno digital.

No todo vale en las redes sociales

Esta sentencia destaca por su enfoque innovador: obligar al infractor a publicar el fallo judicial en el mismo medio donde ocurrió la infracción. La intención es reparar el daño causado y enviar un mensaje claro sobre la responsabilidad en la difusión de contenidos. Este precedente subraya la importancia de que los creadores de contenido sean conscientes del impacto de sus publicaciones en su amplia audiencia.

Esto también debería ser un llamado de atención para las marcas y su alianza con influencers a la hora de armar una estrategia de comunicación. Si bien, algunos creadores de contenido tienen un gran alcance por su cantidad de seguidores, también pueden generar rechazo en parte del público por su contenido polémico. Por ejemplo, la alianza entre Worten y Llados para el Black Friday de 2023, o la colaboración de Roro con PC Componentes fueron casos que han dividido a los internautas entre los que celebraron estas acciones y los que se indignaron y dejaron de seguir a las empresas.

Por otro lado, este fallo se produce en medio del debate de la moderación de los contenidos en las redes sociales, luego de que Mark Zuckerberg anunciara en un vídeo de Instagram que Meta dejará de utilizar el sistema de moderación de fact-checkers para adoptar un modelo más laxo y relajado, similar al de de X.

Impacto en la regulación de plataformas digitales

El fallo del Tribunal Supremo refuerza la importancia de establecer límites legales claros en plataformas como YouTube, donde los creadores de contenido a menudo tienen una influencia significativa sobre sus audiencias. La obligación de publicar la sentencia busca no solo reparar el daño personal, sino también generar una concienciación social sobre el uso ético de las redes.

Este caso podría tener un impacto duradero en futuras demandas contra influencers en España, marcando una tendencia hacia una mayor regulación de los contenidos en el entorno digital. Los creadores de contenido deben considerar esta sentencia como un recordatorio de que la libertad de expresión no ampara insultos o descalificaciones que afecten la dignidad y el honor de las personas.

Foto: Canal de YouTube de Dalas Review.

La entrada El youtuber Dalas Review condenado por difamación a través de su canal: una sentencia histórica para el sector se publicó primero en Marketing4eCommerce.

Durante años, el marketing digital creció gracias a la explotación masiva de datos, muchas veces sin el consentimiento claro de los usuarios. Sin embargo, el creciente descontento de los consumidores y la proliferación de leyes de privacidad, como el RGPD en Europa, han cambiado el panorama. Ahora, la confianza y el uso ético de los datos compartidos voluntariamente son esenciales para el crecimiento sostenible de las empresas.

Teniendo en cuenta las nuevas reglas de juego, sumadas a la inclusión de tecnologías avanzadas para la creación y gestión de contenido, analizamos los principales lineamientos que regirán el 2025 en materia de privacidad de datos. Para ello, contamos con la voz autorizada de Viviana Lobato, partner marketing manager de Usercentrics, una de las principales plataformas de gestión de consentimiento (CMP), que cuenta con la certificación de Google.

Este análisis forma parte de nuestro “Especial Tendencias 2025”, en el que 28 expertos del sector adelantan todo lo que se viene en el mundo del marketing y el eCommerce para este año, que recién comienza :).

Principales tendencias para 2025

El 2025 estará marcado por estas 4 características: el marketing basado en la privacidad, la transparencia, la limitación de acceso a datos masivos y la ética como base para el crecimiento sostenible. Ampliamos cada una de ellas:

1. Marketing basado en la privacidad (Privacy-Led Marketing)

El enfoque principal del futuro será la transparencia y el respeto hacia los consumidores. Las empresas deberán comunicar de forma clara qué datos recopilan, cómo los utilizan y con qué propósito. Como explica Lobato, integrar la privacidad en la estrategia de marketing no solo fortalece la confianza, sino que también fomenta relaciones más sólidas con la comunidad.

2. Transparencia como ventaja competitiva

La claridad y la honestidad al tratar datos se convierten en un diferenciador clave. La implementación de banners de consentimiento y permisos contextuales empodera a los consumidores, creando un ecosistema en el que estos se sientan seguros al compartir información. Esto genera un círculo virtuoso donde las marcas que adoptan estos principios logran mayor fidelización y recomendaciones.

3. Disminución del acceso a datos masivos

El endurecimiento de las leyes de privacidad y la popularidad de herramientas como bloqueadores de anuncios y navegadores enfocados en la privacidad (Firefox, Brave) están reduciendo el volumen de datos disponibles para el marketing tradicional. Este cambio obliga a las empresas a enfocarse en datos propios (first-party data) y estrategias éticas para recopilar información.

4. Ética como base para el crecimiento sostenible

La ética es un imperativo moral y una ventaja de negocio. Mientras que las prácticas abusivas generan resultados rápidos pero insostenibles, un enfoque ético permite retención de clientes a largo plazo, recomendaciones positivas y diferenciación en un mercado competitivo.

Adoptar prácticas de marketing éticas y centradas en la privacidad no es una opción, sino una necesidad para mantenerse relevante en un mundo donde los consumidores exigen mayor control sobre sus datos. Los “early adopters” de estas estrategias estarán mejor posicionados para enfrentar los retos futuros y liderar la transformación del ecosistema digital.

Las 5 claves de la privacidad en 2025

1. Datos compartidos voluntariamente: la confianza será la base del ecosistema digital, priorizando el uso ético de datos propios y consentidos por los consumidores. Esto reemplazará las prácticas invasivas del pasado.
2. Restricción de datos masivos: normativas como el RGPD y herramientas de privacidad están restringiendo el uso de datos recopilados sin permiso, obligando a las empresas a adaptar sus estrategias.
3. Privacidad como identidad corporativa: adoptar una estrategia transparente y ética en el tratamiento de datos será un diferenciador clave, generando confianza y fidelización entre los consumidores.
4. Marketing ético y sostenible: un enfoque sostenible basado en la privacidad genera recomendaciones y lealtad, ofreciendo un crecimiento más lento pero robusto frente a tácticas agresivas.
5. Los early adopters tendrán ventaja: las marcas que adopten prácticas centradas en la privacidad desde ahora estarán mejor posicionadas para liderar en un entorno digital donde los consumidores exigen mayor control y ética.

Foto: ChatGPT

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Con la evolución de los consumidores digitales, más exigentes y precavidos, las marcas deben adaptarse a nuevas demandas en cuanto a seguridad, transparencia y cumplimiento legal. A continuación, repasamos los checks legales que deberás tener en cuenta en tu negocio online para cumplir con las normativas y con tus clientes. Para ello, nos apoyamos en el conocimiento y la experiencia de Marina Brocca, especialista en RGPD y marketing legal.

Este artículo forma parte de nuestro “Especial Tendencias 2025”, en el que 28 expertos del sector adelantan todo lo que se viene en el mundo del marketing y el eCommerce para el próximo año.

La creciente preocupación por la privacidad

Los consumidores están cada vez más atentos a cómo sus datos personales son gestionados. En España, por ejemplo, casi el 50% de los usuarios expresan una fuerte preocupación por compartir su información personal en línea. Este dato refleja una tendencia creciente hacia la protección de la privacidad, que ha obligado a las empresas a revisar sus políticas de privacidad y sus procedimientos de gestión de datos.

A medida que los consumidores se vuelven más informados, es crucial que las tiendas online garanticen que sus prácticas cumplen con los estándares legales y respetan los derechos de los usuarios.

El “factor invisible”: la confianza

Uno de los aspectos más destacados es la importancia de la confianza, a menudo invisibilizada por los eCommerce. Un negocio digital que no logre transmitir confianza no podrá competir en un mercado tan saturado.

Esto incluye tanto la seguridad en las transacciones como la claridad en las políticas legales. La confianza no solo se construye a través de la calidad de los productos, sino también mediante la gestión correcta de datos, la actualización constante de las políticas y la transparencia en las comunicaciones con los usuarios.

Cumplimiento legal: una obligación y una ventaja competitiva

El cumplimiento con las normativas legales, especialmente el RGPD y las leyes de comercio electrónico, no es solo una obligación, sino una ventaja competitiva. Empresas que aún no han actualizado sus políticas legales, como las de cookies o privacidad, corren el riesgo de enfrentarse a sanciones graves. De hecho, la falta de actualización o el uso de textos legales obsoletos puede destruir la reputación de una marca y perjudicar gravemente sus ventas. Los consumidores valoran positivamente a las empresas que son claras en cuanto a sus prácticas legales, y esta transparencia se traduce en una mayor confianza.

La experiencia del usuario: más allá de la compra

En el futuro, las tiendas online deberán centrarse en ofrecer una experiencia integral que no solo se limite al proceso de compra, sino que también se extienda a todas las interacciones previas y posteriores. Esto incluye garantizar que toda la información legal esté fácilmente accesible y comprensible, y que se respeten los derechos de los consumidores, especialmente en lo que se refiere a la gestión de sus datos. Cada formulario, desde la suscripción hasta la compra, deberá incluir elementos que aseguren que el consentimiento es informado, claro y específico.

La importancia de la seguridad digital

Un sitio web que no cuente con un certificado SSL adecuado o que no cifre correctamente las comunicaciones está enviando una señal negativa al consumidor, que podría sentirse inseguro al realizar una compra. Además, el cumplimiento de las normativas sobre cookies también juega un papel fundamental. El banner de cookies debe ser claro y ofrecer opciones de aceptación o rechazo sin ambigüedades. Las autoridades de protección de datos, como la Agencia Española de Protección de Datos, están tomando medidas para sancionar a los sitios que no cumplan con estas normativas, por lo que es vital adaptarse.

Las 5 claves de la legalidad para 2025

1. La privacidad es prioritaria para el consumidor: los usuarios están cada vez más informados y preocupados por cómo se gestionan sus datos personales. Las empresas deben asegurar el cumplimiento de las normativas.
2. La Confianza como base del eCommerce: la confianza no solo se construye con productos de calidad, sino también con una gestión clara y segura de los datos. Una marca que no se gana la confianza de sus clientes, está destinada a fracasar.
3. Cumplir es una ventaja competitiva: actualizar políticas de privacidad y cookies no es solo necesario para evitar sanciones, sino que también mejora la percepción de la marca y refuerza la confianza del consumidor.
4. Información clara y accesible: la interacción con el cliente debe ir más allá de la compra, asegurando que toda la información legal sea clara y accesible en todo momento.
5. Medios de pagos seguros: garantizar la seguridad en las transacciones y el cumplimiento de las normativas sobre cookies es fundamental para evitar riesgos legales y mantener la lealtad de los consumidores.

Foto: ChatGPT

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Google ha presentado sus propias propuestas de reparación para lograr llegar a un acuerdo en el caso antimonopolio abierto contra ella. Este es el paso previo obligatorio para que la tecnológica pueda presentar su apelación a la propuesta de sentencia final del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), la cual exigía medidas como la venta de Chrome.

En cuanto se publicó la propuesta de sentencia final del DOJ el pasado 20 de noviembre, Google mostró su desacuerdo tildándola de “agenda intervencionista radical” y afirmando que perjudicaría a los estadounidenses y al liderazgo tecnológico del país. En ese momento, también informó de que en el plazo de un mes, presentaría sus propias propuestas.

La compañía ha cumplido con su promesa, pero ha afirmado que su paquete de medidas se basa en «las conclusiones reales de la decisión del Tribunal». Y es que Google considera que el DOJ se extralimitó con sus exigencias.

«Su propuesta va mucho más allá de lo que realmente trata la decisión de la Corte: nuestros acuerdos con socios para distribuir búsquedas. Si el Departamento de Justicia hubiera considerado que la inversión de Google en Chrome, o nuestro desarrollo de inteligencia artificial, o la forma en que navegamos por la web, o desarrollamos nuestros algoritmos, era en absoluto anticompetitiva, podría haber presentado esos casos. No lo hizo», expone Google en su último comunicado.

Medidas propuestas por Google

Los puntos clave de la propuesta de reparación de Google se basan en tres ejes: navegador, Android y cumplimiento.

Acuerdos del navegador

En primer lugar, la compañía establece que las empresas de navegadores (como Apple o Mozilla) deberán continuar gozando de libertad para establecer acuerdos con el motor de búsqueda que consideren más adecuado para sus usuarios y usuarias.

Google se apoya en que «El Tribunal aceptó que las empresas de navegadores “evalúan ocasionalmente la calidad de búsqueda de Google en relación con sus rivales y consideran que la de Google es superior”». Así mismo, recalca que para empresas como Mozilla, estos contratos les reportan ingresos vitales.

En segundo lugar, Google afirma que su propuesta «permite a los navegadores seguir ofreciendo Google Search a sus usuarios y obtener ingresos de esa asociación, pero también les proporciona una flexibilidad adicional: permitiría múltiples acuerdos predeterminados en diferentes plataformas (por ejemplo, un motor de búsqueda predeterminado diferente para iPhones y iPads) y modos de navegación, además de la capacidad de cambiar su proveedor de búsqueda predeterminado al menos cada 12 meses (la decisión del tribunal se refirió específicamente a un acuerdo de 12 meses como “presuntamente razonable” según la ley antimonopolio)».

Contratos de Android

Los fabricantes de dispositivos gozarán de mayor flexibilidad para precargar diversos motores de búsqueda y cualquier aplicación de Google, independientemente de la precarga de Search o de Chrome. La tecnológica afirma que esto será positivo tanto para sus socios como para sus competidores.

Supervisión y cumplimiento

Google promete que su propuesta recoge un mecanismo sólido que garantizará «que cumplamos con la orden de la Corte sin darle al Gobierno un amplio poder sobre el diseño de su experiencia en línea».

Próximos pasos

Dos de los razonamientos en los que Google se escuda para desestimar las propuestas del DOJ son los siguientes: que su compañía ha crecido gracias a inversiones inteligentes y a su capacidad de innovación (razón por la cual la gente escoge su motor de búsqueda por encima de otros) y que la IA ha modificado el tablero de juego rápidamente, por lo que el mercado es totalmente diferente a como era hace más de un año (cuando concluyó el juicio), albergando incluso a nuevos competidores.

Ahora que la compañía ya ha revelado sus propuestas, podrá presentar su apelación. Así mismo, está previsto que se realice una audiencia sobre recursos en abril de 2025.

Foto: GPT4

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La transformación digital puede ser todo un desafío para los autónomos, pero también puede suponer una gran oportunidad de crecimiento. La venta online ha experimentado un aumento significativo los últimos años, pero todavía, dos tercios de los autónomos no cuentan con página web o redes sociales para su negocio.

Dar el salto al comercio electrónico requiere a menudo una inversión considerable, lo que hace que las ayudas y subvenciones sean un recurso fundamental para facilitar la transformación digital en 2025. Estas iniciativas no solo contribuyen a mejorar la competitividad de los autónomos, sino que también se alinean con los objetivos de la estrategia España Digital 2026, que busca acelerar la digitalización empresarial con especial énfasis en pymes, micropymes y startups.

Una de las principales ayudas que pueden apoyar a los autónomos para vender digitalmente es el Programa Kit Digital. A través de esta ayuda, los autónomos pueden, mejorar su presencia en internet mediante páginas web optimizadas, poner en marcha su eCommerce o marketplace o implementar estrategias de marketing digital que puedan impulsar sus ventas. Además, también es posible incorporar herramientas para gestionar catálogos de productos, integrar pasarelas de pago seguras y conectar la tienda online con sistemas de logística para mejorar la experiencia de los clientes. Este programa, no solo incluye la implantación de los servicios sino también un soporte o mantenimiento de la solución durante 12 meses.

Desde las administraciones locales y regionales también se publican periódicamente ayudas para apoyar a los autónomos en la transformación digital de sus comercios atendiendo a las necesidades específicas de cada región. Sin embargo, es habitual que los plazos de solicitud de estas convocatorias estén abiertos poco tiempo, por lo que es necesario revisar periódicamente los portales de las administraciones para poder solicitar estas ayudas o contar con alguna plataforma para recibir notificaciones cuando se publiquen las ayudas.  

Asimismo, existen entidades como las Cámaras de Comercio, que cuentan con programas dirigidos al acompañamiento de los autónomos. Por ejemplo, a través del programa Pyme Digital que ayuda a autónomos y pymes a través de asesoramiento y ayuda personalizada para mejorar su competitividad a través del aprovechamiento de la tecnología en sus estrategias empresariales. 

Muchas instituciones también ofrecen formación a través de ayudas y programas subvencionados o cursos gratuitos que cubren diversas áreas del comercio electrónico, como marketing digital, SEO, gestión de plataformas de venta online, y análisis de datos. Estas formaciones son esenciales para que los autónomos mejoren sus habilidades y puedan gestionar su negocio de manera más eficiente. 

Para acceder a la mayoría de ayudas y subvenciones, tendrás que cumplir algunos requisitos para poder acceder a ellas. Aunque los requisitos varían en función de la convocatoria, es probable que se solicite estar dado de alta como autónomo y estar al corriente de las obligaciones con la agencia tributaria y la seguridad social. También es recomendable contar con un plan de digitalización para tu negocio y no perder de vista tu estrategia.

Mantenerse al tanto de las subvenciones y ayudas disponibles es fundamental para no perder oportunidades valiosas, para ello es posible consultar periódicamente las páginas de las administraciones locales. También existen plataformas online que centralizan la información de las ayudas y subvenciones, simplificando el acceso a la información y emitiendo notificaciones a sus usuarios para que no dejen pasar ninguna ayuda. 

Checklist: claves para una estrategia exitosa en 2025

1. Mantente informado:
   • Utiliza plataformas online que te permitan buscar y tramitar subvenciones fácilmente.
   • Activa notificaciones para no perder ninguna convocatoria relevante.
2. Asesórate con expertos:
   • Consulta con especialistas en subvenciones para maximizar tus posibilidades de éxito.
   • Asegúrate de cumplir correctamente con los requisitos y documentación necesaria.
3. Planifica tu digitalización:
   • Diseña un plan claro y alineado con los objetivos de tu negocio.
   • Prioriza las herramientas y servicios que optimicen tus operaciones.
4. Cumple con tus obligaciones:
   • Recuerda que las ayudas provienen de fondos públicos, lo que implica compromisos como:
     • Mantener tu actividad empresarial.
     • Estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social.
5. Invierte en formación:
   • Aprovecha los cursos y programas subvencionados para mejorar tus habilidades digitales.
   • Incorpora conocimientos en marketing digital, SEO y análisis de datos para potenciar tu estrategia.

Con estas recomendaciones, estarás mejor preparado para aprovechar las oportunidades que las ayudas y subvenciones ofrecen en 2025, asegurando el éxito de tu transición hacia el comercio online.

Alejandro es fundador y CEO en Yotramito.es

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La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) ha impuesto una nueva sanción a Meta, en esta ocasión por una violación de datos personales que afectó a 29 millones de cuentas de Facebook a nivel global, de las cuales 3 millones estaban ubicadas en la UE y/o en el Espacio Económico Europeo.

La multa, que asciende a 251 millones de euros, es el resultado de una investigación voluntaria iniciada en 2018, después de que Meta informase de una filtración de datos de perfiles de Facebook.

Causas de la vulnerabilidad

El origen de la vulnerabilidad que propició la filtración masiva de datos fue la implementación de la función “Ver como” en Facebook en julio de 2017. Esta funcionalidad permitía visualizar tu propia página de Facebook como lo haría otro usuario o usuaria y daba la opción de utilizar una herramienta de carga de vídeos.

Sin embargo, el cargador de vídeos generaba un token de usuario con todos los permisos necesarios para tener acceso completo a un perfil de Facebook, por lo que una persona solo necesitaba usar ese token para explotar la misma combinación de funciones en otras cuentas y tener acceso a estas y a sus datos. Y esto fue justo lo que sucedió.

Entre el 14 y el 18 de septiembre de 2018, personas no autorizadas aprovecharon esta brecha de seguridad y accedieron a 29 millones de cuentas de Facebook de todo el mundo, de las cuales unas 3 millones eran de usuarios y usuarias de la Unión Europea y/o el Espacio Económico Europeo.

Tal y como ha apuntado el DPC, las categorías de datos personales filtrados incluían información sensible como: nombre completo del usuario, dirección de correo electrónico, número de teléfono, ubicación, lugar de trabajo, fecha de nacimiento, religión, género, publicaciones en las cronologías, grupos de los que un usuario era miembro y datos personales de niños.

En cuanto Meta Platforms Ireland Limited (MPIL), la filial de la tecnológica en Irlanda, se percató del problema, informó al DPC. Así mismo, la compañía solucionó la brecha de seguridad poco después de descubrirla.

• Irlanda multa a Meta con 91M€ por almacenar contraseñas de usuarios sin protección criptográfica ni cifrado

Decisión final y sanciones

Finalmente, los Comisionados de Protección de Datos, Dr. Des Hogan y Dale Sunderland, presentaron las decisiones adoptadas tras concluir la investigación. Estas incluyen “una serie de reprimendas”, así como la orden de pago de cuatro multas administrativas cuyo valor conjunto total es de 251 millones de euros.

Las infracciones detectadas durante la investigación y sus sanciones correspondientes son las siguientes:

• Artículo 33(3) del RGPD: al notificar la infracción, Meta no incluyó toda la información que podría y debería haber incluido. Por ello, recibe una multa administrativa de 8M€.
• Artículo 33(5) del RGPD: Meta no documentó los hechos relacionados con cada infracción y las medidas adoptadas para solventarlas, de modo que la Autoridad de Control pudiese verificar su cumplimiento. Al incumplir esta disposición, Meta ha sido sancionada con 3M€.
• Artículo 25(1) del RGPD: Meta infringió esta disposición al concluirse que no garantizó los principios de protección de datos en el diseño de los sistemas de tratamiento. Por ello, recibe multas administrativas por valor de 130M€.
• Artículo 25(2) del RGPD: Meta incumplió sus obligaciones como responsable del tratamiento de datos, debiendo haber garantizado que solo se traten aquellos datos personales que sean necesarios para fines específicos. Ha sido amonestada con multas administrativas que ascienden a 110M€.

Graham Doyle, Comisionado Adjunto de la DPC, afirmó: «Esta medida de cumplimiento pone de relieve cómo el hecho de no incorporar requisitos de protección de datos a lo largo del ciclo de diseño y desarrollo puede exponer a las personas a riesgos y daños muy graves, incluido un riesgo para los derechos y libertades fundamentales de las personas.

Los perfiles de Facebook pueden contener, y a menudo lo hacen, información sobre cuestiones como creencias religiosas o políticas, vida u orientación sexual y cuestiones similares que un usuario puede querer revelar solo en circunstancias particulares. Al permitir la exposición no autorizada de la información del perfil, las vulnerabilidades detrás de esta violación provocaron un grave riesgo de uso indebido de este tipo de datos».

Foto: Canva

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En marzo de este año, Google presentó una serie de cambios relativos a Android, Chrome y el resto de sus servicios, cuyo propósito era adaptar su funcionamiento a la nueva Ley de Mercados Digitales (DMA), que entraba en vigor ese mismo mes. Ahora, para continuar cumpliendo con la normativa europea y responder a las demandas de los sitios de comparación, la tecnológica ha propuesto nuevas medidas.

Nuevas fórmulas de búsqueda para productos, restaurantes, vuelos u hoteles

El paquete de medidas presentado por Google en marzo no ha sido suficiente para que la Unión Europea deje de investigarle y cuestionar su poder sobre el mercado. Sumado a esto, y en relación a las modificaciones que Google implementó para permitir que los usuarios y usuarias encontrasen sitios de comparación de vuelos, hoteles y compras más fácilmente, también ha habido empresas que se han quejado de las intenciones de la tecnológica.

Por su parte, Google ha optado por tratar de desviar el foco de esta última cuestión. La compañía ha afirmado que sus cambios han beneficiado a los grandes agregadores de viajes en línea y sitios de comparación, pero que las empresas más pequeñas han perdido tráfico. «Ahora es más difícil para las aerolíneas, los operadores de hoteles y los pequeños minoristas llegar a los clientes. Han informado que los clics de reserva directa gratuita han disminuido hasta un 30% desde que implementamos nuestros cambios originales».

Los cambios propuestos por Google para continuar cumpliendo con la normativa europea a la vez que afirma querer cumplir con las demandas de los sitios de comparación son:

• Lanzar unidades ampliadas e igualmente formateadas que, cuando los usuarios o usuarias busquen productos, restaurantes, vuelos u hoteles, les permitan elegir entre resultados que los llevan a sitios de comparación y resultados que los lleven directamente a sitios web de proveedores o minoristas.
• Presentar nuevos formatos que permitan a los sitios de comparación y a los proveedores mostrar más información sobre lo que hay en sus sitios web, como precios e imágenes.
• Crear nuevas unidades de anuncios para sitios de comparación.

Google inicia una prueba temporal en la búsqueda de hoteles en Alemania, Bélgica y Estonia

Por otra parte, Google ha informado de que el 25 de noviembre puso en marcha una prueba en Alemania, Bélgica y Estonia que afectará a los resultados de búsqueda de hoteles. Esto significa que solo los usuarios y usuarias de esos países experimentarán estos cambios temporales. Con esta prueba, la compañía quiere comprender cómo afectarían estas modificaciones en la experiencia de usuario y en el tráfico a las webs.

Tal y como ha explicado la tecnológica, «durante la prueba, eliminaremos algunas funciones de los hoteles, como el mapa, los resultados de hoteles debajo del mapa, la información de las propiedades y otros datos de los hoteles. En su lugar, se mostrarán enlaces a sitios web individuales, incluidos sitios web de hoteles y alquileres vacacionales y sitios de comparación». Estos enlaces aparecerán sin ninguna de las funciones adicionales, de forma similar al antiguo formato de “diez enlaces azules”.

Foto: Depositphotos

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) acaba de publicar una propuesta de sentencia final para el caso abierto contra Google y su negocio monopolístico en la que se exige a la tecnológica realizar grandes cambios estructurales. Entre ellos, vender Chrome.

De qué se acusa a Google

La sentencia determina que Google ha mantenido su monopolio de manera ilícita sirviéndose de prácticas anticompetitivas: «Durante más de una década, Google ha mantenido ilegalmente sus monopolios en los servicios generales de búsqueda y en la publicidad de texto de búsqueda a través de una red de prácticas anticompetitivas. Como concluyó este Tribunal después de un largo juicio, “Google es un monopolista y ha actuado como tal para mantener su monopolio” tanto en los servicios de búsqueda generales como en los mercados de publicidad de texto de búsqueda».

El DOJ concluye que Google ha utilizado prácticas excluyentes, como contratos con terceros, para consolidarse como motor de búsqueda predeterminado y bloquear la entrada de otros competidores, consolidando así su monopolio. Este punto pone como ejemplos los pagos millonarios a empresas como Apple para evitar la preinstalación de otros buscadores.

Así mismo, sostiene que la tecnológica ha aprovechado su control sobre Chrome y Android para promover sus propios servicios, excluyendo a sus competidores.

En qué ha afectado al mercado

El modus operandi de Google ha desestabilizado el mercado provocando una exclusión de competidores al limitar su acceso a canales críticos. Esto, de acuerdo con el DOJ, ha derivado en un desincentivo a la inversión, puesto que los rivales al no poder competir en un entorno en igualdad de condiciones habrían reducido sus esfuerzos en innovación

Así mismo, también se ha producido un impacto negativo en anunciantes y usuarios, ya que Google ha mantenido precios elevados para la publicidad, reduciendo la calidad de los anuncios y limitando la información que pone a disposición de los anunciantes.

Qué se le exige a Google

Con el objetivo de acabar con el monopolio de Google para restaurar el equilibrio del mercado y prevenir futuras infracciones, la sentencia del DOJ recoge una serie de medidas estructurales y conductuales.

Medidas estructurales

Dentro de las medidas estructurales, el requerimiento principal y que más está dando que hablar es la venta de Chrome. De hecho, esta posibilidad ya se había filtrado a principios de semana, cuando se hizo público que el DOJ estaba presionando a Google para que se deshiciese de Chrome. En la resolución se explica que “Google debe vender Chrome inmediata y completamente a un comprador aprobado por los Demandantes a su entera discreción, sujeto a los términos que el Tribunal y los Demandantes aprueben”.

El DOJ exige que Google se desprenda de su navegador para «detener permanentemente el control de Google de este punto de acceso de búsqueda crítico y permitirá a los motores de búsqueda rivales la capacidad de acceder al navegador que para muchos usuarios es una puerta de entrada a Internet».

Así mismo, la sentencia solicita que Google tenga prohibido volver a ingresar al mercado de navegadores durante cinco años y también «poseer o adquirir cualquier inversión o interés en cualquier búsqueda o anuncio de texto de búsqueda rival, distribuidor de búsqueda o producto de inteligencia artificial basado en consultas o tecnología de anuncios rival».

Otra opción propuesta por el DOJ es que Google se desprenda de su sistema operativo Android. Esto evitaría que la tecnológica se sirva del control sobre el sistema para usarla como herramienta de exclusión con la que debilitar a sus competidores.

Medidas conductuales

En lo que respecta a la medidas conductuales planteadas, la sentencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos solicita que Google no pueda realizar pagos a terceros para establecerse como buscador predeterminado en sus dispositivos, ni establecer contratos que impongan la exclusión de competidores.

Por otra parte, también «prohíbe a Google celebrar acuerdos exclusivos con editores de contenido; agrupar, vincular o mezclar su motor de búsqueda general o puntos de acceso de búsqueda con cualquier otro producto de Google».

En lo relativo a la transparencia, Google deberá compartir durante 10 años datos clave con sus rivales, como su índice de búsqueda, señales de clasificación o información de comprensión de consultas; de modo que se reduzcan las ventajas que ha ganado de modo anticompetitivo. La sentencia aclara que «solo exige que Google sindique las consultas que se originen en los Estados Unidos».

Sumado a esto, la tecnológica deberá ofrecer a los anunciantes datos detallados sobre el rendimiento y los costes de los anuncios en tiempo real en sus informes de consultas de búsqueda. Además, «exige que Google aumente el control de los anunciantes mejorando las opciones de concordancia de palabras clave para los anunciantes».

Google también deberá ofrecer una pantalla de elección en todos sus dispositivos, de modo que los usuarios y usuarias puedan seleccionar libremente su motor de búsqueda favorito, sin caer en la preferencia forzada por Google.

De cara al futuro, el documento explica que Google no debe utilizar ningún activo operado o propiedad de Google (incluido cualquier software, sitio web, dispositivo, servicio, conjunto de datos, algoritmo o aplicación) para dar preferencia a su motor de búsqueda, anuncios de texto de búsqueda o productos de inteligencia artificial de Google.

Finalmente, la sentencia ha incluido la demanda de que Google financie un programa de educación nacional que sirva para informar a los usuarios y usuarias de la resolución final. «El objetivo del fondo es mejorar la eficacia de los recursos de distribución informando a los usuarios del resultado de este litigio y de los recursos incluidos en la Sentencia Definitiva diseñados para aumentar la elección de los usuarios».

Google recurrirá la sentencia

El gigante tecnológico no ha tardado en reaccionar a la publicación de la sentencia y ha informado de que presentará sus propias propuestas el mes que viene. Así mismo, este es un caso que se perfila como un proceso largo que tardará en resolverse definitivamente.

Google también ha aprovechado la oportunidad para exponer los motivos por los que considera que las decisiones de DOJ «perjudicarán a los consumidores y al liderazgo tecnológico global de Estados Unidos». La compañía señala que, en vez de proponer soluciones coherentes al problema planteado en su caso, el Departamento de Justicia de Estados Unidos «optó por impulsar una agenda intervencionista radical que perjudicaría a los estadounidenses y al liderazgo tecnológico global de Estados Unidos.

La propuesta extremadamente amplia del Departamento de Justicia va mucho más allá de la decisión de la Corte. Destruiría una serie de productos de Google (incluso más allá de la Búsqueda) que la gente ama y considera útiles en su vida cotidiana».

En resumidas cuentas, Google considera que la sentencia del DOJ: pone en peligro la seguridad y privacidad de los estadounidenses, socava la calidad de sus productos, reducirá la inversión en IA, daña a servicios innovadores que dependen de Google como Firefox o Mozilla y obstaculiza el acceso a la Búsqueda de Google.

Foto: GPT4

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La lucha de Estados Unidos contra el poder monopolístico de Google abre un nuevo capítulo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) está presionando al gigante tecnológico para que escinda Chrome de su negocio y así avanzar hacia un panorama competitivo más justo.

Chrome es un punto de acceso clave a Google Search utilizado por multitud de personas, por lo que el DOJ considera que es una de las piedras angulares sobre las que se sustenta el poder de Google en el mercado. De acuerdo con datos de StatCounter, el pasado mes de octubre, Chrome acaparó el 57,38% del tráfico de navegadores web en Estados Unidos, aunque en otros mercados como España este porcentaje es incluso superior (73,35%).

Por otra parte, el DOJ también tendría entre sus planes el recomendar al juez federal encargado del caso que Google afronte medidas antimonopolio en relación a la IA y a Android, su sistema operativo móvil, según ha informado Bloomberg.

El DOJ ya había planteado dividir el negocio de Google

El pasado mes de agosto una sentencia histórica por parte del juez Amit P. Mehta, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, dictaminó que Google había violado la Sección 2 de la Ley Sherman al actuar como un monopolista y mantener su monopolio en los mercados de servicios de búsqueda general y anuncios de texto en búsqueda general.

Este nuevo requerimiento por parte del DOJ deriva de las condiciones planteadas para abordar las prácticas anticompetitivas de Google, las cuales planteaban la posibilidad de obligar a la compañía a trocear su negocio. Así mismo, la sentencia también proponía intervenciones en áreas clave como la distribución de la búsqueda y el reparto de ingresos; la generación y visualización de resultados de búsqueda; la acumulación y el uso de datos; y la publicidad y la monetización.

Foto: ChatGPT

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En las últimas semanas ha proliferado un nuevo tipo de estafa telefónica en la que los ciberdelincuentes se hacen pasar por trabajadores de Amazon que ofrecen invertir en su criptomoneda. Lo que se busca con esta acción es que la víctima pulse determinadas teclas de su teléfono, permitiendo que los estafadores tomen el control del dispositivo.

En qué consiste la estafa de la criptomoneda de Amazon

La Asociación Española de Consumidores ya ha alertado sobre este fraude a través de un comunicado y ha informado acerca de la dinámica del mismo.

Los estafadores se ponen en contacto vía llamada telefónica, afirmando ser de Amazon, y ofrecen comprar la moneda digital de la compañía. «En concreto se llega a indicar que por comprar 250 € en la moneda digital de Amazon se obtendría en una semana un beneficio de unos 5.000 euros», explican desde la Asociación Española de Consumidores.

Durante la llamada, se solicita a la víctima que marque el 9 en su teclado para rechazar la operación o el 5 para conocer más información y aceptarla. Es aquí donde estaría el truco de la estafa, ya que, al rechazar la operación, los ciberdelincuentes obtendrían vía libre para controlar el teléfono móvil.

Esta técnica de la llamada telefónica es una «nueva modalidad que están eligiendo últimamente los estafadores para engañar al consumidor. Se está dejando de recibir mensajes sms o correos electrónicos para ser directamente receptores de las llamadas».

Por otra parte, es importante tener en cuenta que esta supuesta moneda digital de Amazon no tiene absolutamente nada que ver con el euro digital que está desarrollando la Unión Europea. Ya que los estafadores están aprovechando el contexto de esta noticia para favorecer la credibilidad de su fraude.

Qué hacer si te han estafado

En caso de que hayas caído en este fraude, la Asociación Española de Consumidores recomienda lo siguiente: «que cambien sus contraseñas de acceso a redes sociales, correos electrónicos o de las cuentas bancarias online, estando a la vez pendientes de cualquier cargo o movimiento sospechoso en su banco».

Así mismo, se insta a todas las personas que hayan sido contactadas por estos delincuentes u otros a denunciar. También es posible hacer llegar avisos de que estas estafas se están produciendo al mail de la Asociación Española de Consumidores: consultas@consumoenpositivo.es.

Foto: Flux Schnell

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Si tienes un eCommerce, ya sabes lo importante que es ofrecer una experiencia segura y confiable a tus clientes. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si tu eCommerce cumple con todos los requisitos legales que protegen tu negocio y elevan el nivel de confianza que tienen los usuarios en él? 

Gracias a mi participación durante dos años consecutivos como jurado de los Ecommerce Awards, he tenido la oportunidad de evaluar a cientos de eCommerce que se han presentado a este certamen. Hoy quiero compartir contigo cómo evalúo su nivel de confianza y compromiso con los usuarios. Esto es crucial porque, en la valoración de un eCommerce para los Ecommerce Awards, no solo se tiene en cuenta la innovación, el diseño o la funcionalidad del sitio, sino también su capacidad para generar confianza en los usuarios. 

Para empezar quiero que seas consciente de que un eCommerce que no ofrece una experiencia segura y confiable, pierde ventas continuamente y se enfrenta a un número mayor de reclamaciones y de devoluciones que uno que se ha asegurado de tener un blindaje legal sólido, con condiciones adaptadas a sus productos y a la audiencia que los demanda.

Te animo a conocer, como son los eCommerce que se han preocupado por crear un entorno donde se respira la confianza online y que han optado a los premios ecommerce awards.

Por qué nunca deberías descuidar el cumplimiento legal

Una tienda online sin los textos legales adecuados es una bomba de tiempo que se expone minuto tras minuto a un riesgo innecesario.

¿Sabías que el 85 % de las reclamaciones que reciben los eCommerce se deben a la falta de transparencia y a las carencias en la adaptación legal?

Como ya te he anticipado, que sea un error común no significa que no sea evitable. Ten presente que cada vez que vendes online sin cumplir las normativas en materia de privacidad y comercio electrónico, estás poniendo en riesgo no solo tu reputación, sino también la continuidad de tu negocio.

Las multas a las que te enfrentas pueden alcanzar cifras astronómicas y lo peor de todo es que estas sanciones son tan públicas como fácilmente prevenibles.

Redactar textos legales claros y bien elaborados no solo es una excelente manera de protegerte a ti mismo, además, también generas confianza en tus clientes, lo que se traduce en más ventas y a la larga en un negocio más sólido.

Cómo saber si tu eCommerce está en riesgo

Sé que puedes tener dudas a la hora de saber si tu eCommerce está en riesgo, por eso quiero ponértelo fácil.

Echa un vistazo a este checklist que he preparado para ti y que cubre los puntos clave que todo eCommerce debe cumplir para estar dentro de la legalidad:

Checklist legal para optimizar la confianza de tu eCommerce

• Aviso Legal, Política de Privacidad y Política de Cookies. Asegúrate de que estos documentos estén separados y sean claramente visibles y accesibles desde todas las secciones del eCommerce.
• Condiciones de venta claras Las condiciones de venta deben ser fácilmente accesibles y estar redactadas con total claridad, incluyendo detalles específicos sobre devoluciones y opciones de desistimiento.
• Banner de cookies conforme a la normativa. El banner debe cumplir con la legislación vigente, así como ofrecer opciones de “Aceptar”, “Rechazar” y “Configurar” cookies, con los botones a tales efectos correctamente implementados.
• Primera capa informativa en formularios. Todos los formularios deben incluir a pie de página la primera capa informativa con los datos esenciales sobre la protección de la privacidad.
• Cláusulas informativas. Estas deben estar presentes en todas las comunicaciones, incluyendo el blog, correos transaccionales, chatbots y correos electrónicos ordinarios.
• Consentimientos específicos: Debes obtener el consentimiento explícito en todos los formularios que recaban datos y de manera granular, cuando puedan tratar datos con diferentes finalidades.
• Correos de confirmación de compra. Has de enviar correos de confirmación de compra que incluyan toda la información legal relevante, junto con un enlace directo a las condiciones de venta.

Y ahora dime, ¿cuántos de estos elementos cumple tu eCommerce? Asegúrate con este checklist de que tu eCommerce cumpla con todos los requisitos legales, al tiempo que proteges a tus clientes y evitar sanciones.

Cómo evalúo como jurado la confianza de un eCommerce

Cuando me piden evaluar la confianza de una tienda online, los primeros criterios que reviso son siempre los legales. Si una web no cumple con estos mínimos, cualquier cliente podría –en realidad, debería– poner en duda su seriedad y pensarse muy mucho lo de dejar los datos de su tarjeta de crédito en una web que no le ofrece elementos de confianza suficiente para completar su transacción.

¿Cumple con las normativas de protección de datos y comercio electrónico?

Garantizar que tu eCommerce cumple con las normativas de protección de datos es fundamental para evitar sanciones y generar confianza en tus clientes. Esto implica revisar 4 elementos clave:

1. El aviso legal.
2. La política de privacidad.
3. La política de cookies.
4. Los textos informativos a pie de formulario.

Uno de los puntos más críticos es el banner de gestión de cookies. Me aseguro de que esté presente, de que sea claro y de que permita al usuario aceptar, rechazar o configurar las cookies de manera sencilla y efectiva.

También es esencial verificar que no se descarguen cookies de terceros sin el consentimiento expreso del usuario, ya que esto sería una violación directa del RGPD –Reglamento General de Protección de Datos– y puede tener consecuencias graves para tu tienda. Además de cumplir con la ley, este tipo de medidas refuerzan la credibilidad de tu eCommerce, lo que puede marcar la diferencia frente a tus competidores para los compradores más conscientes de su privacidad.

¿Las condiciones de contratación son claras, completas y accesibles?

Cuando las condiciones de contratación de un eCommerce no están completas o no se adaptan al producto o servicio que se ofrece, las consecuencias pueden ser graves, tanto a nivel legal como para la confianza de los clientes. A continuación, te explico lo que puede pasar:

Falta de claridad para el cliente

Si los términos no están bien definidos, el cliente puede no entender bajo qué condiciones está haciendo su compra y desconocer los derechos que tiene sobre ella. Esto genera confusión y desconfianza, ya que los usuarios necesitan saber exactamente qué recibirán, cuáles son los plazos de entrega, las políticas de devolución y los métodos de pago aceptados.

Riesgo de disputas y reclamaciones

Si los términos de contratación no están adaptados al producto o servicio, pueden surgir malentendidos. Por ejemplo, si vendes productos personalizados o hechos a medida, pero tus términos son los mismos que para productos genéricos, no estás dejando claras las excepciones de desistimiento. Los productos personalizados suelen estar exentos de devoluciones, y si no especificas esto de forma clara, tus clientes podrían reclamar devoluciones o cambios que no corresponden, generando disputas innecesarias. Unos términos bien adaptados pueden evitar problemas legales y asegurar que los clientes entienden tus políticas desde el principio.

Posibles sanciones legales

Los términos de contratación deben ser claros, completos y reflejar la realidad del producto o servicio. No cumplir con estos requisitos te expone a sanciones por parte de organismos reguladores, lo que podría conllevar multas considerables. Además, si los términos no son claros respecto a los derechos del consumidor, como el derecho de desistimiento o la política de devoluciones, podrías estar infringiendo los derechos del cliente.

Perjudica la imagen y confianza de la marca

Un eCommerce con términos incompletos o mal adaptados proyecta una imagen de falta de profesionalidad. Los clientes no solo buscan un buen producto o servicio, sino que también buscan confianza. Si sienten que los términos no son transparentes o están mal formulados, es probable que decidan no realizar la compra o, peor aún, que compartan una opinión negativa de tu negocio.

Falta de protección legal para el negocio

No contar con términos de contratación bien adaptados deja a tu negocio desprotegido. Ante cualquier problema, como disputas legales o reclamos de clientes, te resultará mucho más difícil defenderte sin una base contractual sólida. Los términos actúan como una herramienta para definir responsabilidades y proteger tanto al cliente como al vendedor.

El error más común es no adaptar estos textos a las características de tus productos o servicios, lo que genera lagunas y malentendidos que impactan en la satisfacción del cliente y en la estabilidad de tu negocio.

Al corregir estos fallos y mantener una comunicación clara desde el principio, te aseguras la construcción de un espacio sólido y de confianza con tus clientes, mejorando su experiencia y asegurando su lealtad.

Una solución sencilla para conseguir cumplir este check list

Para conseguir cumplir con la legalidad y no dejar tu vida en el intento, he diseñado Kits de Plantillas Legales que incluyen todo lo necesario para adecuar tu eCommerce de manera completa y 100 % profesional. Con estas plantillas, tendrás a tu disposición todos los documentos legales imprescindibles para cumplir con las normativas del RGPD y la LSSI, ayudando a que tu tienda online no solo evite denuncias y sanciones, sino que también transmita confianza y seguridad a tus clientes desde el primer momento. Protege tu negocio de multas innecesarias, blinda tus ventas y mejora la experiencia de compra con un entorno legalmente sólido y libre de riesgos.

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La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC, por sus siglas en inglés) ha anunciado su decisión final respecto a la investigación sobre LinkedIn Irlanda Unlimited Company, decretado una multa administrativa de 310 millones de euros, además de una reprimenda y una orden para ajustar su procesamiento de datos a la normativa vigente.

Esta investigación se inició tras una queja presentada en 2018 a la Autoridad de Protección de Datos de Francia, y evaluaba el tratamiento de datos personales por parte de LinkedIn para análisis de comportamiento y publicidad dirigida.

La elevada sanción destaca la gravedad del incumplimiento en el tratamiento de datos bajo las normativas del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). De hecho, esta multa se ha convertido en la sexta sanción más elevada de la historia impuesta a una tecnológica por incumplir el RGPD.

Por su parte, LinkedIn nos ha ofrecido sus propias declaraciones al respecto, afirmando que: «La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) ha tomado una decisión final sobre las reclamaciones de 2018 relacionadas con algunos de nuestros esfuerzos en publicidad digital en la Unión Europea. Aunque creemos que hemos cumplido con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), estamos trabajando para garantizar que nuestras prácticas publicitarias reúnan los requisitos de esta decisión dentro del plazo establecido por la DPC».

Infracciones detectadas

El enfoque de la investigación se centró en si LinkedIn respetaba los principios de legalidad, transparencia y equidad en el procesamiento de los datos personales de sus usuarios. Entre los hallazgos clave, se encontraron varias violaciones del RGPD. LinkedIn no cumplió con el Artículo 6, que regula la base legal para el tratamiento de datos personales, ni con el Artículo 5(1)(a), que establece el principio de equidad.

Específicamente, LinkedIn:

• No pudo demostrar que el consentimiento obtenido para el análisis de comportamiento y la publicidad dirigida fuera libre, informado, específico o inequívoco.
• Intentó basar el tratamiento de datos en su interés legítimo, pero este fue anulado en pro de los derechos fundamentales de los usuarios.
• No justificó adecuadamente la necesidad contractual para procesar los datos propios de los usuarios con el fin de realizar análisis de comportamiento y publicidad dirigida.

Estas infracciones reflejan una falta de transparencia en cómo se comunicaba a los usuarios las bases legales sobre las que se sustentaba el procesamiento de sus datos.

El papel de la transparencia y la equidad en la sanción a LinkedIn

El DPC utilizó varios mecanismos del RGPD para llegar a esta decisión, incluyendo el artículo 60, que involucra la cooperación con otras autoridades supervisoras de la UE. La decisión fue unánime, ya que ningún país miembro expresó objeciones. En este contexto, el DPC destacó que la falta de un marco legal adecuado para el procesamiento de datos es una violación seria de los derechos de protección de datos.

El RGPD exige que cualquier tratamiento de datos personales esté respaldado por una base legal clara y justificada, ya sea a través del consentimiento informado, la necesidad contractual o el interés legítimo. Este marco busca proteger a los usuarios de prácticas que puedan ser perjudiciales o que les priven del control sobre sus datos.

Uno de los aspectos más destacados de la decisión fue la evaluación de la equidad en el tratamiento de los datos. Según el RGPD, los datos personales no pueden ser procesados de manera que resulten engañosos, discriminatorios o perjudiciales para los usuarios. En este caso, la falta de transparencia por parte de LinkedIn provocó una pérdida de autonomía de los usuarios sobre sus datos y sus derechos.

Además, la transparencia es esencial para que los usuarios comprendan cómo se manejan sus datos y puedan ejercer sus derechos. Esto implica que las plataformas deben ser claras y detalladas sobre los fines y el alcance del tratamiento antes de que el usuario proporcione sus datos.

Consecuencias futuras

El DPC, además de la multa millonaria, ordenó a LinkedIn que adecue sus prácticas de procesamiento de datos para cumplir con el RGPD. La decisión se enmarca en un creciente escrutinio sobre cómo las grandes plataformas digitales gestionan la información personal de sus usuarios, subrayando la importancia de respetar las leyes de protección de datos en toda la Unión Europea.

Este caso subraya la responsabilidad de las empresas en garantizar que sus prácticas de procesamiento de datos sean claras, justas y legales. A medida que el panorama digital evoluciona, las normativas como el RGPD se mantienen como una piedra angular para proteger los derechos fundamentales de los usuarios en el entorno online.

Foto:

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El pasado 11 de junio, más de 4.000 tiendas online de Magento y AdobeCommerce -entre las que se encuentran marcas como Ray-Ban, National Geographic, Whirlpool y Segway-, sufrieron un ataque tecnológico por parte de hackers, que intentaron robar información de pago de los compradores en línea cuando realizaban pedidos.

Así lo afirmó Sunsec, firma de seguridad electrónica que brinda soporte a Magento, Adobe Commerce, WooCommerce, Shopware y otras plataformas. Los softwares de Magento y de Adobe Commercede fueron vulnerados a través de la publicación de CVE-2024-34102 (también conocida como CosmicSting) y, a pesar de las advertencias de Adobe y de los parches y actualizaciones que se han realizado desde el ataque, todavía son muchos las tiendas en línea que no han cambiado sus claves y siguen en peligro.

El peor ataque en dos años

Con un ritmo de hackeo de 3 a 5 ataques por hora y afectando las versiones 2.4.7, 2.4.6-p5, 2.4.5-p7, 2.4.4-p8 y anteriores de Adobe Commerce, Sunsec califica este ataque como el peor error de las tiendas online en los últimos dos años.

La firma de seguridad explicó, que “La estrategia de ataque típica es robar su clave de encriptación secreta de app/etc/env.php y usarla para modificar sus bloques de CMS a través de la API de Magento. Luego, los atacantes inyectan Javascript malicioso para robar los datos de su cliente”.

Según los análisis de la empresa, este ataque malicioso ha afectado a 4.275 comerciantes, es decir, el 5% de todas las tiendas online que administran sus eCommerce a través de Adobe Commerce y Magento en el mundo.

También aseguró que al menos siete grupos de ciberdelincuentes están detrás de los ataques y han explotado la vulnerabilidad CosmicSting para implantar e-skimmers en los eCommerce de las víctimas. Estos e-skimmers son pasarelas de pagos falsas que se superponen en las pasarelas auténticas con la función de desviar los pagos de las compras o los cargos por suscripciones hacia las cuentas de los atacantes.

Pero más allá de los datos de pago, CosmicSting también puede ser usado para robar cualquier información del sitio comprometido, como los datos y credenciales de inicio de sesión de los clientes.

Qué dijo Adobe

El 8 de julio, Adobe emitió una calificación de gravedad crítica, pero para ese entonces , ya se habían iniciado ataques automatizados y se habían robado miles de claves secretas de cifrado. Cuando las tiendas actualizaron sus sistemas, las claves secretas existentes no se invalidaron automáticamente, lo que dejó a las tiendas vulnerables a modificaciones no autorizadas.

Para ayudar a las tiendas online, Adobe publicó una guía sobre cómo eliminar manualmente las claves antiguas, una solución de seguridad oficial y aislada que se puede aplicar desde Magento 2.2.0 sin necesidad de actualizar, y que fue actualizada a mediados de septiembre. Pero no todos los comerciantes realizaron esta actualización.

Nos hemos puesto en contacto con la empresa, consultando sobre las medidas que está tomando con los eCommerce que aún sufren las consecuencias del ataque y respondió que “Se aconseja a los propietarios de tiendas de Adobe Commerce y Magento que actualicen sus instalaciones lo antes posible para aplicar las medidas adicionales que Adobe recomendó en julio”.

Anteriormente, Sansec ofrecía una solución de emergencia, pero desde la publicación de Adobe, la empresa de seguridad recomienda a las tiendas online que aunque ya la hayan aplicado, la reemplacen por el parche oficial de Adobe.

Por último, recomiendan usar un monitor de vulnerabilidad y malware para evitar cualquier ataque.

Foto: ChatGPT

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El gobierno de España aprobó un Real Decreto que crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, un sistema que busca regular la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler y alojamientos de corta duración, y que obliga a los arrendatarios a gestionar un número de identificación para operar en las plataformas digitales.

Este reglamento entrará en vigencia el próximo 2 de enero de 2025, aunque el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha lanzado una audiencia pública para que los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que lo consideren conveniente hagan llegar sus observaciones hasta el 24 de octubre a través de un formulario web.

La medida responde a una reglamentación exigida por la Comisión Europea y, si bien España será el primer país de la UE en cumplirla, el resto de los países miembros tienen tiempo para hacer lo propio hasta el año 2026. Afectará a alojamientos enteros, habitaciones o incluso embarcaciones que se ofrezcan a través de sitios como Idealista, Booking, Airbnb o un cualquier web de inmobiliaria.

Qué alojamientos deben registrarse

El Real Decreto define qué es un alquiler de corta duración, sus diferentes fórmulas y las personas físicas o jurídicas que intervienen en estas operaciones, además de las plataformas donde operan. Estas son las características de este tipo de alojamientos:

• Tienen causas de carácter temporal, tales como las vacacionales o turísticas, las laborales, de estudios, de tratamiento médico o cualquier otra que no suponga una necesidad de vivienda de carácter permanente.
• Cuentan con equipamiento, mobiliario y enseres adecuados para atender el uso de la unidad de carácter temporal.

Se identifican tres tipos de arrendamiento:

1. Fincas, habitaciones o unidades parciales de una finca destinada al alquiler de corta duración no turístico.
2. Igual que el anterior, pero dedicado al turístico.
3. Embarcaciones flotantes u otras propiedades que permitan el alojamiento de corta duración.

Los arrendatarios de este tipo de alojamientos están obligados a obtener un número de registro, aportar la información requerida para su alta o renovación, atender los requerimientos de información y comunicar a las plataformas en línea el número de registro que se haya asignado por el Registro de la Propiedad o el de Bienes Inmuebles. El número de registro tendrá una vigencia de 12 meses, pudiendo ser prorrogada en caso de constitución de uno o varios arrendamientos sobre la unidad durante ese período, siempre y cuando sean de la misma categoría y tipo por el que se solicitó el registro.

Las plataformas, por su parte, están obligadas a que en sus aplicaciones los arrendadores identifiquen mediante este número sus viviendas y que sea visible en los anuncios. En este sentido, el Real Decreto también establece la creación de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, que funcionará como un espacio único gestionado por el Minsiterio de la Vivienda, en el que todos los pisos estarán referenciados. Este espacio común conectará en tiempo real a los propietarios, registros de la propiedad de toda España, ayuntamientos, comunidades autónomas y plataformas online.  El registrador expedirá el número de registro y lo elevará a la Ventanilla Única Digital.

Cómo inscribirse en el registro

Tal y como ha explicado el Ministerio de Vivienda, “el arrendador/a, deberá dirigir su solicitud en la sede del Colegio de Registradores o Registro de la Propiedad o Bienes inmuebles competente que contenga la dirección específica de la finca (…) también si se alquila un finca en su totalidad o una parte y el número máximo de arrendatarios que se pueden alojar en ella. Por otro lado, si esta unidad está sujeta a algún régimen de autorización o inscripción previa administrativa, el documento que lo acredite”.

Además, debe detallar la identificación de la categoría y los tipos de arrendamiento (vivienda de uso turístico, alquiler temporal y por habitaciones, etc.), e indicar si esta unidad está sujeta a algún régimen de autorización o inscripción previa administrativa, adjuntando el documento que lo acredite. A partir del 2 de enero de 2025 no se podrán comercializar estos alquileres sin un número de registro vigente, ni con un número de registro asociado a una categoría y tipo diferente de arrendamiento.

El Real Decreto establece que no se podrán comercializar estos alquileres sin el referido número de registro vigente, ni con un número de registro asociado a una categoría y tipo diferente de arrendamiento.

En el momento de presentar la solicitud, el propietario recibirá un código automático con el que podrá operar de forma provisional mientras se estudia el caso. El coste de la inscripción dependerá de la Comunidad Autónoma. La solicitud se puede hacer de forma presencial o telemática, a través de la web/app del Registro de la propiedad

Qué requisitos se deben cumplir para calificar de vivienda turística o temporal

En el caso de las viviendas de uso turístico, los requisitos para solicitar el número de identificación tienen que ver con el cumplimiento de la normativa de alquiler vacacional del territorio en el que se ubique el inmueble.

Sin embargo, los alquileres temporales y por habitaciones se rigen a través de otra normativa y deben justificar la causa del alquiler temporal, tal y como establece la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Dicha ley dicta que para poder alquilar una vivienda a través de esta modalidad se debe acreditar una causalidad que explique la temporalidad del contrato de alquiler (un contrato de laboral de temporada, un tratamiento médico, estudios de máster o posgrado, etc.).

De esta manera, el Gobierno busca evitar el fraude de los arrendatarios que usan supuestos pisos de alquiler convencional para realizar contratos de temporada, pasando por sobre la ley de vivienda o el decreto de alquileres. Según palabras de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez , esta nueva Ventanilla permitirá “perseguir el fraude, proteger a quienes realmente necesitan del alojamiento de temporada y poner coto a los alojamientos turísticos ilegales y priorizar los alquileres de vivienda habitual”.

Qué ocurre si no aprueban la solicitud

La entidad dispone de 15 días para comprobar si la vivienda en cuestión cumple con las normativas municipal, autonómica, estatal, y con los estatutos de su comunidad de vecinos, para determinar si acepta o no el pedido. Es posible que el Registro no apruebe la solicitud, ya sea porque falta información -en cuyo caso se disponen de 7 días para subsanar el o los posibles errores/omisiones-, o porque el establecimiento no cumple con los requisitos necesarios para ser un alojamiento turístico o temporal.

Si bien la normativa entra en vigencia el próximo 2 de enero de 2025, desde el gobierno aseguraron que se dará un margen de tiempo para que los dueños de alquileres vacacionales o temporales puedan adaptarse y poner en regla todos los papeles. Además, se tendrán en cuenta los casos en los que se hayan realizado reservas para estancias posteriores a la entrada en vigor de la ley.

El número de registro debe actualizarse cada 12 meses

El número de registro tendrá una vigencia de 12 meses, pudiendo ser prorrogada en caso de constitución de uno o varios arrendamientos sobre la unidad durante ese período, siempre y cuando sean de la misma categoría y tipo por el que se solicitó el registro.

Para solicitar la prórroga debe aportarse un listado de los arrendamientos por cada categoría constituidos durante la vigencia de este número de registro.

La reglamentación indica que una vez que la reglamentación entre en vigor, se comenzarán a realizar controles periódicos aleatorios en distintos alojamientos para corroborar que la ley se esté cumpliendo de forma adecuada. En el caso de que los arrendatarios y/o plataformas en línea no cumplan con esta nueva medida, podrán ser multados.

Un vacío legal

Como explicamos anteriormente, esta reglamentación es una “bajada de línea” de la Comisión Europea, cuyo objetivo es tener un control fehaciente de la totalidad de alojamientos no permanentes disponibles en la Unión Europea en general y en cada país miembro en particular. Sin embargo, la normativa solamente abarca a los establecimientos que se ofrezcan a través de plataformas online. En el caso de que un arrendatario/a ofrezca una vivienda o habitación de forma particular (por ejemplo, a través de un cartel en la vía pública), no está obligado a anotarse en este nuevo registro.

Foto: Depositphotos.

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Si alguna vez has estado en desacuerdo con la decisión de una plataforma social respecto a tus publicaciones o a tu cuenta, debes saber que ahora podrás apelar estas acciones acudiendo al Appeals Center Europe o Centro de Apelaciones de Europa (ACE).

Este organismo independiente de resolución de disputas extrajudiciales ha sido creado bajo el objetivo de ayudar a los usuarios y usuarias de redes sociales ubicados en la Unión Europea a abordar las disputas, quejas y apelaciones relativas a las violaciones de políticas en estas plataformas. Las primeras plataformas contempladas por el ACE serán Facebook, TikTok y YouTube.

Thomas Regnier, portavoz de la Comisión Europea ha declarado: «Acogemos con satisfacción la certificación de nuevos organismos independientes por parte del regulador irlandés. Apoyaremos el desarrollo efectivo y uniforme de este sistema en toda la UE para dar a todos los usuarios de la UE derechos más sólidos en línea».

Centro de Apelaciones de Europa: el nuevo árbitro de Europa

Este es un «órgano extrajudicial de resolución de litigios» respaldado por Oversight Board Trust y certificado por el regulador irlandés Coimisiún na Meán, que actuará como árbitro para resolver disputas sobre moderación de contenido en redes sociales en virtud de Ley de Servicios Digitales (DSA). La certificación concedida al ACE tiene una duración inicial de cinco años que contempla desde el 26 de septiembre de 2024 hasta el 26 de septiembre de 2029.

Además de esto, el Centro de Apelaciones de Europa está conformado por un consejo de siete directores no ejecutivos y es dirigido por el director ejecutivo Thomas Hughes, quien ocupó el cargo de director ejecutivo de Article 19, grupo de derechos por la libertad de expresión. Su sede estará en Dublín, debido a que muchas empresas de Silicon Valley tienen sede en Irlanda.

Por el momento, el organismo trabajará con las tres redes sociales más usadas de Europa: Facebook (Meta), YouTube (Alphabet) y TikTok (ByteDance), pero con el tiempo incluirá más plataformas. Se espera que los primeros casos sean atendidos a finales del año, y se ha informado de que serán revisados en un plazo máximo de 90 días, aunque el objetivo de Hughes es que el proceso sea mucho más rápido.

Hughes ha declarado, «queremos que los usuarios tengan la opción de plantear una disputa ante un organismo independiente de gobiernos y empresas, y centrado en garantizar que las políticas de contenidos de las plataformas se apliquen de forma justa e imparcial».

Esta iniciativa se asemeja a la Junta de Supervisión de Meta, organismo casi independiente creado en 2020 y del que Hughes fue presidente, cuyo objetivo es actuar y juzgar los problemas de control de contenido en Facebook, Instagram y Threads remitidos por los usuarios de todos los países.

Financiación

El Centro de Apelaciones, se financiará a través del cobro de tasas tanto a los usuarios como a las redes sociales por cada caso. En este sentido, los usuarios particulares deberán pagar una tasa nominal que será reembolsada si la decisión es a su favor, mientras que las plataformas deberán pagar tasas por cada caso que sea atendido.

Desde su entrada en vigor la DSA ha buscado favorecer y proteger a los ciudadanos, lo cual ha derivado en que muchas empresas tecnológicas y sociales se hayan enfrentado a sanciones y multas millonarias y hayan tenido que cambiar algunas de sus normas y políticas internas para cumplir con todos los parámetros, llegando incluso a afectar su operatividad.

Foto: Flux

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El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) ha propuesto un marco de soluciones para abordar las prácticas anticompetitivas de Google, acusado de fomentar monopolios en los mercados de búsqueda general y publicidad de búsqueda. Con estas propuestas, el DOJ busca restaurar la competencia en estos sectores, afectando también a mercados relacionados como la inteligencia artificial (IA) y la publicidad digital.

El precedente de agosto: “Google es un monopolista”

En el pasado mes de agosto, el juez Amit P. Mehta, del Tribunal de Distrito de EE.UU., concluyó que Google había actuado como un monopolista y había utilizado su poder de monopolio para establecer precios supracompetitivos en los anuncios de texto de búsqueda. En el documento, la corte concluía que los acuerdos de distribución de Google son exclusivos y tienen efectos anticompetitivos, y que la empresa no ha proporcionado justificaciones procompetitivas válidas para estos acuerdos​​. «Google es un monopolista, y ha actuado para mantener su monopolio», explicaba el juez.

Las propuestas de este nuevo documento parten de esa sentencia histórica, y están diseñadas para desmantelar las barreras de entrada que Google ha erigido, evitando que la compañía monopolice futuros mercados tecnológicos​​.

Además, en el texto se explica algo que lleva sobrevolando el panorama de la tecnológica desde hace años: la posible división forzada de su negocio:

“Los demandantes están considerando soluciones estructurales y de comportamiento que impedirían que Google utilice productos como Chrome, Play y Android para aprovechar la búsqueda de Google y los productos y funciones relacionados con la búsqueda de Google, incluidos puntos y funciones de acceso de búsqueda emergentes, como la inteligencia artificial sobre rivales o nuevos participantes (…) La larga trayectoria de Google y el navegador Chrome, con su búsqueda predeterminada de Google preinstalada, reduce significativamente los canales de distribución disponibles y, por lo tanto, desincentiva el surgimiento de nuevos competencia. Google Play Store es imprescindible en todos los dispositivos Android y los acuerdos de Android son, por supuesto, una herramienta vertical para cómo Google aplica limitaciones anticompetitivas en la distribución”.

4 áreas clave de actuación

El DOJ propone intervenciones en cuatro áreas principales:

1.Distribución de la búsqueda y reparto de ingresos

De acuerdo con el documento, Google ha controlado los canales de distribución durante más de una década, a través de acuerdos y pagos a socios que impiden la competencia. Estos acuerdos le han permitido controlar los canales más populares a través de contratos con fabricantes de dispositivos y navegadores, garantizando que Google Search sea el motor de búsqueda predeterminado en la mayoría de los dispositivos en EE.UU.

Recordemos que en la sentencia de agosto se establecía que estos acuerdos hacían que los fabricantes de dispositivos Android, como Samsung y Motorola, preinstalasen el motor de búsqueda de Google y otras aplicaciones de Google en sus dispositivos. Esto garantizaba que Google fuese el motor de búsqueda predeterminado en la mayoría de los dispositivos Android​​.

Al hacer esto, Google no solo elimina la competencia, sino que también asegura que rivales como Bing u otros motores de búsqueda más pequeños no tengan oportunidades para competir en igualdad de condiciones

El documento propone limitar o incluso prohibir estos pagos, lo que obligaría a los fabricantes a evaluar otras opciones basadas en la calidad del producto en lugar de los incentivos financieros. Otra opción que se está considerando es la implementación de pantallas de elección en dispositivos y navegadores, similares a las que se han aplicado en Europa tras casos antimonopolio. Estas pantallas permiten a los usuarios seleccionar su motor de búsqueda predilecto durante la configuración inicial del dispositivo o navegador, en lugar de imponer Google Search.

2. Generación y visualización de resultados de búsqueda

Se busca evitar que Google utilice su poder de mercado para favorecer a sus productos de IA en detrimento de terceros. Los competidores deben tener acceso igualitario a contenido web y herramientas de generación de IA​.

El DOJ expresa preocupación por el hecho de que Google, al tener control sobre un vasto ecosistema de búsqueda y publicidad, puede aprovechar esta ventaja para favorecer sus propios productos de IA generativa en detrimento de terceros. Estas tecnologías permiten a Google generar respuestas más complejas y detalladas para los usuarios, utilizando contenido de terceros (como páginas web o bases de datos) sin necesariamente otorgarles el reconocimiento o los beneficios que merecen.

Este enfoque le da a Google un control considerable sobre cómo se visualizan y generan los resultados de búsqueda. Con el uso de IA generativa y herramientas como la generación aumentada por recuperación (RAG, por sus siglas en inglés), Google puede generar respuestas sin necesidad de redirigir a los usuarios a los sitios web de origen. Esto reduce el tráfico web hacia terceros, perjudicando así a los creadores de contenido y otros servicios web que dependen del tráfico que Google anteriormente les enviaba​.

Entre las medidas propuestas se valora prohibir que Google utilice contratos u otras prácticas para socavar el acceso de sus rivales al contenido web y nivelar el campo de juego al exigir a Google que permita que los sitios web rastreados para la búsqueda de Google opten por no contribuir al entrenamiento ni aparecer en ningún producto o función de inteligencia artificial propiedad de Google en Búsqueda en Google, como los resúmenes generados por IA.

3. Acumulación y uso de datos

Google se ha beneficiado de una acumulación masiva de datos a través de su conducta monopolista. El DOJ sugiere que Google debe compartir ciertos datos con sus competidores para nivelar el campo de juego. Además, se está evaluando cómo hacerlo sin comprometer la privacidad del usuario​.

4. Publicidad y monetización

Google ha utilizado su monopolio en la publicidad de búsqueda para cobrar precios excesivos. Según el documento, Google ha limitado la capacidad de elección de los anunciantes al imponer precios supracompetitivos para los anuncios de texto. El documento subraya que las barreras de entrada en este mercado son tan grandes que han desalentado la inversión en nuevas plataformas de búsqueda. Esto se debe a los recursos extraordinarios necesarios para construir y monetizar un motor de búsqueda competitivo.

Así, se están evaluando medidas para:

1. Fomentar la competencia en la publicidad de búsqueda al reducir las barreras de entrada, permitiendo a nuevos competidores acceder al mercado.
2. Abordar el uso de la escala de Google, que incluye tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (por ejemplo, Performance Max), que han consolidado su monopolio en los anuncios de texto.
3. Licenciar o sindicar el feed de anuncios de Google de forma independiente a sus resultados de búsqueda, para que otros actores puedan monetizar de manera más justa sus anuncios sin depender del ecosistema de Google. Es decir, que Google permita a terceros acceder a su sistema de anuncios (específicamente a su feed o inventario de anuncios) sin que estos anuncios estén necesariamente vinculados a los resultados de búsqueda de Google. El feed de anuncios de Google podría estar disponible para portales o redes externas, que podrían mostrar anuncios de Google sin tener que utilizar los resultados de búsqueda de Google como base. La idea detrás de esta propuesta es permitir a otras plataformas y motores de búsqueda monetizar el tráfico web sin tener que estar directamente vinculados a la infraestructura o al motor de búsqueda de Google.
4. Garantizar que los anunciantes de Google reciban información transparente sobre los informes de consultas de búsqueda y sobre las subastas de anuncios, permitiéndoles optar por no utilizar ciertas características, como la expansión de palabras clave y la coincidencia amplia​.

Un comité de supervisión

Más adelante en el texto explica que entre las sanciones planteadas se valoran, además de las “estructurales”, que afectarían a la división del negocio de Google, la creación de un comité técnico independiente. Así, Google tendría que financiar y reportar a un comité nombrado por el tribunal, encargado de supervisar el cumplimiento y vigilar posibles conductas evasivas o represalias contra competidores​. Además, se impediría que Google tuviese participación en empresas competidoras, para evitar conflictos de interés​.

La respuesta de Google

La respuesta de Google no se ha hecho esperar. En un comunicado emitido a las pocas horas, ha rebatido las propuestas del Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ). Google expresa su preocupación porque el DOJ parece estar persiguiendo una agenda más amplia que podría tener consecuencias no deseadas para los consumidores, empresas y la competitividad de EE.UU. Para la compañía, las propuestas del DOJ van más allá del problema original de los contratos de búsqueda y podrían tener un impacto negativo en la innovación tecnológica y en la experiencia del consumidor.

En su comunicado, Google destaca varios puntos clave:

1. División de Chrome y Android: Separar Chrome o Android de Google podría perjudicar sus modelos de negocio, reducir la inversión en seguridad y elevar los precios de los dispositivos. Google afirma que esta medida no solo afectaría a sus productos, sino también a las industrias que dependen de ellos, desde teléfonos móviles hasta aplicaciones:

“Escindir Chrome o Android los destrozaría (…) Hemos invertido miles de millones de dólares en Chrome y Android. Chrome es un navegador seguro, rápido y gratuito, y su código de fuente abierta sirve como base para numerosos navegadores competidores. Android es un sistema operativo seguro, innovador y gratuito de código abierto, que ha permitido una amplia variedad de opciones en el mercado de smartphones, ayudando a mantener bajos los costos de los teléfonos para miles de millones de personas. Debido a que tanto Chrome como Android ayudan a las personas a acceder a la web y utilizar nuestros productos, los ofrecemos (junto con su código subyacente) de forma gratuita. Pocas empresas tendrían la capacidad o el incentivo para mantenerlos como código abierto, o para invertir en ellos al mismo nivel que nosotros. No te equivoques: separarlos cambiaría sus modelos de negocio, aumentaría el costo de los dispositivos y debilitaría a Android y Google Play en su competencia con el iPhone de Apple y la App Store”

1. Privacidad y seguridad: Una de las propuestas del DOJ es que Google comparta las consultas de búsqueda y los resultados con sus competidores. Google advierte que esto podría comprometer la privacidad de los usuarios, ya que estas consultas suelen contener información sensible. En manos de empresas sin fuertes medidas de seguridad, estos datos podrían ser explotados por actores malintencionados. “Si bien compartir los resultados de búsqueda de Google con otros podría generar algunos imitadores, también podría disminuir los incentivos para que otras empresas realmente innoven en las búsquedas”, explica Google.
2. Impacto en la innovación de IA: La intervención del gobierno podría frenar el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial de Google, en un momento crucial para la liderazgo tecnológico y económico de EE.UU. Google sostiene que imponer restricciones distorsionaría los incentivos y podría afectar la competencia global en este campo.
3. Mercado de publicidad online: Para Google, los cambios propuestos en el mercado de anuncios online podrían reducir su valor para pequeñas empresas y editores, afectando sus ingresos y haciendo que los anuncios sean menos efectivos para los consumidores.

Imagen: Flux Schnell

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La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) ha multado a Meta Platforms Ireland Limited con 91 millones de euros por haber vulnerado la seguridad de varios usuarios al almacenar sus contraseñas sin protección criptográfica ni cifrado. La sanción impuesta a la tecnológica, concluye así una investigación iniciada en abril de 2019.

Graham Doyle, Comisionado Adjunto de la DPC, explicó: «Es ampliamente aceptado que las contraseñas de los usuarios no deben almacenarse en texto plano, considerando los riesgos de abuso que surgen cuando las personas acceden a dichos datos. Debe tenerse en cuenta que las contraseñas que se examinan en este caso son particularmente sensibles, ya que permitirían el acceso a las cuentas de redes sociales de los usuarios».

Una investigación iniciada en 2019

El origen de este caso se remonta a marzo de 2019, cuando Meta Platforms Ireland Limited informó a la DPC de que, por error, había almacenado en sus sistemas internos las contraseñas de acceso a redes sociales de varios de sus usuarios en “texto simple”. Esto significaba que las claves se habían guardado sin protección criptográfica ni cifrado. Según indicó Meta durante su colaboración con la investigación, estas no fueron puestas a disposición de terceros.

Tras conocer este dato, la DPC inició una investigación en abril de 2019. Esta se centró en estudiar el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) por parte de Meta. Concretamente, se evaluó si la compañía implementó las medidas necesarias para asegurar un nivel de seguridad adecuado a los riesgos relativos al procesamiento de contraseñas, y si cumplió con sus obligaciones de documentar y notificar a la DPC las violaciones de datos personales.

• La Unión Europea pone en jaque a las grandes tecnológicas: investigaciones y multas sobre Amazon, Apple, Meta…

Decisión final e infracciones cometidas

Posteriormente, en junio de 2024, siguiendo lo pautado por el RGPD, la DPC presentó un proyecto de decisión ante las autoridades de control tanto de la Unión Europea como del Espacio Económico Europeo. Estas autoridades no presentaron objeciones.

Finalmente, la decisión fue tomada por los Comisionados de Protección de Datos, Dr. Des Hogan y Dale Sunderland. En esta se exponen las siguientes infracciones del RGPD por parte de Meta:

• Meta no notificó ni documentó a la DPC la violación de datos personales relativa al guardar contraseñas en texto simple. Esto infringe el Artículo 33(1) y el Artículo 33(5) del RGPD.
• Meta no aplicó medidas técnicas u organizativas adecuadas para garantizar la seguridad de las contraseñas de usuarios contra el procesamiento no autorizado. Esto infringe el Artículo 5(1)(f) del RGPD.
• Meta no implementó medidas técnicas u organizativas adecuadas para asegurar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, incluyendo la capacidad de garantizar la confidencialidad permanente de las claves de los usuarios. Esto infringe el Artículo 32(1) del RGPD.

Foto: Depositphotos

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La industria de los videojuegos ha emergido como un motor económico de gran relevancia en España, el cuarto mercado de la UE, y especialmente en la ciudad de Barcelona que se ha establecido como uno de los hubs más importantes en Europa en este ámbito; con más de 200 empresas ubicadas en la ciudad y que  representan el 50% de los ingresos del sector en España (más de 2.300 millones de euros en 2023).  

Este éxito no es casualidad; es el resultado de un ecosistema que fomenta la creatividad, la innovación y la inversión, que ha sido capaz también de generar un crecimiento anual sostenido en inversiones de más de dos dígitos durante la última década.  

Son cifras un poco vertiginosas que no nos debe hacer olvidar la complejidad que  presentan estos activos intangibles desde el punto de vista de su tratamiento  legal, en cuanto a la protección y explotación como obras de propiedad  intelectual e industrial; cuestiones que si no se abordan de una manera rigurosa  desde la propia concepción del proyecto pueden comprometer gravemente la  pacífica explotación y monetización posterior. 

A grandes rasgos, la complejidad anterior deriva de dos características muy  específicas del concepto de videojuego: 

• Una base audiovisual, conformada por diversas aportaciones de autores y  formatos que derivan de imágenes, guiones, vídeos, músicas y otros  efectos creativos.  
• Un software, que articula técnicamente todos estos elementos y facilita la  interacción de los usuarios (jugadores) con los elementos del videojuego. 

Esta acumulación de aportaciones de distinta naturaleza plantea también mucha  diversidad de respuestas jurídicas a la tutela del derecho de exclusiva del titular  del videojuego, y que estará en función de la categorización jurídica que tenga cada uno de los elementos antes mencionados, con una armonización  internacional poco clara.  

En este sentido, hay países que optan por darles un tratamiento parecido al de cualquier software, bajo el paraguas del derecho de autor o copyright, los hay que los asimilan a las obras audiovisuales; en el mismo ámbito de protección anterior, y los hay que optan por una protección distributiva: el caso del entorno de la UE que conlleva una segregación de todos estos elementos conformadores del  videojuego para asignarles a cada uno de ellos un tratamiento específico, ya sea en el ámbito de los derechos de autor, los diseños, las marcas o las patentes. 

Nuestra Ley de Propiedad Intelectual (RDL-TRLPI 1/1996) no contempla una  definición legal para el videojuego, porque parte de un concepto de obra abierto  en el artículo 10 y que va seguida de una lista no exhaustiva de ejemplos de obras:  (…) todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas  por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que  se invente en el futuro (…).  

Otro elemento de variabilidad en este tratamiento distributivo propio de nuestro  régimen jurídico es la diferente duración de los derechos de exclusiva, según la  modalidad de protección que puedan quedar encabezados.  

Así, los derechos de autor, para proteger aspectos audiovisuales del contenido o de software, tienen una vigencia muy larga que cubre la vida del creador y los 70  años posteriores a su muerte, mientras que los diseños industriales, que  también pueden cubrir determinados elementos audiovisuales, de interfaz de  usuario o de merchandising del juego tienen una duración máxima de 25 años. Finalmente, las marcas que se asociarán al nombre del juego o la imagen  corporativa del fabricante se extenderán hasta 10 años pudiéndose renovar de  manera indefinida por periodos idénticos, y las patentes que encajarían para  proteger soluciones de programación muy concretas, con efectos técnicos, tienen  una vigencia máxima de 20 años. 

En la vertiente de titularidad jurídica de los videojuegos también se plantean  retos importantes porque se trata de obras en colaboración, con un fuerte  carácter iterativo de todo el proceso creativo, que implica la participación  discontinua de muchos autores de todos los ámbitos apuntados, que crean  contenidos o programación propia y también pueden emplear la de terceros que,  por su parte, estará sometida a sus respectivos derechos de exclusiva del titular.  

Esta, digamos, volatilidad creativa en la autoría del videojuego puede ocasionar  una incorrecta atribución de derechos a los sujetos intervinientes en la creación,  cuando no una infracción de los derechos de terceros por el hecho de no haber  obtenido las licencias correspondientes. Todo ello acabará repercutiendo  gravemente en los intereses de las entidades o empresas que financian el  proyecto; los publishers y distribuidores, que en su función de editores del  videojuego se acaban atribuyendo la titularidad final de los derechos de  explotación. 

El impacto real del recorrido que tendrá este entorno es hoy en día una incógnita  absoluta, por la enorme aceleración tecnológica inherente al sector; con la  amplificación de las plataformas de e-sports, los NFT o la disrupción de la IA.  En definitiva, un auténtico crisol de todas las artes y formas creativas, conocidas y  por descubrir. 

Solo hay que poner un poco de atención al interés que las grandes marcas de sectores no digitales están mostrando por estrategias de co-branding, esponsorización o product placement, Y un ejemplo para curiosos: el trofeo de la World Cup League of Legends de 2019. 

Imagen: Flux Schnell

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Si las continuas tramas judiciales de las grandes compañías tecnológicas en la Unión Europea te parecían complicadas de seguir, ahora se complica todavía más: Google ha denunciado a Microsoft ante la Comisión Europea por prácticas anticompetitivas.

Por qué Google ha denunciado a Microsoft

Según Google, Microsoft ha establecido restricciones de licencias que limitan a las empresas europeas que utilizan la nube de trasladar sus cargas de trabajo a otros proveedores, penalizando a los clientes que intentan utilizar competidores como Google Cloud o AWS, la plataforma de Amazon. Esto habría generado un considerable aumento de precios para aquellos que buscan cambiar de proveedor y habría restringido la capacidad de las empresas de aprovechar al máximo las ventajas de la computación en la nube.

“Durante años, en el ámbito del software de productividad, Microsoft ha atrapado a los clientes en Teams, incluso cuando preferían a otros proveedores. Ahora, la compañía está haciendo exactamente lo mismo empujando a las empresas a Azure, su plataforma en la nube. Las características de las licencias de Microsoft restringen a las empresas europeas trasladar las cargas de trabajo que tienen en la nube de Microsoft a las nubes de la competencia, cuando no existen barreras técnicas para hacerlo o, si quieren realizarlo, imponen un incremento del precio del 400%”, explica Google en su comunicado.

Windows Server, en el centro de la polémica

“Si bien las limitaciones de licencias de Microsoft aplican a una familia de productos Windows que se utilizan en empresas, Windows Server está en el centro de nuestra denuncia, porque es un eje central en la estrategia de Microsoft de atrapar artificialmente a los clientes en Azure”, explica el comunicado. “Windows Server es una herramienta imprescindible de trabajo en muchos entornos de TI, que sirve de columna vertebral para aplicaciones, archivos y servicios y que ha reportado miles de millones de dólares al balance de cuentas de Microsoft. Cuando los negocios y gobiernos pagaban por obtener licencias de Windows Server, tenían derecho a ejecutarlas en cualquier hardware que quisieran, y lo hicieron durante muchos años en máquinas de HP, Dell, Lenovo y otras.

Sin embargo, a medida que la computación en la nube fue creciendo y ofreciendo nuevas ventajas a las empresas europeas, los clientes quisieron mover las licencias que habían adquirido a la nube a otros proveedores y en otros casos a múltiples nubes, para tener mayor resiliencia y seguridad. Al principio, Microsoft les permitió hacerlo, pero conforme Azure comenzó a enfrentarse a más competencia, Microsoft decidió anteponer sus propios intereses a los de los clientes e introdujo nuevas reglas que limitaron de manera muy severa las opciones de los clientes.

La restricción más importante llegó en 2019, cuando Microsoft incorporó nuevos términos en sus licencias imponiendo sanciones económicas extremas a las empresas que decidían utilizar el software de Windows Server en los competidores de Azure más cercanos como: Google Cloud o AWS. Las propias declaraciones de Microsoft indican que los clientes que quieran trasladar sus cargas de trabajo a estos competidores tienen que pagar cinco veces más. Y para aquellos que opten por seguir ejecutando Windows Server en otras nubes (a pesar del incremento de coste), Microsoft introdujo obstáculos adicionales, como la limitación de parches de seguridad y otras barreras de interoperabilidad“.

“La inadecuada cultura de seguridad de Microsoft”

Según Google, el impacto de las tácticas de Microsoft no se limita únicamente al ámbito de la competencia. Así, cita la investigación del economista francés Frédéric Jenny, según la cual los clientes europeos están sufriendo un coste de 1.000 millones de euros al año debido a las restricciones en las licencias de Microsoft. Este coste incluye no solo el dinero de los contribuyentes, sino también un freno al crecimiento y la transformación digital en Europa.

Pero Google también destaca que estas prácticas no solo afectan la competitividad y la innovación en el mercado europeo, sino que también representan un riesgo de seguridad al concentrar las operaciones en un solo proveedor, generando vulnerabilidades.

Así, para la compañía, la situación “también ha provocado efectos adversos derivados, incluidos mayores costes para los contribuyentes europeos, ha ahogado a la competencia, ha generado restricciones a los distribuidores y partners revendedores, y ha generado un mayor riesgo para las organizaciones que están expuestas a la inadecuada cultura de seguridad de Microsoft”.

En su opinión, las limitaciones de las licencias de Microsoft conducen a un escenario donde las empresas y los gobiernos se ven obligados a depender de un único proveedor, lo que aumenta la vulnerabilidad a ciberataques y fallos masivos en la infraestructura tecnológica:

“La seguridad y la fiabilidad también sufren. Como todo el mundo pudo ver hace dos meses, las tácticas de Microsoft de atrapar a clientes resultaron en un único punto de fallo que afectó a empresas, industrias y gobiernos enteros. Sin diversidad de proveedores, los ataques cibernéticos también se vuelven más frecuentes”, refiriéndose de esta forma a la incidencia en Crowdstrike que causó la caída de Microsoft Azure y provocó el caos en empresas de todo el mundo en el mes de julio.

Frente a esto, Google defiende un enfoque más abierto y transparente, ofreciendo sistemas multi-cloud y sin restricciones de salida para sus clientes, y está llevando esta disputa ante la Comisión Europea para buscar una solución más justa. El modelo multi-cloud permitiría a los clientes ejecutar sus cargas de trabajo en varias nubes, fomentando así la competencia y la innovación.

Imagen: Flux Schnell

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Como bien ya debes saber, Amazon ha impuesto un nuevo requisito para los sellers que superen los 5.000 euros de facturación mensual en su plataforma: un Seguro de Responsabilidad Civil. Este seguro, que deberá estar vigente desde el 1 de septiembre de 2024, es obligatorio para seguir operando en la plataforma.

Con esta normativa, el gigante del comercio electrónico quiere proteger a los consumidores y garantizar que los vendedores sean capaces de cubrir reclamaciones por daños o lesiones causados por sus productos.

Ante la exigencia, los vendedores se han puesto manos a la obra, aunque no ha sido una tarea nada fácil conseguir una aseguradora que pueda brindar todas las características necesarias que ha pedido Amazon y así lo han expresado en el foro de Sellers.

Sin embargo, y para alivio de todos, Segurecommerce, empresa de mediación de seguros para eCommerce, marketplaces y startups digitales, ha lanzado su nueva solución que ayudará a proteger y cubrir los daños ocasionados a terceros durante todo el desarrollo de la venta y post venta.

Segurecommerce: flexibilidad y comodidad

Segurecommerce es una línea de seguros de Segurepyme Group que se ha especializado en ofrecer soluciones personalizadas para eCommerce, marketplaces, vendedores Amazon y vendedores online de todos los sectores, que permite garantizar la protección del negocio de manera completa y eficaz.

Con una amplia gama de productos que se han pensado específicamente para cubrir las necesidades del sector digital y más en concreto para cumplir con los nuevos requisitos de Amazon y garantizar la tranquilidad de los vendedores, Segurecommerce ofrece:

• Seguros a la medida, brindando soluciones con la flexibilidad suficiente para que puedan adaptarse a nuevas empresas y comercios online. Para garantizar la mejor cobertura, Segurecommerce trabaja con todas las compañías de seguros que operan en España.
• Contratación online, acabando con los formularios de papel que no terminan, la aseguradora ofrece contrataciones ágiles, rápidas y 100% online.

Además de su seguro de Responsabilidad Civil para Amazon, que permite vender a través de Amazon en Europa, Estados Unidos o Canadá, Segurecommerce también ofrece otros productos:

• Responsabilidad civil: cobertura frente a reclamaciones de clientes, proveedores u otros que puedan ocasionar costes legales o indemnizaciones por daños del ejercicio de la actividad.
• Protección de local, oficina o almacén: para proteger oficinas, locales o almacenes ante imprevistos, como incendio, inundaciones, robos.
• Ciberseguridad: tomando en cuenta que más de 70% de los ataques online producidos en España es contra las pymes, Segurecommerce ofrece protección antes, durante y después de un ataque.

Muchos vendedores de Amazon ya confían en Segurecommerce y han contratado su póliza RC con ellos para vender en la plataforma con toda la tranquilidad y garantía que necesitan.

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El Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) ha confirmado la multa de 2.400 millones de euros impuesta a Google por abuso de su posición dominante. La multa fue originalmente impuesta en 2017 por la Comisión Europea, quien concluyó que Google favoreció injustamente su propio servicio de comparación de productos en detrimento de sus competidores en los resultados de búsqueda. Esta decisión llega tras varios años de disputas legales y reafirma la sentencia anterior del Tribunal General de 2021, que había desestimado un recurso similar presentado por la empresa tecnológica.

De esta forma, el recurso de casación presentado por Google y Alphabet fue desestimado, y el Tribunal reafirmó que el comportamiento de Google, que resaltaba sus propios servicios con elementos visuales atractivos y relegaba a sus competidores a enlaces simples, constituía un abuso de su posición dominante en el mercado.

Abuso de posición dominante en el mercado

El caso, que se remonta a 2017, gira en torno a la conducta de Google en 13 países del Espacio Económico Europeo (EEE), donde la Comisión Europea concluyó que la empresa había favorecido de manera injusta su propio servicio de comparación de productos, Google Shopping, sobre el de sus competidores en los resultados de búsqueda. La Comisión identificó que Google no solo situaba sus resultados en la parte superior de las búsquedas, sino que además los presentaba en cuadros destacados, acompañados de imágenes y descripciones, lo que los hacía visualmente más atractivos para los usuarios.

Por el contrario, los servicios de comparación de productos de la competencia aparecían relegados en los resultados, solo en forma de enlaces simples, conocidos como “enlaces azules”, que podían perder relevancia según el algoritmo de Google. Este trato desigual, concluyó la Comisión, impedía una competencia justa en el mercado y dificultaba que los competidores pudieran captar la atención de los consumidores, afectando así a la competencia basada en los méritos.

Un largo proceso judicial

Tras la multa impuesta por la Comisión, Google y su matriz, Alphabet, apelaron la decisión ante el Tribunal General de la Unión Europea, que en 2021 mantuvo la sanción económica. Sin embargo, el Tribunal General consideró que no se había demostrado que el comportamiento de Google tuviera efectos anticompetitivos en el mercado de las búsquedas generales en Internet. A pesar de esta aclaración, el Tribunal mantuvo la sanción original, que fue nuevamente recurrida por Google y Alphabet, esta vez ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en septiembre de 2024 confirmó la multa.

La sentencia del Tribunal de Justicia refuerza un principio clave en la legislación antimonopolio de la Unión Europea: no es ilegal ser dominante en un mercado, pero sí lo es abusar de esa posición para perjudicar a la competencia. En este sentido, el Tribunal recordó que las empresas en posiciones dominantes tienen la responsabilidad de evitar comportamientos que distorsionen la competencia, especialmente cuando utilizan medios ajenos a los méritos de sus productos o servicios para asegurarse una ventaja injusta.

Un nuevo golpe judicial para Google

El fallo marca un hito importante en la lucha de la Unión Europea contra los monopolios tecnológicos y subraya su compromiso con la protección de la competencia justa en el mercado digital. La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, ha sido una figura clave en la implementación de estas medidas y ha dejado claro que no tolerará abusos por parte de grandes empresas tecnológicas que dominen sectores estratégicos como las búsquedas en línea, las plataformas de comercio electrónico o las redes sociales.

Este caso también podría tener un impacto significativo en cómo Google y otras empresas tecnológicas estructuran sus negocios en Europa. Google ha sido objeto de varias investigaciones y sanciones por parte de las autoridades de competencia de la Unión Europea en los últimos años, y este veredicto podría alentar a otros reguladores a intensificar su escrutinio sobre las prácticas comerciales de la compañía en diferentes mercados.

Tal y como te contamos hace unas semanas, este está siendo un año movido a nivel judicial para los gigantes tecnológicos y, en especial, para Google. En el mes de marzo la Autoridad de Competencia francesa multó a Google con 250 millones de euros, tras acusarla de utilizar contenidos de editores y agencias de prensa para entrenar su modelo de inteligencia artificial, Bard (actualmente renombrado como Gemini), sin una notificación adecuada. Por si fuera poco, no ofreció a las partes afectadas una opción que les permita negarse sin afectar la visualización de sus contenidos. En pocas palabras, los medios digitales debían aceptar que sus datos fueran usados para entrenar Bard o sus contenidos dejaban de verse en la web.

Después, en el mes de agosto una sentencia en Estados Unidos concluyó que Google ha actuado como un monopolista y ha utilizado su poder de monopolio para establecer precios supracompetitivos en los anuncios de texto de búsqueda. En el documento, la corte concluye que los acuerdos de distribución de Google son exclusivos y tienen efectos anticompetitivos, y que la empresa no ha proporcionado justificaciones procompetitivas válidas para estos acuerdos​​. “Google es un monopolista, y ha actuado para mantener su monopolio”, explicaba el juez.

En ese caso, el juez también señaló que Google ha ejercido su poder de monopolio al mantener acuerdos que restringen a sus socios de preinstalar motores de búsqueda competidores en dispositivos móviles y navegadores, lo cual ha limitado significativamente las opciones de los consumidores y ha impedido la competencia en el mercado​​.

Imagen: GPT Plus

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha resuelto definitivamente el litigio entre la Comisión Europea e Irlanda por las ayudas fiscales concedidas a Apple, anulando una sentencia anterior del Tribunal General que favorecía a la empresa tecnológica. El fallo del TJUE confirma la postura de la Comisión Europea, que en 2016 concluyó que Irlanda otorgó ventajas fiscales indebidas a dos filiales de Apple, lo que resultó en una ayuda estatal ilegal valorada en aproximadamente 13.000 millones de euros. Esta sentencia marca un importante hito en la lucha contra la evasión fiscal de grandes multinacionales en la Unión Europea.

El caso comenzó en 2016, cuando la Comisión Europea emitió una decisión en la que señalaba que Irlanda había otorgado ventajas fiscales ilegales a Apple entre 1991 y 2014. Estas ventajas fiscales derivaban de decisiones fiscales anticipadas (tax rulings) que permitían a dos subsidiarias del grupo Apple, Apple Sales International (ASI) y Apple Operations Europe (AOE), calcular su base imponible de manera favorable. Estas dos entidades estaban registradas en Irlanda pero no eran residentes fiscales, y las decisiones fiscales permitían excluir gran parte de los ingresos generados por sus actividades internacionales, lo que reducía considerablemente sus obligaciones tributarias en Irlanda.

La Comisión argumentó que este tratamiento fiscal especial constituía una ayuda de Estado ilegal, ya que proporcionaba a Apple una ventaja selectiva en detrimento de otros competidores, y solicitó a Irlanda que recuperara los 13.000 millones de euros en impuestos no pagados .

En 2020, el Tribunal General de la Unión Europea anuló la decisión de la Comisión, argumentando que esta no había demostrado suficientemente la existencia de una ventaja selectiva a favor de Apple. Según el Tribunal General, la Comisión no logró probar que las decisiones fiscales otorgadas por Irlanda reducían indebidamente la base imponible de las filiales de Apple, y falló en favor de Irlanda y Apple .

El fallo del Tribunal de Justicia revierte la decisión del Tribunal General, indicando que este último cometió errores al evaluar la argumentación de la Comisión. El TJUE concluyó que la Comisión sí había demostrado de manera suficiente que las decisiones fiscales otorgaban una ventaja selectiva a Apple. En particular, el TJUE destacó que los ingresos generados por las licencias de propiedad intelectual, que eran gestionadas desde fuera de Irlanda, debían ser atribuidos a las sucursales irlandesas para fines fiscales.

Esta sentencia final obliga a Apple a devolver los 13.000 millones de euros en impuestos no pagados, un golpe significativo para la compañía y un mensaje claro para otras multinacionales que operan en Europa. Además, refuerza el papel de la Comisión Europea en la lucha contra las prácticas fiscales desleales que permiten a grandes corporaciones eludir impuestos a través de complejas estructuras internacionales. Para que te hagas una idea de lo que supone, durante 2023, el volumen de negocio de la compañía en Europa rondó los 93.000 millones de euros.

Imagen: Flux Schnell

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La era de las facturas con formato .pdf está a punto de terminar en España, y es que el Gobierno ha advertido que, próximamente la facturación electrónica pasará a ser obligatoria para empresas y profesionales que desarrollen su actividad en el país. Esta medida se enmarca dentro de la Ley 18/2022 de Creación y Crecimiento de Empresas, también conocida como Ley Crea y Crece, y se espera que se apruebe este mismo mes para comenzar su primera fase de entrada en vigor en 2025.

Esto implica despedirnos de la creación de facturas mediante herramientas como Word o Excel, las cuales eran recursos sencillos que cualquier empresa o autónomo podía manejar. Y también podría pronosticar la desaparición de las facturas en papel si se apuesta por un sistema completamente digitalizado.

Cómo funcionará la facturación electrónica

Esta normativa está planteada para avanzar en la digitalización del proceso de facturación. Por ello, tan solo permitirá el uso de sistemas de software homologados y autorizados para emitir facturas electrónicas. Así mismo, quienes no deseen emplear plataformas certificadas, también podrán recurrir a una solución pública de facturación electrónica que estará gestionada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Sumado a esto, deberán enviarse copias de todas las facturas a la Agencia Tributaria a fin de garantizar un registro y control de las mismas. El objetivo de este nuevo proceder es agilizar las transacciones, facilitar el control de pagos y reducir la morosidad. No obstante, esta digitalización del proceso implicará adaptarse a una nueva forma de realizar y gestionar estos documentos que podría resultar en algún que otro quebradero de cabeza al tener que ajustar sus sistemas internos para que puedan procesar este tipo de facturas.

Plazos de implementación

Si bien la entrada en vigor de la Ley Crea y Crece se produjo el 19 de octubre de 2022, existen algunos aspectos de esta que todavía no se han hecho efectivos. Este es el caso de la normativa relativa a la facturación electrónica, cuya aprobación final está prevista para este mes de septiembre.

Una vez se haya dado este paso, las empresas que presenten una facturación anual superior a los 8 millones de euros, deberán adoptar completamente la factura electrónica transcurrido un año desde la aprobación. Por lo que la fecha estimada se situaría en septiembre de 2025.

Mientras que, al resto de entidades, se les comenzará a aplicar esta normativa pasados dos años desde su aprobación. Es decir, en septiembre de 2026 aproximadamente. Finalmente, en el caso de los autónomos, estos contarán con un plazo de tres años.

Sanciones

Como era de esperar, el incumplimiento de esta nueva normativa implicrá una serie de sanciones dependiendo de la gravedad de la falta. En este sentido, estas multas se situarán en torno a los 150€ por cada documento no procesado debidamente, llegando a situarse en el 75% del importa de la factura si esta ha sido falseada de algún modo.

Por otra parte, aquellas empresas que no hayan adaptado su sistema y trabajen con la facturación digital una vez este aspecto de la normativa entre en vigor, podrán enfrentarse a sanciones de hasta 10.000€.

La facturación electrónica supondrá mayor control y eficiencia

Para poder entender un poco mejor cómo va a influir la transición hacia la facturación electrónica en las empresas y profesionales, hemos charlado con Ángel Aparicio, cofundador y director de customer success de Docuten. Aparicio sostiene que «la Ley Crea y Crece buscar fomentar la digitalización y luchar contra la morosidad. La implantación de factura electrónica permite trabajar estos dos aspectos. Mientras que, en el caso de la Ley Antifraude, el objetivo es perseguir el fraude fiscal y la doble contabilidad. Y por ello obligan a usar Sistemas Informáticos de Facturación certificados que impidan borrar o modificar facturas sin dejar rastro.

Por todo ello, podemos decir que las medidas de las dos leyes van en la línea de un mayor control de las actividades de las empresas, pero también van a ayudar a que las empresas sean más eficientes, ya que van a usar tecnologías que favorecen el intercambio de información de una manera más sencilla».

En cuanto a si la implementación de la nueva normativa resultará sencilla para las empresas, Aparicio se muestra optimista. «Estas dos leyes van a significar cambios significativos en la forma en la que las empresas gestionan su facturación. Esto va a implicar un cambio tecnológico en muchas de ellas, ya que tendrán que usar Sistemas Informáticos de Facturación que cumplan con lo que piden la leyes, pero seguro que van a tener opciones suficientes en el mercado para resolverlo».

Así mismo, la facturación electrónica también traerá consigo ventajas, asegura Aparicio. «El uso de tecnologías de factura electrónica les va a permitir ser más eficientes, gastando menos recursos en la recepción de las facturas, ya que los datos de estas se van a indexar de manera automática en los sistemas de contabilidad, sin necesidad de trabajos manuales.

Además, las empresas van a tener más información en tiempo real de sus facturas emitidas y recibidas, ya que no van a tardar tanto tiempo en integrar esa información en sus sistemas contables.

Y finalmente, las empresas van a poder controlar mejor los plazos de pago de sus facturas, ya que van a tener información en tiempo real de las fechas de pago de cada factura».

Foto: generada a través de GPT4

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Amazon ha impuesto un nuevo requisito obligatorio para sus vendedores en España que presenten una facturación mensual mayor a los 5.000€. Y es que el minorista ha enviado un correo a los vendedores explicándoles que, a partir del 1 de septiembre de 2024, deberán contar con un Seguro de Responsabilidad Comercial, una medida clave para la protección de su negocio y necesaria para continuar vendiendo en la plataforma.

Más allá de un requisito administrativo, el objetivo de esta nueva normativa es proteger a los vendedores ante posibles reclamaciones por daños o lesiones relacionados con los productos que vende. Por ejemplo, si a un cliente se le presenta un problema con uno de los productos y decide demandar, este seguro es el mejor aliado para seguir concentrado en el negocio sin el temor de enfrentarse a costosos litigios legales.

Requisitos del Seguro de Responsabilidad Comercial de Amazon

Para cumplir con el nuevo requerimiento y estar alineado con las nuevas políticas de Amazon, el seguro debe cumplir con ciertas condiciones:

Cobertura de la póliza de seguro

Según el país o la zona en la que se venda los límites de las pólizas pueden variar, aunque el límite mínimo debe ser de 500.000 €:

• Europa: en el territorio europeo también hay variantes en la cobertura mínima de las pólizas según la moneda local. En este sentido, para España, Alemania, Francia, Italia y Países Bajos 500.000€; para Reino Unido 400.000£; para Suecia 5.000.000kr (coronas suecas); para Polonia 2.250.000PLN (eslotis polacos).
• Estados Unidos: la cobertura mínima debe ser de un millón de euros.
• Franquicia: la cantidad debe ser inferior a los 10.000 €. Para aclarar, la franquicia se refiere a la cantidad que debe asumir el vendedor en caso de siniestro y se deduce de la indemnización que pueda recibir el perjudicado del siniestro.

Asegurado adicional

Tanto Amazon como sus beneficiarios deben estar expresamente incluidos como asegurado adicional. Este requisito es crucial, pues protege la plataforma en caso de cualquier incidente relacionado con los productos comercializados.

Cobertura completa

La póliza debe cubrir todos los productos que el vendedor tiene publicados en la plataforma. Es importante no dejar ningún producto sin asegurar para evitar problemas futuros.

• Descubre las mejores herramientas para vender en Amazon

Capacidad del proveedor de seguros

Algo crucial a tener en cuenta es que la compañía aseguradora debe tener capacidad internacional de gestión de reclamaciones. Es decir, que pueda actuar en reclamaciones extrajudiciales y judiciales fuera de las fronteras del vendedor. Además, la aseguradora debe contar con una valoración financiera de S & P A- o AM Best A- (o superior), garantizando que sea una aseguradora solvente.

Actualización de la información en Amazon

Cuando ya se tenga la póliza en orden, es fundamental actualizar los detalles de la cuenta de Amazon, lo que evitará que las ventas se interrumpan.

Algo muy importante para considerar es que el cumplimiento de este nuevo requisito es obligatorio y los vendedores que no lo cumplan o que presenten una póliza deficientemente contratada o inadecuada, se pueden enfrentar a la suspensión de su cuenta de Amazon. Si bien el minorista podrá considerar algunas excepciones en casos específicos, estos serán evaluados caso por caso y no hay garantías de salir airoso.

Algunos vendedores de Amazon han expresado sus dudas sobre el tema en el foro de Sellers, manifestando lo difícil que ha sido encontrar un proveedor de seguros que cumpla con todos los requisitos exigidos por la plataforma y su preocupación por no cumplir con el requisito antes de la fecha establecida.

Foto: generada con Flux

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Apple acaba de anunciar una serie de cambios que se implementarán en los dispositivos iOS y iPadOS para los usuarios de la Unión Europea antes de que finalice el año. Estos ajustes están motivados por el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la Comisión Europea.

Cambios en la pantalla de elección de navegador

Uno de los cambios más destacados es la actualización de la pantalla de elección de navegador. Los desarrolladores cuyos navegadores sean ofrecidos en esta pantalla podrán mostrar información adicional sobre sus productos a los usuarios que visualicen la pantalla de elección. Además, recibirán acceso a más datos sobre el rendimiento de la pantalla de elección. Esta actualización será visible para todos los usuarios en la UE que tengan Safari como navegador predeterminado.

La DMA establece que los “gatekeepers”, o grandes plataformas digitales como Apple, no pueden imponer sus propios productos o servicios de manera predeterminada en los dispositivos de los usuarios. Los cambios en la pantalla de elección de navegador y la mayor visibilidad y acceso a datos para los desarrolladores de navegadores de terceros están diseñados para garantizar una competencia más justa en este ámbito. Esto responde al objetivo de la DMA de permitir a los usuarios elegir libremente sus aplicaciones predeterminadas sin estar obligados a usar las de la plataforma dominante.

Nuevas opciones de aplicaciones predeterminadas

Otra novedad significativa es la inclusión de una sección en la configuración de iOS 18 y iPadOS 18 llamada “Default Apps” (aplicaciones predeterminadas), donde se listarán las aplicaciones predeterminadas disponibles para cada usuario. En futuras actualizaciones de software, se permitirán nuevas configuraciones predeterminadas para diversas funciones como realizar llamadas, enviar mensajes, traducir textos, navegación, gestión de contraseñas, teclados, y filtros de spam de llamadas.

La DMA también busca asegurar que los usuarios tengan un control real sobre las aplicaciones predeterminadas en sus dispositivos. La nueva sección de “Aplicaciones predeterminadas” está directamente relacionada con ello. Esto permite a los usuarios configurar libremente sus preferencias, en lugar de estar limitados a las opciones predeterminadas que ofrece el sistema operativo de Apple.

Finalmente, se ha anunciado que las aplicaciones nativas de Apple como la App Store, Mensajes, Fotos, Cámara y Safari podrán ser eliminadas por los usuarios en la UE. La DMA impone restricciones sobre las prácticas que obligan a los usuarios a mantener aplicaciones nativas preinstaladas en sus dispositivos. 

Imagen: Flux Schnell

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El gigante de la moda rápida Shein ha presentado una demanda contra su rival Temu, acusándola de infracción de derechos de autor y robo de secretos comerciales. La demanda, presentada en un tribunal federal de Estados Unidos, alega que Temu ha utilizado diseños y secretos empresariales de Shein sin autorización, lo que ha causado un daño significativo a la empresa. En la demanda, se explica que “con esta información robada, Temu ordenó a sus vendedores que copiaran los productos Shein más vendidos y vendieran versiones imitadas en el sitio web y la aplicación móvil de Temu”.

Shein sostiene que Temu ha copiado sistemáticamente sus productos y ha empleado tácticas desleales para captar a los proveedores de Shein. Además, afirma que Temu ha utilizado información confidencial de Shein para replicar sus estrategias comerciales y acelerar su propio crecimiento en el mercado. Finalmente, acusa de trabajar a pérdidas a Temu, asegurando que pierde dinero con cada compra.

La demanda de Shein busca no solo una compensación económica por los daños sufridos, sino también una orden judicial que impida a Temu continuar utilizando cualquier diseño o secreto comercial de Shein. Este caso podría tener implicaciones significativas para la industria de la moda rápida, especialmente en cuanto a cómo se protege la propiedad intelectual en un sector tan competitivo y acelerado.

Desde Temu, nos han pedido explicar su postura: “La audacia es inconcebible. Shein, que se ha sepultado bajo su propia montaña de demandas por infracción de propiedad intelectual, tiene el descaro de fabricar acusaciones contra otros por las mismas faltas por las que ellos son demandados repetidamente.”, aclaran desde la empresa.

Una rivalidad encarnizada

La rivalidad entre estas dos empresas chinas ha ido en aumento en los últimos años, ya que ambas compiten agresivamente por la cuota de mercado global en el sector de la moda rápida. Shein, conocida por su capacidad para ofrecer ropa asequible y seguir las últimas tendencias, ha experimentado un gran crecimiento. Temu, por su parte, ha ganado popularidad rápidamente, atrayendo a consumidores con precios bajos y una amplia gama de productos.

De hecho, no es la primera batalla legal que tienen.

En 2023,  Temu presentó una demanda contra Shein en Massachusetts, acusándola de violar la ley antimonopolio al impedir que los fabricantes trabajasen con Temu. La demanda alegaba que Shein utilizó amenazas e intimidación para forzar a los fabricantes a aceptar acuerdos de exclusividad y someterse a condiciones injustas, incluyendo multas punitivas y la cesión de derechos de propiedad intelectual. Temu también afirmaba que Shein castigó a los comerciantes que colaboraban con su plataforma mediante multas extrajudiciales.

Meses después, en diciembre, Temu presentó una nueva demanda contra Shein en una corte del Distrito de Columbia, EE.UU., alegando que Shein utilizó tácticas de intimidación para amenazar a proveedores y bloquear a fabricantes de ropa que trabajaban con Temu, violando la ley antimonopolio. Temu denunció que Shein empleó métodos ilegales, como retener a proveedores durante horas en sus oficinas, confiscar sus teléfonos para obtener información sin permiso y forzarlos a romper lazos con Temu, bajo amenazas de sanciones y la anulación de sus contratos.

Pero antes de que Temu pusiese su demanda, Shein había demandado a su rival ante una corte en Estados Unidos, alegando que Temu contrató a influencers en redes sociales para que hicieran comentarios despectivos sobre el minorista y engañaron a los clientes para que descarguen la aplicación de Temu usando cuentas sociales falsas.

[Este artículo ha sido actualizado para incluir las declaraciones de los portavoces de Temu]

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Google se enfrenta a un nuevo problema legal, uno más. Pocos días después de que un tribunal norteamericano concluyese que Google había actuado durante años como un monopolista, el gigante norteamericano ve como otro tribunal reabre un caso en su contra que llevaba en pausa desde 2022.

El origen de la demanda

En 2020 un grupo de usuarios de Google demandaron a la compañía, afirmando que Google había utilizado datos de navegación de usuarios de Chrome sin consentimiento. Los demandantes son un grupo de usuarios que decidieron no sincronizar sus navegadores con sus cuentas de Google mientras navegaban. Según su queja, creían, basándose en los términos de la Política de Privacidad de Chrome, que al no sincronizar, cierta información personal no sería recopilada por Google.

En 2022, un tribunal falló a favor de Google, concluyendo que no se había producido una violación significativa de la privacidad de los usuarios y que Google demostró con éxito que los demandantes consintieron la recopilación de datos. Los demandantes apelaron, alegando que no se consideró adecuadamente la falta de transparencia en las condiciones de uso y consentimiento. Ahora, una nueva decisión judicial reabre el caso, diciendo que el tribunal debería haber determinado si un usuario razonable que leyera las condiciones de uso pensaría que estaba dando su consentimiento a la recopilación de datos.

Los demandantes en este caso colectivo afirman que Google ha estado recopilando y utilizando información de sus actividades de navegación en Google Chrome, incluyendo datos de las páginas web visitadas, términos de búsqueda e información ingresada en formularios en línea.

La acusación central es que Google no fue lo suficientemente transparente sobre cómo recopila y utiliza estos datos, lo que lleva a una violación de la Ley de Privacidad. Los demandantes argumentan que esta falta de transparencia constituye una violación de los derechos de privacidad de los usuarios y están buscando una compensación por los daños supuestamente sufridos.

Próximos pasos

Los siguientes pasos en el caso incluyen la revisión de la apelación por parte de un tribunal superior. Este tribunal evaluará si la decisión original que favoreció a Google fue correcta, considerando los argumentos sobre la falta de consentimiento informado y las posibles violaciones de privacidad. Dependiendo del fallo, el caso podría avanzar a nuevas audiencias o resolverse mediante un acuerdo.

Este caso es significativo porque podría establecer un precedente importante en la interpretación de las leyes de privacidad digital. Si los demandantes tienen éxito en su apelación, podría obligar a Google y otras empresas tecnológicas a ser más transparentes sobre cómo recopilan y utilizan los datos de los usuarios.

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Mientras que X denuncia a CVS, Unilever, Mars y Ørsted por retirar sus anuncios de la plataforma, la Comisión de Protección de Datos (DPC) de Irlanda inició un procedimiento contra la red social de Elon Musk ante el Tribunal Superior por el uso no autorizado de datos personales de millones usuarios europeos para entrenar el chatbot Grok AI, la herramienta de búsqueda mejorada de X que se ofrece a los usuarios Premium y Premium + de la plataforma.

Como hemos visto en casos anteriores, la DPC es un organismo clave en el ámbito legal de la tecnología europea. Muchas de las principales empresas tecnológicas globales, como Facebook, Google, Apple y Twitter, tienen sus sedes europeas en Irlanda. Esto convierte a la DPC en una entidad crucial para la regulación de estas empresas en el ámbito del GDPR. Así, la DPC desempeña un papel central en investigaciones transfronterizas sobre privacidad de datos. Tiene la responsabilidad de liderar la cooperación entre otras autoridades de protección de datos en la Unión Europea (UE) para casos que involucren a múltiples jurisdicciones.

En este caso, la DPC -representada por Remy Farrell SC, con David Fennelly Bl instruido por Philip Lee Solicitors- asegura que X ha incumplido con las regulaciones de los permisos de uso de datos personales establecidos según Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y sigue adelante con su proyecto Grok, a pesar de las objeciones.

Entrenamiento de Grok con datos personales

Las preocupaciones de la DCP se basan en el uso de los datos de los usuarios -como sus publicaciones públicas- para entrenar a los sistemas de inteligencia artificial de X. Esto toma más relevancia si tenemos en cuenta que la red social ha anunciado que lanzará una versión mejorada de Grok a lo largo de este mes, y que esta mejora se debería al entrenamiento de la herramienta con datos personales de miles de usuarios tanto de la Unión Europea como del Espacio Económico Europeo (EEE).

Además, el órgano de contralor asegura que X ha rechazado las solicitudes que se le hicieron para dejar de procesar los datos personales de los usuarios o posponer el lanzamiento de la próxima versión de Grok.

Si bien, la DPC reconoce que Twitter ha adoptado ciertas medidas de mitigación que no estaban en vigor al inicio del procesamiento de datos, como un mecanismo que permite a los usuarios optar por no participar, señala que un gran número de los millones de usuarios europeos de X han sido, y siguen siendo, objeto de procesamiento sin haber recibido la protección adecuada de estas medidas de mitigación de manera oportuna y efectiva, en consonancia con los derechos establecidos por el RGPD.

Por eso es que considera a este como un asunto urgente y ha decidido escalar el proceso hasta el Consejo Europeo de Protección de Datos para que este determine si el procesamiento de los datos de los usuarios de X es legal o no.

Respuesta de X

X ha negado el haber cometido algún delito y afirma que la acusación de la DPC es «injustificada, demasiado amplia y señala a X sin ninguna justificación». Según el portal SocialMediaToday, la red social de Musk aseguró que: «La orden se aplica no sólo a Grok sino a cualquier modelo de IA que utilice X, lo que podría afectar nuestro trabajo para mantener la plataforma segura y posiblemente la capacidad de ofrecer X en la UE.

Hemos trabajado de forma proactiva con los reguladores, incluida la Comisión Irlandesa de Protección de Datos, en relación con Grok desde finales de 2023, y hemos sido totalmente transparentes con ellos sobre el uso de datos públicos relacionados con los modelos de IA. Esto ha incluido proporcionar evaluaciones y compromisos legales necesarios donde se ha discutido en profundidad.

X comunicó directamente a los usuarios cómo utiliza los datos para entrenar la IA y las políticas de X se han actualizado desde 2023 para reflejar mejor eso, entre muchas otras medidas de transparencia».

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En una sentencia histórica, el juez Amit P. Mehta, del Tribunal de Distrito de EE.UU., concluyó que Google ha actuado como un monopolista y ha utilizado su poder de monopolio para establecer precios supracompetitivos en los anuncios de texto de búsqueda. En el documento, publicado ayer, la corte concluye que los acuerdos de distribución de Google son exclusivos y tienen efectos anticompetitivos, y que la empresa no ha proporcionado justificaciones procompetitivas válidas para estos acuerdos​​. “Google es un monopolista, y ha actuado para mantener su monopolio”, explica el juez.

El juez también señaló que Google ha ejercido su poder de monopolio al mantener acuerdos que restringen a sus socios de preinstalar motores de búsqueda competidores en dispositivos móviles y navegadores, lo cual ha limitado significativamente las opciones de los consumidores y ha impedido la competencia en el mercado​​.

“Los acuerdos relevantes”

En la sección VI de la sentencia, titulada “Los acuerdos relevantes”, se abordan los diferentes acuerdos de distribución que Google ha utilizado para asegurar su posición como el motor de búsqueda predeterminado en diversos dispositivos y navegadores.

Según el documento, en 2021, Google pagó más de 26 mil millones de dólares en pagos para asegurar sus acuerdos de distribución. Estos pagos se calculan generalmente como un porcentaje de los ingresos publicitarios que Google genera a través de las consultas realizadas mediante los puntos de acceso de búsqueda predeterminados en diversos dispositivos y navegadores​​.

De acuerdo con la sentencia, estos acuerdos de participación en ingresos son una parte crucial de la estrategia de Google para mantener su posición como el motor de búsqueda predeterminado en los navegadores y dispositivos de gran alcance, como los de Apple y diversos dispositivos Android.

Acuerdos con navegadores

1. Acuerdo de Servicios de Internet Google-Apple: Google y Apple tienen un acuerdo en el cual Google paga a Apple para ser el motor de búsqueda predeterminado en el navegador Safari en dispositivos Apple. Este acuerdo es fundamental para Google, ya que asegura el acceso a millones de usuarios de iPhone y iPad​​.
2. Acuerdo Mozilla-Google: Similar al acuerdo con Apple, Google también tiene un acuerdo con Mozilla para ser el motor de búsqueda predeterminado en el navegador Firefox.
3. Otros acuerdos con navegadores: Google también ha establecido acuerdos con otros navegadores, asegurando su posición como el motor de búsqueda predeterminado en la mayoría de los navegadores disponibles en el mercado​​.

Acuerdos sobre Android

1. Acuerdos de distribución de aplicaciones móviles (Mobile Application Distribution Agreements – MADA): Estos acuerdos requieren que los fabricantes de dispositivos Android, como Samsung y Motorola, preinstalen el motor de búsqueda de Google y otras aplicaciones de Google en sus dispositivos. Esto garantiza que Google sea el motor de búsqueda predeterminado en la mayoría de los dispositivos Android​​.
2. Acuerdos de participación en los ingresos (Revenue Share Agreements – RSA): A través de estos acuerdos, Google ofrece compartir una parte de sus ingresos publicitarios con los fabricantes de dispositivos y operadores móviles a cambio de establecer Google como el motor de búsqueda predeterminado. Esto crea un incentivo financiero para que estos socios mantengan a Google como la opción predeterminada​​.
3. Acuerdos de información de servicios móviles (Mobile Services Information Agreements): Estos acuerdos refuerzan las prácticas de Google para asegurar su dominio en el mercado al limitar la preinstalación de motores de búsqueda competidores en dispositivos Android​​.

Sin sanción para Google, por el momento

El tribunal concluyó que Google violó la Sección 2 de la Ley Sherman al actuar como un monopolista y mantener su monopolio en los mercados de servicios de búsqueda general y anuncios de texto en búsqueda general. Sin embargo, por el momento, el tribunal no ha impuesto sanciones monetarias directas a Google por estas violaciones​​.

El tribunal primero se ha encargado de abordar si Google era responsable de violar las leyes antimonopolio. Tras esta determinación, el tribunal se centrará en qué remedios serán apropiados para corregir los efectos anticompetitivos de las prácticas de Google​​. En cualquier caso, en lugar de imponer sanciones monetarias inmediatas, es probable que el tribunal se concentre en ordenar cambios estructurales o conductuales en la manera en que Google opera. Esto podría incluir modificar o restringir los acuerdos de distribución exclusivos que Google ha utilizado para mantener su posición dominante​​.

Por otra parte, al margen de las actitudes monopolísticas, otro de los aspectos más llamativos del caso se centró en la eliminación de algunos chats internos de los empleados relacionados con la investigación, en lo que ha sido visto por la acusación como una posible destrucción de pruebas. La parte demandante argumentó que estos mensajes podían contener pruebas relevantes para el caso antimonopolio pero el tribunal decidió no imponer sanciones basándose en que la conducta de Google en relación con los mensajes de chat ni tuvo un impacto directo en el caso ni habría afectado la capacidad del tribunal para tomar una decisión informada sobre las violaciones antimonopolio.

Años de batalla judicial contra Google

Hace años, muchos años, que Google recibe acusaciones por prácticas monopolísticas relacionadas con distintas áreas de su inmenso y muy diverso negocio. Relacionadas con Android, su tienda de aplicaciones, con Shopping… en algunos casos estas acusaciones se han plasmado en investigaciones formales, y en algunos casos esas investigaciones formales han derivado en una sanción económica.

Por poner un ejemplo: en junio de 2017 la Comisión Europea multó a Google por dar ventajas “ilegales” a su propio servicio de comparación Google Shopping cuando los usuarios utilizaban su motor de búsqueda. De acuerdo a la Comisión, la compañía otorgaba un lugar prominente a su servicio, de manera que cuando un internauta inicia una búsqueda de un producto en Google, los resultados de Google Shopping aparecen más cercanos a los resultados de la consulta. Aquella multa alcanzaría una cifra récord (por aquel entonces) de 2.420 millones de euros.

Por supuesto, desde entonces estos conflictos judiciales han seguido apareciendo, tanto en Estados Unidos, como en otros países, o en la propia Unión Europea. A veces, estas demandas no las realizan instituciones públicas, sino empresas privadas, como la presentada este mismo año por 32 grupos de medios internacionales (entre los que se encuentran Axel Springer, Schibsted o Prensa Ibérica) que reclaman a Google 2.100 millones de euros (2.300 millones de dólares), alegando haber sufrido grandes pérdidas económicas a causa de las prácticas anticompetitivas y monopólicas de publicidad digital de Google.

Es evidente que Google ha crecido mucho desde que Brin y Page lo lanzaron allá por 1998, que ha llegado a extender sus tentáculos a una diversidad impensable de negocios digitales y que, a veces, sus actuaciones no han favorecido la competencia. La amenaza de romper Google en distintas divisiones independientes lleva años presente, y nunca ha llegado a realizarse.

Por ahora.

¿Será este el momento?

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En los últimos meses, la Comisión Europea ha endurecido su labor de supervisión e inspección alrededor de la actividad de las grandes compañías del sector digital. Y es que desde que comenzó a regir Ley de Mercados Digitales (DMA) y la Ley de Servicios Digitales (DSA), que regula la publicidad y recogida de datos online en redes sociales, marketplaces, grandes plataformas en línea y grandes motores de búsqueda, el ente no ha parado de investigar, avisar, denunciar y multar a las grandes empresas tecnológicas del mundo.

Prácticas desleales de competencia, recopilación de datos de usuarios indebidas y un largo etcétera componen un complicado entramado de acción reguladora que no para de crecer en lo que va de año.

A nivel europeo

AliExpress

La lista de las infracciones por las que la Comisión investiga a AliExpress en marzo es larga e incluye:

• Evaluación y mitigación de difusión de contenidos ilegales. Falta de condiciones que prohíban acceder a determinados productos (medicamentos, alimentos falsificados y suplementos dietéticos) y pornografía. Además de esto, la falta de medidas efectivas para prevenir la difusión de contenidos ilegales, evitar la manipulación intencionada a través de «enlaces ocultos» y prevenir que influencers promocionen productos ilegales o nocivos a través de su “Programa de Afiliados”.
• Evitar que los usuarios (aunque no estén registrados) puedan notificar sobre contenidos ilegales.
• No proporcionar un sistema interno que atienda las quejas de los usuarios.
• No recopilar y evaluar eficazmente la información de los comerciantes que utilizan AliExpress, incluso los que participan de su programa de afiliado.
• Falta de transparencia sobre los parámetros utilizados en sus sistemas de recomendación y no proporcionar una opción de recomendación no basada en perfiles.
• Falta de un repositorio confiable y con capacidad de búsqueda para sus anuncios.
• No permitir que los investigadores puedan acceder a sus datos públicos.

Amazon

Al gigante minorista estadounidense, el ente le solicitó datos sobre sus sistemas de recomendación (factores de entrada, características, señales, información y metadatos aplicados a estos sistemas y qué opciones se ofrecen a los usuarios que no quieren ser perfilados), los documentos justificativos relativos a su informe de evaluación de riesgos y las medidas tomadas para adaptarse a la nueva ley en cuanto a la transparencia en publicidad (información sobre el diseño, el desarrollo, la implantación, las pruebas y el mantenimiento de la interfaz en línea de la biblioteca de anuncios de Amazon Store).

Anteriormente, la UE hizo dos peticiones de información a Amazon: en noviembre de 2023 referente a la valoración de riesgos y medidas mitigadoras de venta de productos ilegales; y en enero de 2024 sobre cómo facilitan a los investigadores acceder a datos.

Apple

Apple es la empresa tecnológica que más problemas con las autoridades ha tenido durante 2024. Primero, durante los primeros días de marzo, la Comisión Europea le impuso una multa por 1.800M€, acusándola de abusar de su posición dominante en el mercado de distribución de aplicaciones de streaming de música para usuarios de iOS a través de su App Store. Según el comunicado emitido por la Comisión, Apple prohibió que los desarrolladores de aplicaciones de streaming de música pudieran informar a los usuarios de iOS de la existencia de servicios de suscripción de música alternativos y más baratos fuera de la aplicación.

Pero además, Apple está en el objetivo de otras dos investigaciones de la Comisión: la primera, por sus reglas sobre la dirección en la App Store y la pantalla de elección para Safari; la segunda, por impedir que los desarrolladores de aplicaciones dirijan a los consumidores a canales alternativos para ofertas y contenido.

A nivel español, la CNMC también investiga a la empresa fundada por Steve Jobs por imponer condiciones comerciales inequitativas a los desarrolladores que utilizan la Apple App Store. De confirmarse, estas infracciones podrían conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocio total mundial de la empresa en el ejercicio anterior a la imposición de la multa: más de 3.500 M€ en el caso de Apple.

Glovo

En julio, la Comisión inició una investigación antimonopolio contra Glovo y su propietaria, Delivery Hero, pues sospecha que antes de que Delivery Hero adquiriera completamente con Glovo en 2022, estas asignaron mercados geográficos específicos, compartieron información comercial sensible (estrategias, precios, capacidad y costos) y acordaron no robar empleado entre sí.

De ser ciertas estas sospechas, Delivery Hero y Glovo habían infringido el Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFEU) y el Artículo 53 del Acuerdo EEA, que afecta negativamente la competencia y los consumidores.

Meta

En este caso, la investigación de la Comisión determinó que el permiso de consentimiento de Meta aplicado a Facebook e Instagram viola los derechos de los usuarios, pues les obliga a pagar una suscripción de hasta 13 euros para evitar que sus datos sean rastreados y ver anuncios personalizados.

Es decir, ya que las plataformas sociales de Metas son gratis, en lugar de ofrecer un plan premium que corte la publicidad, la compañía debe ofrecer una tercera opción igualmente gratis para los usuarios que no den su consentimiento a rastrear sus datos.

Microsoft

Microsoft se enfrenta actualmente a dos investigaciones basadas en la sospecha de prácticas anticompetitivas. La primera se produjo en mayo, cuando la Comisión exigió a Microsoft que le entregara documentos internos y datos de Bing. Esta solicitud nace de la sospecha de la UE de que la IA podría haber infringido la ley debido a las «alucinaciones» (errores de la IA), la difusión viral de deep fakes y la manipulación automatizada de servicios que pueden engañar a los votantes ante procesos electorales.

Más adelante, en junio, la Comisión inició otra investigación a la tecnológica por presuntas prácticas anticompetitivas, a raíz de su preocupación de que Microsoft haya otorgado una ventaja de distribución a Teams, su herramienta de comunicación y colaboración basada en la nube, al no permitir que los clientes pudieran escoger entre usar Teams o no cuando se suscriben a sus aplicaciones de productividad SaaS.

Vinted

El marketplace lituano de compraventa de segunda mano fue sancionado con una multa de 2,4 millones de euros, como consecuencia de diversas acusaciones acumuladas desde el año 2020 hasta la fecha, provenientes de diferentes países de Europa, especialmente de Francia.

Y es que según la investigación realizada por el ente regulador de protección de datos de Lituania (SDPI), Vinted  viola el derecho de los usuarios de ser olvidados exigiéndoles razones específicas para borrar sus datos personales. Asimismo, la compañía no tenía transparencia de qué tipo de datos utiliza.

Además de esto, Vinted fue acusado de practicar ilegalmente el «shadowbanning», que hace que los vendedores puedan ser excluidos de la plataforma sin ser informados.

X

Contra X hay en marcha una investigación por incumplimiento de la DSA, específicamente contra tres puntos clave: el sistema de verificación de perfil, ya que cualquiera puede suscribirse a su plan Premium y los usuarios no pueden decidir libremente sobre la autenticidad de las cuentas y el contenido con el que interactúan; la transparencia publicitaria, al no proporcionar un repositorio de anuncios publicitarios fiable y accesible; y por denegar a los investigadores el acceso a sus datos públicos.

¿Y en España?

En el ámbito español también ha habido investigaciones que han derivado en sanciones a este tipo de empresas. La más reciente ha sido para Booking.com, que ha recibido una multa por 413 millones de euros, al ser acusada de abusar de su posición dominante. Esta multa viene como consecuencia de un proceso que comenzó en octubre de 2022, cuando la CNMC recibió dos denuncias por parte de la Asociación Española de Directores de Hotel y de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, acusando a las plataformas de prácticas anticompetitivas y beneficiando a unos sitios webs frente a otros.

En cualquier caso, España no es el único país de la Unión que lleva a cabo una actividad fiscalizadora de este tipo de negocios. En marzo, la Autoridad de Competencia francesa multó a Google con 250 millones de euros, tras acusarla de utilizar contenidos de editores y agencias de prensa para entrenar su modelo de inteligencia artificial, Bard (actualmente renombrado como Gemini), sin una notificación adecuada. Por si fuera poco, no ofreció a las partes afectadas una opción que les permita negarse sin afectar la visualización de sus contenidos. En pocas palabras, los medios digitales debían aceptar que sus datos fueran usados para entrenar Bard o sus contenidos dejaban de verse en la web.

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La CNMC ha sancionado a Booking.com con una multa de 413 millones de euros por abusar de su posición dominante e infringir los artículos 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC) y el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Esta decisión se centra en las prácticas comerciales de Booking.com desde el 1 de enero de 2019 hasta la actualidad.

Fin a dos años de proceso sancionador

En realidad, esta noticia no ha debido sorprender a la directiva de Booking, ya que supone el último paso en un proceso que comenzó hace casi dos años. Así, la CNMC abrió en octubre de 2022 un expediente sancionador contra Booking, tras recibir dos denuncias por parte de la Asociación Española de Directores de Hotel y de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, en la que acusaban a esta plataforma de prácticas anticompetitivas. Las denuncias se basaban en diversas prácticas que podían suponer un abuso de la posición de dominio de Booking frente a servicios de intermediación que ofrecen diversas agencias de viajes online a hoteles. 

Recordemos que Booking actúa como una agencia de viajes en línea, intermediando entre hoteles y clientes. La plataforma cobra una comisión basada en el importe de las reservas realizadas a través de su sitio web. Los hoteles deben suscribir las Condiciones Generales de Contratación de Booking.com para figurar en su inventario, lo que es obligatorio para aparecer en la web y la aplicación de Booking.

En aquel comunicado, la CNMC explicaba:

“La CNMC ha iniciado un expediente sancionador contra Booking.com B.V. por prácticas restrictivas de la competencia prohibidas en los artículos 2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC) y en el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) (S/0005/21).

Por una parte, la CNMC investiga una serie de prácticas que podrían suponer un abuso de la posición de dominio de Booking.com con respecto a los servicios de intermediación que ofrecen diversas agencias de viaje en línea a hoteles. Este tipo de agencias es conocido como OTAs, por las siglas en inglés (online travel agencies).

En particular, estas prácticas consistirían en (i) la posible imposición de condiciones inequitativas a los hoteles situados en España, y (ii) la implementación de políticas comerciales que habrían podido tener efectos exclusionarios sobre las demás agencias de viaje en línea, así como sobre otros canales de venta en línea.

Por otra parte, las conductas investigadas también incluirían prácticas que explotarían la situación de dependencia económica que tendrían los hoteles situados en España con respecto a Booking.com. Este hecho constituiría un acto de competencia desleal que podría falsear la libre competencia con afectación al interés público”.

Por qué se sanciona a Booking

La investigación de la CNMC reveló que Booking.com imponía varias condiciones comerciales no equitativas a los hoteles en España:

1. Cláusula de precios: Impide a los hoteles ofrecer precios más bajos en sus propias webs que los ofrecidos en Booking.com, mientras que Booking.com puede rebajar unilateralmente estos precios.
2. Cláusulas:  solo tiene valor jurídico la versión en inglés de las Condiciones Generales de Contratación (GDT) de Booking.com, el Derecho aplicable a las GDT es el de los Países Bajos y los tribunales competentes son los de Ámsterdam en caso de conflicto entre las partes.
3. Programas de promoción: Falta de transparencia sobre el impacto y la rentabilidad de suscribirse a los programas Preferente, Preferente Plus y Genius, que mejoran el posicionamiento a cambio de comisiones más altas o descuentos en habitaciones.

Restricción de la competencia

Además de las condiciones no equitativas, la CNMC explica que Booking.com también restringió la competencia de otras agencias de viajes en línea:

• Posicionamiento basado en reservas: Utiliza el número total de reservas de un hotel en Booking.com como criterio de posicionamiento en la lista de resultados, incentivando a los hoteles a concentrar sus reservas en Booking.com.
• Requisitos de rendimiento: Para acceder y permanecer en los programas Preferente y Preferente Plus, se exige un rendimiento basado en la rentabilidad para Booking.com, promoviendo que los hoteles concentren sus ventas en esta plataforma.

Efectos y sanciones

Estas prácticas impiden a los hoteles ofrecer mejores condiciones en sus propias plataformas y limitan la competencia de otras agencias. La CNMC impuso a Booking.com dos multas de 206.620.000 euros cada una, sumando un total de 413.240.000 euros. Además, se establecieron varias obligaciones de comportamiento para asegurar que estas conductas no se repitan en el futuro.

Booking.com tiene la opción de interponer un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a partir de la notificación de la sanción.

Una nueva sanción para un gigante digital

Las grandes compañías digitales están enfrentando un creciente número de investigaciones y sanciones por parte de organismos regulatorios tanto en España como en Europa. Si nos centramos en este ámbito y nos quedamos con lo sucedido en los últimos meses, tenemos ejemplos recientes que incluyen a:

• La CNMC amenazando a Apple con una multa milmillonaria por prácticas anticompetitivas
• Vinted deberá pagar 24 millones de euros por violar la ley de protección de datos europea
• La UE ha amenazado con otra multa milmillonaria a Microsoft, actualmente bajo investigación
• La Comisión Europea también ha abierto una investigación antimonopolio contra Glovo y su propietaria Delivery Hero y ha acusado a X (anteriormente Twitter) de incumplir la DSA en materia de transparencia. Además, la Comisión ha solicitado información a Amazon sobre las prácticas y la transparencia de su negocio publicitario

Estos casos reflejan el aumento de la vigilancia regulatoria y la aplicación estricta de normativas para garantizar un mercado justo y competitivo y anuncian un cambio de paradigma que hace sospechar que en lo que queda de año seguiremos viendo nuevas sanciones y aperturas de procedimientos contra los grandes operadores digitales.

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Meta podría estar enfrentándose a su primera multa impuesta por la Comisión Europea por haber abusado de su predominancia en el mercado al integrar su plataforma Facebook Marketplace en su red social, según esta noticia de Bloomberg.

Cuáles podrían ser las consecuencias de la multa a Meta

Desde la Unión Europea podrían exigirle a Meta hacer una versión separada de su plataforma de anuncios, de manera que los usuarios pudieran utilizar Facebook Marketplaces sin tener que iniciar sesión en su cuenta de la red social. Las autoridades antimonopolio de la UE también aprovecharían la legislación la nueva Ley de Mercados Digitales para que Facebook dejara de usar datos de plataformas de anuncios rivales para competir contra ellas.

Meta enfrenta el riesgo de una multa potencial de hasta el 10% de sus ventas anuales, aunque las penalizaciones de la UE rara vez alcanzan ese nivel. Teniendo en cuenta que sus ingresos totales a finales de 2023, la multa podría alcanzar los 13 millones de dólares.

Desde Meta dicen que las acusaciones de la organización europea son sin fundamento, pero que sin embargo, seguirán trabajando para cumplir con la legislación vigente. Como resultado del aviso a Meta en diciembre de 2022, los órganos de control de la Unión Europea alegaron que la empresa de Zuckerberg impuso términos comerciales injustos que le permitieron usar datos sobre servicios de anuncios clasificados en línea competidores para su plataforma marketplace.

De todas formas, Facebook Marketplaces también ha sido objetivo de otros reguladores, incluida la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido.

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto una investigación a Apple Distribution International Ltd. y a Apple INC. (Apple) por supuestas conductas contrarias al artículo 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC) y al 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Esta investigación se centra en posibles prácticas anticompetitivas de la compañía.

Condiciones comerciales inequitativas

La CNMC sospecha que Apple podría estar imponiendo condiciones comerciales inequitativas a los desarrolladores que utilizan las tiendas de aplicaciones del grupo Apple (Apple App Store) para distribuir sus aplicaciones. Estas prácticas anticompetitivas podrían afectar negativamente a los desarrolladores y, por ende, a los usuarios de productos Apple en España.

La investigación se ha iniciado de oficio, reflejando la creciente importancia económica que tienen las tiendas de aplicaciones en España. La CNMC considera que, de confirmarse las acusaciones, estas prácticas podrían constituir un abuso de posición de dominio, prohibido tanto por el artículo 2 de la LDC como por el 102 del TFUE.

Posibles sanciones severas

En caso de confirmarse las prácticas anticompetitivas, Apple podría enfrentarse a sanciones severas. Las infracciones muy graves de la LDC pueden conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocio total mundial de la empresa infractora en el ejercicio anterior a la imposición de la multa, que en el caso de Apple supondría unos 3.830 millones de dólares, más de 3.500 millones de euros. Esta normativa busca disuadir a las empresas de incurrir en comportamientos que puedan perjudicar la competencia y el mercado.

Es importante señalar que la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un periodo máximo de 24 meses para la instrucción del expediente y su resolución por parte de la CNMC. Durante este tiempo, se recogerán pruebas y se analizarán los comportamientos de Apple para determinar si efectivamente ha habido un abuso de posición de dominio.

El resultado de esta investigación puede tener un impacto significativo en el mercado digital español. Si se confirma el abuso de posición de dominio por parte de Apple, podría llevar a cambios en las políticas comerciales de la empresa y mejorar las condiciones para los desarrolladores de aplicaciones. Esto podría fomentar una mayor competencia y, en última instancia, beneficiar a los consumidores con una mayor diversidad de aplicaciones y servicios.

Otras batallas legales de Apple este año

Esta no es la primera batalla legal de Apple en lo que va de año. La compañía ya ha tenido que enfrentar varias acusaciones y ha tomado medidas para resolver algunos de estos conflictos. Por ejemplo, hace unos días Apple llegó a un acuerdo con la Comisión Europea que permitirá a aplicaciones de terceros acceder a su tecnología de pagos móviles.

Asimismo, en el mes de marzo Apple fue demandada en Estados Unidos acusada de ejercer su poder de monopolio para extraer más dinero de los consumidores. La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de EE.UU. acusa a Apple de mantener ilegalmente un monopolio sobre los smartphones, limitando la competencia y la innovación. Según la demanda, Apple ha ejercido su poder monopolístico para extraer más dinero de consumidores, desarrolladores, creadores de contenido, artistas, editores, pequeñas empresas y comerciantes.

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La Comisión Europea ha abierto una investigación formal para evaluar si Delivery Hero y Glovo han infringido las normas de competencia de la UE al participar en un presunto cártel en el sector de pedidos y entregas en línea de alimentos, productos de supermercado y otros bienes de consumo diario en el Área Económica Europea (EEA).

¿Qué ha ocurrido?

La Comisión Europea sospecha que antes de que Delivery Hero adquiriera el control total de Glovo en 2022, ambas empresas pudieron haber asignado mercados geográficos específicos y compartido información comercial sensible, como estrategias, precios, capacidad y costos. También se sospecha que acordaron no robar empleados entre sí, lo cual pudo haber sido facilitado por la participación minoritaria de Delivery Hero en Glovo desde 2018.

Si las sospechas de la Comisión Europea se confirman, las prácticas de Delivery Hero y Glovo podrían haber restringido la competencia en el mercado, violando las normas de la UE que prohíben los cárteles y las prácticas comerciales restrictivas (Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFEU) y el Artículo 53 del Acuerdo EEA). Esto podría haber llevado a una consolidación oculta del mercado, afectando negativamente a la competencia y a los consumidores.

La investigación se inició tras inspecciones sin previo aviso en las oficinas de Delivery Hero y Glovo en junio de 2022 y noviembre de 2023. Delivery Hero, con sede en Alemania, opera en más de 70 países y colabora con más de 500.000 restaurantes. Glovo, con sede en España, está presente en más de 1.300 ciudades en 25 países.

En su comunicado la Comisión explica que en un mercado joven y dinámico como el que está en juego, los acuerdos anticompetitivos y las prácticas comerciales restrictivas, incluyendo los cárteles a través de la asignación de mercado, pueden llevar a una consolidación oculta del mercado, con posibles efectos negativos en la competencia. Además, también busca asegurar un mercado laboral justo donde los empleadores no coludan para limitar el número y la calidad de las oportunidades para los trabajadores, sino que compitan por el talento.

Es la primera investigación sobre acuerdos de no robo de empleados iniciada formalmente por la Comisión y también la primera sobre acuerdos anticompetitivos que pueden haber ocurrido en el contexto de una participación minoritaria de una empresa en un competidor.

En cualquier caso, el propio organismo europeo ha explicado que no hay un plazo legal para finalizar una investigación antimonopolio. La duración de la investigación depende de varios factores, incluyendo la complejidad del caso, la medida en que las empresas cooperen con la Comisión y el ejercicio de los derechos de defensa.

Margrethe Vestager, Vicepresidenta Ejecutiva de la Comsión ha explicado que “la entrega de alimentos online es un sector de rápido crecimiento, donde debemos proteger la competencia. Por eso estamos investigando si Delivery Hero y Glovo acordaron compartir mercados y no robarse empleados mutuamente. Si se confirma, dicha conducta podría constituir una violación de las normas de competencia de la UE, con posibles efectos negativos en los precios y las opciones de los consumidores y en las oportunidades de los trabajadores”.

La reacción de Delivery Hero

En respuesta a esta apertura de procedimientos, Delivery Hero ha lanzado un comunicado oficial en que explica que “la apertura de una investigación no significa que la Comisión Europea haya llegado a una conclusión sobre si puede haber ocurrido una infracción real de la ley de competencia, ni prejuzga el resultado. Delivery Hero coopera plenamente con la Comisión Europea y se compromete a cumplir con todos los requisitos reglamentarios y de cumplimiento”.

Además, la compañía ha explicado que está cooperando plenamente con la Comisión Europea y se compromete a cumplir con todos los requisitos de cumplimiento y regulatorios. Además, Delivery Hero tiene la intención de aumentar su provisión relacionada con este asunto a más de 400 millones de euros como parte de su compromiso con una buena gobernanza corporativa.

Delivery Hero, un gigante a nivel mundial

Delivery Hero es una de las principales plataformas de entrega a nivel mundial. Fundada en 2011 en Berlín, Alemania, la empresa se especializa en la entrega de alimentos y ha expandido su operación para incluir una amplia gama de productos, incluyendo comestibles y otros bienes de consumo diario.

Actualmente opera en aproximadamente 70 países a lo largo de Asia, Europa, América Latina, Medio Oriente y África. Esta amplia cobertura geográfica, conseguida en gran medida gracias a la adquisición de líderes locales como en el caso de Glovo, la convierte en un líder del mercado en muchas regiones.

Otra de sus compañías de referencia es Foodpanda, con sede en Alemania, que opera principalmente en Asia y Europa, proporcionando servicios de entrega de alimentos y quick commerce en países como Bangladesh, Camboya, Hong Kong, Malasia, Pakistán, Singapur y Tailandia. Por su parte, Talabat, con sede en Dubái, cubre el Medio Oriente y Norte de África, ofreciendo entregas en Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Omán, Qatar, Jordania, Egipto e Irak.

En la República Checa, DameJidlo se especializa en la entrega de alimentos, mientras que NetPincer hace lo propio en Hungría. En América Latina, PedidosYa con sede en Uruguay, opera en varios países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Paraguay y Uruguay, ofreciendo servicios de entrega de alimentos y quick commerce. Yemeksepeti, con sede en Turquía, se dedica a la entrega de alimentos y comestibles en su país. Carriage, con sede en Kuwait, proporciona servicios similares en Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Bahrein y Egipto.

Un nuevo conflicto judicial para Glovo

Desde sus inicios, Glovo ha sido objeto de múltiples litigios en varios países, principalmente relacionados con la clasificación de sus repartidores. La empresa ha sido acusada de tratar a sus repartidores como autónomos en lugar de empleados, lo cual ha sido cuestionado por diferentes tribunales y autoridades laborales. Esta clasificación afecta aspectos cruciales como derechos laborales, beneficios, seguros y condiciones de trabajo.

En España, la empresa ha enfrentado varios juicios importantes. En septiembre de 2020, por ejemplo, el Tribunal Supremo dictaminó que los repartidores de Glovo deberían ser considerados trabajadores asalariados y no autónomos, lo que obligó a la empresa a replantear su modelo de contratación. Este fallo sentó un precedente significativo para otras plataformas de economía colaborativa en el país.

En septiembre de 2022, Glovo fue multada con 78,7 millones de euros por incumplir la Ley Rider al emplear 10.614 falsos autónomos. Además, en enero de 2023, recibió una nueva multa de alrededor de 57 millones de euros al emplear a 813 inmigrantes sin permiso de trabajo. El último problema de Glovo con Inspección de Trabajo fue en junio de este año, cuando la Fiscalía de Barcelona presentó una denuncia penal contra la empresa de reparto por emplear falsos autónomos. La acusación se desprende una investigación del ente inspector en la que advierte que hay cientos de trabajadores que deberían estar en condición de asalariados, sin embargo, trabajan por cuenta propia.

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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado un informe pormenorizado que analiza cómo las plataformas y servicios digitales utilizan lo que denomina “patrones adictivos” para aumentar el tiempo de conexión de los usuarios. Este informe fue presentado por la directora de la agencia, Mar España, y en él destaca que muchos proveedores implementan diseños engañosos y adictivos para prolongar la permanencia de los usuarios en sus servicios.

En ese acto de presentación, Mar España explicó que la AEPD iniciará investigaciones a algunas empresas que han incurrido en este tipo de prácticas, sin concretar a cuáles. Además, la AEPD va a promover que el Comité Europeo de Protección de Datos incluya los patrones adictivos en las directrices que se están preparando sobre la interrelación entre el Reglamento General de Protección de Datos y la DSA, debido al elevado impacto que estas prácticas poseen sobre el derecho a la protección de datos en los entornos digitales.

Qué son los patrones adictivos

De acuerdo con la AEPD, los patrones adictivos son “características, atributos o prácticas de diseños que determinan una manera concreta de utilizar plataformas, aplicaciones o servicios digitales que persiguen que los usuarios dediquen mucho más tiempo a utilizarlos o con un mayor grado de compromiso del esperado, conveniente o saludable para ellos”.

Estas estrategias no solo buscan aumentar el engagement, sino también recopilar más datos personales. La preocupación es mayor cuando estas prácticas afectan a personas vulnerables, como los niños y adolescentes, comprometiendo su autonomía y su derecho al desarrollo y se enmarca en un contexto de creciente preocupación de las autoridades regulatorias en todo el mundo acerca del impacto que redes sociales y negocios digitales tienen sobre la sociedad, tal y como hemos visto recientemente en Europa y Estados Unidos.

De hecho, el Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) ya abordó los patrones engañosos en sus Directrices 03/2022 sobre patrones de diseño en redes sociales. El Reglamento de Servicios Digitales (DSA), en su artículo 25, prohíbe diseñar interfaces que engañen o manipulen a los usuarios. La directora de la Agencia ha enfatizado la necesidad de que el CEPD incluya los patrones adictivos en las nuevas directrices sobre la interrelación entre el Reglamento General de Protección de Datos y la DSA, subrayando el impacto significativo de estas prácticas en los derechos digitales.

Así, la Comisión Europea ha abierto procedimientos sancionadores contra TikTok y Meta por posible incumplimiento del DSA. Además, TikTok Lite suspendió una función que recompensaba el tiempo adicional frente a la pantalla, tras la intervención de la Comisión.

Precisamente este documento hace hincapié en las técnicas de personalización de contenidos y los feeds algorítmicos de muchas de las redes sociales más populares, pero también de plataformas de streaming y servicios de aprendizaje en línea:

“Antes de la introducción de las recomendaciones algorítmicas, los usuarios tenían que explorar de forma autónoma plataformas, aplicaciones y servicios, encontrando por sí mismos las funcionalidades, contactos o contenidos que más les gustaban. Las recomendaciones algorítmicas influyen mucho en la toma de decisiones de los usuarios, con un énfasis específico en el tiempo y el compromiso. Este es el patrón que hace un uso más intensivo de los datos personales, ya que cuanto más conozcan los proveedores sobre el usuario, en todas las dimensiones posibles, más adaptadas (a su gusto) serán las recomendaciones y más efectivas serán para aumentar el tiempo de conexión y grado de compromiso” 

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El informe clasifica los patrones adictivos en tres niveles: alto, medio y bajo. Los de alto nivel incluyen la acción forzada y la ingeniería social; los de nivel medio, estrategias más específicas que explotan vulnerabilidades psicológicas; y los de bajo nivel, enfoques contextuales y específicos de la aplicación.

En concreto, los patrones adictivos de alto nivel representan el conocimiento más abstracto y se refieren a estrategias generales aplicables independientemente del contexto y de la aplicación. Entre los ejemplos citados en este apartado, la AEPD destaca:

Pull to Refresh

Un gesto táctil para actualizar el contenido en tiempo real, frecuentemente combinado con recomendaciones algorítmicas para mostrar contenido personalizado y atractivo.

Scrolling y streaming infinito

Permite desplazarse sin fin por el contenido, siempre ofreciendo más. Se usa junto con recomendaciones algorítmicas para mantener la atención del usuario.

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Temporizadores

Los usuarios deben esperar tiempos arbitrarios para completar tareas, incentivando la conexión constante a través de recompensas o desafíos.

Ventas flash y eventos con cita

Los usuarios deben conectarse en momentos específicos determinados por otros o la plataforma, con posibles penalizaciones si no lo hacen. En este punto, la AEPD explica que hay otros modelos que tienen efectos similares, como los lanzamientos de contenido programados, las ventas flash y las transmisiones en directo de influencers.

Gamificación

El documento también cuestiona tácticas de gamificación utilizadas por los negocios digitales, como fomentar la competencia contra uno mismo, contra otros usuarios o contra el algoritmo (competidor automatizado) para fomentar la sensación de logro o recompensa. En muchos casos, se plantean objetivos muy difíciles que requieren a los usuarios estar conectados durante un tiempo considerable para poder ganar las competiciones propuestas o el juego en sí, o pagar por algún tipo de ayuda o ventaja.

Como ejemplo al margen de las redes, la AEPD menciona el ejemplo de una plataforma de aprendizaje en línea que dispone de una tabla de clasificación que muestra a los usuarios con mejor rendimiento en función de puntos, insignias o tasas de finalización.

Todas estas técnicas están orientadas a captar la atención y el tiempo de los usuarios: “algunas plataformas, aplicaciones y servicios proporcionan una recompensa la primera vez que se utilizan cada hora, día o semana, por ejemplo. En cambio, si un usuario no se conecta en un periodo concreto, se le penaliza. En algunos casos, se establecen rachas y recompensas”, explica el documento.

Ingeniería social

Dentro del campo de la ingeniería social, la AEPD engloba una larga serie de técnicas que incluyen el uso de conceptos tan populares como el FOMO (miedo a perderse algo), pero también otros como el sentimiento de culpa o la sensación de urgencia.

Algunas de estas técnicas se basan en crear una sensación de disponibilidad limitada, lo que motiva a los usuarios a tomar medidas inmediatas. Otras se centran en “crear ilusiones de popularidad, credibilidad, consenso, respaldo o cualquier indicio de que otros usuarios encuentran valor o importancia en lo que una persona hace o comparte”. Las reacciones a los contenidos en redes sociales, o las notificaciones de la actividad de otros usuarios van también en esta línea. Otros ejemplos incluyen las notificaciones push que proponen acciones urgentes o muestran advertencias que exageran las consecuencias de no hacer algo para presionar a los usuarios a realizar acciones específicas.

El concepto de venta flash vuelve a ser citado en el documento al mencionar el uso del concepto de “urgencia”, explicando que “diferentes plataformas, aplicaciones y servicios utilizan este tipo de temporizadores antes de una venta flash, un directo o el vencimiento de una fecha límite como una racha que se rompe si el usuario no inicia sesión o no completa una tarea”.

Lenguaje persuasivo

Este patrón se basa en el uso de términos, expresiones o técnicas de comunicación reconocidas por su capacidad de influir en los pensamientos, emociones o acciones de las personas. Ejemplos de lenguaje persuasivo incluyen la presión emocional, como “Conéctate ahora”, las promesas engañosas, como “Esto te hará una mejor persona”, o la manipulación de alternativas, como “Publicar ahora” frente a “Continuar sin publicar”

Implicaciones legales y protección de datos

La incorporación de patrones adictivos tiene serias implicaciones para la protección de datos. Requiere una responsabilidad proactiva, asegurando la transparencia, la limitación de la finalidad y el tratamiento adecuado de categorías especiales de datos. Además, representa un riesgo para los derechos y libertades de todos los usuarios, especialmente para la integridad física y psíquica de niños y adolescentes.

En su documento, la AEPD recoge algunas de las infracciones que estos patrones adictivos en los negocios digitales pueden implicar a nivel de incumplimiento de la RGPD:

Así, la AEPD explica que “los proveedores que emplean patrones adictivos no cumplen con su obligación de protección de datos desde el diseño y por defecto, como se describe en el artículo 25 del RGPD. Este artículo establece que el responsable del tratamiento aplicará medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el presente Reglamento. Para ello debe tener en cuenta los riesgos de diversa probabilidad y gravedad para los derechos y libertades de las personas físicas, así como otras circunstancias como el contexto y el alcance, por ejemplo, si dicho tratamiento afecta a niños. La implementación de patrones engañosos y adictivos en un tratamiento de datos es una decisión de diseño contraria la obligación de protección de datos desde el diseño y por defecto”.

En España, la AEPD continuará colaborando con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), coordinador nacional de servicios digitales. Esta colaboración es esencial para garantizar la protección de los usuarios frente a las prácticas adictivas y el cumplimiento efectivo de la normativa de protección de datos.

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La Comisión Europea ha notificado a X que, tras una investigación preliminar, ha concluido que la plataforma incumple la DSA (Ley de Servicios Digitales) en lo referente a la transparencia. En concreto, el organismo se ha referido a tres reclamaciones clave: el sistema de verificación de perfil, la transparencia publicitaria y la denegación del acceso a datos públicos a investigadores.

Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, explicó: «hoy publicamos por primera vez conclusiones preliminares en el marco de la Ley de Servicios Digitales. En nuestra opinión, X no cumple la Ley de Servicios Digitales en ámbitos clave de transparencia, al utilizar patrones oscuros y, por tanto, inducir a error a los usuarios, al no proporcionar un repositorio de anuncios adecuado y al bloquear el acceso a los datos para los investigadores. La Ley de Servicios Digitales ocupa un lugar central en la transparencia, y estamos decididos a garantizar que todas las plataformas, incluida X, cumplan la legislación de la UE».

Mientras que Thierry Breton, comisario responsable de Mercado Interior, afirmó que: «ya en su día, los controles generales se utilizaron como fuentes fiables de información. Ahora con X, nuestra opinión preliminar es que engañan a los usuarios e infringen la Ley de Servicios Digitales. También consideramos que el repositorio de anuncios de X y las condiciones de acceso a los datos por parte de los investigadores no se ajustan a los requisitos de transparencia de la Ley de Servicios Digitales. X tiene ahora el derecho de defensa, pero si se confirma nuestra opinión impondrá multas y requerirá cambios significativos».

Back in the day, #BlueChecks used to mean trustworthy sources of information✔️

Now with X, our preliminary view is that:

❌They deceive users

❌They infrige #DSA

X has now the right of defence —but if our view is confirmed we will impose fines & require significant changes. pic.twitter.com/M9tGA5pYQr

— Thierry Breton (@ThierryBreton) July 12, 2024

De qué se acusa a X

Tras declarar que contaba con 45 millones de usuarios activos mensuales en la UE, X fue designada como plataforma en línea de muy gran tamaño el 25 de abril de 2023 siguiendo la DSA. Meses después, el 18 de diciembre de 2023, la Comisión Europea inició una investigación para estudiar si la red social podría haber infringido esta ley europea.

Ahora, ha publicado sus conclusiones preliminares, en las que señala que X ha diseñado su sistema de verificación de cuentas de una manera que «no se corresponde con la práctica del sector y engaña a los usuarios». Y es que, tal y como explica, dado que cualquiera puede suscribirse al plan Premium para obtener esta verificación, esto «afecta negativamente a la capacidad de los usuarios para tomar decisiones libres e informadas sobre la autenticidad de las cuentas y el contenido con el que interactúan. Existen pruebas de que agentes malintencionados motivados abusan de la “cuenta verificada” para engañar a los usuarios».

Por otra parte, se acusa a X de no cumplir con la transparencia publicitaria requerida, puesto que «no proporciona un repositorio de anuncios publicitarios fiable y accesible, sino que establece características de diseño y barreras de acceso que hacen que el repositorio no sea apto para su finalidad de transparencia con respecto a los usuarios». Así, el diseño de este repositorio impide la supervisión y la investigación de riesgos emergentes derivados de la distribución de publicidad online.

Finalmente, la Comisión expone que X no da a los investigacores acceso a sus datos públicos, infringiendo la DSA. «En particular, X prohíbe a los investigadores elegibles acceder de forma independiente a sus datos públicos, como se indica en sus condiciones de servicio.

Además, el proceso de X de conceder a los investigadores elegibles acceso a su interfaz de programación de aplicaciones (API) parece disuadir a los investigadores de llevar a cabo sus proyectos de investigación o no les deja más opción que pagar tasas desproporcionadamente elevadas».

Procedimiento a seguir

Tal y como ha explicado la Comisión, ahora X tiene la posibilidad de «ejercer su derecho de defensa examinando los documentos del expediente de investigación de la Comisión y respondiendo por escrito a las conclusiones preliminares de la Comisión. Paralelamente, se consultará a la Junta Europea de Servicios Digitales».

En caso de que, finalmente, se resuelva que X ha infringido la DSA, podrían imponérsele multas de hasta el 6% de su volumen de negocios total anual mundial, así como ordenarle que adopte medidas que solventen la problemática a tratar. Sumado a esto, «una decisión de incumplimiento también puede dar lugar a un período de supervisión reforzado para garantizar el cumplimiento de las medidas que el proveedor se propone adoptar para subsanar la infracción. La Comisión también puede imponer multas coercitivas para obligar a una plataforma a cumplir».

Foto: generada a través de GPT4

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Apple ha logrado librarse de una cuantiosa multa relativa al fuerte control que tiene sobre los pagos móviles con iPhone, gracias a un acuerdo con la Comisión Europea. La tecnológica se ha comprometido a permitir a terceros acceder a la tecnología de pagos sin contacto de sus dispositivos. Lo que significa que, próximamente, los usuarios de iPhone podrán efectuar pagos móviles con otras apps además de Apple Pay.

La Comisión ha aceptado las propuestas de la compañía y las ha convertido en jurídicamente vinculantes, cerrando así la investigación antimonopolio en torno a Apple Pay iniciada por Bruselas en 2020. Así mismo, el compromiso de Apple tendrá una vigencia de 10 años, será aplicado a todos los países del Espacio Económico Europeo y un administrador designado por Apple mantendrá informada a la Comisión sobre las prácticas de la compañía.

En caso de que la tecnológica estadounidense incumpla con su parte del trato, las multas podrían elevarse hasta el 10% de su facturación anual mundial, o una multa coercitiva del 5% de su facturación diaria por cada día de incumplimiento.

Un cambio en las reglas de juego de Apple

De acuerdo con la Comisión, Apple Pay es una barrera enorme para el despliegue de pagos móviles de terceros en dispositivos Apple, ya que es el único wallet con acceso al hardware y software NFC (Near-Field-Communication) en iOS para poder realizar pagos. Esto se debe a que la tecnológica no concede este acceso a desarrolladores externos de wallets, lo cual ha sido identificado por la Comisión como una práctica abusiva.

Por otra parte, esto no solo resulta en un perjuicio para apps de pagos de terceros, sino para los y las usuarias: «la negativa de Apple excluyó del mercado a los rivales de Apple Pay y condujo a una menor innovación y opciones para los usuarios de billeteras móviles iPhone».

A partir de ahora, gracias al acuerdo cerrado entres las partes, los competidores de Apple Pay por fin podrán acceder a la tecnología NFC y ofrecer pagos sin contacto en los iPhone. Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, afirmó «pagar con el teléfono es seguro y cómodo. Apple se ha comprometido a permitir que sus rivales accedan a la tecnología “tap and go” de los iPhones. La decisión de hoy hace vinculantes los compromisos de Apple. Abre la competencia en este sector crucial, al impedir que Apple excluya otros monederos móviles del ecosistema del iPhone.

A partir de ahora, los competidores podrán competir eficazmente con Apple Pay en los pagos móviles con el iPhone en las tiendas. Así, los consumidores dispondrán de una gama más amplia de monederos móviles seguros e innovadores entre los que elegir».

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Qué implica el compromiso de Apple

La empresa de la manzana se ha comprometido a:

• Ampliar la posibilidad de iniciar pagos con aplicaciones de pago HCE (host card emulation) en otros terminales certificados por la industria, como teléfonos de comerciantes o dispositivos usados como terminales (llamados SoftPOS), si esto está habilitado.
• Reconocer de forma explícita que los desarrolladores de HCE no están impedidos de combinar la función de pago HCE con otras funcionalidades o casos de uso de NFC.
• Actualizar la arquitectura de HCE para cumplir con los estándares de la industria en evolución utilizados por Apple Pay y continuar actualizando los estándares incluso si ya no se implementan por Apple Pay, bajo ciertas condiciones.
• Suprimir el requisito para los desarrolladores de tener una licencia como Proveedor de Servicios de Pago (‘PSP’) o un acuerdo vinculante con un PSP para poder acceder a la entrada NFC.
• Permitir el acceso NFC a los desarrolladores para preconstruir apps de pago para proveedores de wallets de terceros.
• Permitir a desarrolladores solicitar a los usuarios configurar fácilmente su app de pago predeterminada y redirigir a los usuarios a la página de configuración NFC predeterminada, permitiendo la configuración predeterminada con solo unos pocos clics.
• Cumplir con las mismas especificaciones estándar de la industria que los desarrolladores de apps de pago HCE y proteger la información confidencial obtenida en el contexto de una auditoría.
• Acortar los plazos para resolver disputas, además de ofrecer garantías adicionales de independencia y procedimientos para el fideicomisario de monitoreo.

Así mismo, en cuanto a los usuarios, Apple debe permitir que puedan establecer una app de pago HCE de forma predeterminada y utilizar diversas funcionalidades, como Field Detect (que abre la app de pago predeterminada), double click (abre app de pago predeterminada haciendo doble clic en el botón lateral o de inicio del móvil), así como herramientas de autenticación Touch ID, Face ID y código de acceso al móvil.

Sumado a esto, Apple debe tener un criterio objetivo, transparente y no discriminatorio para que los operadores de terceros puedan acceder al sistema de pago NFC, establecer un mecanismo de supervisión y un sistema independientes de resolución de litigios que se encargue de la revisión de las decisiones de Apple que restringen el acceso.

Antecedentes de la decisión

La Comisión Europea inició una investigación en 2020 contra Apple y en 2022 hizo públicas las conclusiones preliminares, en las que afirmaban que Apple no permitía que sus competidores pudieran acceder a su tecnología estándar «tap and go», un servicio de pago sin contacto usado en iPhone y basado en tecnología NFC.

En su momento, la Comisión Europea concluyó que Apple estaba cometiendo abuso de posición dominante en el mercado al no dejar que desarrolladores de sistemas de pagos móviles de terceros pudieran acceder a la tecnología NFC en iOS.

Sin embargo, desde que empezó el año Apple y la Comisión Europea han estado trabajando en posibles concesiones que pudiese hacer la empresa de la manzana para cerrar el caso. Luego de ejecutar estudios y pruebas de mercado, solicitar la opinión de actores importantes del sector sobre las concesiones ofrecidas por Apple y hacer nuevas modificaciones, la Comisión y Apple modificaron la propuesta inicial y el acuerdo ha podido cerrarse.

Foto: GPT4

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Hace un mes, se rompió internet España: las hermanas Jenner, de la familia Kardashian, subieron un vídeo a su Instagram bebiendo cerveza Estrella Galicia mientras estaban de vacaciones en Mallorca. Dicho vídeo se hizo viral (tiene más de 4 millones de visualizaciones), y la marca de cerveza de Hijos de Rivera lo comentó y republicó en sus redes sociales convirtiéndose en “publicidad reclamada”.

Sin embargo, el jurado de Autocontrol ha emitido una resolución que ha obligado a la marca a eliminarlo.  Todo ha sido por la reclamación de una particular que indicó que dicho vídeo infringía uno de los puntos del Código de Conducta Publicitaria.

Por qué Estrella Galicia ha eliminado el vídeo de sus redes

Se debe a que, en el vídeo publicado de forma espontánea por Kendall Jenner, se les puede ver a ambas celebrities bebiendo cerveza dentro de un coche sin el cinturón de seguridad puesto. Al ser republicado en las redes sociales de la marca, estaba incumpliendo la norma 7 de este código: “Las comunicaciones comerciales no incitarán a comportamientos antisociales ni ilegales, ni serán tolerantes con los mismos, ni sugerirán ventajas en las actitudes o comportamientos antisociales o ilegales”.

Este punto se relaciona directamente con Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial que prohíbe la publicidad que incite al incumplimiento de algunas de las normas de seguridad vial o a cualquier conducta que se oponga a los principios de dicha ley. Uno de ellos es que los ocupantes de cualquier vehículo en movimiento han de llevar el cinturón de seguridad puesto en todo momento. Por ello, desde Autocontrol han instado a Estrella Galicia a cesar la publicidad reclamada.

La particular en cuestión también acusó a Estrella Galicia de realizar publicidad encubierta, insinuando que el hecho de que Kendall y Kylie Jenner mostraran su cerveza en un vídeo de 20 segundos no era casualidad. Lo cual ha sido desmentido por Estrella Galicia, ya que aseguran que fue un vídeo que nació de la propia iniciativa de las influencers. Sin embargo afirman que todas las publicaciones de la marca en las que ser reposteó dicho contenido si que era publicidad fácilmente identificable “al iniciarse con su logotipo y nombre y estar publicadas en los perfiles y cuentas de “X” e Instagram de Estrella Galicia“.

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La Comisión Europea ha hecho una petición formal de información a Amazon, el gigante minorista estadounidense, respecto al cumplimiento de la Ley de Servicios Digitales (DSA) y sus nuevas reglas de transparencia. Concretamente, el ente ha pedido datos sobre los sistemas de recomendación, la evaluación de riesgos, así como las medidas que ha tomado para adaptarse a la nueva ley en cuanto a la transparencia en publicidad.

De esta forma, el ente ha dado a Amazon de plazo hasta el 26 de julio para que presente la documentación que se le pide, tras lo que se decidirán los próximos pasos a seguir.

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Qué datos le solicita la Comisión a Amazon

No es la primera vez que la Unión Europea hace una solicitud de este estilo a Amazon. En noviembre del año pasado también hicieron una petición de información centrada en la valoración de riesgos y medidas mitigadoras de venta de productos ilegales, además de la protección de derechos fundamentales. Asimismo, en enero hizo otra petición, requiriendo información sobre cómo facilitan a los investigadores acceder a datos.

Sin embargo, hay que destacar que en esta ocasión las peticiones son mucho más específicas: «información detallada sobre su cumplimiento de las disposiciones relativas a la transparencia de los sistemas de recomendación, los factores de entrada, las características, las señales, la información y los metadatos aplicados a dichos sistemas y las opciones ofrecidas a los usuarios para optar por no ser perfilados para los sistemas de recomendación».

Sumado a esto, la Comisión también ha indicado que Amazon deberá «facilitar más información sobre el diseño, el desarrollo, la implantación, las pruebas y el mantenimiento de la interfaz en línea de la biblioteca de anuncios de Amazon Store y los documentos justificativos relativos a su informe de evaluación de riesgos».

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La petición de información no hace a Amazon culpable

Una vez que la Comisión obtenga la información solicitada, analizará los datos y determinará próximas medidas, pudiendo implicar la apertura de un procedimiento formal apoyado en la DSA. Asimismo, de acuerdo con el artículo 74, apartado 2 la Comisión podría llegar a imponer multas por información incorrecta, incompleta o engañosa en respuesta a las solicitudes de información.

Y es que Amazon es considerada una plataforma en línea de muy gran tamaño o VLOP (very large online platform), por lo que tiene la obligación de cumplir todo el conjunto de obligaciones recogidas en la DSA. Entre estas: «identificar y evaluar diligentemente todos los riesgos sistémicos relevantes para su servicio, proporcionar una opción en sus sistemas de recomendación que no se base en la elaboración de perfiles de usuarios y tener un repositorio de anuncios a disposición del público».

En caso de que Amazon no brinde ninguna respuesta, facilite información incorrecta, incompleta o engañosa o sea directamente hallado culpable de violar la DSA, puede enfrentarse a sanciones y multas muy costosas, que pueden elevarse hasta el 10% de su volumen de negocio mundial (20% para los reincidentes).

Foto: GPT4 y Canva

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Delivery Hero, la plataforma alemana de reparto a domicilio dueña de la española Glovo, ha advertido en un reciente comunicado que se enfrenta a una posible multa de más de 400 millones de euros que sería impuesta por parte de la Comisión Europea, debido a presuntos comportamientos anticompetitivos.

En qué se basan las acusaciones a Delivery Hero

Concretamente, la compañía afirmó que la posible multa se desprende de tres acusaciones: presuntos acuerdos anticompetitivos para repartirse los mercados nacionales, intercambio de información comercialmente sensible y acuerdos de no pago (no-poach agreements), es decir, acuerdos ilegales entre competidores para no contratar, reclutar o perseguir a los empleados del otro y no igualar las ofertas realizadas por los competidores.

Ante la situación, el consejo de administración de la empresa explicó en su comunicado que aumentará significativamente una «una provisión correspondiente ya constituida (como se indica en el informe anual de 2023 de Delivery Hero) por un importe de 186 millones de euros tras las inspecciones no anunciadas realizadas por la Comisión Europea en julio de 2022 y noviembre de 2023».

Según Delivery Hero, la intención de incrementar esta provisión se basa en un reciente compromiso informal con la Comisión, así como en un posterior análisis detallado. Por otra parte, la empresa ha afirmado que «Delivery Hero tiene la intención de cooperar plenamente con la Comisión Europea, como lo hizo durante las inspecciones no anunciadas de julio de 2022 y noviembre de 2023».

Investigación de la Comisión Europea

Recordemos que en noviembre del año pasado, la oficina de Glovo en Barcelona y de Delivery Hero en Berlín recibieron una segunda inspección sorpresa antimonopolio por parte de la Comisión Europea, acompañados con los técnicos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Según explicó la Comisión, los motivos de la inspección se basaron en su preocupación de que Glovo y Delivery Hero hubieran infringido las normas antimonopolio del bloque observadas en el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Aunque estas inspecciones sorpresa son un paso previo en la investigación de prácticas anticompetitivas, la Comisión dejó en claro que, «el hecho de que la Comisión lleve a cabo tales inspecciones no significa que las empresas sean culpables de comportamiento anticompetitivo ni prejuzga el resultado de la propia investigación».

No hay un plazo fijo para que las investigaciones antimonopolio concluyan, sino que la duración de la investigación puede variar según diferentes factores importantes, como la complejidad del caso, que tanto cooperen las empresas afectadas con la Comisión y sus derechos de defensa.

La situación de Delivery Hero es delicada: su acumulado de multas en España

Tras haber registrado pérdidas consolidadas por valor de 2.300 millones de euros en 2023, Delivery Hero advierte que se enfrenta a más situaciones difíciles que tienen su origen en España, pues Glovo acumula más de 250 millones de euros en multas.

En septiembre de 2022, Glovo fue multada con 78,7 millones de euros por incumplir la Ley Rider al emplear 10.614 falsos autónomos. Además, en enero de 2023, recibió una nueva multa de alrededor de 57 millones de euros al emplear a 813 inmigrantes sin permiso de trabajo.

El último problema de Glovo con Inspección de Trabajo fue en junio de este año, cuando la Fiscalía de Barcelona presentó una denuncia penal contra la empresa de reparto por emplear falsos autónomos. La acusación se desprende una investigación del ente inspector en la que advierte que hay cientos de trabajadores que deberían estar en condición de asalariados, sin embargo, trabajan por cuenta propia.

Foto: Delivery Hero

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El marketplace lituano de compraventa de segunda mano, Vinted, deberá pagar una multa de 2,4 millones de euros por haber violado el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de Europa. Esto es consecuencia de diversas acusaciones a la plataforma por parte de organismos de contralor europeos, desde el año 2020 hasta la fecha. Francia fue uno de los países que más acusaciones presentó, a través de la Comisión Nacional de Informática y de las Libertades (CNIL), autoridad francesa de canales digitales.

La entidad encargada de la investigación y de la sanción fue la SDPI (State Data Protection Inspectorate), ente regulador de protección de datos de Lituania, que es donde está registrada Vinted, a pesar de que el su mayor mercado proviene de Francia. La compañía niega las acusaciones y apelará la decisión. 

Falta de privacidad y actividad de usuarios mailiciosos

La investigación responde a las diversas denuncias acumuladas desde 2020 y provenientes de diferentes países de Europa, especialmente de Francia, que concentra el 39% de los usuarios de la plataforma. Alemania, Polonia y España son otros de los países que presentaron acusaciones.

En su investigación, la SDPI afirma que Vinted incumple el derecho de los usuarios de ser olvidados, pues a los miembros de la plataforma se les exige indicar razones específicas para eliminar sus datos personales. En caso de no proporcionar las razones, la plataforma no borra los datos personales de los usuarios, acción que está prohibida. Asimismo, el ente lituano cree que la compañía no es transparente respecto a qué tipo de datos personales utiliza.

Por otro lado, se acusa a la marca de hacer uso de la práctica ilegal «shadowbanning», es decir, que los vendedores pueden ser excluidos de la plataforma sin ser informados, haciendo que los artículos que colocan en venta no puedan ser vistos por otros usuarios. Esta es una práctica que viola las normas de comportamiento.

Finalmente, la CNIL asegura que la plataforma, lejos de no advertir de la actividad de usuarios maliciosos, esconde estras prácticas y con ello vulnera los derechos de los usuarios de su red.

• A partir de ahora deberás avisar a Hacienda sobre tus ventas en Vinted, Wallapop o Airbnb

Vinted niega las acusaciones

La empresa no aprueba la decisión de la SDPI y asegura que su acusación no tiene ningún fundamento jurídico y sobrepasa la legislación actual, por lo que piensa apelar las medidas impuestas.

En declaraciones al medio digital FashionUnited, Vinted quiso llevar tranquilidad a los miembros de la plataforma, explicando que los asuntos a los que hace referencia la autoridad lituana no están relacionados con la seguridad de sus cuentas, ni implican abuso o violación de sus datos personales. «Nos tomamos muy en serio la privacidad y el RGPD, y hemos invertido mucho en el cumplimiento y la protección de nuestros miembros, colaborando durante todo este proceso con la autoridad (…) Estamos en desacuerdo con esta multa y continuaremos apelando, como lo hemos hecho durante todo este proceso».

Por otro lado, la empresa aseguró que ya no practica el shadowbanning, algo que sí ha utilizado en el pasado «para mantener nuestra plataforma y a nuestros miembros seguros». Según Vinted, «Evaluamos regularmente estas medidas y las ajustamos para alinearlas con los avances tecnológicos y las normativas legales cambiantes».

Un negocio en crecimiento

Fundada en 2008, Vinted se ha asentado fuertemente en el sector de compra y venta de moda y artículos de segunda mano. En el año 2023, la empresa logró la rentabilidad alcanzando una facturación de 596,3 millones de euros (+61% interanual), y un beneficio neto de 17,8 millones de euros, cifras que contrastan con la pérdida neta de 20,4 millones de euros que sufrió en 2022. Este impulso va de la mano con su expansión internacional y con su incursión en otros modelos de negocio, como la compraventa de artículos de lujo, un servicio que ya está disponible en nueve mercados.

Además, el año pasado se mejoró el servicio de entrega de Vinted Go, con la instalación de aproximadamente 1.500 taquillas y puntos PUDO en ciudades clave de toda Francia. A mediados de año, Vinted Go adquirió la empresa de entrega holandesa Homerr, para mejorar las entregas. Por otro lado, la compañía también obtuvo una Licencia de Institución de Dinero Electrónico del Banco de Lituania para permitir el desarrollo de nuevos servicios y una mejor experiencia para los miembros.

Actualmente, Vinted está presente en 19 países de Europa y América, acumulando 65 millones de usuarios y una plantilla de más de 1.500 empleados. 

Imagen: Vinted y Canva.

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Una investigación a cargo de la Comisión Europea ha determinado que los permisos consentimiento de Meta a los usuarios de Facebook e Instagram incumple las nuevas normas sobre competencia digital de la Ley de Mercados Digitales (DMA), debido a que obliga a los usuarios a elegir entre que sus datos sean rastreados y ver anuncios personalizados o pagar para evitarlos.

Por qué Meta estaría incumpliendo la DMA

Desde noviembre, Meta impuso a los usuarios europeos una suscripción de pago para acceder a versiones de Facebook e Instagram sin publicidad. En las versiones de ordenadores el precio del plan se eleva hasta los 10 euros mensuales, mientras que para las versiones app en iOS y Android el precio sube hasta los 13 euros.

En este sentido, el comunicado de prensa de la Comisión afirma que las dos opciones ofrecidas por Meta «obliga a los usuarios a dar su consentimiento para la combinación de sus datos personales y no les proporciona una versión menos personalizada pero equivalente de las redes sociales de Meta».

La Comisión Europea aseguró que este sistema binario de «pago o consentimiento» de Meta, está incumpliendo la DMA en al menos 27 países del bloque, pues limita que los usuarios ejerzan su derecho de consentimiento libre para que sus datos sean rastreados con fines publicitarios.

Meta debe ofrecer una tercera opción de suscripción

La opinión preliminar de la Comisión expresada en su comunicado de prensa es que «para garantizar el cumplimiento de la DMA, los usuarios que no den su consentimiento deberían tener acceso a un servicio equivalente que utilice menos datos personales, en este caso para la personalización de la publicidad».

Es decir, la Comisión cree que mientras las plataformas sociales de Meta sean gratis, las versiones equivalentes que se ofrezcan a los usuarios que no den su consentimiento también deben ser gratis y una suscripción de pago no es un equivalente válido al acceso gratuito.

Por otro lado, los funcionarios de la Comisión señalan que Meta tiene derecho a ofrecer una versión de pago de sus servicios sociales, pero esta tiene que ser una opción adicional diferente a la versión gratis que no exija el consentimiento de los usuarios.

Meta está bajo la lupa de la Comisión Europea desde hace meses, ya que se ha enfrentado a varias investigaciones a cargo del organismo en lo que vamos de año.

Matthew Pollard, portavoz de Meta, envió una declaración sobre las conclusiones de Unión Europea, en la que afirma que el modelo de consentimiento usado se basa en una sentencia anterior de un tribunal del bloque alegando, «la suscripción sin publicidad sigue la dirección del máximo tribunal de Europa y cumple con la DMA. Esperamos un mayor diálogo constructivo con la Comisión Europea para cerrar esta investigación».

Sin embargo, los funcionarios de la Comisión señalaron que esta es una sentencia que involucra al Tribunal de Justicia, ente que sugiere que se puede ofrecer una versión de pago como alternativa al seguimiento de anuncios solo “si es necesario” y si se puede cobrar una tarifa apropiada. Por lo tanto, en el marco de la DMA Meta tendría que argumentar por qué debe cobrar una tarifa, cosa que nunca ha hecho.

La investigación de la Comisión continuará abierta hasta marzo de 2025, lo que da la oportunidad a Meta de responder adecuadamente sobre la situación. Si no lo hace, la tecnológica podría enfrentarse a multas de hasta el 10% de sus ingresos globales anuales.

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La semana inicia con un nuevo anuncio que importa mucho a los anunciantes de Facebook e Instagram. Y es que a partir del 1 de julio la promoción de contenidos comprados en las plataformas de Meta (Facebook e Instagram) deberán pagar un 30% más si se hace a través de dispositivos con iOS. Una comisión que irá directamente a Apple.

Recordemos que esta nueva comisión en la publicidad, se implementó por primera vez para los anunciantes de Estados Unidos en febrero de este año. Con este nuevo anuncio, Apple extiende de manera global su medida a todos los anunciantes en todas las regiones.

Qué opina Meta de la nueva medida de Apple

Desde Meta, explican que  de no cumplir con las directrices de Apple, tendrían que eliminar todas las publicaciones potenciadas de sus aplicaciones para iOS. Esto perjudicaría a las PYMES que quieren comenzar a crecer en Facebook o Instagram, ya que podría privarlas de una forma valiosa de promocionar su negocio.

Para evitar esta comisión, Meta está recomendando hacer estas operaciones desde ordenadores de escritorio. Además, el gigante de la web social ha estado implementado nuevos procesos en su web para facilitar las compras de impulsos, evitando los cargos adicionales de Apple y con la misma funcionalidad que se tiene en los dispositivos iOS.

Mientras que Apple afirma que las anunciantes no tendrían acceso a sus audiencias sin su plataforma y tienen derecho a cobrar por esta capacidad de impacto, Pedro Pavón, director de Política de Privacidad y Equidad de Meta, ha criticado la decisión de Apple refiriéndose a ella como una medida anticompetitiva.

«El impuesto del 30% a Apple les da una ventaja injusta sobre sus competidores, lo que les dificulta competir en precios. Nada de esto me parece un buen resultado para los usuarios o un trato justo con los competidores. Y no soy el único que piensa así. Los reguladores de todo el mundo se están poniendo del lado de los desarrolladores de aplicaciones y de los consumidores que se beneficiarán de más opciones y tarifas más bajas», según Pavón.

No es la primera vez que Meta se muestra en desacuerdo con las medidas de Apple. A finales de 2020, ambas empresas tuvieron diferencias entre sus visiones sobre el futuro de la publicidad, cuando Apple reforzó la privacidad de los dispositivos iOS, lo que impacta directamente en el negocio de la publicidad del entonces Facebook.

Hasta ahora, Meta no ha publicado datos sobre si las comisiones afectan los hábitos de compra de alcance en Facebook e Instagram en Estados Unidos, pero lo más seguro es que empuje parte de las compras hacia el ordenador.

No es el mejor momento para aumentar comisiones

Por otro lado, la expansión de la medida ha llegado en un momento delicado para Apple en lo que se refiere a las leyes regulatorias y presiones sobre sus prácticas, tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos.

Mientras que en marzo de este año la Comisión Europea impuso una multa 1.800M€ a Apple por condiciones abusivas a proveedores de música en la App Store, en junio el órgano judicial le advierto sobre una posible multa de más de 35.000 M€ por impedir que los desarrolladores de aplicaciones puedan dirigir a los consumidores hacia canales alternativos para ofertas y contenido.

Además de esto, el Departamento de Justicia de EE.UU., junto con 16 fiscales generales estatales y de distrito, presentó una demanda civil antimonopolio contra Apple, por mantener ilegalmente un monopolio sobre los smartphones, lo que limita la competencia y la innovación.

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Tal y como pasó con Apple, ahora Microsoft también esta siendo investigada por la Comisión Europea por posibles prácticas anticompetitivas. Según el organismo, Microsoft habría incumplido las reglas antimonopolio de la Unión Europea al vincular su producto de comunicación y colaboración Teams con sus populares aplicaciones de productividad incluidas en las suites para empresas Office 365 y Microsoft 365.

De qué se le acusa a Microsoft

Teams es una herramienta de comunicación y colaboración basada en la nube que ofrece funcionalidades como mensajería, llamadas, videoconferencias y compartición de archivos, integrando herramientas laborales de Microsoft y aplicaciones de terceros.

Los proveedores de software de aplicaciones empresariales, incluido Microsoft, están distribuyendo este software cada vez más como software como servicio (SaaS), es decir, software alojado en la infraestructura en la nube del proveedor. En principio, la computación en la nube permite a nuevos actores del mercado ofrecer soluciones SaaS y a los clientes utilizar diversos software de diferentes proveedores. Sin embargo, Microsoft tiene un modelo de negocio centrado en suites que combina múltiples tipos de software en una única oferta. 

La Comisión ha encontrado preliminarmente que Microsoft es dominante a nivel mundial en el mercado de aplicaciones de productividad SaaS para uso profesional. La preocupación de la Comisión radica en que, desde al menos abril de 2019, Microsoft ha estado vinculando Teams con sus aplicaciones principales de productividad SaaS, restringiendo así la competencia en el mercado de productos de comunicación y colaboración y defendiendo su posición en el software de productividad y su modelo centrado en suites frente a proveedores competidores de software individual.

En particular, la Comisión está preocupada porque Microsoft puede haber otorgado una ventaja de distribución a Teams al no dar a los clientes la opción de adquirir o no acceso a Teams cuando se suscriben a sus aplicaciones de productividad SaaS.

Esta ventaja podría haberse agravado por las limitaciones de interoperabilidad entre los competidores de Teams y las ofertas de Microsoft. Dicha conducta puede haber impedido que los rivales de Teams compitan e innoven, en perjuicio de los clientes en el Área Económica Europea.

Esta investigación se abrió en julio de 2023, tras una queja de Slack Technologies, que ahora es propiedad de Salesforce, y Alfaview GmbH. Si la Comisión concluye, después de que la empresa haya ejercido sus derechos de defensa, que hay pruebas suficientes de una infracción, puede adoptar una decisión que prohíba la conducta e imponga una multa de hasta el 10% del volumen de negocios anual mundial de la empresa. 

Teniendo en cuenta que su facturación anual en 2023 fue de 211 mil millones de dólares, estaríamos hablando de una multa de 21 mil millones de dólares.

Imagen: GPT 4

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Hoy, la Comisión Europea ha informado a Apple de su opinión preliminar de que las reglas de la App Store violan la Ley de Mercados Digitales (DMA), ya que impiden a los desarrolladores de aplicaciones dirigir libremente a los consumidores a canales alternativos para ofertas y contenido.

No es la primera vez que Apple se enfrenta a la Comisión Europea por practicas anticompetitivas. En marzo, junto con Alphabet y Meta, las tres fueron investigadas por este mismo organismo.

Además, la Comisión ha abierto un nuevo procedimiento de incumplimiento contra Apple por preocupaciones de que sus nuevos requisitos contractuales para desarrolladores de aplicaciones de terceros y tiendas de aplicaciones, incluido el nuevo “Core Technology Fee” de Apple, no garantizan el cumplimiento efectivo de las obligaciones de Apple bajo la DMA.

Por qué la Comisión Europea cree que Apple incumple las normas de la DMA

Bajo la DMA, los desarrolladores que distribuyen sus aplicaciones a través de la App Store de Apple deberían poder, de manera gratuita, informar a sus clientes sobre alternativas de compra más económicas, dirigirlos a esas ofertas y permitirles realizar compras.

Apple actualmente tiene tres conjuntos de términos comerciales que rigen su relación con los desarrolladores de aplicaciones, incluidas las reglas de dirección de la App Store. La Comisión encuentra preliminarmente que:

• Ninguno de estos términos comerciales permite a los desarrolladores dirigir libremente a sus clientes. Por ejemplo, los desarrolladores no pueden proporcionar información de precios dentro de la aplicación ni comunicarse de ninguna otra manera con sus clientes para promover ofertas disponibles en canales de distribución alternativos.
• Bajo la mayoría de los términos comerciales disponibles para los desarrolladores de aplicaciones, Apple solo permite la dirección a través de “enlaces externos”, es decir, los desarrolladores pueden incluir un enlace en su aplicación que redirige al cliente a una página web donde puede concluir un contrato. El proceso de enlace externo está sujeto a varias restricciones impuestas por Apple que impiden a los desarrolladores de aplicaciones comunicar, promover ofertas y concluir contratos a través del canal de distribución de su elección.
• Si bien Apple puede recibir una tarifa por facilitar a través de la App Store la adquisición inicial de un nuevo cliente por parte de los desarrolladores, las tarifas cobradas por Apple van más allá de lo estrictamente necesario para dicha remuneración. Por ejemplo, Apple cobra a los desarrolladores una tarifa por cada compra de bienes o servicios digitales que un usuario realiza dentro de los siete días posteriores a un enlace externo desde la aplicación.

Nueva investigación sobre los términos contractuales de Apple

La Comisión investigará si estos nuevos requisitos contractuales para desarrolladores de aplicaciones de terceros y tiendas de aplicaciones de terceros violan el Artículo 6(4) de la DMA y, en particular, los requisitos de necesidad y proporcionalidad previstos en ella. Esto incluye:

1. La tarifa de tecnología central (Core Technology Fee) de Apple, bajo la cual los desarrolladores de tiendas de aplicaciones de terceros y aplicaciones de terceros deben pagar una tarifa de €0.50 por aplicación instalada.
2. El proceso de varios pasos que los usuarios deben seguir para descargar e instalar tiendas de aplicaciones alternativas o aplicaciones en iPhones. La Comisión investigará si los pasos que un usuario debe realizar para completar con éxito la descarga e instalación de tiendas de aplicaciones alternativas o aplicaciones, así como las diversas pantallas de información mostradas por Apple al usuario, cumplen con la DMA.
3. Los requisitos de elegibilidad para desarrolladores relacionados con la capacidad de ofrecer tiendas de aplicaciones alternativas o distribuir aplicaciones directamente desde la web en iPhones. La Comisión investigará si estos requisitos, como la ‘membresía de buena reputación’ en el Programa de Desarrolladores de Apple, que los desarrolladores de aplicaciones deben cumplir para poder beneficiarse de la distribución alternativa prevista en la DMA, cumplen con esta ley.

En paralelo, la Comisión continuará realizando pasos investigativos preliminares fuera del alcance de la presente investigación, en particular con respecto a las verificaciones y revisiones implementadas por Apple para validar aplicaciones y tiendas de aplicaciones alternativas que se cargarán lateralmente.

Si la denuncia llega a hacerse realidad, Apple se estaría enfrentando a la multa más grande de su historia. Una multa que podría suponer el 10% de su facturación global. Si tenemos en cuenta que en 2023 sus ingresos fueron de 383.000 millones de dólares…Tendría que pagar 38.000 millones de dólares de sanción, es decir, unos 35.410 millones de euros. 

Imagen: GPT4 y Depositphotos

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Los youtubers Carlos Santa Engracia y Jaume Lahoz deberán pagar más de 500.000€ a Topes de Gama, sociedad de la que son cofundadores, por competencia desleal. Esto supone un aumento en la cuantía establecida en la condena anunciada el pasado 21 de marzo por la Corte de Arbitraje de Madrid, en la que el pago estipulado se situaba en los 174.000€.

Javier Sanz, CEO de ADSLZone y cofundador de Topes de Gama, ha anunciado y explicado la noticia en sus redes sociales.

Los YouTubers de Topes de Gama tendrán que pagar finalmente más de 500.000 euros. 💶 Te cuento con todo detalle los motivos de la confrontación y cómo se ha desarrollado el caso en la corte de arbitraje y ahora en la justicia ordinaria. Abro hilo 😉 pic.twitter.com/UjuZRVuj7h

— JaviZone 🚀 (@JavierSanz) May 24, 2024

Qué ha pasado entre los cofundadores de Topes de Gama

Para comprender qué es lo que ha sucedido entre los socios cofundadores de Topes de Gama, debemos remontarnos a los inicios de esta marca. En 2016, Carlos Santa Engracia y Jaume Lahoz cofundaron junto al Grupo ADSLZone (dirigido por Javier Sanz) la sociedad Topezone S. L. para explotar el dominio “topesdegama.com”.

Topes de Gama nació como un portal de ofertas y análisis de productos tecnológicos. El papel de Santa Engracia y Lahoz se basaba en crear contenidos para YouTube e insertar enlaces a la web para dirigir tráfico a esta, y en promocionar y dar difusión a los artículos de Topes de Gama en redes sociales.

Los problemas surgen cuando Santa Engracia y Lahoz lanzan su propia web “comprasmartphone.com” y, poco después, también crean “compratuxiaomi.com”. Ambas páginas eran webs concurrentes con Topes de Gama, por lo que competían de forma directa con ella. Así mismo, ambos youtubers terminaron por dejar de realizar sus contenidos para Topes de Gama para enfocarse únicamente en sus nuevos portales.

ADSLZone emprende acciones legales

En palabras de Javier Sanz, «ante esta situación, intentamos de buena fe llegar a un acuerdo y disolver TopeZone para emprender caminos diferentes. Los YouTubers se niegan si no les “regalamos” el dominio de topesdegama para explotarlo ellos».

Es entonces cuando el Grupo ADSLZone inicia acciones legales contra Santa Engracia y Lahoz por competencia desleal y dejación de funciones. En estas se declaraba que los youtubers se habían desentendido de “topesdegama.com” a pesar de representar cargos relevantes en la sociedad que explotaba el portal, y que en los últimos años se habían despreocupado por la situación de la empresa y su gestión.

El 21 de marzo de 2024, la Corte de Arbitraje de Madrid condena a Santa Engracia y Lahoz a pagar 174.000€ por competencia desleal. Este se trataba de un porcentaje del daño causado a la sociedad desde la otra sociedad concurrente.

Entra en juego la cláusula penal del contrato ente socios

Dos meses después de que se anunciase la resolución de la Corte de Arbitraje de Madrid, Javier Sanz ha dado a conocer que, finalmente, los youtubers deberán pagar una suma mayor debido al incumplimiento del pacto intersocietario.

Tal y como ha explicado Sanz, esto se debe a una cláusula penal incluida en el pacto entre socios. «Cuando un socio comete un acto de deslealtad, como ha sido el caso y como la corte de arbitraje ha acreditado, tiene que abonar al otro socio firmante del pacto una penalización equivalente al doble del daño causado consistente en la suma de las partidas siguientes: el duplo de los 173.730€ del daño ya declarado mediante el laudo arbitral, así pues 347.461€, y el duplo de los importes facturados por Tope de Gama S. L. a Comprar Smartphone S. L. entre el 29 de noviembre de 2023 y el momento del cese de la actividad concurrente o de la pérdida de condición del administrador de TopeZone S. L.

Es decir, que tienen que soltar 174.00€ a la sociedad que compartimos, 347.461€ directamente a mí, y aparte lo que se haya devengado entre noviembre de 2023 y mayo de 2024. También el duplo».

 

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El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, bajo la dirección de Pablo Bustinduy, ha anunciado la puesta en marcha de expedientes sancionadores contra “grandes operadores de comercio electrónico” (sin especificar cuáles) por presuntas prácticas de rebajas engañosas durante el Black Friday de noviembre de 2023. La acusación central es el aumento artificial de precios días antes del evento, para luego presentar los mismos precios originales como si fueran una oferta significativa.

“A dos de estos grandes operadores ya se les ha abierto expediente sancionador, mientras continúa abierta la investigación al resto de empresas que habrían incurrido en esta práctica. Los operadores investigados comercializan con una amplia gama de productos (electrodomésticos, electrónica, deportes o cosmética) que pueden adquirirse en tiendas y en grandes superficies”, ha explicado el Ministerio.

Un vistazo a la legislación aplicable

La Ley de Ordenación del Comercio Minorista es clara al respecto: durante las promociones, debe mostrarse el precio anterior de los productos, siendo este el más bajo que se haya ofrecido en los 30 días anteriores a la rebaja. El incumplimiento de esta norma, según el Artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, podría considerarse una infracción grave, con multas que alcanzan hasta 100.000€, y en casos extremos, multiplicar por cuatro a seis veces el beneficio obtenido de manera ilícita.

Este tipo de prácticas no solo afectan la percepción de los consumidores sobre las ofertas reales, sino que también plantean un riesgo significativo para la reputación y la viabilidad financiera de los operadores de eCommerce. La monitorización de precios llevada a cabo por la Dirección General de Consumo, utilizando herramientas como el “Price Reduction Tool” de la Comisión Europea, muestra un esfuerzo serio por parte de las autoridades para garantizar la transparencia y la justicia en las ofertas online.

Como ejemplos de estas prácticas, el Ministerio ha citado:

• Entre el 15 y el 20 de noviembre, un operador ofertaba un televisor por 526,99 €.
• El 21 de noviembre, el operador subió el precio del televisor a 629,99 €.
• Entre el 22 y el 28 de noviembre (coincidiendo con el “Black Friday”), el operador volvió a bajar el precio del televisor de nuevo a los 526,99 €.
• De esta forma, las personas consumidoras se exponen a la falsa creencia de poder adquirir un producto con una rebaja de 103€, algo que no se corresponde con la realidad ya que se elevó su precio en los días previos.

Para los comercios electrónicos, es crucial adherirse a las normativas vigentes para evitar sanciones y daño reputacional. Implementar sistemas de precios transparentes y justos no solo es una obligación legal, sino también una estrategia comercial que fomenta la lealtad y la confianza del consumidor. Además, las tiendas online deberían considerar la implementación de tecnologías que permitan una revisión constante y automática de los precios para asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones.

Estas prácticas otorgan más valor al uso por parte del público de herramientas de verificación de ofertas durante períodos de grandes rebajas como el Black Friday, para saber si los descuentos son realmente descuentos interesantes para los consumidores.

Imagen: GPT Plus

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