Estos son los motivos por los que Airbnb deberá retirar casi 6.000 anuncios ilegales de su plataforma

El Tribunal Superior de Justicia ha instado a Airbnb a retirar, de manera inmediata, 5.800 anuncios de viviendas turísticas de su plataforma por incumplir la normativa que regula la publicidad de alojamientos turísticos.

Esta resolución por parte del TSJ desestima el recurso presentado por Airbnb frente a la orden del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de bloquear 65.935 anuncios de viviendas turísticas de la plataforma. Concretamente, esta primera tanda de 5.800 anuncios se corresponde con la primera de las tres resoluciones que el Ministerio envió a Airbnb en los últimos meses tras detectar irregularidades.

Tal y como señala el comunicado emitido por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, los casi 6.000 anuncios sobre los que se ha pronunciado el TSJ se corresponden con viviendas turísticas ubicadas en las comunidades de Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Euskadi. Esta publicidad «vulnera la normativa de las diferentes comunidades autónomas donde Consumo ha detectado estos anuncios».

• Para saber más: Si ofreces un alquiler turístico o temporal en Idealista, Airbnb u otra plataforma online, deberás registrarlo oficialmente

Qué infracciones presentan los anuncios publicados en Airbnb

La Dirección General de Consumo basó sus resoluciones en tres infracciones principales detectadas en 65.935 anuncios de alojamientos turísticos publicados en Airbnb. Estas son las siguientes:

• Los anuncios no presentan el número de licencia o registro: un requerimiento obligatorio en varias normativas autonómicas. Esta ha sido la infracción más detectada.
• El número de licencia indicado no se corresponde con el expedido por las autoridades: una práctica que puede inducir a engaño o error a las personas que contratan el servicio.
• No se especifica la naturaleza jurídica de los arrendadores: no se indica si son profesionales o particulares, lo cual es un dato fundamental para que la persona que alquila la vivienda sepa si está protegida o no como consumidora.

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