El pasado 11 de marzo, la Unión Europea adoptó el paquete “IVA en la Era Digital” (ViDA), una serie de reformas destinadas a modernizar y digitalizar el sistema del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en la UE. Estas medidas buscan mejorar la eficiencia en la recaudación fiscal y adaptarse a los desafíos de la economía digital.
En este artículo repasamos los principales cambios y sus fechas de implementación.
Desde la entrada en vigor del paquete (es decir, ya), los Estados miembros de la UE podrán implementar la facturación electrónica obligatoria para transacciones nacionales B2B y B2C sin necesidad de autorización previa de la Comisión Europea, siempre que estas medidas se limiten a los contribuyentes establecidos en su territorio.
A partir del 1 de julio de 2030, la facturación electrónica será obligatoria para transacciones B2B intracomunitarias (es decir, entre empresas de diferentes países de la UE). Además, esta obligación también se aplicará a aquellas operaciones en las que se aplique el mecanismo de inversión del sujeto pasivo. Este mecanismo se usa cuando el responsable de pagar el IVA no es el vendedor, sino el comprador (como en algunos sectores donde se busca evitar el fraude fiscal).
En términos prácticos, esto significa que:
Las empresas registradas a efectos de IVA deberán emitir facturas electrónicas estructuradas en un formato estándar de la UE dentro de los 10 días posteriores al suministro del bien o servicio (o al pago, si este ocurre antes).
Antes del 1 de enero de 2035, los sistemas nacionales de facturación electrónica existentes antes de 2024 deberán estar completamente armonizados con los estándares de la UE.
Anteriormente, las declaraciones recapitulativas de ventas transfronterizas se realizaban mensualmente o trimestralmente, lo que generaba retrasos que podían ser aprovechados para cometer fraudes. Como explica María Elena Scoppio, Directora de Fiscalidad Indirecta y Administración Tributaria, “Con ViDA, las ventas y compras transfronterizas se registrarán casi en tiempo real, y los datos se enviarán automáticamente a las administraciones tributarias, mejorando la capacidad de detección y respuesta ante actividades fraudulentas”.
A partir del 1 de julio de 2028 (fase voluntaria) y del 1 de enero de 2030 (obligatoria), las plataformas digitales que faciliten servicios de alquiler de alojamientos de corta duración y transporte de pasajeros serán consideradas responsables de recaudar y remitir el IVA en determinadas transacciones, por ejemplo, porque son proveedores individuales o pequeñas empresas que no están obligadas a registrarse a efectos del IVA. Esto busca garantizar una competencia equitativa con los proveedores tradicionales.
Desde el 1 de enero de 2027 se ampliará el sistema de ventanilla única (OSS) y el sistema de ventanilla única de importación (IOSS) para que las empresas que venden a consumidores en toda la UE puedan registrarse una sola vez a efectos del IVA y cumplir con sus obligaciones en toda la Unión. Esta medida busca reducir significativamente la carga administrativa y los costos de cumplimiento para las empresas que operan en múltiples Estados miembros con menos trámites.
Para contextualizar la aprobación de estas nuevas medidas, desde la Comisión Europea explican que en 2020, los países de la UE perdieron aproximadamente 99.000 millones de euros en ingresos por IVA, de los cuales se estima que una cuarta parte se debió directamente al fraude relacionado con el comercio intracomunitario.
Además, aseguran que las actuales disposiciones del IVA pueden resultar complejas y engorrosas para las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, y aquellas que operan a nivel transfronterizo. Los organismos oficiales esperan que las acciones clave propuestas en el ViDA ayuden a los países de la UE a recaudar hasta 18.000 millones de euros más en ingresos por IVA anualmente, de los cuales 11.000 millones provendrían de medidas antifraude.
Por otro lado, las nuevas medidas disminuirán los costos administrativos y de cumplimiento para los comerciantes de la UE en más de 4.100 millones de euros anuales durante los próximos diez años. Además, garantiza que, con el tiempo, los sistemas nacionales existentes converjan en toda la UE y allana el camino para que los países que deseen introducir sistemas nacionales de notificación digital para el comercio nacional puedan hacerlo.
Foto: Comisión Europea
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